TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

SALA 3 DE LA CORTE DE APELACIONES ORDINARIA
Y DE LA SECCION DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE DEL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CON SEDE EN OCUMARE DEL TUY

Ocumare del Tuy, 15 de septiembre de 2015
205º y 156º

ASUNTO PRINCIPAL: MP21-P-2015-002649
ASUNTO : MP21-R-2015-000131

JUEZ PONENTE: Dr. FRANKLIN JOSE RANGEL TREJO

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

IMPUTADO: JHON KENNY SARMIENTO VALERA, de nacionalidad Colombiana titular de la cedula de identidad N° E-1129529700.

RECURRENTE: Abogado JAVIER BOLIVAR, en su carácter de Fiscal de la Sala de Flagrancia del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda.

DEFENSA: Abogada YAMILET SANCHEZ, en su condición de Defensora Publica Auxiliar Décima de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, del ciudadano JHON KENNY SARMIENTO VALERA.

DELITO: INVASION, previsto y sancionado en el articulo 471-A del Código Penal.

En fecha 25 de agosto de 2015, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, da por recibido el presente Recurso de Apelación de autos, interpuesto en fecha 22 de julio de 2015, por el Abogado JAVIER BOLIVAR, en su condición de Fiscal de la Sala de Flagrancia del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, de conformidad con el articulo 439 numerales 4º y 5º del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de la decisión dictada por el TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, EXTENSIÓN VALLES DEL TUY, en el Acto de Audiencia de Presentación de Detenido de fecha 15 de julio de 2015, mediante la cual el prenombrado órgano jurisdiccional impuso al ciudadano JHON KENNY SARMIENTO VALERA, de nacionalidad Colombiana titular de la cedula de identidad N° E-1129529700, MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad al articulo 242 numerales 3, 5 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal por la presunta comisión del delito de INVASION previsto y sancionado en el articulo 471-A del Código Penal y posteriormente fundamentada en fecha 28 de julio de 2015, por el JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, EXTENSIÓN VALLES DEL TUY, en virtud de la circular Nº 018-15, emanada de la Presidencia del Circuito Judicial del estado Bolivariano de Miranda, en la cual se designa al Tribunal Quinto de Control para el conocimiento y abocamiento de las causas relacionadas al Plan de Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (O.L.P), el cual se identificó con el Nº MP21-R-2015-000131, designándose Ponente al Juez FRANKLIN JOSE RANGEL TREJO.

DE LA COMPETENCIA DE ESTA SALA TERCERA DE LA
CORTE DE APELACIONES

A los fines de determinar la competencia de esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones Ordinaria y de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda con Sede en Ocumare del Tuy, se hace necesario revisar lo previsto en el articulo 63 numeral 4, letra “a” de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual establece:

Artículo 63.- Son deberes y atribuciones de las Cortes de Apelaciones, por razón de sus respectivas materias y en el territorio de sus respectivas jurisdicciones:
1º …OMISSIS…
2º …OMISSIS…
3º …OMISSIS…
4º En material penal:
a) Conocer en apelación de las causas e incidencias decididas por los tribunales de primera instancia en lo penal.
b)…OMISSIS…

Por otra parte, establece el artículo 432 del Código Orgánico Procesal Penal:

Articulo 432. Al tribunal que resuelva el recurso se le atribuirá el conocimiento del proceso, exclusivamente, en cuanto a los puntos de la decisión que han sido impugnados.

Visto que, el Recurso que se examina, corresponde a la decisión dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda, extensión Valles del Tuy, en Audiencia de Presentación de Detenido de fecha 15 de julio de 2015, y posteriormente fundamentada en fecha 28 de julio de 2015, por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda, extensión Valles del Tuy, en virtud de la circular Nº 018-15, emanada de la Presidencia del Circuito Judicial del estado Bolivariano de Miranda, en la cual se designa al Tribunal Quinto de Control para el conocimiento y abocamiento de las causas relacionadas al Plan de Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (O.L.P), es por lo que esta Sala de Corte, se declara COMPETENTE, para el conocimiento y decisión del Recurso de Apelación.
DE LAS ACTUACIONES PREVIAS DE ESTA CORTE DE APELACIONES

En fecha 25 de agosto de 2015, se recibe cuaderno contentivo del presente recurso de apelación, dándosele entrada en esta misma fecha.

En fecha 28 de agosto de 2015, esta Corte de Apelaciones admitió el presente recurso de apelación, de conformidad con el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal.

DE LA DECISIÓN RECURRIDA

En fecha 15 de julio de 2015, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, dictó decisión en Audiencia de Presentación de Detenido mediante la cual emitió el siguiente pronunciamiento:

