TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS GUAICAIPURO Y CARRIZAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

EXPEDIENTE Nº 145392

PARTE SOLICITANTE: Ciudadanas MARIA LUISA FRANCISCO de PLACENCIA y ÁNGELA MARIA FRANCISCO BARRIOS, venezolanas, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-3.190.841 y V-4.406.854 respectivamente.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE SOLICITANTE: Abogado HARRY RAFAEL RUIZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.214.418, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 50.773.

MOTIVO: OFERTA REAL.

SENTENCIA: Interlocutoria con Fuerza de Definitiva (Perención Breve).

I

En fecha 03 de octubre del año 2014, se recibió mediante el sistema de distribución la solicitud que da origen a las presentes actuaciones, incoada por el abogado HARRY RAFAEL RUIZ, ya identificado, ante este Tribunal. En dicha solicitud, la parte accionante manifiesta que en fecha 15 de agosto de 2009, un Ciudadano de nombre RUBEN DÍAZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-4.054.287, firmó una Opción de Compra-Venta con mi persona HARRY RAFAEL RUIZ, y con el señor AMERICO HIRAM ZAPATA GUZMÁN, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad NN° V-6.875.415, sobre unas bienhechurías ubicadas en el Callejón Chapellín, Sector El Vigía, Los Teques, Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, haciendo entrega en esa fecha para el momento de la firma la cantidad de VEINTE MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 20.000,00), a razón de DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. F. 10.000,00), por cada bienhechuría, tipo apartamentos, pero dejando claro que los apartamentos están ocupados por Inquilinos, y se estaba procurando la Desocupación de los mismos, pero dado que no ha sido posible lograr dicho Desalojo, a raíz de las contundentes leyes a favor del Arrendatario, es por lo que a fin de obtener la liberación de ese dinero en manos de nuestras poderdantes, es por lo que ocurro ante este digno Tribunal de Municipio, a los fines de ofrecerle al ciudadano RUBEN DÍAZ, la misma cantidad antes mencionada de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00), a través de un Cheque como lo indique el Tribunal.

Consignados en autos los recaudos, y siendo fijada la oportunidad para llevarse a cabo la Oferta Real, este Tribunal en fecha 23 de octubre de 2014, declaró desierto dicho acto.

En fecha 23 de octubre de 2014, comparece ante este Tribunal el apoderado judicial de la parte solicitante, con el fin de consignar en original Cheque de Gerencia emitido por el Banco BANESCO, Banco Universal, de fecha 23 de octubre de 2014, signado con el N° 0234-00026223, el cual fue puesto en resguardo, y pedir sea fijado nueva oportunidad para la Oferta Real.
En fecha 27 de octubre de 2014, este Tribunal fija la oportunidad para practicar la OFERTA REAL.

En fecha 30 de octubre de 2014, este Tribunal se trasladó y constituyó, en compañía del abogado HARRY RAFAEL RUIZ, plenamente identificado, en la dirección que fue indicada, para practicar la OFERTA REAL DE PAGO, estando en el sitio, dio los toques respectivos en la puerta principal del inmueble, no siendo atendidos por persona alguna.

En fecha 31 de octubre de 2014, comparece ante este Tribunal, el apoderado judicial de la parte solicitante, con el fin de corregir el domicilio donde debe practicarse la OFERTA REAL, y pedir que se fije nueva oportunidad.

En fecha 03 de noviembre de 2014, es fijada nueva oportunidad, a los fines de llevarse a cabo la OFERTA REAL.

En fecha 06 de noviembre de 2014, este Tribunal en compañía del apoderado judicial de la parte solicitante, se traslada y constituye en la dirección que fue indicada, con el fin de llevar a cabo la OFERTA REAL, donde fueron atendidos por el ciudadano RUBEN DÍAZ, diciendo el mismo, que tenía que hablar con su abogado, y se negó a firmar el acta, rechazando la OFERTA REAL que se le hace.

En fecha 11 de noviembre de 2014, este Tribunal ordenó el depósito del dinero ofrecido en la cuenta corriente en el Banco Bicentenario, Banco Universal, N° 01750102050071837234, a nombre del Tribunal Supremo de Justicia, Juzgado Primero de Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, y ordenó la citación del acreedor, para que exponga las razones y alegatos que considere conveniente hacer contra la validez de la oferta y del deposito efectuado, librándose en esa misma fecha, la correspondiente boleta.

En fecha 13 de noviembre de 2014, comparece ante este Tribunal, el apoderado judicial de la parte solicitante, para pedir la entrega del cheque de gerencia consignado ante este Tribunal, con el objeto de cambiarlo en efectivo, para ser depositado en la cuenta bancaria de este Tribunal, a beneficio del Oferido RUBEN DÍAZ, dejando constancia dicho apoderado, que recibió lo peticionado.

En fecha 05 de diciembre de 2014, comparece ante este Tribunal el abogado HARRY RAFAEL RUIZ, con el fin de consignar en original y copia simple, comprobante de depósito Bancario, girado contra el Banco Bicentenario, a nombre de este Despacho Judicial, por la cantidad de VEINTE MIL BOLÍVARES CON CERO CENTIMOS (20.000,00), para que sea elaborado el cheque a nombre de RUBEN DÍAZ, y solicita que se libre la respectiva boleta de citación, a los fines de que sea citado y retire el cheque.

