TSJ Regiones - Decisión

SENTENCIA DE ADMISION DE LOS HECHOS
CAUSA Nº 1JU-787-15

CAPITULO I

Vista la audiencia de Juicio Oral y reservado seguida en la causa No CAUSA Nº 1JU-787-15, por acusación presentada por la ciudadana Fiscal Décimo Octavo del Ministerio Público DRA, MARIA GABRIELA BLANCO LEVEL perteneciente a la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con Sede en Guarenas, en contra del adolescente acusado IDENTIDAD OMITIDA, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de IDENTIDAD OMITIDA. Este tribunal observa:

CAPITULO II

ANTECEDENTES DE LA CAUSA
(IMPUTACIÓN DEL FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO)

La ciudadana Fiscal Décima Octavo del Ministerio Público DRA, MARIA GABRIELA BLANCO, presentó en fecha (05) de octubre de (2015), por ante este tribunal de Juicio, Sección Adolescentes, con sede en Guarenas del Estado Miranda, escrito acusatorio en donde se estableció que: “Los hechos imputados al adolescente acusado IDENTIDAD OMITIDA, son los siguientes:

“En fecha 25 de septiembre de 2015, siendo aproximadamente las 02:50 horas de la tarde, el adolescente acusado ingreso al local comercial denominado “ Inversiones Yuma”, ubicado en Rio Chico, calle Venezuela, con calle Miranda del Municipio Páez del Estado Miranda, empleando un (01) facsímil de arma de fuego, sin marca ni modelo visible con el cual amedrento a la víctima y con amenaza de transgredir su integridad física, la obligo a que le entregara su teléfono celular, marca Samsung, modelo Mini S3, de color blanco. La víctima se encontraba acompañada en el lugar de los hechos con un ciudadano de nombre IDENTIDAD OMITIDA, siendo la persona que observo al adolescente imputado ingresar al referido local comercial armado y motivado a ellos salió rápidamente del mismo e informo a los funcionarios Supervisor jefe RAUL SOJO, Supervisor RANDY MADRIZ, Oficial Agregado ISRRAEL TARACHE y Oficial YOINER CAYUNA, adscritos a la Policía del Estado Miranda, Región Policial Nº 04, quienes se encontraban realizando un operativo de vigilancia en el sector, y de inmediato se trasladaron hasta el lugar de los hechos, observando al adolescente acusado ingresar al establecimiento comercial, es por ello que lo abordan y al realizar la respectiva inspección corporal, le incautaron en el bolsillo derecho del pantalón que vestía, un (01) teléfono celular marca Blue modelo Advance 4.0, de color negro, con su respectiva batería provisto de un chip de la empresa Movistar, y en el bolsillo izquierdo del pantalón, se le incauto otro teléfono celular marca Samsung, modelo GT-18190, ce color blanco, con su respectiva batería, provisto de un chip correspondiente a la empresa Digitel, este último fue reconocido por la victima como de su propiedad, y el arma de fuego tipo facsímil usada en los hechos; por lo que fue aprehendido a los fines de ser puesto a la orden de la Fiscalía 18º del Ministerio Público de estado Miranda.…”;

CAPITULO III
DE LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA JUICIO ORAL Y DE LA INTERVENCION DE LAS PARTES
DEL MINISTERIO PÚBLICO

El tribunal en fecha martes diecisiete (17) de noviembre de 2015, luego de las formalidades de ley seguidamente declaró abierto el acto de audiencia de juicio Oral y reservado, concediéndole la palabra a la Representante del Ministerio Público, quien procedió a ratificar su formal acusación oralmente en contra del adolescente acusado IDENTIDAD OMITIDA, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de IDENTIDAD OMITIDA.. Presentando como pruebas las siguientes: 01.- Testimonio de los funcionarios Supervisor Jefe RAUL SOJO, Supervisor RANDY MADRIZ, Oficial Agregado ISRRAEL TARACHE y Oficial YOINER CAYUNA, adscritos a la Policía del Estado Miranda, Región Policial Nº 04, con sede en Rio Chico, quienes practicaron la aprehensión del adolescente acusado. 2.- Testimonio del funcionario Detective LUIS ESPAÑA, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, Subdelegación San José de Barlovento, Estado Miranda, quien suscribe la experticia de Reconocimiento Técnico de fecha 25 de septiembre de 2015, realizado al facsímil de arma de fuego y a los teléfonos celulares incautados al adolescente acusado en el procedimiento policial. 3.- Testimonio del funcionario Detective ARNALDO LEON, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, Subdelegación San José de Barlovento, Estado Miranda, quien suscribe la inspección técnica realizada en el sitio del suceso. 4.- Testimonio de la ciudadana IDENTIDAD OMITIDA, en su condición de víctima directa de los hechos, quien tiene conocimiento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar como ocurrieron los hechos.- 5.- Testimonio del ciudadano IDENTIDAD OMITIDA, en su condición de Testigo presencia de los hechos. Asimismo ofreció las siguientes PRUEBAS DOCUMENTALES: 01.- Experticia de Reconocimiento Técnico Nº 9300- 0305, de fecha 26 de septiembre de 2015, suscrita por el funcionario Detective LUIS ESPAÑA, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, Subdelegación San José de Barlovento, Estado Miranda practicados al facsímil de arma de fuego y a los teléfonos celulares incautados al adolescente acusado en el procedimiento policial. 02.- Experticia de Avalúo Real, Nº 9700-0305, de fecha 26 de septiembre de 2015, suscrita por el funcionario Detective LUIS ESPAÑA, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, Subdelegación San José de Barlovento, Estado Miranda practicada al objeto robado y recuperado en el procedimiento policial...Así mismo solicitó sea sancionado el adolescente acusado IDENTIDAD OMITIDA, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de IDENTIDAD OMITIDA; y sea sancionado a cumplir SEIS (06), Años de Privación de Libertad conforme a lo establecido en el artículo 628 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por el ilícito penal cometido