“(…)este Tribunal Segundo de Primera Instancia Estadal Y Municipal en Funciones De Control, del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Venezuela, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se califica como FLAGRANTE la aprehensión practicada en la persona del imputado, por considerar que las circunstancias de la misma son encuadrables en el contenido del artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal en relación con el artículo 44 numeral 1ª de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. SEGUNDO: Se ACUERDA proseguir la presente causa por la vía del PROCEDIMIENTO ORDINARIO de conformidad con lo establecido en el ultimo aparte del artículo 373 del código orgánico procesal penal y así se hace constar en la presente acta. TERCERO: Este tribunal considera que es ajustada la precalificación jurídica propuesta por el representante del Ministerio Público como lo es el delito de: INVASIÓN, previsto y sancionado en el artículo 471-A del código penal. CUARTO: Se le impone a los ciudadanos JHON KENNY SARMIENTO VALERA, ampliamente identificado en autos, las MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, previstas en el artículo 242 numerales 3, 5, y 9 del código orgánico procesal penal, vale decir, numeral 3, la obligación de presentarse ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal y sede, cada treinta (30) días, por un (01) año, numeral 5, la prohibición de acercamiento al lugar de los hechos numeral 9, la obligación desalojar el inmueble. Por tal motivo esta juzgadora se aparta del numeral 8° ya que con las impuesta se aseguran las resultas del proceso. QUINTO: Quedan debidamente notificadas las partes, conforme a lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal. Es todo, terminó, se leyó y estando conformes firman…” (Cursivas de la Sala).

Asimismo, en fecha 28 de julio de 2015, el Tribunal Quinto de Control publico auto fundado bajo los siguientes términos:

“…Capítulo II
DE LA APREHENSION
En cuanto a la aprehensión del ciudadano JHON KENNEDY SARMIENTO VALERA, titular de la cédula de identidad colombiana N° V-1129529700 es importante señalar como principal consideración, la siguiente disposición consagrada en nuestra Constitución nacional:
“Artículo 44. La libertad personal es inviolable, en consecuencia:
Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que se sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de su detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razonesdeterminadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso…” (Negrilla y subrayado del Tribunal).
En atención a tal disposición constitucional, tenemos que existen dos maneras de aprehender a una persona que presuntamente se vea involucrada en la comisión de un hecho punible, estas son, mediante la ejecución de una orden de aprehensión previamente acordada por una autoridad judicial y por hallarse sorprendida in fraganti, caso en el cual nos debemos remitir a la definición que nuestra norma adjetiva penal vigente contempla en su artículo 234, el cual se transcribe a continuación:
“Artículo 234. Para los efectos de este Capítulo se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso o sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él o ella es el autor o autora…” (Negrilla y subrayado del Tribunal).
Ahora bien, atendiendo a tal definición y en relación a la detención del ciudadano JHON KENNEDY SARMIENTO VALERA, titular de la cédula de identidad N° V-1129529700, cursa en autos acta policial, en la cual se señalan las condiciones de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos que, el representante fiscal estimó y consideró constitutivos de un actuar delictivo por parte del supra mencionado y en consecuencia inicia un proceso en contra del mismo; En consecuencia, este Juzgador una vez analizado a fondo el contenido del acta policial en mención, consideró que en efecto se encuentra acreditado que el ciudadano supra mencionado fue detenido presuntamente en la ejecución de un hecho punible, por lo que, cumpliéndose así con las previsiones de los artículos 44 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 234 del código orgánico procesal penal, este Tribunal consideró y calificó como flagrante dicha aprehensión; y así se declara.
Capítulo III
DE LA IMPUTACION FISCAL
En este sentido y una vez examinadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar descritas en el acta policial levantada en el procedimiento por el cual resulta aprehendido el ciudadano JHON KENNEDY SARMIENTO VALERA, titular de la cédula de identidad N° V-1129529700, así como, de las distintas actas que conforman el presente asunto y del resultado de las exposiciones de las partes en la audiencia oral celebrada, considera este Juzgador que estamos en presencia de la presunta comisión del delito de invasión, previsto y sancionado en el artículo 471A del código penal, y así se decide.
Capítulo IV
DE LA MEDIDA DE COERCION PERSONAL IMPUESTA
En cuanto a las medidas de coerción personal, observa este Tribunal, lo señalado en el texto adjetivo penal, artículo 242, respecto de su procedencia y aplicación:
“De las medidas cautelares sustitutivas. ART. 242. — Modalidades. Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para la imputado o imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado o imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, alguna de las medidas siguientes…(omissis)…
Ahora bien, en lo atinente a las medidas de coerción personal invocadas y solicitadas por el Fiscal del Ministerio Público, a los fines de garantizar la sujeción de la imputado al presente proceso, este Tribunal consideró y en consecuencia impuso al imputado JHON KENNEDY SARMIENTO VALERA, las medidas cautelares sustitutivas de libertad, contenida en los numerales 3, 5 y 9 del artículo 242 de la vigente norma adjetiva penal, consistente la del numeral 3 en, la obligación de presentarse por ante la taquilla de presentaciones de este Circuito Judicial Penal cada 30 días durante 1 año, la del numeral 5, la prohibición de acercarse al lugar del suceso y la del numeral 9, desalojo inmediato del inmueble y estar atento al proceso.
Capitulo V
DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO
El artículo 373 del código orgánico procesal penal, respecto del procedimiento ordinario señala lo siguiente:
“ART. 373. —Flagrancia y procedimiento para la presentación del aprehendido o aprehendida. El aprehensor o aprehensora dentro de las doce horas siguientes a la detención, pondrá al aprehendido o aprehendida a la disposición del Ministerio Público, quien dentro de las treinta y seis horas siguientes, lo o la presentará ante el Juez o Jueza de Control a quien expondrá cómo se produjo la aprehensión, y según sea el caso, solicitará la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado, y la imposición de una medida de coerción personal, o solicitará la libertad del aprehendido o aprehendida… …En caso contrario el Juez o Jueza ordenará la aplicación del procedimiento ordinario y así lo hará constar en acta que levantará al efecto.” (Negrilla y subrayado del Tribunal).
Así pues, en el presente proceso el representante fiscal, en la audiencia de presentación de aprehendido celebrada, solicitó a este Tribunal se acordara la aplicación del procedimiento ordinario al considerar la necesidad de la práctica de diligencias de investigación, con el fin de obtener suficientes elementos de convicción que le permitan esclarecer de manera indiscutible la comisión del hecho punible, y así alcanzar al acto conclusivo que tenga lugar, razón por la cual este Tribunal consideró procedente tal pedimento sobre la base del contenido del artículo 373 del código orgánico procesal penal, acordando en consecuencia la aplicación del procedimiento ordinario en la presente causa, y así se decide.
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO: Se califica como flagrante la aprehensión del ciudadano JHON KENNEDY SARMIENTO VALERA, titular de la cédula de identidad colombiana N° V-1129529700, plenamente identificado, por cumplir esta con lo dispuesto en el artículo 44 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 234 del código orgánico procesal penal.
SEGUNDO: Se decreta la aplicación del procedimiento ordinario en la presente causa, de conformidad con lo establecido en el encabezamiento y último aparte del artículo 373 del código orgánico procesal penal.
TERCERO: Se acoge la precalificación jurídica propuesta por el representante del Ministerio Público, a los hechos atribuidos al imputado de autos, vale decir, la presunta comisión del delito de invasión, previsto y sancionado en el artículo 471A del código penal.
CUARTO: Se le impone al ciudadano JHON KENNEDY SARMIENTO VALERA, ampliamente identificado en autos, las medidas cautelares sustitutivas de libertad, contenida en los numerales 3 del artículo 242 de la vigente norma adjetiva penal, consistente en, 3 la obligación de presentarse por ante la taquilla de presentaciones de este Circuito Judicial Penal cada 15 días durante 8 meses, la del numeral 5, la prohibición de acercarse al lugar del suceso y la del numeral 9, desalojo inmediato del inmueble y estar atento al proceso.
Por tratarse de una decisión dictada en el curso de una audiencia, se deja constancia que las partes quedaron debidamente notificadas, conforme a lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada por secretaría de la presente decisión. Cúmplase.” (Cursivas de esta sala).

