TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL Y MUNICIPAL
EN FUNCIONES DE CONTROL
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA
EXTENSIÓN BARLOVENTO
Guarenas, 16 de noviembre de 2015
205º y 156º
CAUSA N°: 4C-4249-11

JUEZ: ABG.NANCY TOYO YANCY
FISCAL: ABG. LUIS COHEN Fiscal 29ºDel Ministerio Público Del Estado Miranda
DEFENSA: ABG. JAVIER ACOSTA Defensor Público Nº 9
SECRETARIA: LILIANA MACHADO
IMPUTADO: VICTOR MANUEL OJEDA

En el día de hoy 16 de noviembre de 2015, corresponde a este Tribunal Cuarto, Estadal y Municipal en Funciones de Control, emitir Sentencia en la presente causa, seguida contra del acusadoVICTOR MANUEL OJEDA, nacionalidad venezolana, natural de Petare, estado Miranda, fecha de nacimiento 30-03-1981, de 34 años de edad, estado civil soltero, profesión u oficio: taxista, residenciado en: Guatire, calle Padre Sojo con calle Piar, casa Nº 2, Municipio Zamora, estado Miranda, teléfono: 0414-258.50.15 y titular de la cédula de identidad Nº V-14.494.638; quien en audiencia preliminar celebrada en esta misma fecha, con ocasión del escrito Acusatorio presentado por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de FORJAMIENTO DE DOCUMENTO PÚBLICO previsto y sancionado en el artículo 319 del Código Penal; acogiéndose al Procedimiento Especial de Admisión de los Hechos, por el delito resultando en consecuencia condenado por este Tribunal; a tal efecto este Juzgado hace las siguientes consideraciones:

CAPÍTULO I
DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR

Este Tribunal en la audiencia preliminar celebrada en fecha 05-11-2015, sentenció a cumplir la pena de CUATRO (04) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de FORJAMIENTO DE DOCUMENTO PÚBLICO previsto y sancionado en el artículo 319 del Código Penal, todo conforme al procedimiento especial por admisión de los hechos previsto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal.

En la audiencia oral celebrada por este Juzgado de Control, el Ministerio Público representado por elabogadaLUIS COHEN, en su condición de Fiscal VigésimoNoveno (29º)del Ministerio Público, ratificó el contenido de la acusación presentada en fecha 30-11-2011 por el Ministerio Público del estado Miranda. Los hechos en ella contenidos y por los que la acusada admitió los hechos son los siguientes: “…al ciudadano VICTOR MANUEL OJEDA…siendo aproximadamente las 09:30 horas de la mañana, cuando el ciudadano JESÚS ARMANDO OBELMEJIAS MACHADO… se encontraba laborando en el estacionamiento 22-22, ubicado en el sector Loma Linda, momento en el que se presentó en dicho estacionamiento el hoy imputado a los fines de hacer el retiro de un vehículo con las siguientes características: CLASE AUTOMOVIL, COLOR ROJO, USO PARTICULAR, MARCA CHEVROLET, PLACA UAA62H, MODELO CORSA, TIPO SEDAN, SERIAL DE CARROCERÍA, 8Z1SJ5168XV307957, de fecha 22-09-2011, emitido por la Fiscalía Décima Cuarta de la Circunscripción judicial del Área Metropolitana; motivo por el cual el prenombrado realiza la verificación mediante llamada telefónica al número que aparece al pie de página del oficio siendo atendido por un ciudadano quien manifestó ser DAVID BELLO y corroboro la entrega…luego de una breve espera se presentó el hoy imputado, quien efectivamente manifestó ser el propietario por lo que se le solicito la documentación del vehículo, presentando una copia fotostática de un documento de fecha 29-09-20144, oficio Nº AMC-F14-0946.2242, emanado de la Fiscalía Décima Cuarta de la Circunscripción del Área Metropolitana, a cargo de la Abg. YESSICA RIVERA OCHOA, dirigido al ADMINISTRADOR DEL ESTACIONAMIENTO 22-22, donde se solicita se haga entrega del vehículo en cuestión, asimismo presento un certificado original de registro del vehículo antes descrito, signado con el Nº 2246854, a nombre del ciudadano PALMA BRAVO ARTURO DE JESÚS…, un documento emanado de la Notaría Pública Trigésimo Segundo del Municipio Libertador a cargo del Abg. FRED J. MONTILLA M., manifestando que los trámites para la entrega de su vehículo los había realizado contratando los servicios de un abogado PARTICULAR. Seguidamente los funcionarios actuantes se comunicaron vía telefónica con la Fiscal Noveno del Ministerio Público con Competencia Nacional Abg. Deysi bolívar informándole de lo ocurrido, indicando la misma que la nomenclatura del referido oficio ni el titular, pertenece a la representación fiscal mencionada por lo que se efectuó la aprehensión del ciudadano VICTOR MANUEL OJEDA…”