DEL IMPUTADO

Acto seguido al concedérsele la palabra al adolescente IDENTIDAD OMITIDA, titular de la cédula de identidad Nº IDENTIDAD OMITIDA, titular de la cédula de identidad No. (omisis), de nacionalidad (omisis), de (omisis), de estado civil (omisis), de profesión u oficio: (omisis), residenciado en: (omisis) teléfono: (omisis).

LA DEFENSA

Y la defensa, tras una breve exposición, solicitó que, de conformidad con el artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, se procediera a imponerle la sanción correspondiente inmediatamente, a lo que la Fiscal del Ministerio Público no hizo objeción.-

CAPITULO IV
DETERMINACION DE LOS HECHOS QUE EL TRIBUNAL ESTIMA ACREDITADOS.-

En el presente caso, ha quedado acreditado en autos la materialidad del hecho punible atribuido al adolescente acusado IDENTIDAD OMITIDA, por cuanto las pruebas ofrecidas por el ministerio público, representado por la DRA, ANA CONSUELO OLIVIER, en su carácter de fiscal décimo Octavo, de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en la audiencia de juicio Oral y reservado celebrada en fecha martes diecisiete (17) de noviembre de 2015, se desprende que en efecto el adolescente IDENTIDAD OMITIDA, en fecha 25 de septiembre de 2015, siendo aproximadamente las 02:50 horas de la tarde, el adolescente acusado ingreso al local comercial denominado “ Inversiones Yuma”, ubicado en Rio Chico, calle Venezuela, con calle Miranda del Municipio Páez del Estado Miranda, empleando un (01) facsímil de arma de fuego, sin marca ni modelo visible con el cual amedrento a la víctima y con amenaza de transgredir su integridad física, la obligo a que le entregara su teléfono celular, marca Samsung, modelo Mini S3, de color blanco. La víctima se encontraba acompañada en el lugar de los hechos con un ciudadano de nombre IDENTIDAD OMITIDA, siendo la persona que observo al adolescente imputado ingresar al referido local comercial armado y motivado a ellos salió rápidamente del mismo e informo a los funcionarios Supervisor jefe RAUL SOJO, Supervisor RANDY MADRIZ, Oficial Agregado ISRRAEL TARACHE y Oficial YOINER CAYUNA, adscritos a la Policía del Estado Miranda, Región Policial Nº 04, quienes se encontraban realizando un operativo de vigilancia en el sector, y de inmediato se trasladaron hasta el lugar de los hechos, observando al adolescente acusado ingresar al establecimiento comercial, es por ello que lo abordan y al realizar la respectiva inspección corporal, le incautaron en el bolsillo derecho del pantalón que vestía, un (01) teléfono celular marca Blue modelo Advance 4.0, de color negro, con su respectiva batería provisto de un chip de la empresa Movistar, y en el bolsillo izquierdo del pantalón, se le incauto otro teléfono celular marca Samsung, modelo GT-18190, ce color blanco, con su respectiva batería, provisto de un chip correspondiente a la empresa Digitel, este último fue reconocido por la victima como de su propiedad, y el arma de fuego tipo facsímil usada en los hechos; por lo que fue aprehendido a los fines de ser puesto a la orden de la Fiscalía 18º del Ministerio Público de estado Miranda …”;. Hechos estos que resultan acreditados con pruebas y la propia confesión del adolescente acusado IDENTIDAD OMITIDA, en la celebración de la audiencia de juicio oral cuando expuso: “Doctora deseo admitir mis hechos, estoy arrepentido de lo que hice, yo si participe en ese robo y estoy dispuesto a cambiar de actitud, no me meteré mas en problemas, voy a ponerme a estudiar, quiero cambiar, y hacer el bien, Es todo”.