DE LOS MOTIVOS DE LA ACTIVIDAD RECURSIVA

En fecha 22 de julio 2015, el Abogado JAVIER BOLIVAR, en su condición de Fiscal de la Sala de Flagrancia del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, interpone recurso de apelación en los siguientes términos:
“(…)Quien suscribe, Abg. JAVIER ENRIQUE BOLIVAR ORTIZ, actuando en mi carácter de Fiscal Auxiliar de la Sala de Flagrancias del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en el marco de las atribuciones conferidas en los artículos 285 numeral 6 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela; numerales 13 y 14 del articulo 111 del Código Orgánico Procesal Penal y 16 numeral 10 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, ocurro según lo dispuesto en los artículos 439 numerales 4 y 5; y 440 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, con el propósito de INTERPONER RECURSO DE APELACION, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Segundo (02º) de Primera Instancia en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, extensión Valles del Tuy, mediante la cual no admitió la medida cautelar sustitutiva de libertad prevista en el articulo 242 numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal solicitada en contra del ciudadano JHON KENNY SARMIENTO VALERA, por considerar dicho Juzgado que la actuación realizada por el hoy imputado no ameritaba la imposición de fianza establecida en el numeral 8 ejusdem (…)
PUNTO PREVIO
El artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que la finalidad del proceso es establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el Juez al adoptar su decisión.
…Omissis…
CAPITULO I
PROCEDENCIA DEL RECURSO
Dispone el texto adjetivo penal en su artículo 423, como principio que rige para la impugnación de las decisiones judiciales, la Impugnabilidad Objetiva, es decir que solo son recurribles las decisiones por los medios y en los casos expresamente establecidos.
La decisión que nos ocupa, es recurrible a tenor de lo dispuesto en el artículo 439 numeral 5 (sic) del Código Orgánico Procesal Penal, que establece:
Artículo 439. Decisiones Recurribles: Son recurribles ante la Corte de Apelaciones las siguientes decisiones:
4. Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva…”(sic)
CAPITULO II
LEGITIMACION PARA RECURRIR
Conforme a lo establecido en el artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal, cuyo contenido establece que solo podrán recurrir en contra de las decisiones judiciales, las partes a quienes la ley reconozca expresamente este derecho (…)
…Omissis…
CAPITULO III
DE LOS HECHOS
…Omissis…
Asimismo, en este misma fecha se lleva a cabo la respectiva Audiencia de Presentación de aprehendido, en el cual el Ministerio Publico expuso las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la aprehensión y en el cual se le imputo el delito de INVASION Previsto y sancionado en el Articulo 471-A del Código Penal, y se le es solicitado la medida Cautelar Sustitutiva de la Libertad de las Previstas en el Articulo 242 en sus numerales 3, 5, 8 y 9 esta ultima como medida innominada (desalojo del inmueble de manera inmediata) ejusdem. En ese mismo acto, el Tribunal le acordó al referido imputado la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad de las Previstas en el Articulo 242 en sus numerales 3, 5 y 9, declarando sin lugar la del numeral 8, visto que la misma se encontraba ajustada y conforme a derecho de conformidad con lo previsto en el articulo 243 de la citada Ley adjetiva Penal, tomando en cuenta la magnitud del daño causado, a las familias que se encontraban adjudicados primeramente y fueron sacados del inmueble y ocupados por invasores.
Considerando quien aquí recurre, que dicha Medida Cautelar Sustitutiva de libertad establecida en el artículo 242 numerales 3, 5 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, acordada por el Tribunal, es insuficiente para asegurar las finalidades del proceso, y con ello evitar que los imputados se sustraigan de la investigación y posteriores actos que se les sigue.
DE LOS FUNDAMENTOS QUE HACEN PROCEDENTE LA DECLARACION DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO EJERCIDO
Ahora bien, honorables Jueces Superiores, si bien es cierto que el Estado Venezolano a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, se encuentra dignificando a las familias venezolanas (…). No es menos cierto, que personas inescrupulosas (…) se han dado a la tarea de sacar de sus inmuebles a estas familias que en su mayoría son provenientes de refugios, y de sitios denominados de alto riesgo, siendo estos despojados de sus inmuebles por medio de violencia y amenazas de causarles graves daños, obligándolas a desalojar su inmueble, todo ello con el propósito de venderlos y negociarlos, al mejor postor causando así un gravamen irreparable a todas estas personas, que ven perdido su sueño y toda posibilidad de vivir dignamente.
