TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL Y MUNICIPAL
EN FUNCIONES DE CONTROL
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA
EXTENSIÓN BARLOVENTO

Guarenas, 05 de noviembre de 2015
205º y 156º

CAUSA N°: 4C-6975-15

JUEZ: ABG.NANCY TOYO YANCY
FISCAL: ABG. TERLIA CHARVAL Fiscal 29ºDel Ministerio Público Del Estado Miranda
DEFENSA: ABG. PEDRO VILORIA Defensor Público
SECRETARIA: ELIZABETH REYES
IMPUTADO: DOUGLAS JOSÉ MARRÓN DÍAZ

en el día de hoy 18 de mayo de 2015, corresponde a este Tribunal Cuarto, Estadal y Municipal en Funciones de Control, emitir Sentencia en la presente causa, seguida contra del acusadoDOUGLAS JOSÉ MARRÓN DÍAZ, titular de la cedula de identidad V-17.158.954,de nacionalidad venezolana, natural de Río Chico, estado Miranda, donde nació en fecha 18-07-1984, de estado civil soltero, de 31 años de edad, de estado civil soltero, profesión u oficio: funcionario policial de la Policía del Municipio Zamora, residenciado en Bloque 3, Lomas de Urdaneta, piso 15, apto 155, Catia, Municipio Libertador. Teléfono: 0414-108.38.64; quien en audiencia preliminar celebrada en esta misma fecha, con ocasión del escrito Acusatorio presentado por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de CORRUPCIÓN PROPIA EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley Contra la Corrupción en concordancia con el artículo 99 del Código Penal; acogiéndose al Procedimiento Especial de Admisión de los Hechos, por el delito resultando en consecuencia condenado por este Tribunal; a tal efecto este Juzgado hace las siguientes consideraciones:
CAPÍTULO I
DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR

Este Tribunal en la audiencia preliminar celebrada en fecha 05-11-2015, sentenció a cumplir la pena de CUATRO (04) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de CORRUPCIÓN PROPIA EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley Contra la Corrupción en concordancia con el artículo 99 del Código Penal, todo conforme al procedimiento especial por admisión de los hechos previsto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal.

En la audiencia oral celebrada por este Juzgado de Control, el Ministerio Público representado por la abogadaTERLIA CHARVAL, en su condición de Fiscal VigésimoQuinta (25º)del Ministerio Público, ratificó el contenido de la acusación presentada en fecha 07-10-2015 por el Ministerio Público del estado Miranda. Los hechos en ella contenidos y por los que la acusada admitió los hechos son los siguientes: “…el día 19 de agosto de 2015, el funcionario MARRÓN DÍAZ DOUGLAS JOSÉ cedulado bajo el número V-17.158.954, se encontraba cumpliendo con su rol como guardia de custodia en el área de aprehendidos del autónomo de la Policía Municipal de Zamora, identificado como 1-B, donde se encontraba en calidad de resguardo el ciudadano VASQUEZ VERGEL YENDERSON, posteriormente el día 20-08-2015, el funcionario MARRÓN DÍAZ DOUGLAS JOSÉ cedulado bajo el número V-17.158.954, al momento de hacer entrega de su guardia nuevamente hace presencia en el área de guardia y custodia de aprehendidos donde se saca de su camisa en envoltorio el cual contenía en su interior un (019 teléfono móvil marca SAMSUNG, modelo GTS6790I, imei 359370/05/154183/1 de color blanco. El cual le entregó al ciudadano VASQUEZ VERGEL YENDERSON, quien se encontraba en calidad de resguardo en dicho centro policial, hecho ue fue observado por el ciudadano JOSÉ MUJICA, quien también se encontraba en calidad de resguardo, siendo este el que informó lo sucedido en fecha 22-08-2015, el funcionario CASTILLO HENRRY, indicándole además que el mismo estaba siendo utilidad para efectuar llamadas en el área de adolescentes y se encontraba oculto en un orificio del calabozo, dando este último dio parte a sus supervisores por lo cual ordenó realizar una requisa en el calabozo identificado como 1-B, donde efectivamente hallaron en el lugar señalado por el ciudadano JOSÉ MUJICA el teléfono móvil SAMSUNG, modelo GTS6790I, imei 359370/05/154183/1 de color blanco, lo cual generó la aprehensión del ciudadano MARRÓN DÍAZ DOUGLAS JOSÉ cedulado bajo el número V-17.158.954, tomando en consideración que los superiores del ciudadano MARRÓN DÍAZ DOUGLAS JOSÉ cedulado bajo el número V-17.158.954, había recibido en reiteradas oportunidades quejas de que dicho funcionario estaba cobrando dinero por introducir teléfonos celulares y otros objetos, a los calabozos…”