Todas estas pruebas obtenidas por medios lícitos e incorporados al proceso con respeto a la ley, son apreciadas por este tribunal por cuanto fueron practicadas con estricta observancia de las disposiciones contenidas en nuestra norma penal adjetiva vigente para la época, en consecuencia constituyen medios probatorios lícitos, las cuales conllevan a esta juzgadora a concluir que el adolescente acusado IDENTIDAD OMITIDA, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de IDENTIDAD OMITIDA. Y ASI SE DECIDE.

Reconociendo el Tribunal que la figura de la admisión de los hechos conlleva en el caso a decidir una sentencia condenatoria con imposición de sanción, procede en consecuencia a realizarla de la siguiente manera:

Vista la exposición realizada por el adolescente, en la audiencia de juicio oral y reservado llevada a efecto el día martes diecisiete (17) de noviembre de 2015, de admitir los hechos que le fueron imputados por el Representante de la vindicta pública DRA. ANA CONSUELO OLIVIER esta administradora, a quien le corresponde impartir justicia, pasa a hacer las siguientes consideraciones:

Del análisis de la Ley orgánica para la protección del Niño y del Adolescente, observamos la manera de cómo incide la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada por unanimidad el 20 de noviembre del año 1.989, por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la cual fue ratificada por Venezuela y aprobada como Ley de la República en fecha 29 de agosto de 1.990, con el número de gaceta oficial 34.451, desde ese momento, Venezuela asume el compromiso de brindarle a los niños y adolescentes protección integral, lo que involucra dos aspectos: La protección social, que está dirigida a propiciar las condiciones para el logro del desarrollo de la personalidad como sujetos de derecho y, protección jurídica, para dar efectividad a los derechos que le fueron reconocidos en la convención. Encontramos así cómo en la exposición de motivos de la Ley orgánica para la protección del Niño y del Adolescente, en lo que se refiere al Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, se vislumbra claramente cómo la Doctrina de la Protección Integral pasa a revertir el antiguo paradigma compasión-represión por el binomio severidad-justicia, esto trae consigo crear en el adolescente el sentido de responsabilidad de sus hechos, apegado lógicamente a los derechos, garantías y deberes, que se encuentran establecidos en el titulo II, Capítulo I de la Ley Especial.

En tal sentido el artículo 49 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece:

“…La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se les investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la Ley…”.

En este mismo sentido la Ley orgánica para la protección del Niño y del Adolescente, en su artículo 90 establece:

“… todos los adolescentes, que por sus actos, sean sometidos al Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente tienen derechos a las mismas garantías sustantivas, procesales y de ejecución de la sanción, que las personas mayores de dieciocho años, además de aquellas que le correspondan por su condición especifica de adolescente”.

Asimismo, contempla la misma Ley in comento, Garantías Fundamentales de Obligatorio Cumplimiento, contenidas en los artículos 542, 543, 544 y 546.

En este mismo orden de ideas, nos encontramos que el adolescente, al manifestar el deseo de ejercer el derecho de ser oído que le ha sido garantizado por el Legislador Patrio, en el contenido del artículo 542 ejusdem, esta ejerciendo al mismo tiempo su derecho a la defensa, a un juicio educativo, conjuntamente al derecho de que se le imponga de inmediato de la sanción, derecho éste que concede al Estado economizar tiempo que a su vez, se transforma, tal como lo prevé el Legislador en el contenido del articulo 546 de la misma ley in comento, en un proceso rápido, con una pronta administración de Justicia.

Así pues, no se trata de que el juez de Control esté haciendo uso o no de la norma establecida en el artículo 583 Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; más bien, se trata de que el acusado adolescente está solicitando la imposición inmediata de la sanción por admisión de los hechos, derecho éste que está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 49 ordinal 1°, cuando establece el derecho a la Defensa.

Y, siendo que en el caso que nos ocupa, la defensa se adhirió a la solicitud de su defendido de admitir los hechos y que se le impusiera la sanción correspondiente, y no habiendo oposición por parte del Fiscal del Ministerio Público, quien es dueña de la acción penal, garante de la legalidad según las funciones que le atribuye la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente y de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y habiendo sido orientado el adolescente en cuanto al procedimiento especial por admisión de los hechos como parte de una de las garantías fundamentales de este Sistema Especial en donde prevalece el Juicio Educativo, no sólo referido a la sanción, sino a que el adolescente debe comprender el contenido de todos y cada uno de los actos que se realicen, en consecuencia, y por todo lo antes expuesto, esta Juzgadora pasa a explanar su sentencia en base a la figura por admisión de los hechos. Y ASI SE DECIDE.-