Seguidamente el Representante Fiscal, expuso sucintamente los medios de pruebas en los que soportaba su acusación y los ofreció a los fines de demostrar la culpabilidad del imputado. Finalmente solicitó la admisión de la acusación y el enjuiciamiento oral y público del ciudadano VICTOR MANUEL OJEDA.

Acto seguido se le impuso al acusado de sus derechos contemplados en el artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, y se les informó que su declaración era un instrumento para su defensa por lo que se les impuso del contenido del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de los artículos 125 numeral 9°, 131 y 133 del Código Orgánico Procesal Penal, manifestando que no deseaban declarar. Por su parte la defensa solicitó a favor de su representado que en caso de admitir la acusación se procediera a imponerle sobre las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso y que se verificara al momento del correspondiente pronunciamiento la Medida que actualmente pesaba en contra de su defendido.

Acto seguido se le concede el Derecho de palabra al Defensor Público, ABG. JAVIER ACOSTA quien expuso “…Esta defensa se opone al escrito acusatorio interpuesto por el Ministerio Público en virtud de que el mismo no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 308 del código Orgánico Procesal Penal, en virtud de que no existen suficientes elementos de convicción, para atribuirle dicho delito a mi defendido, por lo que solicito que dicho escrito acusatorio no sea admitido, se decrete el Sobreseimiento en la presente causa y se ordene la libertad plena y sin restricciones a mi defendido. En ejercicio del derecho a la defensa me apego al principio de la comunidad de las pruebas, y de manera subsidiaria solicito se mantenga la medida Cautelar Sustitutiva que viene gozando mi defendido, en caso de no acoger este Tribunal mi solicitud principal, solicito a este Tribunal sea entregado el vehículo propiedad de mi defendido cuyas características constan en el certificado de Registro de vehículo y documento de compra y venta notariado que riela al folio 12 al 15 ambos inclusive del presente, es todo…”.

Seguidamente el Tribunal previamente a concederle el derecho de palabra al acusado procedió a Admitir en su totalidad y con fundamento en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, la acusación Fiscal.

ADMISIÓN DE LA ACUSACIÓN Y LA CALIFICACIÓN FISCAL

La Fiscalía Vigésima Novena (29ª) del Ministerio Público del Estado Miranda solicitó el enjuiciamiento del imputado: VICTOR MANUEL OJEDA, por la presunta comisión del delito de FORJAMIENTO DE DOCUMENTO PÚBLICO previsto y sancionado en el artículo 319 del Código Penal.Y ASÍ SE DECIDE.

Ahora bien, establecida la calificación jurídica, de la revisión de las actuaciones, específicamente del escrito acusatorio, se observa que el Ministerio Público cumplió con los requisitos de forma y de fondo señalados en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es:

“…1. Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio o residencia de su defensor.
2. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado;
3. Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan;
4. La expresión de los preceptos jurídicos aplicables;
5. El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentaran en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad y;
6. la solicitud de enjuiciamiento del imputado…”

En relación a ello, ha señalado la Sala Constitucional del máximo Tribunal de la República lo siguiente: “…a tenor de lo preceptuado en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, presentará la acusación ante el Tribunal del control, la cual deberá contener, entre otros, los requisitos siguientes: una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado; los fundamentos de la imputación con expresión de los elementos de convicción que la motivan y el ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad. Los señalados requisitos a juicio de esta Sala, son los que le van a permitir al Juez de control, controlar la apertura del juicio oral contenida en la acusación, esto es, determinar si concurren o no los presupuestos para la celebración del juicio oral y público, toda vez que de ésta emergen fundamentos serios para el enjuiciamiento del imputado. Ese control fundamental además de relacionarse con la validez de la acusación, la cual podría verse comprometida tanto por vicios de su estructura falta de descripción circunstanciada del hecho punible- como por la inexistencia o invalidez de los actos vicios en la declaración del imputado- también lo está con la congruencia entre los hechos contenidos en la acusación y los intimados en la declaración del imputado...” (Sentencia Nro. 1156 de fecha 22-06-07, Sala Constitucional).