Lo cual se evidencia que, la Juez ciño su actividad a los hechos que refieren actuaciones cursantes al expediente que riela al Tribunal, y no analizo, lo perjudicial que es no someter al ciudadano imputado de marras ampliamente identificado en autos, a la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad solicitada por la Vindicta Publica, como lo es la prevista en el articulo 242 numeral 8, debiendo tomar en cuenta que la pena que pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito imputado tal como lo es el delito de INVASION en su articulo 471-A, del Código Penal, en su limite máximo es de diez años de prisión.
Articulo 471-A: ”Quien con el propósito de obtener para si o para un tercero provecho ilícito, invada terreno, inmueble o bienhechuria, ajenos, incurrirá en prisión de cinco a diez años y multa de cincuenta unidades tributarias (50UT) a doscientas unidades tributarias (200 UT). (…)”
Por todo lo antes expuesto, considera quien suscribe que es cuestionable la decisión del Juzgado Segundo (02) de Primera Instancia en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, por cuanto de las máximas de experiencia y de la facultad de discernir que el mismo posee, no tomo en consideración, la situación país de la actualidad (sic) (…) debiendo así imponer la medida contenida en el numeral 8vo del articulo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de la conducta desplegada por el hoy imputado (sic).
DEL PETITORIO
Solicito en este acto y como en efecto lo hago, se declare CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto con todos los pronunciamientos de Ley, en contra de la decisión dictada por el Juzgado (02º) de Primera Instancia en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, extensión Valles del Tuy, y en consecuencia solicito se le imponga al ciudadano JHON KENNY SARMIENTO VALERA la medida cautelar sustitutiva de libertad prevista en el artículo 242 numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal solicitada por este Representante Fiscal en fecha 15 de julio del presente año…”(Cursivas de esta sala).

DE LA CONTESTACIÓN

En fecha 14 de agosto de 2015, la Abogada YAMILET SANCHEZ, en su condición de Defensora Publica Auxiliar Décima de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, del ciudadano JHON KENNY SARMIENTO VALERA, dio contestación al Recurso de Apelación interpuesto por el Fiscal de la Sala de Flagrancias del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, evidenciándose lo siguiente:

“Quien suscribe, ABG. YAMILET SANCHEZ Defensora Publica Penal Decima (10º) en la fase de Proceso adscrito a la unidad de Unidad de Defensa Publica, Extensión Valles del Tuy de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, por medio de la presente, ocurro ante usted, con la finalidad de contestar formalmente el recurso de apelación interpuesto por el DR. JAVIER BOLIVAR, en su condicion de Fiscal Auxiliar de flagrancia del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en contra de la decisión dictada en fecha 16 de julio del año 2015,EN VIRTUD DE LA DECISION EMANADA DEL TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA EXTENSION VALLES DEL TUY, FALLO QUE SIRVIO DE FUNDAMENTO DE LA AUDIENCIA DE PRESENTACION DEL APREHENDIDO SEGUIDO A MI DEFENDIDO JHON KENNY SARMIENTO VALERA,,. MEDIANTE LA CUAL EL TRIBUNAL DECRETO MEDIDA CAUTELAR POR EL DELITO DE INVASION PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 471 LITERAL A DEL CODIGO PENAL, la cual expreso en los términos:
DE LOS HECHOS Y DE DERECHO
En fecha jueves diecisiete (17) de julio de 2015, el TRIBUNAL SEGUNDO EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA, EXTENSION VALLES DEL TUY,, siendo la oportunidad fijada para la realización de la audiencia de presentación del aprehendido seguida a los ciudadano (sic): JHON KENNY SARMIENTO VALERA, donde les decreto la medida cautelar previsto y sancionado en el articulo 471 literal A del Código Penal donde se acordó la decisión del Ministerio Publico se opone y con el recurso de apelación interpuesto persigue anular.
CONTESTACION AL FONDO DEL RECURSO
PRIMERO: Expresa el Ministerio Publico en el Recurso de Apelación, que este se ejerce con el fin que sea anulada la decisión dictada en fecha 17 de julio de 2015, en la cual “ El tribunal SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA EXTENSION VALLES DEL TUY, tomo la decisión de decretar medida sustitutiva de la privación judicial de la libertad previsto y sancionado en el articulo 242 3º, 5º, 9º del Código Orgánico Procesal Penal.
Ciudadanos magistrados, No es menos cierto que mi defendido se encuentran (sic) en libertad, así mismo solicito se mantenga la medida impuesta dictada por el tribunal.
SEGUNDO: Expresa el recurrente que el tribunal que conoce de la causa con dicha decisión se puede observar que l (sic) juez a que aplico la norma correcta tal como quedo establecido en el acto de presentación del aprehendido de fecha 17 de julio de 2015.
PETITORIO
Por lo antes expuesto, es lo que le solicito a la corte de apelaciones:
PRIMERO: que no sea admitido el RECURSO DE APELACION presentado por el Fiscal AUXILIAR DE SALA DE FLAGRANCIA, del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en contra de la decisión dictada en fecha 17 de julio de 2015.
SEGUNDO: En caso de que el primer petitorio del presente escrito no sea estimado solicito que se declare el recurso de apelación mencionado y por ende ratificada la decisión dictada a mi defendido. (Cursivas de esta Sala de Corte).

