TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓNJUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, SEDE OCUMARE DEL TUY
Ocumare del Tuy, 24 de Abril del 2.016
206° y 157°

EXPEDIENTE Nº: 955-06

PARTE ACTORA: RICHARD JOSE BARRETO MENDOZA, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V-6.414.647.

ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: ESTHER BRAVO DE SUAREZ, inpreabogado Nº 43.510.

MOTIVO: INTERDICCION.

NARRATIVA

En fecha 19 de diciembre del 2006, se admite la presente solicitud que por INTERDICCION sigue el ciudadano RICHARD JOSE BARRETO MENDOZA, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V-6.414.647, y se ordeno librar oficio al Director de la Medicatura Forense Adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda y boleta de notificación a la Fiscal Decimo Cuarto del Ministerio Publico. En fecha 10 de enero de 2007, se declaro desierto el acto de declaración de la interdictada ciudadana CARMEN AIDA BARRETO MENDOZA. En fecha 11 de enero de 2007, compareció el alguacil suplente y mediante diligencia consigno copia de boleta de notificación, debidamente firmada por la secretaria de dicha fiscalía. En fecha 16 de enero de 2007, se dicto auto mediante el cual, se fija el traslado del tribunal al domicilio de la interdictada, así mismo se fijo las declaraciones a los parientes de la interdictada. En fecha 23 de enero de 2007, se llevo a cabo el acto de testigo del ciudadano RICHARD JOSE BARRETO MENDOZA, titular de la cedula de identidad Nº V-6.414.647. En fecha 23 de enero de 2007, se deja constancia de la no comparecencia de la testigo ciudadana THEMIS GONZALEZ, por lo que se le ordeno librar boleta de notificación. En fecha 23 de enero de 2007, compareció la parte actora debidamente asistido por la Abogada Esther Bravo de Suarez, Inpreabogado Nº 43.510 y mediante diligencia solicito que se ratifique el informe médico consignado. En fecha 23 de enero de 2007, se llevo a cabo el acto de testigo del ciudadano GONZALO ANTONIO BARRETO MENDOZA, titular de la cedula de identidad Nº V-5.973.382. En fecha 23 de enero de 2007, se llevo a cabo el acto de testigo del ciudadano NIDIA MARGARITA BARRETO MENDOZA, titular de la cedula de identidad Nº V-6.992.752. En fecha 23 de enero de 2007, se traslado el tribunal y se constituyo en el domicilio de la interdictada ciudadana CARMEN AIDA BARRETO MENDOZA, por lo que se dejo constancia que la misma presento signos de retraso mental. En fecha 29 de enero de 2007, compareció el alguacil y mediante diligencia, consigno copia de boleta de notificación debidamente firmada por la ciudadana Themis González. En fecha 01 de febrero de 2007, se llevo a cabo el acto de testigo de la ciudadana THEMIS GONZALEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-4.521.936. En fecha 05 de febrero de 2007, compareció la parte actora debidamente asistido por la Abogada Esther Bravo de Suarez, Inpreabogado Nº 43.510 y mediante diligencia consigno el oficio librado al (CICPC), por cuanto esa dependencia no cuenta con médicos psiquiatras, por lo que solicito que se libre oficio al Hospital General de los valles del Tuy. En fecha 14 de febrero de 2007, se ordeno librar oficio al Director del Hospital General de los Valles del Tuy, a los fines que sirva designar dos (02) facultativos y procedan a realizar examen psiquiátrico a la interdictada. En fecha 19 de marzo de 2007, compareció la parte actora debidamente asistido por la Abogada Esther Bravo de Suarez, Inpreabogado Nº 43.510 y mediante diligencia consigno copia del oficio librado al Hospital debidamente firmado por la Dirección del mismo y oficio librado por la Directora del Hospital General de los Valles del Tuy. En fecha 02 de mayo de 2007, compareció la parte actora debidamente asistido por la Abogada Esther Bravo de Suarez, Inpreabogado Nº 43.510 y mediante diligencia consigno informe médico suscrito por la Dra. Ninfa Lozada, médico psiquiatra del Hospital General de los Valle del Tuy. En fecha 07 de mayo de 2007, se decreta la interdicción provisional de la ciudadana Carmen Aida Barreto Mendoza y se designa tutor interino al solicitante ciudadano Richard José Barreto Mendoza, a quien se le libra boleta de notificación. En fecha 30 de mayo de 2007, compareció la parte actora debidamente asistido por la Abogada Esther Bravo de Suarez, Inpreabogado Nº 43.510 y mediante diligencia se da por notificado del cargo recaído en su persona y solicito copia certificadas del decreto dictado. En fecha 04 de junio de 2007, se acuerdan las copias certificadas solicitadas por el solicitante. En fecha 11 de junio de 2007, se acuerda la certificación de los fotostatos consignados. En fecha 10 de julio de 2007, compareció la parte actora debidamente asistido por la Abogada Esther Bravo de Suarez, Inpreabogado Nº 43.510 y mediante diligencia acepto el cargo de tutor provisional designado. En fecha 01 de agosto de 2007, compareció la parte actora debidamente asistido por la Abogada Esther Bravo de Suarez, Inpreabogado Nº 43.510 y consigno escrito de pruebas. En fecha 07 de agosto de 2007, compareció la parte actora debidamente asistido por la Abogada Esther Bravo de Suarez, Inpreabogado Nº 43.510 y mediante diligencia ratifica el escrito de interdicción y su admisión, como las pruebas aportadas en el presente procedimiento de interdicción. En fecha 20 de