Seguidamente el Representante Fiscal, expuso sucintamente los medios de pruebas en los que soportaba su acusación y los ofreció a los fines de demostrar la culpabilidad del imputado. Finalmente solicitó la admisión de la acusación y el enjuiciamiento oral y público del ciudadano DOUGLAS JOSÉ MARRÓN DÍAZ.

Acto seguido se le impuso al acusado de sus derechos contemplados en el artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, y se les informó que su declaración era un instrumento para su defensa por lo que se les impuso del contenido del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de los artículos 125 numeral 9°, 131 y 133 del Código Orgánico Procesal Penal, manifestando que no deseaban declarar. Por su parte la defensa solicitó a favor de su representado que en caso de admitir la acusación se procediera a imponerle sobre las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso y que se verificara al momento del correspondiente pronunciamiento la Medida que actualmente pesaba en contra de su defendido.

Acto seguido se le concede el Derecho de palabra al Defensor Público, ABG. PEDRO VILORIA quien expuso sus alegatos tal y como quedó asentado en el acta de la audiencia preliminar de esta misma data.

Seguidamente el Tribunal previamente a concederle el derecho de palabra al acusado procedió a Admitir en su totalidad y con fundamento en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, la acusación Fiscal.

ADMISIÓN DE LA ACUSACIÓN Y LA CALIFICACIÓN FISCAL

La Fiscalía Vigésima Quinta (25ª) del Ministerio Público del Estado Miranda solicitó el enjuiciamiento del imputado: DOUGLAS JOSÉ MARRÓN DÍAZ, por la presunta comisión del delito de CORRUPCIÓN PROPIA EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley Contra la Corrupción en concordancia con el artículo 99 del Código Penal. Y ASÍ SE DECIDE.

Ahora bien, establecida la calificación jurídica, de la revisión de las actuaciones, específicamente del escrito acusatorio, se observa que el Ministerio Público cumplió con los requisitos de forma y de fondo señalados en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es:

“…1. Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio o residencia de su defensor.
2. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado;
3. Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan;
4. La expresión de los preceptos jurídicos aplicables;
5. El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentaran en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad y;
6. la solicitud de enjuiciamiento del imputado…”

En relación a ello, ha señalado la Sala Constitucional del máximo Tribunal de la República lo siguiente: “…a tenor de lo preceptuado en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, presentará la acusación ante el Tribunal del control, la cual deberá contener, entre otros, los requisitos siguientes: una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado; los fundamentos de la imputación con expresión de los elementos de convicción que la motivan y el ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad. Los señalados requisitos a juicio de esta Sala, son los que le van a permitir al Juez de control, controlar la apertura del juicio oral contenida en la acusación, esto es, determinar si concurren o no los presupuestos para la celebración del juicio oral y público, toda vez que de ésta emergen fundamentos serios para el enjuiciamiento del imputado. Ese control fundamental además de relacionarse con la validez de la acusación, la cual podría verse comprometida tanto por vicios de su estructura falta de descripción circunstanciada del hecho punible- como por la inexistencia o invalidez de los actos vicios en la declaración del imputado- también lo está con la congruencia entre los hechos contenidos en la acusación y los intimados en la declaración del imputado...” (Sentencia Nro. 1156 de fecha 22-06-07, Sala Constitucional).

Efectuada la revisión en cuanto a la calificación jurídica y revisados los todos y cada uno de los requisitos señalados en el precitado artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal como presupuestos fácticos de admisibilidad del escrito acusatorio, y siendo la oportunidad procesal idónea para efectuar un pronunciamiento en cuanto a su admisibilidad, es por lo que este Tribunal admite totalmente la presente acusación; y así se decide.