Establecido lo anterior, este Juzgado procede a decidir de la forma siguiente:

II

Nuestro Código de Procedimiento Civil, contempla la figura de la perención de la instancia, atribuyéndole carácter objetivo, al señalar en su Exposición de Motivos lo siguiente: “(...) Se logra así, bajo la amenaza de la perención una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, como ocurre actualmente, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar actos y evitar la extinción del proceso. Se han escogido para lograr este propósito las mismas circunstancias tomadas en cuenta en el Proyecto mencionado –se refiere al proyecto de Ley de Reforma Parcial del Código de Procedimiento Civil, preparado por el Ministerio de Justicia en el año 1959- que son aquellas que con más frecuencia permiten en la práctica la paralización del proceso por falta de actividad del demandante o de ambas partes, tal como se indica en los ordinales 1, 2, 3 y 4 del Artículo 267 (…)”. Entonces podemos decir, que la perención de la instancia, a diferencia de otros medios de terminación del proceso, no se encuentra vinculada a la voluntad de las partes ni del Juez, sino que procede con ocasión de circunstancias fácticas y objetivas que deben concurrir a los fines de que se verifique la misma. En consecuencia, la adopción de este sistema objetivo, por parte del Legislador, revistió a la institución de la perención de una naturaleza eminentemente sancionatoria, siendo aplicable, conforme lo dispone el Artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, a las partes; independientemente que alguna de ellas resulte ser la República, Estados, Municipios, Establecimientos Públicos, menores ó cualquier otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes.

La perención constituye un medio autónomo de terminación del proceso, distinto de la sentencia, que se basa en la presunción de que las partes han abandonado o perdido el interés en el juicio derivada de la falta de impulso procesal, es decir, por no instar el procedimiento mediante el cumplimiento de las obligaciones o cargas procesales que la misma Ley les impone, tal y como se desprende de la disposición contenida en el Artículo 267 del texto legal mencionado, según la cual:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención...”.

En concordancia con la disposición antes transcrita, el Artículo 268 eiusdem establece que la perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes, siendo uno de sus efectos la extinción del proceso. Adicionalmente, puede ser decretada de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare es apelable libremente.

Ahora bien, constituyen presupuestos de procedencia de la perención los siguientes: 1) La existencia de una instancia válida, de allí que no pueda operar en el caso de una demanda que no ha sido admitida por el Tribunal. Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 22 de mayo de 2001, sostuvo lo siguiente: “Nuestro Código de Procedimiento Civil utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes. Como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de partes. Como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. En tal sentido, hable el Código de Jueces de Instancia, o juez de primera o segunda instancia”. En el caso sub-iúdice, la demanda que da lugar al presente juicio fue admitida por este Juzgado en fecha 11 de noviembre del año 2014, en tal virtud se cumple el primer presupuesto de la norma. 2) El transcurso de un lapso de tiempo que varía según las distintas modalidades que ha previsto el legislador. Efectivamente, el legislador estableció que opera la perención por el transcurso de un lapso de tiempo de treinta (30) días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado (Ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil). No obstante ello, la vigente Carta Fundamental, en su artículo 26, dispone que el Estado debe garantizar una justicia gratuita. Ante tales disposiciones y teniendo en consideración la doctrina que hasta la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según la cual la carga que debía cumplir la parte demandante para evitar que operara la perención de la instancia consistía en el pago de arancel judicial, corresponde determinar si la norma constitucional conlleva o no a la derogatoria de la perención breve, prevista en el Ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, cuyo contenido es del tenor siguiente:
“(…) También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…”.