septiembre de 2007, se admiten las pruebas promovidas por el solicitante. En fecha 04 de febrero de 2010, la Juez se aboca al conocimiento de la presente solicitud. En fecha 24 de febrero de 2010, se insta a la parte solicitante a consignar la cedula de la interdictada, a los fines de dictar sentencia en la causa. En fecha 08 de agosto de 2013, compareció la parte actora debidamente asistido por la Abogada Esther Bravo de Suarez, Inpreabogado Nº 43.510 y mediante diligencia consigno copia de la cedula de identidad de la interdictada, así mismo solicito copia certificada de los folios 2 y 3 del presente expediente. En fecha 13 de agosto de 2013, se acuerdan las copias certificadas solicitadas por el solicitante. En fecha 14 de agosto de 2013, compareció la parte actora debidamente asistido por la Abogada Esther Bravo de Suarez, Inpreabogado Nº 43.510 y mediante diligencia expone que recibe las copias certificadas solicitadas. En fecha 08 de noviembre de 2013, se ordeno librar oficio al Hospital General de los Valles del Tuy, a los fines de designar un (01) facultativo y proceda a realizar examen psiquiátrico a la interdictada.
MOTIVA
El Tribunal para decidir hace previa las siguientes consideraciones:
Perención:
Etimológicamente, el término “perención” proviene de perimire, peentum, que significa extinguir a instancia de instale que es la palabra compuesta de la proposición ni y el verbo stare. Para algunos autores la perención de la instancia es el aniquilamiento o muerte de ésta por la inacción en el proceso durante el tiempo determinado en la Ley. También es conveniente agregar que esta inacción debe ser voluntaria, es decir, sin impedimento legales que determinen la suspensión del término.
Esta Juzgadora observa que conforme a lo previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el accionante tiene el deber procesal de cumplir con los deberes procesales que le impone la Ley, para que sea practicada la citación, cuyo incumplimiento denota la falta de impulso y de diligencia para que el proceso llegue a su fin, vale decir, que el no cumplimiento de este deber procesal demuestra la falta de atención de la parte a la causa que ha instaurado al abandono, pues al activarse la función jurisdiccional mediante el ejercicio de la acción respectiva, con la presentación de la demanda que contiene la pretensión, el legislador ha impuesto al accionante un conjunto de deberes que debe cumplir para que el proceso llegue a su término, como sucede con el caso de la citación, donde su falta de impulso es condenado con la perención de la instancia y consecuente extinción del proceso.
Luego, la perención de la instancia es la consecuencia que establece el legislador al accionante que no ha sido diligente en activar, instar o poner en movimiento su causa por el transcurso del tiempo previsto en la ley, que en el caso de la denominada perención breve, se produce cuando el actor no cumple con sus deberes procesales para la realización de la citación, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la admisión de la demanda, norma esta procesal de carácter público que permite la declaratoria incluso de manera oficiosa.
En este sentido la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil dispone:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa no producirá perención”.
También se extingue la instancia:
1°) Cuando transcurridos treinta (30) días a contar desde la fecha de la admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado.
Por su parte el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”.
Luego, con relación a los deberes que tiene que cumplir la parte actora para que no se vea afectada por la perención de la instancia, luego de admitida la demanda, conforme al criterio sostenido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, encontramos el de suministrar al Alguacil del Tribunal que ha de practicar la citación, los datos necesarios para la ubicación de la parte demandada, domicilio, residencia o lugar donde se encuentra, así como de proveerlo de los recursos necesarios para el traslado a los fines de cumplir con su función, actividades estas que deben constar en las actas del proceso y que deben ser cabalmente cumplidas dentro del lapso a que se refiere el referido artículo 267, Ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, esto es, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la admisión de la demanda.
En este sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 06-07-04, con ponencia del Magistrado CARLOS OBERTO VELEZ, (N°. 00537), señalo:
En relación a lo trascrito del artículo 267 Ordinal 1°, de la Ley Adjetiva Civil, establece:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa no producirá perención”.
También se extingue la instancia
1°) Cuando transcurridos treinta (30) días a contar desde la fecha de la admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado…”