DE LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS

En el presente caso, luego del pronunciamiento del Tribunal en relación a la calificación jurídica y a la admisibilidad de la acusación propuesta por el Ministerio Público, se impuso al procesado de autos en relación a la oportunidad procesal de la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos, previsto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, manifestando el acusado su disposición y voluntad libre e incondicional de reconocer su culpabilidad en los hechos que le atribuye el Ministerio Público; por tal razón se procedió conforme a lo dispuesto en la precitada norma adjetiva.

La norma rectora que rige el procedimiento por admisión de los hechos es el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dispone lo siguiente:

“…el procedimiento por admisión de los hechos tendrá lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación, hasta la recepción de pruebas. El juez o jueza deberá informar al acusado o acusada respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. El imputado o imputada podrá solicitar la aplicación de presente procedimiento, para lo cual admitirá los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitará al tribunal la imposición de la pena…”

Ha dicho la Sala Constitucional de nuestro máximo tribunal, en relación a la figura del procedimiento por admisión de los hechos lo siguiente: “…el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal establece la llamada declaración de culpabilidad y pretende consagrar en forma acorde con el principio de oportunidad que la inspira, una ventaja, un beneficio para el imputado que reconociendo su autoría en los hechos, le ahorra al estado tiempo y dinero al no intervenir en un juicio al cual, quien admite los hechos, renuncia. De igual forma, se observa que el procedimiento por admisión de los hechos es una de las formas de auto composición procesal mediante la cual el legislador creó una manera especial de terminación anticipada del proceso, con prescindencia del juicio oral y público y con la condena del imputado, poniendo fin al proceso…”

“…la admisión de los hechos supone una renuncia voluntaria al derecho a un juicio, principio garantizado no sólo por el Código Orgánico Procesal Penal sino por instrumentos internacionales ratificados por la República; y al mismo tiempo, tal admisión evita al estado el desarrollo de un proceso judicial que siempre resultará costoso…”(Sala Constitucional Sentencia Nro. 242 de fecha 15-02-07).

En el caso subjudice, el acusado al ser impuesto de las medidas alternativas a la prosecución del proceso y del procedimiento especial por admisión de los hechos previsto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, explicándole de manera sencilla y clara el contenido de dicha institución y los beneficios que le procuraban tanto a ellos como al Estado en la consecución de la Justicia, manifestó en forma libre, espontánea, sin juramento y sin coacción alguna su disposición de acogerse al procedimiento por admisión de los hechos, por lo cual, señaló el acusado, de manera libre de apremio y coacción que admitía la totalidad de los hechos que le imputaba la Representación Fiscal pidiendo en consecuencia la imposición de la pena de rigor a los fines de su cumplimiento

Expuesto lo anterior es palmario que el acusado DOUGLAS JOSÉ MARRÓN DÍAZ, ha reconocido clara e inteligiblemente que es responsable de la comisión del delito de CORRUPCIÓN PROPIA EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley Contra la Corrupción en concordancia con el artículo 99 del Código Penal, quedando así acreditado tal hecho.

Acto seguido este Tribunal y admitida como ha sido en su totalidad la Acusación Fiscal, así como la comunidad de las pruebas a favor de la defensa y vista la solicitud de revisión de medida solicitada por la defensa privada; este tribunal acuerda la misma de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, es por lo que se acuerda la medida cautelar sustitutiva de liberad contenida en el artículo242 numeral 3, 4 y 9consistente en la presentación periódica ante el Tribunal de Ejecución que le correspondan por distribución, la prohibición de salida de la jurisdicción del estado Miranda y del área metropolitana de Caracas, así como estar atentos a los llamados que les haga el Tribunal en relación a la presente causa.

Señalo el acusado, de manera libre de apremio y coacción que admitía la totalidad de los hechos que le imputaba la Representación Fiscal pidiendo en consecuencia la imposición de la pena de rigor a los fines de su cumplimiento.

CAPÍTULO II
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

En relación a la pena que se le debe imponer al acusado, esta Juzgadora observa que el delito de CORRUPCIÓN PROPIA EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley Contra la Corrupción en concordancia con el artículo 99 del Código Penal, establece una pena de TRES (03) A SIETE (07) AÑOS…”.