Efectuada la revisión en cuanto a la calificación jurídica y revisados los todos y cada uno de los requisitos señalados en el precitado artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal como presupuestos fácticos de admisibilidad del escrito acusatorio, y siendo la oportunidad procesal idónea para efectuar un pronunciamiento en cuanto a su admisibilidad, es por lo que este Tribunal admite totalmente la presente acusación; y así se decide.

DE LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS

En el presente caso, luego del pronunciamiento del Tribunal en relación a la calificación jurídica y a la admisibilidad de la acusación propuesta por el Ministerio Público, se impuso al procesado de autos en relación a la oportunidad procesal de la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos, previsto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, manifestando el acusado su disposición y voluntad libre e incondicional de reconocer su culpabilidad en los hechos que le atribuye el Ministerio Público; por tal razón se procedió conforme a lo dispuesto en la precitada norma adjetiva.

La norma rectora que rige el procedimiento por admisión de los hechos es el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dispone lo siguiente:

“…el procedimiento por admisión de los hechos tendrá lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación, hasta la recepción de pruebas. El juez o jueza deberá informar al acusado o acusada respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. El imputado o imputada podrá solicitar la aplicación de presente procedimiento, para lo cual admitirá los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitará al tribunal la imposición de la pena…”

Ha dicho la Sala Constitucional de nuestro máximo tribunal, en relación a la figura del procedimiento por admisión de los hechos lo siguiente: “…el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal establece la llamada declaración de culpabilidad y pretende consagrar en forma acorde con el principio de oportunidad que la inspira, una ventaja, un beneficio para el imputado que reconociendo su autoría en los hechos, le ahorra al estado tiempo y dinero al no intervenir en un juicio al cual, quien admite los hechos, renuncia. De igual forma, se observa que el procedimiento por admisión de los hechos es una de las formas de auto composición procesal mediante la cual el legislador creó una manera especial de terminación anticipada del proceso, con prescindencia del juicio oral y público y con la condena del imputado, poniendo fin al proceso…”

“…la admisión de los hechos supone una renuncia voluntaria al derecho a un juicio, principio garantizado no sólo por el Código Orgánico Procesal Penal sino por instrumentos internacionales ratificados por la República; y al mismo tiempo, tal admisión evita al estado el desarrollo de un proceso judicial que siempre resultará costoso…”(Sala Constitucional Sentencia Nro. 242 de fecha 15-02-07).

En el caso subjudice, el acusado al ser impuesto de las medidas alternativas a la prosecución del proceso y del procedimiento especial por admisión de los hechos previsto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, explicándole de manera sencilla y clara el contenido de dicha institución y los beneficios que le procuraban tanto a ellos como al Estado en la consecución de la Justicia, manifestó en forma libre, espontánea, sin juramento y sin coacción alguna su disposición de acogerse al procedimiento por admisión de los hechos, por lo cual, señaló el acusado, de manera libre de apremio y coacción que admitía la totalidad de los hechos que le imputaba la Representación Fiscal pidiendo en consecuencia la imposición de la pena de rigor a los fines de su cumplimiento

Expuesto lo anterior es palmario que el acusado VICTOR MANUEL OJEDA, ha reconocido clara e inteligiblemente que es responsable de la comisión del delito de FORJAMIENTO DE DOCUMENTO PÚBLICO previsto y sancionado en el artículo 319 del Código Penal, quedando así acreditado tal hecho.

Señalo el acusado, de manera libre de apremio y coacción que admitía la totalidad de los hechos que le imputaba la Representación Fiscal pidiendo en consecuencia la imposición de la pena de rigor a los fines de su cumplimiento.

