REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,
PODER JUDICIAL








EN SU NOMBRE:
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA
LOS TEQUES
205º y 157º


PARTE DEMANDANTE:




APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE:


PARTE DEMANDADA:















APODERADOS JUDICIALES DE LA Sociedad Mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO, C.A., NEREIDA LOURDES TESORERO DE PIRELA y RAFAEL TOBÍAS PIRELA:






APODERADO JUDICIAL DEL CO-DEMANDADO RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO:






MOTIVO:



EXPEDIENTE No.

Ciudadano JOSÉ ALEXIS CORZO GUTIÉRREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.- 13.999.297.

Abogado en ejercicio ELVIS RAMÓN PARRA SÁNCHEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 126.517.

Sociedad Mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 20 de septiembre de 2013, bajo el Nº 26, Tomo 112-A y los ciudadanos NEREIDA LOURDES TESORERO DE PIRELA, RAFAEL TOBÍAS PIRELA y RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V.- 6.369.686, V.- 123.691 y V.- 21.468.501, respectivamente.


Abogados en ejercicio ALBERTO JOSÉ RIVAS ACUÑA, REYNA SÁNCHEZ de RIVAS, ALBERTO JOSÉ RIVAS SÁNCHEZ, NAUDY SÁNCHEZ DÍAZ, MANUEL IGNACIO RIVAS ACUÑA y JOSÉ MANUEL RIVAS MÁRQUEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 6.552, 7.202, 50.753, 50.841, 38.634 Y 140.252, respectivamente.

Abogados en ejercicio JOSSUE DOMENICO GIGLIO RIVAS, RAÚL RAFAEL CÓRDOVA, OGLA YERIS BOTTO RAMÍREZ y SANDRA BARRANCO RAMOS, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 141.161, 108.213, 108.494 y 108.080, respectivamente.

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO e INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

15-8822.
I
ANTECEDENTES.

Corresponde a este Juzgado Superior decidir los recursos de apelación interpuestos por los abogados en ejercicio ALBERTO JOSÉ RIVAS SÁNCHEZ, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO C.A., y de los ciudadanos NEREIDA LOURDES TESORERO DE PIRELA y RAFAEL TOBÍAS PIRELA; y por el abogado JOSSUE GIGLIO RIVAS, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO, todos ampliamente identificados en autos, contra la decisión proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, en fecha 21 de octubre de 2015, a través del cual se declaró CON LUGAR la demanda que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO incoara el ciudadano JOSÉ ALEXIS CORZO GUTIÉRREZ contra los prenombrados; y su vez, declaró la confesión ficta de la parte demandada y los condenó al pago de veinte millones de bolívares (Bs. 20.000.000,00) por concepto de daños y perjuicios más indexación o corrección monetaria.
Mediante auto dictado en fecha 12 de noviembre de 2015, este Juzgado le dio entrada a la presente causa; en consecuencia de conformidad con lo establecido en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil, fijó el vigésimo día de despacho siguiente a la presente fecha, a fin de que las partes consignaran los informes respectivos, constando en autos que ambas partes hicieron uso de tal derecho.
Mediante auto de fecha 14 de enero de 2016, vencidas las horas de despacho y el lapso para consignar escrito de observaciones, constando en autos que únicamente la parte demandada presentó los mismo, este Tribunal dejó expresa constancia que a partir de la referida fecha (exclusive), entró en el lapso de sesenta días calendario para dictar sentencia.
Posteriormente, en fecha 14 de marzo de 2016, este tribunal mediante auto acordó DIFERIR por un plazo de treinta días continuos la oportunidad para dictar sentencia de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.
Así las cosas, estando dentro de la oportunidad para decidir, este Juzgado Superior procede a hacerlo bajo las consideraciones que serán expuestas a continuación.



II
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA

PARTE DEMANDANTE:
Mediante escrito de demanda y sus posteriores reformas de fechas 9, 17 y 24 de marzo de 2015, respectivamente, presentadas por ante el tribunal de la causa, la representación judicial de la parte demandante, alegó entre otras cosas lo siguiente:
1. