TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Cuarto en lo penal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Estado Miranda - Extensión Valles del Tuy
Ocumare del Tuy veinticinco de junio de dos mil quince
204º y 156º

ASUNTO: MP21-P-2015-002355

IDENTIFICACION DEL TRIBUNAL
JUEZ: ABG. JOSE ARGENIS MORENO GONZALEZ.
SECRETARIO: ABG. CESAR GONZALEZ
IDENTIFICACION DE LAS PARTES
FISCAL: ABG. IVANNA NZARETH GONZALEZ, Fiscal auxiliar 9° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.
INVESTIGADO: JUNIOR GILBERTO SERRANO CARDENAS, titular de la cedula de identidad numero V-20.839.879

Corresponde a este Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, extensión Valles del Tuy, emitir pronunciamiento en virtud de la solicitud realizada por la profesional del derecho IVANNA NAZARETH GONZALEZ en su carácter de Fiscal Noveno del Ministerio Público del estado Miranda, en el cual requiere de este Juzgado emita orden de aprehensión en contra del ciudadano JUNIOR GILBERTO SERRANO CARDENAS , titular de la cedula de identidad numero V-20.839.875, por existir una investigación signada con el numero J.-016.730, seguida en sus contra por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVOS FÚTILES previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 de Código Penal Este Tribunal para decidir hace las siguientes consideraciones:

El Legislador prevé en el Código Orgánico Procesal Penal, un Titulo destinado a la regulación de las medidas de coerción personal en estricta correspondencia con normas constitucionales y acordes con el sistema penal acusatorio que rige nuestro proceso penal, consagrando dentro de su articulado el estado de libertad, la proporcionalidad que ha de ser atendida a los fines de la imposición de una medida cautelar, la interpretación restrictiva respecto de las disposiciones que restrinjan la libertad del imputado, los requisitos de procedencia de la privación preventiva de libertad, así como los supuestos de su improcedencia, las medidas cautelares sustitutivas a dicho decreto judicial de privación de libertad, las modalidades en que estas pueden presentarse para su aplicación y el imperativo de aplicación de medidas de posible cumplimiento, todo lo cual en definitiva reafirma la regla general de la libertad, sin embargo consagra la posibilidad de la excepción representada en cuanto a la privación o restricción de la misma.

Sobre este particular el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra el derecho a la libertad como derecho civil inviolable, imperativo que es igualmente consagrado en acuerdos y pactos internacionales suscritos y ratificados por la República, del mismo modo el legislador autoriza, con carácter excepcional la imposición de medidas preventivas de coerción personal, procedentes en las oportunidades y bajo las formas y exigencias previstas en nuestro ordenamiento jurídico. En tal sentido uno de los fines de dichas medidas de coerción personal es asegurar el eventual cumplimiento de los posibles resultados del proceso penal y garantizar la estabilidad en la tramitación del mismo, debiendo, por tanto, adoptarse los mecanismos cautelares para que las finalidades del proceso sean cumplidas en interés de la víctima y del poder punitivo del Estado, constituyendo estos mecanismos cautelares un límite a los derechos del procesado, con el objetivo de garantizar su presencia en el proceso y el normal desarrollo de este en forma tal que no se frustren sus resultados y las expectativas que la comunidad tiene en relación al sistema de justicia, en orden a que se imponga la ley, se sancionen los delitos y no se favorezca la impunidad, sin que ello signifique sacrificar los derechos del imputado y fundamentalmente su status de inocencia, que solo podrá ser desvirtuado por una sentencia condenatoria y definitivamente firme.
En consecuencia, solo de manera excepcional por exigencia de otro valor igualmente salvaguardado por la Carta Magna, como lo es la Justicia, se hace necesario tomar medidas imprescindibles de coerción personal que afectan el derecho fundamental de la libertad y que están destinada a hacer posible la realización del proceso y evitar que se vean frustradas las exigencias de tal valor, siendo que la imposición de tal medida es de naturaleza cautelar responde a características de necesidad y proporcionalidad, esto es debe atenderse a la relación existente entre la medida aplicada, la gravedad de delito que se imputa, las circunstancias de su comisión y la sanción probable, orientadas exclusivamente a los fines del proceso para que, en definitiva, sus consecuencia se garanticen sin que se desnaturalicen en su finalidad y o sean de imposible cumplimiento.
Respecto a la medida de coerción personal, es necesario analizar los supuestos a que se contrae el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece:

“Articulo 236. El juez de control a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de: 1.- Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; 2.- Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o participe en la comisión de un hecho punible; 3.- Una apreciación razonable, por la apreciación de las Circunstancias del caso en particular, de peligro de fuga o de Obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación…”

Analizando la norma transcrita y el caso en estudio observamos que nos encontramos en presencia de la presunta comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVOS FÚTILES, cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita toda vez que el presunto hecho punible ocurriera en fecha 24 de mayo de 2014. Existen fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o participe en el hecho, los cuales surgen de los documentos acreditados por el Ministerio Público, consistentes en:

1.- Acta de investigación penal de fecha 24 de mayo de 2014 , siendo que en indicada fecha siendo las diez horas de la noche , informado que el hospital de Ocumare del Tuy Municipio Tomas Lander se encuentra el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino , quien presenta heridas presuntamente producida por el paso de proyectiles disparados por armas de fuego, desconociendo mas detalles al respecto.