RAZONAMIENTOS PARA DECIDIR.

Debe precisar esta Corte de Apelaciones, que luego de admitir el recurso de apelación de autos, debe resolver el fondo del mismo atendiendo exclusivamente a la indicación específica de los puntos impugnados de la decisión proferida por el Tribunal Segundo de Control en la Audiencia de Presentación de Aprehendido de fecha 15 de julio de 2015, mediante la cual entre otros pronunciamientos impuso: “(…)MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, previstas en el artículo 242 numerales 3, 5, y 9 del código orgánico procesal penal, vale decir, numeral 3, la obligación de presentarse ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal y sede, cada treinta (30) días, por un (01) año, numeral 5, la prohibición de acercamiento al lugar de los hechos numeral 9, la obligación desalojar el inmueble. Por tal motivo esta juzgadora se aparta del numeral 8° ya que con las impuesta se aseguran las resultas del proceso. (…)”, fallo contra el cual el Abogado JAVIER BOLIVAR, en su condición de Fiscal de la Sala de Flagrancia del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, alegó proceder conforme a lo previsto en los numerales 4º y 5º del artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, inconformidad que planteó exclusivamente en cuanto a que el Tribunal Segundo de Control se aparta de la imposición de la medida cautelar consagrada en el cardinal 8 del artículo 242 de la Ley Adjetiva que señala: “8. La prestación de una caución económica adecuada, de posible cumplimiento por el propio imputado o imputada o por otra persona, atendiendo al principio de proporcionalidad, mediante depósito de dinero, valores, fianza de dos o más personas idóneas, o garantías reales…”

Así las cosas, observa esta Corte de Apelaciones, que el artículo 439 numerales 4º y 5º del Código Orgánico Procesal Penal, establecen lo siguiente:

“Artículo 439. Decisiones recurribles.
Son recurribles ante la corte de apelaciones las siguientes decisiones:
1.-…Omissis…
2.-…Omissis…
3.-…Omissis…
4.- Las que declaren la procedencia de una medida cautelar
privativa de libertad o sustitutiva.
5.- Las que causen un gravamen irreparable, salvo que sean declaradas inimpugnables por este Código.
6.-…Omissis…
7.-…Omissis… (Negrillas y Cursivas de la Sala).

Corresponde ahora a esta Alzada determinar a la luz de la Ley y la Jurisprudencia, si le asiste la razón al apelante en cuanto a su inconformidad con la imposición de la Medida Cautelar Sustitutiva de la privación judicial preventiva de libertad la Libertad, al ciudadano JHON KENNY SARMIENTO VALERA, de nacionalidad Colombiana titular de la cedula de identidad N° E-1129529700, de conformidad con lo establecido en el artículo 242 numerales 3, 5 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de INVASION, previsto y sancionado en el artículo 471 literal A del Código Penal.

Como fundamento de su actividad recursiva, señala el apelante que “(…) En ese mismo acto, el Tribunal le acordó al referido imputado la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad de las Previstas en el Articulo 242 en sus numerales 3, 5 y 9, declarando sin lugar la del numeral 8, visto que la misma se encontraba ajustada y conforme a derecho de conformidad con lo previsto en el articulo 243 de la citada Ley adjetiva Penal, tomando en cuenta la magnitud del daño causado, a las familias que se encontraban adjudicados primeramente y fueron sacados del inmueble y ocupados por invasores. Considerando quien aquí recurre, que dicha Medida Cautelar Sustitutiva de libertad establecida en el artículo 242 numerales 3, 5 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, acordada por el Tribunal, es insuficiente para asegurar las finalidades del proceso, y con ello evitar que los imputados se sustraigan de la investigación y posteriores actos que se les sigue. La Juez ciñò su actividad a los hechos que refieren actuaciones cursantes al expediente que riela al Tribunal, y no analizó, lo perjudicial que es no someter al ciudadano imputado de marras ampliamente identificado en autos, a la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Liberad solicitada por la Vindicta Pública, como lo es la prevista en el artículo 242 numeral 8, debiendo tomar en cuenta que la pena que pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito imputado tal como lo es el delito de INVASIÓN en su artículo 471-A, del Código Penal, en su límite máximo es de diez años de prisión...” (Cursivas de esta Sala de Corte).