CAPITULO V
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

Vista la acreditación de los hechos explanados por este tribunal en el punto que antecede signado CAPITULO IV, han surgido serios y altos elementos de convicción de que el adolescente acusado IDENTIDAD OMITIDA, si perpetro los delitos de ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de IDENTIDAD OMITIDA. En consecuencia este tribunal está absolutamente convencido de que el adolescente acusado IDENTIDAD OMITIDA es el sujeto activo del hecho punible subsumido por el legislador en el artículo 458 del Código Penal, cuya acción en el presente caso no se encuentra evidentemente prescrita y perseguida de oficio, derivándose en consecuencia responsabilidad Penal, para el adolescente, como autor del hecho punible de IDENTIDAD OMITIDA, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de IDENTIDAD OMITIDA, responsabilidad esta y culpabilidad por imperativo de el artículo 528 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Así las cosas la Ley orgánica para la protección del Niño y del Adolescente, en su artículo 583, establece que, una vez admitido los hechos objeto de la acusación, el acusado podrá solicitar al Tribunal la imposición inmediata de la sanción. Ahora bien, que el adolescente acusado IDENTIDAD OMITIDA admitió los hechos que le fueron imputados por el Representante del Ministerio Público, solicitando se le impusiera la sanción, según se evidencia y consta en el Acta de la Audiencia de Juicio oral, acogiéndose así a la figura especial de la admisión de hechos, establecida en el artículo 583 Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; considera este Tribunal que la admisión de hechos realizada por el adolescente cumple con todos los requisitos que deben concurrir al momento de la admisión como lo son:

PRIMERO: Que el acusado, en la Audiencia Oral, admita los hechos imputados por el Fiscal del Ministerio Público, en forma personal y voluntaria estando sin juramento alguno y libre de toda presión, coacción o apremio, solicitando la imposición de la sanción ante el Juzgado de la causa.

SEGUNDO: Que la oportunidad del pedimento, sea previa acusación presentada por la vindicta pública.

TERCERO: Que esté plenamente demostrada la culpabilidad del acusado.

CUARTO: Que esté plenamente demostrada la materialidad de los hechos objeto del juicio.

De tal modo que, cumplida como han sido todas las formalidades de procedencia en cuanto al procedimiento especial por admisión de los hechos solicitada, en consecuencia, lo procedente y ajustado a derecho a lo anteriormente expuesto, es imponerle al adolescente acusado IDENTIDAD OMITIDA, la sanción, y dictar en su contra sentencia condenatoria, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 603 en relación al artículo 583, y 605 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y en relación al 343 del Código Orgánico Procesal Penal.

CAPITULO VI
DE LA SANCION APLICABLE

En consecuencia de lo antes expuesto, dado que el adolescente responde por el hecho cometido en la medida de su culpabilidad y como resultado de haberse determinado su responsabilidad penal en el hecho subsumido en los parámetros previsto en el artículo 458 del Código Penal, este tribunal Primero de Primera instancia en función de Juicio de la sección de adolescentes del Circuito judicial Penal del estado Miranda con sede en Guarenas, de conformidad con lo establecido en los articulas 528, 583, 620, 622 y 628 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes lo declara RESPONSABLE PENALMENTE y procede de inmediato a imponerlo de la sanción que le corresponde, previo análisis de los puntos que de seguidas se explanan:

El artículo 620 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente prevé el tipo de sanción a imponer por el Tribunal, el artículo 622, Eiusdem, establece y fija las pautas para la determinación y aplicación de la misma, debiendo tenerse presente que la sanción tiene como finalidad preventiva especial una conducta futura socialmente proactiva.

Debiendo el adolescente responder por los hechos punibles que cometan, el legislador consagró en el artículo 620 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, los tipos de medidas a aplicar cuando se ha comprobado la participación de un adolescente en un hecho punible, las cuales, de forma taxativa, delimito como: “a) AMONESTACION, b) IMPOSICION DE REGLAS DE CONDUCTA, c) SERVICIOS A LA COMUNIDAD, d) LIBERTAD ASISTIDA, e) SEMI LIBERTAD y f) PRIVACION DE LIBERTAD.
Así que al aplicarla debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos.

a) La comprobación del acto delictivo y la existencia del daño causado;
b) La comprobación de que el adolescente ha participado en el hecho delictivo;
c) La naturaleza y gravedad de los hechos;
d) El grado de responsabilidad del adolescente;
e) La proporcionalidad e idoneidad de la medida;
f) La edad del adolescente y su capacidad para cumplir la medida;
g) Los Esfuerzos del adolescente por reparar los daños;
h) El resultado de los informes clínicos y psico-social.

De modo tal que, este Tribunal observa que la conducta desplegada por el mencionado adolescente acusado, y que el Fiscal del Ministerio Público Especializado le imputó la comisión de un hecho punible de acción pública de los denominados privativos de libertad por tal motivo se hace necesario considerar y analizar la medida sancionatoria aplicable, tomando en consideración las pautas determinantes de su aplicación de la siguiente manera:

a) La comprobación del acto delictivo; la existencia del daño causado: Con el escrito Acusatorio y la exposición oral de la Acusación y del cúmulo de pruebas ofrecidas por el Representante del Ministerio Público, así como de la propia confesión de la adolescente en la Audiencia Juicio oral y que corren insertas en el expediente y que fueron expuestas en la audiencia Juicio oral quedó plenamente demostrada la Responsabilidad Penal del adolescente acusado IDENTIDAD OMITIDA, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de IDENTIDAD OMITIDA .