2.- Inspección Técnica 132 de fecha 24 de mayo de 20’14, realizada en el depósito del hospital General de Ocumare del Tuy estado bolivariano de miranda. Denuncia común interpuesta en fecha 18 de julio de 2014, inserta al folio ocho (8) de las actuaciones que conforman el presente asunto.

3.- Inspección Técnica numero 133 de fecha 24 de mayo de 2014, realizada en la Urbanización El Pajui calle numero 11 Municipio Simón bolívar estado bolivariano de Miranda. De conformidad con lo establecido en los artículos 186 y 200 del Código Orgánico Procesal Penal.

4.- Acta de entrevista rendida por el ciudadano Antonio de fecha 24 de mayo de 2014, rendida ante la Sede del Eje Contra Homicidios Valles del Tuy de cual se desprende dicha acta que el “… JUNIOR MACHANGO portando armas de fuego comenzaron a disparar en contra del grupo en el cual se encontraba mi hermano…”, quien es el occiso de nombre INFANTE TORRES ANDERSON MIGUEL inserta a los folios veintidós (22) al veintitrés (23) de las actuaciones que conforman el presente asunto.

5.- Acta de investigación penal de fecha 28 de mayo de 2015 referido a la obtención de información sobre el presunto autor del hecho donde pierde la vida un ciudadano de nombre INFANTE TORRES ANDERSON MIGUEL , nacido en fecha 02-08-1995 de 18 años de edad, titular de la cédula de identidad V.-26.227.104., donde familiares del occiso indicaron que un sujeto conocido como Junior Machango y que su nombre real es JUNIOR GILBERTO SERRANO CARDENA .

Los antes citados elementos de convicción, así como demás actuaciones policiales que de forma concatenada permiten establecer la existencia del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVOS FÚTILES; Igualmente existe peligro de fuga, circunstancia que este Tribunal estima en virtud de que no se ha podido ubicar al ciudadano investigado y a la falta de certeza de su ubicación, por lo que se presume el peligro de fuga a tenor de lo establecido en el articulo 237 segundo parágrafo del código orgánico procesal penal y para decidir acerca de lo solicitado por la vindicta Publica, es necesario la celebración de la audiencia oral, a la cual se convocaran a las partes, la víctima y al imputado, el cual tendrá derecho a ser oído por el Tribunal, antes de decidir sobre el mantenimiento de la medida impuesta y a los fines de asegurar la comparecencia del imputado mencionado a la audiencia en cuestión, es menester ordenar la conducción mediante previa aprehensión que practique el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Eje de Homicidio con sede en Santa Teresa del Tuy del estado bolivariano de Miranda y/o cualquier otro órgano de Policía de investigaciones Penales quien queda comisionado para ello a partir de la presente fecha y por esta decisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Código Orgánico Procesal Penal y articulo 11 numeral 6 de la Ley de Los Órganos de Investigación Científicas Penales y Criminalísticas, toda vez que en la presente causa se dirime la autoría y responsabilidad penal en el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVOS FÚTILES .

DISPOSITIVA

Por todo lo antes expuesto este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento declara con lugar, el requerimiento de la Abg. IVANNA NAZARETH GONZALEZ en su carácter de Fiscal Noveno del Ministerio Público del estado Miranda con sede en esta ciudad de Valles del Tuy, y en consecuencia se ordena la aprehensión del ciudadano JUNIOR GILBERTO SERRANO CARDENAS , titular de la cedula de identidad numero V-20.839.875, quien deberá ser conducidos ante este órgano Jurisdiccional dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a los fines de realizarse la audiencia oral en presencia de las partes y resolver lo conducente, a tenor de lo dispuesto en el segundo aparte del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, ello con el objeto de garantizar la presencia de los imputados en los actos sucesivos del proceso que fije el Tribunal, en la causa seguida en su contra, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVOS FÚTILES ; todo de conformidad con lo establecido en el artículo 44 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con los artículos 236 numerales 1, 2, 3, 237 numerales 2, 3 y parágrafo primero, todos del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Líbrese la Correspondiente orden de aprehensión remitida mediante oficio al Jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Departamento de Aprehensiones y al Eje de Homicidio con sede en Santa Teresa del Tuy. Notifíquese a las Partes. Regístrese Publíquese.
Juez Cuarto de Control
Abg. José Argenis Moreno González
Secretario

Abg. Cesar González
En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado,
Secretario

Abg. Cesar González

ASUNTO PRINCIPAL: MP21-P-2015-002355