Es menester precisar que el Ministerio Público en la Audiencia de Presentación de Aprehendido, solicitó a la Juez el juzgamiento en libertad del imputado mediante el otorgamiento de Medidas Cautelares Sustitutivas a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, manifestando su inconformidad en cuanto a la modalidad de las medidas impuestas, al señalar lo siguiente: “(…) Considerando quien aquí recurre, que dicha Medida Cautelar Sustitutiva de libertad establecida en el artículo 242 numerales 3, 5 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, acordada por el Tribunal, es insuficiente para asegurar las finalidades del proceso, y con ello evitar que los imputados se sustraigan de la investigación y posteriores actos que se les sigue...”, bueno es precisar que no le asiste la razón al recurrente al afirmar, que con la imposición de tales medidas cautelares en el proceso penal y, en el caso de marras al ser impuesta las previstas en los ordinales 3, 5 y 9 del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, resultan insuficientes para asegurar las finalidades del proceso, toda vez que las medidas dictadas de forma cautelar de coerción personal van dirigidas a garantizar el sometimiento del imputado a los actos del proceso incoado en su contra y en el caso sub examine, el Tribunal Segundo considero que con la obligación del imputado de autos de presentarse ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal y sede, cada treinta (30) días, por un (01) año, la prohibición de acercamiento al lugar de los hechos y la obligación desalojar el inmueble, se pueden asegurar las resultas del proceso.

Ahora bien, en relación a la imposición de Medidas Cautelares Sustitutivas a la Privación de Libertad, ha sido criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nro. 136, de fecha 06/02/2007, Expediente Nro. 06-1270, con ponencia del Magistrado PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ, lo siguiente:

“…las finalidades del proceso pueden ser satisfechas a través de cautelas menos gravosas o aflictivas que aquélla y, debe, por tanto, hacerse primar el principio constitucional del juicio en libertad. En otros términos, aun cuando estén satisfechos los requisitos que reclama el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal para el decreto judicial de privación de libertad, el artículo 256 eiusdem otorga al juez la potestad para que, mediante decisión fundada de acuerdo con dicha disposición legal, someta al imputado a una situación más beneficiosa o favorable, en relación con su derecho fundamental a la libertad. Por consiguiente, no hay duda alguna de que son beneficios procesales las medidas cautelares de coerción personal que sustituyen a la de privación de libertad…”

En este contexto, la Profesora MAGALI VÁSQUEZ en su ponencia titulada Medidas Cautelares y Principio de Legalidad, de las Quintas Jornadas de Derecho Procesal Penal celebradas en la Universidad Católica Andrés Bello, explica lo siguiente:

“… toda persona inculpada de la comisión de un delito tiene derecho a que se presuma legalmente su inocencia y a que se le trate como inocente mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme, la regla debería ser su juzgamiento en libertad, pues tal estado de inocencia, en principio, impide la afectación de cualquiera de sus derechos, entre ellos la libertad. Sin embargo los Códigos y leyes de procedimiento penal admiten, por estrictas razones de orden procesal, la limitación de algunos derechos del imputado, cuando ello resulte imprescindible para garantizar la finalidad del proceso. De ello resulta que no siempre tal limitación a la libertad u otros derechos del imputado constituya una lesión a la presunción de inocencia, pues esta garantía y aquellas restricciones igualmente son reguladas en instrumentos internacionales de derechos humanos y en las Constituciones y leyes de los Estados.” (Cursivas de esta Sala).

De igual manera la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en Decisión Nº 399 de fecha 07/11/2013, con ponencia de la Magistrada Úrsula María Mújica Colmenares, establece lo siguiente.

“…Cabe destacar igualmente, que la medida cautelar es dictada con el fin de garantizar que el imputado no obstaculice el proceso y que sea localizable cuando así lo requiera el Ministerio Público. De allí que la medida de coerción personal que es decretada contra un imputado o acusado, según las consideraciones expuestas en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, debe surgir del análisis de las circunstancias especiales que rodean el caso, sin que ello suponga prejuzgamiento alguno sobre el fondo del asunto…” (Cursivas de esta Sala).

Por tanto, puede establecerse que las Medidas Cautelares en nuestro proceso penal están llamadas a garantizar la presencia de los imputados y tienen un fin instrumental o cautelar como su propio nombre lo indica y no un fin sancionatorio, más aun cuando en nuestro sistema procesal la libertad es la regla y la privación de libertad es la excepción.

Como corolario de lo anterior, observa esta Corte de Apelaciones que ciertamente el juicio en libertad es la regla, pero que existen excepciones que someten sus restricciones a medidas de coerción personal, las cuales son necesarias como en el presente caso, toda vez que estamos en presencia de un delito cuya pena no excede en su límite máximo de diez (10) años, como lo es el delito de INVASION previsto y sancionado en el artículo 471-A. En tal sentido, la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, impuesta al ciudadano JHON KENNY SARMIENTO VALERA, establecida en las cardinales 3, 5 y 9 del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, fue dictada por la Juez Segunda de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda, extensión Valles del Tuy, una vez que la misma pudo constatar que con la aplicación de tal Medida Cautelar, se pueden asegurar las resultas del proceso y se encuentran dentro de los parámetros de proporcionalidad con relación a la gravedad del delito, las circunstancias de su presunta comisión y la sanción probable.