B) La comprobación de que el adolescente ha participado en el hecho delictivo: Quedó plenamente demostrado con el cúmulo de pruebas que corren insertas en la presente causa, así como de su propia confesión en plena audiencia oral y Privada en el momento de admitir los hechos, que el adolescente acusado IDENTIDAD OMITIDA, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de IDENTIDAD OMITIDA.

C) La naturaleza y gravedad del hecho: La comisión del delito de: ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de IDENTIDAD OMITIDA, es un delito de que atenta contra la propiedad, demostrada la comisión del delito por el adolescente acusado IDENTIDAD OMITIDA, el cual con su acción desplegada causó un daño. Cuya protección resulta indispensable y necesaria para una vida armoniosa en sociedad.

D) El grado de responsabilidad del adolescente: Demostrado como fue el grado de responsabilidad del adolescente, pues la conducta desplegada por el mismo fue contraria a la norma, lo cual lo hace responsable de su comportamiento, toda vez que el hecho cometido es punible, y al haber sido declarado responsable, el mismo está obligado a cumplir con la sanción que se le ha de imponer.

E) Proporcionalidad e idoneidad de la medida: por tratarse de la comisión de un delito privativo de libertad, la medida idónea, y vista la finalidad socio educativa de la misma, así como tomando en cuenta que estamos en presencia de un delito que atenta contra la propiedad. Es de observar que el Legislador Patrio consideró que algunos delitos fueren merecedores de PRIVACION DE LIBERTAD, en virtud de la gravedad de los hechos realizados por el adolescente, contrario a los valores e intereses constitucionalmente establecidos, en cuyo caso se hace necesario imponer una sanción en proporción a los hechos y consecuencias, como en efecto se hace.

Ciertamente el legislador penal juvenil incluyó el tipo penal analizado en la aplicación de la medida de privación de libertad, pero es necesario también inculcarle a los jóvenes trasgresores a través de la sanción obligaciones o prohibiciones para regular su modo de vida, así como para promover y asegurar su formación es por ello que este decisor vistas y estudiadas las circunstancias penales, considera pertinente regular su modo de vida, para promover y asegurar su formación, así como cumplir con la finalidad educativa de la medida; se considera pertinente, idónea y necesaria imponer una medida Privativa de libertad y una medida sancionatoria en libertad, toda vez que este adolescente requiere de herramientas que le permitan fortalecer un mejor desarrollo intelectual, emocional y psicológico para atender con éxito su vida ciudadana; y entienda de este modo el valor y la influencia positiva de la educación en la vida de los ciudadanos y en especial en esta época tan competitiva. En consecuencia es por lo que considera esta Juzgadora que lo idóneo es que el referido adolescente CUMPLA la SANCION DE Un (01) año de PRIVACIÓN DE LIBERTAD y dos (02) Años de IMPOSICIÓN DE REGLAS DE CONDUCTA de conformidad con lo establecido en el artículo 628 y 624 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a partir del día martes diecisiete (17) de noviembre de 2015,, fecha en que se le impuso la sanción respectiva, con la finalidad de que el adolescente con la ayuda de su familia, la de los especialistas que integran el Equipo Multidisciplinario, así como los educadores y trabajadores sociales existentes en el centro de reclusión, la sanción impuesta y la vigilancia del juez de Ejecución, lo orienten y ayuden a superar todas aquellas conductas que lo conllevaron a cometer el hecho, y así mismo su superación como persona en desarrollo integral, a fin de que pueda insertarse de nuevo en la sociedad, por la comisión del delito de: ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de IDENTIDAD OMITIDA.

F) La edad del adolescente y su capacidad para cumplir la medida: el adolescente acusado IDENTIDAD OMITIDA, contaba con Dieciséis (16) años para el momento en que se produjo la comisión de un hecho delictivo, por el cual fue juzgado, como lo es el delito de ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de IDENTIDAD OMITIDA, en la actualidad cuenta con Dieciséis (16) años y siete (07) meses, encontrándose en término medio de la adolescencia cuya edad conlleva una madurez mental propia, con capacidad de juicio y de discernimiento, que lo hace capaz de comprender la conducta desplegada y que lo hace penalmente responsable, que dicha capacidad mental y física lo hace capaz de cumplir con la sanción impuesta.

