República Bolivariana de Venezuela En su Nombre: TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. San Cristóbal, Dieciséis (16) de septiembre DE 2015. 205º y 156º Vistas las actas que conforman el presente expediente, este Juzgado pasa a hacer el siguiente análisis: Observa el Tribunal que la presente demanda fue interpuesta por la ciudadana NILMA KARLEY MORENO, titular de la cédula de identidad N° V.-10.163.859, asistida por la abogada WILERZA ASTRID DE LA CONSOLACIÓN COLMENARES ROSALES, contra el ciudadano DICKSON JOSE MORENO, titular de la cédula de identidad N° V.-11.493.343; por Reconocimiento de contenido y firma de documento privado; el cual fue admitido por est4e Tribunal mediante auto de fecha 17 de junio de 2015 (folio 11). Ahora bien, aprecia esta Juzgadora que hasta la presente fecha la parte actora no ha efectuado actuación alguna tendente al impulso procesal de la presente causa, en tal virtud se hace necesario que este despacho verifique si la instancia ha perimido. De las actas procesales que conforman el expediente se puede constatar que transcurrieron más de treinta (30) días desde que fue admitida la demanda hasta el día de hoy, sin que la parte actora impulsara lo referente a dicha citación. En este sentido, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 000437 de fecha 11 de mayo de 2004, señaló lo siguiente: “…no debe entenderse que la citación debe ser practicada, dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o su reforma. NO. Por el contrario, lo que debe cumplirse dentro de ese lapso de 30 días, son las obligaciones previstas en la Ley destinadas a lograr la citación, importando poco que ésta se practique efectivamente después de esos 30 días…”… “Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal: de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación”. (Criterio que acoge este Tribunal) En este orden de ideas, tenemos que el Procesalista Ricardo Henríquez La Roche al respecto, expresa lo siguiente: “El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo); y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios. (CHIOVENDA). La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de interés (uti singulis) y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir”. En el presente caso, se observa que la parte actora no cumplió con las obligaciones que le impone la ley para gestionar o impulsar los trámites necesarios para la citación de la parte demandada ciudadano DICKSON JOSE MORENO, dentro del lapso establecido, incumpliendo de esta manera las obligaciones que le impone la ley para la práctica de la CITACION de la parte demandada de conformidad con lo establecido en el artículo 267 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil, SE DECLARA LA PERENCION DE LA INSTANCIA en la presente causa y así se decide. Notifíquese de la presente decisión a la parte actora. LA JUEZA TITULAR, Abg. ROSA MIREYA CASTILLO QUIROZ LA SECRETARIA TEMPORAL, Abg. NORMA MAGALLY ONTIVEROS CHACON En la misma fecha se dejó copia certificada del presente auto para el archivo del Tribunal La Secretaria Temporal. Exp. 107-2015