Como se observa, el Legislador impone una dura sanción a la negligencia de las partes, lo cual evidentemente redunda en agilizar los procesos, puesto que obliga a los litigantes a impulsarlos bajo la amenaza de la perención, evitando así en gran medida, la paralizaciones de las causas por largos periodos, tal y como ocurría anteriormente. Ahora bien, dada la celeridad del castigo, este Supremo Tribunal ha considerado de aplicación e interpretación restrictivas a la perención y bajo estos lineamientos han establecidos, mediante su doctrina, que por cuanto la Ley habla de las obligaciones que deben cumplir el demandante, basta que este ejecute alguna de ellas a los efectos de la práctica de la citación para evitar que se produzca la perención. En este sentido se pronuncio la Sentencia N°. 172 de fecha 22-06-01, EXP. N°. 00-373, en el juicio de RAU ESPALZA y Otra contra MARCOS PUGLIA MORGGUESE y Otros, cuyo texto reza:
Para decidir, la Sala observa:
La recurrida yerra ostensiblemente al aplicar falsamente el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, como el recurrente asevera. En efecto, consta de la precedente trascripción, que la demanda fue admitida por el tribunal de la causa el 20 de octubre de 2009. Asimismo, que los derechos de arancel judicial se pagaron el 12 de Diciembre de 2009, es decir, fuera de los treinta (30) días siguientes a la fecha de admisión del libelo. No obstante, el sentenciador consideró que los demandantes tenían que cumplir con otras obligaciones a su cargo y al no hacerlo, se produjo la perención de la instancia. Ciertamente el legislador patrio en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, recomienda a los jurisdicentes de instancias procurar acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos para defender la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. Sin embargo, nada se ha dicho sobre la obligación completada en el artículo 12 de la ley de Arancel judicial, ya que al parecer no ha sido sometida a la consideración de esta Suprema Jurisdicción en ningún recurso de casación, que pudiera permitir pronunciarse sobre la perención breve de la instancia por incumplimiento de las obligaciones (carga) que impone la ley al demandante para el logro de la citación en el lapso de 30 días contados a partir de la fecha de admisión de la demanda o de su reforma dilucidar- contrariamente a lo que ha venido alegando la casación-esto es, que si procede la perención de la instancia en todos aquellos procedimientos informados por el principio de la gratuidad, ya que las obligaciones a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, Ordinal 1°. Destinadas al logro de la citación. NO SON SOLAMENTE DE ORDEN PÚBLICO.
Siendo así la Sala de Casación Civil, Sentencia de fecha 06 de julio de 2.004, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha Ley, y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal: de otro modo su omisión o incumplimiento acarreará la perención de la instancia, siendo obligación de la parte demandante de proporcionar lo exigido en la Ley, a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación” Sic.
En tal sentido considera esta Juzgadora necesario analizar la actuación procesal asumida por la parte accionante a los fines de verificar si ha cumplido con los trámites necesarios para darle el requerido impulso procesal a la presente causa para así lograr su término.
Remitiéndonos al caso de autos, se puede apreciar de las actas procesales, que desde el día el 08 de noviembre de 2013, fecha en que fue librado oficio al Hospital General de los Valles del Tuy, a los fines de designar un (01) facultativo y proceda a realizar examen psiquiátrico a la interdictada, hasta la presente fecha, no cursa en autos alguna otra diligencia o actuación alguna por la parte solicitante en la presente cursa para darle continuidad al juicio. Y ASÍ SE DECLARA.
De la lectura de las actas que conforman el presente expediente se evidencia que en fecha 08 de noviembre de 2013, se libro oficio al Hospital General de los Valles del Tuy, a los fines de designar un (01) facultativo y proceda a realizar examen psiquiátrico a la interdictada. Ahora bien observa este tribunal que desde la fecha 19 de diciembre del 2006, fecha en que fue admitida la demanda hasta el 08 de noviembre del 2013, fecha en que fue librado oficio al Hospital General de los Valles del Tuy, ha transcurrido un lapso de nueve (09) años y seis (06) meses, sin que la parte solicitante procediera a dar el impulso procesal correspondiente en el más breve lapso correspondiente ha transcurrido un tiempo suficiente según lo preceptuado en el artículo 218 del código de procedimiento civil, produciéndose como en efecto ocurre la Perención de la instancia.

DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda con sede en Ocumare del Tuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa que por INTERDICCION incoada por el ciudadano: RICHARD JOSE BARRETO MENDOZA, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V-6.414.647, respectivamente. Todo de conformidad con lo previsto en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECIDE. No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del presente fallo, según lo previsto en el Artículo 283 Ejusdem. Asimismo se ordena el archivo del presente expediente.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, DÉJESE COPIA.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en Ocumare del Tuy, veinticuatro (24) de abril del dos mil dieciséis (2016). Años 206º y 157º de la Independencia y de la Federación.
LA JUEZ
DRA. ARIKAR BALZA SALOM

EL SECRETARIO
ABG. MANUEL GARCÍA

En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, siendo la una de la tarde (1:00 p.m.).

EL SECRETARIO
ABG. MANUEL GARCIA
ABS/darma*
Exp Nº 955-06.-