G) Los esfuerzos del adolescente acusado para reparar el daño: se observó que el adolescente sancionado al momento de admitir los hechos de manera voluntaria, sin presión alguna realizó un acto de arrepentimiento por el hecho cometido, durante la admisión manifestó verbalmente arrepentirse lo que pudiera evidenciar a juicio de este Juzgador como de empeño o esfuerzo por reparar el daño causado. Quien aquí sanciona, está plenamente convencida que la confesión en materia de Responsabilidad de Adolescentes, reviste una figura de gran valor, por considerar que damos inicio a la concientización e inserción a la sociedad de ese adolescente que de forma valiente y con criterio de responsabilidad confiesa su participación en un hecho delictual, con la fortaleza de asumir la sanción en los términos que dicte el juzgador con apego a la calificación jurídica prevista en la Ley que rige la materia y las aplicadas por supletoriedad en mandato de Ley.-

Como resultado de su comportamiento, lo procedente y ajustado a derecho es imponerle al adolescente acusado IDENTIDAD OMITIDA una medida socio educativa como lo es la sanción de DE Un (01) año de PRIVACIÓN DE LIBERTAD y dos (02) Años de IMPOSICIÓN DE REGLAS DE CONDUCTA de conformidad con lo establecido en el artículo 628 y 624 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con la finalidad de que el adolescente, aprenda a superar todas aquellas conductas que lo conllevaron a cometer el hecho, y así mismo su superación como persona en desarrollo integral, a fin de que pueda insertarse de nuevo en la sociedad. El Tribunal en el Acto de Juicio oral y reservado una vez admitido los hechos, le impuso al acusado antes identificado su obligación de cumplir las siguientes reglas de conducta una vez culminada la sanción Privativa de libertad: 1.- :Culminar sus estudios primarios y básicos o en su defecto hacer cursos de Capacitación personal, por lo que deberá presentar cada cuatro (04) meses las y notas certificadas y las constancias estudiantiles, o certificados de cursos de capacitación correspondientes ante el juez de Ejecución, esta obligación al estudio se colocó en consideración en aras de incentivar el desarrollo del adolescente y dada la importancia que implica para él la formación educativa. 2.-: No verse involucrado en otro hecho punible, regla que persigue imponer una restricción de realizar actividades en detrimento del ordenamiento jurídico que es acorde a la naturaleza de las sanciones. 3.-: No portar ningún tipo de arma de fuego, fascimil o arma blanca, esta medida se impone toda vez que el sancionado admitió su responsabilidad penal en la comisión de un delito como lo es ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de IDENTIDAD OMITIDA, por lo que el Estado debe brindarle las herramientas necesarias para concientizarlo sobre la prohibición de portar estas armas., así como en salvaguarda de su integridad física y mental por cuanto puede encontrarse entre los grupos de riesgo. 4.-: La obligación de someterse a tratamiento Psicológico con la finalidad de que el joven canalice su conducta, aprenda el valor de la vida, familia, estudio y el respeto a las normas y a la sociedad. La ayuda Psicológica lo hará entender y considerar a la vida como un gran valor, se le enseñaran virtudes como la honradez, la laboriosidad, el estudio, la responsabilidad, el respeto, la solidaridad, y así evitar que la rebeldía propia de la adolescencia, la falta de normas y disciplina, lo lleven a recrearse en un ambiente negativo. 5.- Prohibición expresa de acercarse a la víctima de la presente causa la ciudadana IDENTIDAD OMITIDA, por si mismo o mediante terceras personas. 6.- presentarse cada 30 días al Tribunal de Ejecución de este mismo Circuito Judicial Penal, Sección Adolescentes, con sede en Guarenas.

Al momento de realizar el cálculo de la sanción impuesta, el tribunal tomó en cuenta la edad de la Adolescente al momento de ocurrir el hecho es decir contaba con Dieciséis (16) años de edad, en la actualidad cuenta con Dieciséis (16) años y siete (07) meses, encontrándose en término medio de la adolescencia igualmente toma en cuenta este tribunal las pautas del artículo 622 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la conducta pre delictual del adolescente, su comportamiento durante el proceso, y en la presente audiencia observó está juzgadora que hubo esfuerzo por parte del adolescente por reparar el daño causado, es decir demostró evidencias de arrepentimiento al momento de admitir los hechos, La confesión se observo sincera y con deseos de querer seguir los pasos de tomar la determinación de mejorar y de refrenarse de una recaída o reincidencia, o sea, arrepentirse “con íntegro propósito de corazón y con la ayuda de la sanción impuesta, se producirá un cambio en su conducta personal, se abrirá camino a la llegada de la anhelada reinserción final,. aunado a ello y considerando el objetivo pedagógico de la sanción que busca la adecuada convivencia del joven trasgresor con su núcleo familiar y con la sociedad y considerando que las sanciones deben ser cumplidas preferiblemente en la etapa de la adolescencia a los fines de que surtan los efectos anhelados por el legislador y valorando este decisor que el identificado adolescente, no ha sido protagonista de nuevas conductas trasgresoras de la Ley Penal y teniendo como norte el Interés Superior del Niño establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, quien aquí realiza la difícil tarea de Juzgar considera que la sanción impuesta es proporcional y que la misma cumple con el fin primordial, dirigido a la formación integral de este adolescente, para la imposición de tal sanción, este Administrador de Justicia, tomo en cuenta también la comprobación del hecho atribuido por el Ministerio Publico, el cual resultó plenamente comprobado una vez realizada la admisión de los hechos por parte del adolescente, en cuanto al daño causado este Juzgador en la letra C) del análisis de las pautas del Articulo 622, expuso que La comisión del delito de: ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de IDENTIDAD OMITIDA, es un delito que atenta contra la propiedad, cuya protección resulta indispensable y necesaria para una vida armoniosa en sociedad, luego de lo anteriormente señalado, estimo ajustado en derecho la sanción impuesta, no habiendo posibilidad a la imposición de una sanción menos rigurosa que la impuesta a la adolescente y siendo que el acusado se encuentra ubicado en el término medio de la adolescencia cuya edad conlleva una madurez mental propia, con capacidad de juicio y de discernimiento, que lo hace capaz de comprender la conducta desplegada y que lo hace penalmente responsable, que dicha capacidad mental y física lo hace capaz de cumplir con la sanción impuesta.