Estas consideraciones servirán a esta Juzgadora a los fines de determinar la pena que deberá cumplir el acusado conforme a la admisión de hechos rendida por este. Al respecto el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal establece:

“…EI procedimiento por admisión de los hechos tendrá lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación, hasta antes de la recepción de pruebas.

EI Juez o Jueza deberá informar al acusado o acusada respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. EI acusado o acusada podrá solicitar la aplicación del presente procedimiento, para lo cual admitirá los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitará al tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva.

En estos casos; el Juez o Jueza podrá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, pudiendo cambiar la calificación jurídica del delito, atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado y motivando adecuadamente la pena impuesta.

Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, y en los casos de delitos de: homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, el Juez o Jueza sólo podrá rebajar hasta un tercio de la pena aplicable….” (Subrayado de este Despacho)

De la inteligencia de la norma antes transcrita se evidencian una serie de circunstancias que merecen ser analizadas a los efectos de imponer adecuadamente la pena que el acusado deberá cumplir en el presente caso. Así observamos que el legislador adjetivo penal en el segundo aparte señala que el Juez o Jueza sólo podrá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, lo que exige independientemente de la rebaja una motivación adecuada al caso en concreto.

En el presente caso el Ministerio Público acusó al ciudadano DOUGLAS JOSÉ MARRÓN DÍAZ, por la comisión del CORRUPCIÓN PROPIA EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley Contra la Corrupción en concordancia con el artículo 99 del Código Penal, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 el término medio de la pena es deCINCO (05) AÑOSy conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del Código Penalel cual señala que se aumentara la pena de un sexto a la mitadpor lo que se acuerdaaumentar dos (02) años,quedando la pena en SIETE (07) AÑOSy conforme a lo previsto 375 del Código Orgánico Procesal Penal, se acuerda rebajar la pena en un tercio, es este caso DOS (02) AÑOS Y CUATRO (04) MESES, por la admisión de los hechos, quedando en consecuencia la pena en CUATRO (04) AÑOSY OCHO (08) MESES DE PRISIÓN.

En el caso de marras, para lograr una verdadera justicia considerando también el beneficio que debe concedérsele al imputado quien se acogió a un procedimiento especial que tanto para el Estado como para el administrado debe procurarle verdaderas recompensas. Para ello debe el Juez o Jueza ponderar esta situación buscando un equilibrio verdadero entre un castigo merecido y la justicia, considerando así este Tribunal rebajar la pena por concepto de la admisión de hechos en un tercio de la pena que merece el delito, de conformidad con lo establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, y enaplicación a lo que establece el artículo 99 del Código Penal,queda la pena en definitiva en CUATRO (04) AÑOS Y OCHO (08) MESES DE PRISIÓN. Y ASÍ SE DECIDE.

CAPÍTULO III
PARTE DISPOSITIVA

ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL Y MUNICIPAL PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL N° 04 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA, EXTENSION BARLOVENTO. Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por Autoridad de la Ley emite los siguientes pronunciamientos.PRIMERO: CONDENA al acusadoDOUGLAS JOSÉ MARRÓN DÍAZtitular de la cédula de identidad Nº V-17.158.954a cumplir la pena CUATRO (04) AÑOS Y OCHO (08) MESES DE PRISIÓN,más las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal, por la comisióndel delito de CORRUPCIÓN PROPIA EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley Contra la Corrupción en concordancia con el artículo 99 del Código Penal. SEGUNDO:Se acuerda las medidas cautelares sustitutivas de liberad contenidas en el artículo 242 numerales 3y 9consistente en la presentación periódica ante el Tribunal de Ejecución que le correspondan por distribución cada quince (15 días), así como estar atentos a los llamados que les haga el Tribunal en relación a la presente causa.

Regístrese y remítase el presente expediente al Tribunal de Ejecución que corresponda, en su oportunidad legal.
ABG. NANCY TOYO YANCY

JUEZA CUARTA DE CONTROL

LA SECRETARIA

ABG. ELIZABETH REYES

CAUSA 4C-6975-15