En relación a dicha disposición, el máximo Tribunal de la República interpretó que la única obligación que se impone al actor respecto de la citación del demandado, consiste -repito- en el pago del arancel judicial correspondiente, interpretación que pierde vigencia con ocasión de la garantía constitucional de la gratuidad (Artículo 26 de la Constitución Nacional), y de la disposición contenida en el artículo 254 eiusdem, según el cual: “(…) El Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles ni exigir pago alguno por sus servicios”, lo que ha llevado a algunos tribunales ha sostener que tales disposiciones constitucionales derogan “tácitamente”, el citado ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Establecido lo anterior, este Juzgador disiente de dicho criterio, pues considera que la perención breve, independientemente de la garantía constitucional de la gratuidad de la justicia, no debe perder su vigencia y vigor, toda vez que con ella el Legislador pretende una activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa por tiempo muy largo, lo cual, evidentemente, favorece la celeridad procesal, toda vez que las partes se ven obligadas a realizar los actos que constituyen su carga procesal, a los fines de evitar la extinción de la instancia por su inactividad, todo lo cual también aparece consagrado en nuestra Carta Magna, precisamente en el Artículo 26, el cual, además de consagrar la gratuidad de la justicia, también dispone que la misma debe ser expedita y sin dilaciones indebidas. Seguidamente, se transcribe dicha norma constitucional: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles” (Subrayado por el Tribunal). Ahora bien, uno de los elementos fundamentales del proceso es precisamente la acción, la cual constituye el derecho abstracto que posee toda persona en el seno de una sociedad, consistente en un poder jurídico que se ejerce frente al Estado, a través del órgano jurisdiccional, para reclamar la actividad jurisdiccional, esto es, para que se diriman los conflictos intersubjetivos mediante la imposición del derecho. En razón de esa finalidad de la acción, la misma se alcanza por medio del proceso, el cual a su vez consiste en un “conjunto complejo de actos que se desarrolla progresivamente encaminado hacia la decisión Jurisdiccional”, razón por la cual se afirma que, a través del proceso y de manera específica, se ejerce el dominio de acción y se deduce la pretensión, la cual por su parte, consiste en la reclamación frente a otro u otros sujetos de una determinada prestación. Por consiguiente, como en el proceso se deduce la pretensión y ésta se orienta a un sujeto distinto de aquél que la hace valer, para que esa pretensión pueda ser satisfecha es indispensable que se entable una relación jurídico procesal, a través de la citación del demandado, la cual constituye una carga procesal para el actor, una vez admitida la demanda que hubiere incoado. En otros términos podemos decir, que los actos que debe efectuar el actor tendientes a que el órgano Jurisdiccional pueda citar al demandado no son simples deberes u obligaciones procesales, que constituyen imperativos impuestos por la ley, en interés de un tercero o de la comunidad, sino que constituyen verdaderas cargas procesales, toda vez que siendo el actor quien deduce la pretensión, es su interés el que ésta pueda serle satisfecha a través de la sentencia, para lo cual deberá constituirse la relación jurídico procesal, mediante –repito- la citación del demandado (formalidad necesaria para la validez del juicio), de allí la importancia de este acto procesal, y así lo consideró el legislador no sólo al contemplar la perención breve por falta oportuna de citación, sino que adicionalmente confiere al accionante, en el Artículo 218 de la Ley Adjetiva, la potestad de gestionarla incluso por intermedio de un Notario de la jurisdicción del Tribunal.

En conclusión, una vez que ha sido debidamente admitida una demanda, uno de los efectos procesales que se deriva es, precisamente, hacer nacer, en cabeza del demandante, la carga de gestionar la citación del demandado, formalidad necesaria para la validez del juicio, y que debe ser cumplida por el actor, pues es quien tiene el interés primario en que se trabe el proceso para así ver satisfecha su pretensión. Por las consideraciones que anteceden, este Juzgador considera que el impulso para lograr tal citación, íntimamente relacionado con la carga, no puede reducirse al pago de un arancel judicial, inexistente en la actualidad, sino que se requiere que el accionante realice actuaciones para lograr la citación, ello, por supuesto, dentro del lapso que la misma ley otorga, y de esta forma demostrar que tiene interés en impulsar el proceso para obtener con prontitud la decisión respectiva. De allí que el fundamento de la institución de la perención es forzar la pronta integración de la relación procesal con el llamamiento en causa del demandado, ante el cometido de la perención es indispensable que el demandante impulse la citación.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal observa que en el caso que nos ocupa, la demanda fue admitida el día 11 de noviembre del año 2014, y el apoderado judicial de la parte demandante compareció ante este Despacho Judicial los días 13 de noviembre de 2014, y 05 de diciembre de 2014, pero no cumplió con sus obligaciones inherentes a la práctica de la citación de la parte demandada, transcurriendo desde la fecha del auto de admisión el día 11 de noviembre de 2014, hasta el día en que es dictada la presente decisión, claramente más de treinta (30) días, sin que la parte demandante haya gestionado la citación de la parte demandada, evidenciándose de esa manera, que la parte actora no cumplió con la carga procesal de gestionar la citación del demandado, dentro del lapso de treinta días a que se refiere el Ordinal 1° del Artículo 267 de la Ley Adjetiva, debiendo este tribunal declarar de oficio la perención de la instancia por inactividad de la parte actora, por no haber cumplido las diligencias relativas a gestionar la citación del demandado en el lapso establecido para ello, y así se decide.

III

Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta la PERENCIÓN BREVE DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en los Artículos 267, Ordinal 1°; 269 del Código de Procedimiento Civil, y consecuentemente, EXTINGUIDO EL PRESENTE PROCESO de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 270 eiusdem.

Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas.

Para darle cumplimiento a lo ordenado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, déjese copia certificada de la anterior sentencia.

Notifíquese a la parte actora acerca de esta sentencia.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques, a los tres (03) días del mes de marzo del año 2015. A los 204º años de la Independencia y 155º años de la Federación.

LA JUEZ SUPLENTE ESPECIAL,

Abg. TERESA HERRERA ALMEIDA.

LA SECRETARIA,

Abg. LESBIA MONCADA de PICCA.

En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, previo el anuncio de Ley, siendo las 02:30 de la tarde.

LA SECRETARIA,

THA/LMdeP/Deivyd
Exp. N° 145392