Es necesario señalar que cada caso contrae situaciones y características muy particulares, las cuales el Juez en base al principio de inmediación, oralidad y proporcionalidad debe analizar a los efectos de evitar la imposición de una sanción que pudiese ir en detrimento del desarrollo del adolescente o por el contrario sea considerada flexible y en razón de ello, siga incursionando en la comisión de delitos. Sin sanción no hay educación posible. Pero para que la sanción sea educativa y eficaz ha de ser siempre: oportuna, justa, sin exceder los límites de lo razonable, de la forma más idónea y clara, para que el adolescente comprenda que se le impone por su bien.

La sanción debe facilitar al adolescente el camino de la honradez, la obediencia, la aplicación, etc., para hacer de él un hombre moral. La sanción más que para expiar la culpa cometida debe servir para la corrección. Por todo lo antes expuesto es por lo que consideró este decisor que el adolescente acusado IDENTIDAD OMITIDA, debe imponérsele DOS sanciones una Privativa y otra en libertad, cuyo lapso de cumplimiento y duración será de TRES (03) AÑOS, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de IDENTIDAD OMITIDA. Y ASI SE DECIDE.-

CAPITULO VII
DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos antes expuestos, ESTE TRIBUNAL PRIMERO DE JUICIO DE LA SECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTES DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA EXTENSIÓN BARLOVENTO, CON SEDE EN GUARENAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se pronuncia de la siguiente manera: PRIMERO: DECLARA CON LUGAR EL PROCEDIMIENTO POR ADMISIÓN DE LOS HECHOS EN FASE DE JUICIO por aplicación del Artículo 583 en relación al 371 del Código Penal reformado. En consecuencia oída como ha sido la declaración del adolescente, en la cual se ha acogido al Procedimiento Especial por Admisión de los Hechos, previsto en el artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, lo cual hizo libre de apremio y coacción y de manera espontánea habiendo admitido su responsabilidad en la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de IDENTIDAD OMITIDA. es por lo que se CONDENA al adolescente acusado IDENTIDAD OMITIDA; a cumplir la Un (01) año de PRIVACIÓN DE LIBERTAD y dos (02) Años de IMPOSICIÓN DE REGLAS DE CONDUCTA; consistentes en: 1.- :Culminar sus estudios primarios y básicos o en su defecto hacer cursos de Capacitación personal, por lo que deberá presentar cada cuatro (04) meses las y notas certificadas y las constancias estudiantiles, o certificados de cursos de capacitación correspondientes ante el juez de Ejecución, esta obligación al estudio se colocó en consideración en aras de incentivar el desarrollo del adolescente y dada la importancia que implica para él la formación educativa. 2.-: No verse involucrado en otro hecho punible, regla que persigue imponer una restricción de realizar actividades en detrimento del ordenamiento jurídico que es acorde a la naturaleza de las sanciones. 3.-: No portar ningún tipo de arma de fuego, fascimil o arma blanca, esta medida se impone toda vez que el sancionado admitió su responsabilidad penal en la comisión de un delito como lo es ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de IDENTIDAD OMITIDA, por lo que el Estado debe brindarle las herramientas necesarias para concientizarlo sobre la prohibición de portar estas armas., así como en salvaguarda de su integridad física y mental por cuanto puede encontrarse entre los grupos de riesgo. 4.-: La obligación de someterse a tratamiento Psicológico con la finalidad de que el joven canalice su conducta, aprenda el valor de la vida, familia, estudio y el respeto a las normas y a la sociedad. La ayuda Psicológica lo hará entender y considerar a la vida como un gran valor, se le enseñaran virtudes como la honradez, la laboriosidad, el estudio, la responsabilidad, el respeto, la solidaridad, y así evitar que la rebeldía propia de la adolescencia, la falta de normas y disciplina, lo lleven a recrearse en un ambiente negativo. 5.- Prohibición expresa de acercarse a la víctima de la presente causa la ciudadana IDENTIDAD OMITIDA, por si mismo o mediante terceras personas. 6.