CAPÍTULO II
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

En relación a la pena que se le debe imponer al acusado, esta Juzgadora observa que el delito de FORJAMIENTO DE DOCUMENTO PÚBLICO previsto y sancionado en el artículo 319 del Código Penal, establece una pena de SEIS (06) A DOCE (12) AÑOS…”.

Estas consideraciones servirán a esta Juzgadora a los fines de determinar la pena que deberá cumplir el acusado conforme a la admisión de hechos rendida por este. Al respecto el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal establece:

“…EI procedimiento por admisión de los hechos tendrá lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación, hasta antes de la recepción de pruebas.

EI Juez o Jueza deberá informar al acusado o acusada respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. EI acusado o acusada podrá solicitar la aplicación del presente procedimiento, para lo cual admitirá los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitará al tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva.

En estos casos; el Juez o Jueza podrá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, pudiendo cambiar la calificación jurídica del delito, atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado y motivando adecuadamente la pena impuesta.

Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, y en los casos de delitos de: homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, el Juez o Jueza sólo podrá rebajar hasta un tercio de la pena aplicable….” (Subrayado de este Despacho)

De la inteligencia de la norma antes transcrita se evidencian una serie de circunstancias que merecen ser analizadas a los efectos de imponer adecuadamente la pena que el acusado deberá cumplir en el presente caso. Así observamos que el legislador adjetivo penal en el segundo aparte señala que el Juez o Jueza sólo podrá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, lo que exige independientemente de la rebaja una motivación adecuada al caso en concreto.

En el presente caso el Ministerio Público acusó al ciudadano VICTOR MANUEL OJEDA, por la comisión del FORJAMIENTO DE DOCUMENTO PÚBLICO previsto y sancionado en el artículo 319 del Código Penal, de conformidad con lo previsto en el artículo 74.4 del Código Penal se acuerda partir del límite inferior de la pena siendo este el de SEIS (06) AÑOS y conforme a lo previsto 375 del Código Orgánico Procesal Penal, se acuerda rebajar la pena en un tercio, es este caso DOS (02) AÑOS, por la admisión de los hechos, quedando en consecuencia la pena en CUATRO (04) AÑOS DE PRISIÓN.

En el caso de marras, para lograr una verdadera justicia considerando también el beneficio que debe concedérsele al imputado quien se acogió a un procedimiento especial que tanto para el Estado como para el administrado debe procurarle verdaderas recompensas. Para ello debe el Juez o Jueza ponderar esta situación buscando un equilibrio verdadero entre un castigo merecido y la justicia, considerando así este Tribunal rebajar la pena por concepto de la admisión de hechos en un tercio de la pena que merece el delito, de conformidad con lo establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, y enaplicación a lo que establece el artículo 74.4 del Código Penal,queda la pena en definitiva en CUATRO (04) AÑOS DE PRISIÓN. Y ASÍ SE DECIDE.

CAPÍTULO III
PARTE DISPOSITIVA

ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL Y MUNICIPAL PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL N° 04 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA, EXTENSION BARLOVENTO. Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por Autoridad de la Ley emite los siguientes pronunciamientos.PRIMERO: CONDENA al acusadoVICTOR MANUEL OJEDAtitular de la cédula de identidad Nº V-14.494.638a cumplir la pena CUATRO (04) AÑOS DE PRISIÓN, más las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal, por la comisióndel delito de FORJAMIENTO DE DOCUMENTO PÚBLICO previsto y sancionado en el artículo 319 del Código Penal. SEGUNDO:Se acuerda mantener las medidas cautelares sustitutivas de liberad que viene gozando el referido ciudadano. Asimismo se acuerda oficiar a la Coordinación de Defensa pública del revocamiento y posterior designación en sala del Defensor Público. TERCERO: Se niega la solicitud de entrega de vehículo peticionada por la defensa, debiendo realizar la misma ante el Ministerio Público.

Regístrese y remítase el presente expediente al Tribunal de Ejecución que corresponda, en su oportunidad legal.
ABG. NANCY TOYO YANCY

JUEZA CUARTA DE CONTROL

LA SECRETARIA

ABG. ELIZABETH REYES

CAUSA 4C-4249-11