De modo que, vistas y analizadas por la Juez A quo las circunstancias del caso y los elementos de convicción presentados en la audiencia de presentación del imputado de autos, y estando dentro de sus facultades otorgar Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad, de conformidad con lo previsto en el artículo 242 del texto adjetivo penal, hace el siguiente pronunciamiento: CUARTO: Se le impone a los ciudadanos JHON KENNY SARMIENTO VALERA, ampliamente identificado en autos, las MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, previstas en el artículo 242 numerales 3, 5, y 9 del código orgánico procesal penal, vale decir, numeral 3, la obligación de presentarse ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal y sede, cada treinta (30) días, por un (01) año, numeral 5, la prohibición de acercamiento al lugar de los hechos numeral 9, la obligación desalojar el inmueble. Por tal motivo esta juzgadora se aparta del numeral 8° ya que con las impuesta se aseguran las resultas del proceso. QUINTO: Quedan debidamente notificadas las partes, conforme a lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal. Es todo, terminó, se leyó y estando conformes firman…”.

En consecuencia, observa esta Alzada que, contrariamente a lo que alega el recurrente contra la decisión mediante la cual la Juez A quo decretó Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano JHON KENNY SARMIENTO VALERA, por la presunta comisión del delito de INVASION, previsto y sancionado en el artículo 471-A del Código Penal, las resultas del proceso pueden ser satisfechas con la Medida decretada por el Tribunal de la causa, en virtud de lo cual lo procedente y ajustado a derecho es CONFIRMAR la decisión proferida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda, extensión Valles del Tuy, en fecha 15 de julio de 2015, en cuanto a las denuncias presentadas por la parte recurrente y que fueron objeto de conocimiento, análisis y decisión por parte de esta Instancia Superior de conformidad a lo establecido en el artículo 432 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.

Ahora bien, en relación al presunto gravamen irreparable argumentado por el recurrente, conforme al numeral 5º del artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo a la medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad, es de indicar que la finalidad fundamental del referido numeral, es la de subsanar y reestablecer de inmediato el contexto jurídico quebrantado. De tal manera que, corresponde a esta Corte de Apelaciones, determinar si efectivamente la decisión judicial recurrida causa gravamen irreparable.

A tal fin se considera necesario precisar el concepto establecido por la doctrina, y al respecto el autor Arístides Rengel Romberg, en su obra “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, Tomo II, pag. 413, expresa que la responsabilidad del gravamen tiene relación directa con la sentencia definitiva y al respecto sostiene lo siguiente:

“(…) en razón de que pueda ocurrir que el gravamen que conlleva la sentencia interlocutoria desaparezca al decidirse la materia principal o única del litigio (…)” (Cursivas de la Sala).

Las resoluciones que causan gravamen irreparable no son fácilmente determinables, pues se caracterizan por constituir una decisión contraria a la petición hecha al Juez cuando la misma no encontrare reparación durante el proceso o la sentencia definitiva. Hay doctrinarios que sostienen que no ha sido posible al legislador establecer correctamente límites, dando así al Juez la posibilidad de decidir sobre el carácter de las providencias en razón de sus efectos peculiares, ya que sólo puede ello hacerse en presencia de la naturaleza y efectos de la misma.

El Juez es quien tiene el deber por disposición legal de analizar si ciertamente el daño alegado, se puede calificar como “gravamen irreparable”, una vez que el recurrente haya alegado y demostrado tales agravios en su apelación, debiendo igualmente demostrar el por qué considera que es irreparable. Es requisito indispensable para que las decisiones sean apelables, que las mismas causen ese “gravamen irreparable”, de manera cierta.

Por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia, ha mantenido el criterio que los posibles daños alegados deben estar sustentados en hechos ciertos y comprobables, según la Sentencia. 01468 de fecha 24 de septiembre del 2003, Expediente 2003-0342 Sala Político Administrativa, la cual señala: “(…) que dejen en el ánimo del sentenciador la certeza que, de no suspenderse los efectos del auto impugnado se estaría ocasionando al interesado un daño de difícil reparación por la definitiva (…)”, circunstancia que no se evidencia en el presente asunto.

Tal consideración, resulta esencial en el presente caso, puesto que la Sala ha sostenido que “(…) la amenaza de daño irreparable que se alegue debe estar sustentada en un hecho cierto y comprobable, que deje en el ánimo del sentenciador la certeza que, de no suspenderse los efectos del acto, se le estaría ocasionando al interesado un daño irreparable o de difícil reparación por la definitiva, para lo cual se debe, por una parte, explicar con claridad en qué consiste esos daños, y por la otra, traer a los autos prueba suficiente de tal situación…” (Vid. Sentencias números 825 y 820 de fechas 11 de agosto de 2010 y 22 de junio de 2011, respectivamente).

Aunado a ello se observa que, la parte recurrente tampoco consignó ningún medio de prueba que acreditara el supuesto daño irreparable, situación que impide a esta Sala evidenciar la urgente necesidad de acordar de forma inmediata el Recurso de Apelación interpuesto.