- presentarse cada 30 días al Tribunal de Ejecución de este mismo Circuito Judicial Penal, Sección Adolescentes, con sede en Guarenas. Todo lo de conformidad con lo previsto en los artículos 620, literales “b y f”, articulo 622 y en los artículos 624 y 628 de la Ley Orgánico para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el artículo 583 de la Ley Orgánico para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de IDENTIDAD OMITIDA. Se escoge la medida DE IMPOSICION DE REGLAS DE CONDUCTAS, por cuanto se trata de una vía para el control jurisdiccional del sancionado durante el tiempo que dure la misma, constituyendo una sanción de mediana gravedad, proporcional con las carencias y conductas del adolescente previas al hecho y con el carácter que concede la Ley especial al delito ventilado, dado que el mismo es de los graves previstos en el artículo 628 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño Niña y del Adolescente. A través de la medida de IMPOSICION DE REGLAS DE CONDUCTAS, como consecuencia de la idoneidad a la que su imposición debe conllevar, se busca que por el tiempo fijado el joven estará apercibido de que no debe portar arma de ninguna naturaleza, y cumplir a cabalidad con las sanciones impuestas, caso contrario tendría que sufrir una medida más gravosa, como es privación de libertad hasta por 6 meses. (En caso de incumplimiento de la sanción). Todo de conformidad con los artículos 603, 624 y 628 y 622 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente. SEGUNDO: Al momento de ocurrir el hecho, al adolescente: IDENTIDAD OMITIDA, contaba con dieciséis (16) años de edad, lo que lo ubica en el límite medio de la adolescencia, Igualmente toma en cuenta este tribunal la conducta de infracción primaria del adolescente, el acto de arrepentimiento al momento de admitir los hechos y considerando el objetivo pedagógico de la sanción, teniendo como norte el Interés Superior del Niño establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el principio de proporcionalidad. Iigualmente tomo en cuenta este tribunal las pautas del artículo 622 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, también se valora por parte de este despacho la conducta pre delictual del sancionado, su comportamiento durante el proceso, y en la presente audiencia observó está juzgadora que hubo esfuerzo por parte del adolescente acusado por reparar el daño causado, es decir demostró evidencias de arrepentimiento al momento de admitir los hechos, la confesión se observo sincera y con deseos de querer seguir los pasos de tomar la determinación de mejorar y de refrenarse de una recaída o reincidencia, quien aquí realiza la difícil tarea de Juzgar considera que la sanción impuesta es proporcional y que la misma cumple con el fin primordial, dirigido a la formación integral de este joven, para la imposición de tal sanción, este Administrador de Justicia, tomo también en cuenta la comprobación del hecho atribuido por el Ministerio Publico, el cual resultó plenamente comprobado una vez realizada la admisión de los hechos por parte del adolescente, luego de lo anteriormente señalado, estimo ajustado en derecho la sanción impuesta, no habiendo posibilidad a la imposición de una sanción menos ni más rigurosa que la impuesta al acusado de autos quien cuenta actualmente con dieciséis (16) años y siete (07) meses de edad cuya edad conlleva una madurez mental propia, con capacidad de juicio y de discernimiento, que lo hace capaz de comprender la conducta desplegada y que lo hace penalmente responsable, que dicha capacidad mental y física lo hace capaz de cumplir con la sanción impuesta TERCERO: Se establece que el cumplimiento de la sanción impuesta al adolescente sancionado, se hará bajo el control del Tribunal de Ejecución respectivo, de conformidad con los artículos 629 y 646 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niñas y Adolescentes. CUARTO: En esta misma fecha se acuerda publicar la sentencia integra de la dispositiva del fallo leído, de conformidad con lo establecido en el artículo 605 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. QUINTO: Se ordena una vez vencido los lapsos correspondientes remitir la presente causa al Tribunal de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, Sección Adolescentes. SEXTO: Quedan las partes debidamente notificadas del pronunciamiento del Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicado por remisión expresa del artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Es todo. Terminó siendo las 11:55 horas de la tarde, conforme firman

Diarícese, Regístrese, déjese copia en los archivos respectivos del Juzgado Dada, sellada, firmada y refrendada en la Sede del Despacho de este Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Extensión Barlovento. Sección Adolescentes, con sede en Guarenas, martes diecisiete (17) de noviembre de 2015.

LA JUEZA DE JUICIO

DRA. AMARILYS DEL R. VELAZCO J.

EL SECRETARIO

ABG. MARCO ANTONIO GARCIA.

ADRVJ/MAG
CAUSA Nº 1JU-787-15.