En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 466, de fecha 07 de Abril de 2011, Magistrado Ponente Dr. MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN, al respecto se pronunció:

“…Las decisiones que generen un gravamen irreparable no son fácilmente determinables, pues se caracterizan por constituir una decisión contraria a la solicitud realizada al Juez cuando la misma no encontrare reparación durante el proceso o en la sentencia definitiva. En nuestro país, es el juez quien debe determinar del análisis planteado si el daño denunciado se pueda calificar como ‘gravamen irreparable’, una vez que el recurrente haya alegado y demostrado tales agravios en su apelación, debiendo igualmente demostrar –el recurrente- el por qué considera que es irreparable, ya que la Ley no contiene una definición o criterio que pueda guiar al juez a este punto, en razón a que puede ocurrir que el supuesto gravamen que conlleve la sentencia interlocutoria desaparezca al decidir la materia principal o única del litigio en la definitiva…” (Cursivas y subrayado de esta Sala).

Ahora bien, aplicando los razonamientos señalados en el presente asunto, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones Ordinaria y de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con Sede en Ocumare del Tuy, habiendo realizado el análisis exhaustivo de lo alegado en autos por el recurrente de conformidad con lo establecido en los numerales 4º y 5º del articulo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, no encontró elementos de convicción acerca de lo señalado por este, que soporte y materialice el posible daño irreparable ocasionado, igualmente pudo constatar esta alzada que con la aplicación de las Medidas Cautelares impuestas, se pueden asegurar las resultas del proceso y se encuentran dentro de los parámetros de proporcionalidad con relación a la gravedad del delito, las circunstancias de su presunta comisión y la sanción probable, por lo que se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JAVIER BOLIVAR, en su condición de Fiscal de la Sala de Flagrancia del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, en consecuencia se CONFIRMA la decisión dictada por el TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, EXTENSIÓN VALLES DEL TUY, en el Acto de Audiencia de Presentación de Detenido de fecha 15 de julio de 2015, mediante la cual el prenombrado órgano jurisdiccional impuso al ciudadano JHON KENNY SARMIENTO VALERA, de nacionalidad Colombiana titular de la cedula de identidad N° E-1129529700, MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad al articulo 242 numerales 3, 5 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal por la presunta comisión del delito de INVASION previsto y sancionado en el articulo 471-A del Código Penal y posteriormente fundamentada en fecha 28 de julio de 2015, por el JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, EXTENSIÓN VALLES DEL TUY, en virtud de la circular Nº 018-15, emanada de la Presidencia del Circuito Judicial del estado Bolivariano de Miranda, en la cual se designa al Tribunal Quinto de Control para el conocimiento y abocamiento de las causas relacionadas al Plan de Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (O.L.P). Así se decide.-

DISPOSITIVA

Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones Ordinaria y de la Sección de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con Sede en Ocumare del Tuy, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación de Autos interpuesto conforme a lo establecido en el artículo 439 numerales 4º y 5º del Código Orgánico Procesal Penal, interpuesto por el Abogado JAVIER BOLIVAR, en su condición de Fiscal de la Sala de Flagrancia del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, en contra de la decisión dictada por el TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, EXTENSIÓN VALLES DEL TUY, en el Acto de Audiencia de Presentación de Detenido de fecha 15 de julio de 2015, y posteriormente fundamentada en fecha 28 de julio de 2015, por el JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, EXTENSIÓN VALLES DEL TUY, en virtud de la circular Nº 018-15, emanada de la Presidencia del Circuito Judicial del estado Bolivariano de Miranda, en la cual se designa al Tribunal Quinto de Control para el conocimiento y abocamiento de las causas relacionadas al Plan de Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (O.L.P). SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión dictada por el TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, EXTENSIÓN VALLES DEL TUY, en el Acto de Audiencia de Presentación de Detenido de fecha 15 de julio de 2015, mediante la cual el prenombrado órgano jurisdiccional impuso al ciudadano JHON KENNY SARMIENTO VALERA, de nacionalidad Colombiana titular de la cedula de identidad N° E-1129529700, MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad al articulo 242 numerales 3, 5 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal por la presunta comisión del delito de INVASION previsto y sancionado en el articulo 471-A del Código Penal y posteriormente fundamentada en fecha 28 de julio de 2015, por el JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, EXTENSIÓN VALLES DEL TUY, en virtud de la circular Nº 018-15, emanada de la Presidencia del Circuito Judicial del estado Bolivariano de Miranda, en la cual se designa al Tribunal Quinto de Control para el conocimiento y abocamiento de las causas relacionadas al Plan de Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (O.L.P), en cuanto a las denuncias presentadas por el recurrente que fueron objeto del conocimiento, análisis y decisión por parte de esta instancia Superior.

Publíquese, regístrese, déjese copia de la presente decisión y remítanse las presentes actuaciones al Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, de esta Circunscripción Judicial.

Dada, firmada y sellada en la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones Ordinaria y de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, con Sede en Ocumare del Tuy, a los quince (15) días del mes de septiembre del año dos mil quince (2015). Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.

JUEZ PRESIDENTE

DR. OMAR ANTONIO ALCALA RODRIGUEZ

JUEZ PONENTE JUEZ INTEGRANTE

DR. FRANKLIN JOSE RANGEL TREJO DR. ORINOCO FAJARDO LEON

LA SECRETARIA

ABG. NACARIS MARRERO

En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el fallo que antecede.

LA SECRETARIA

ABG. NACARIS MARRERO

OAAR/FJRT/OFL/NM/CCR/vt-
EXP. MP21-R-2015-000131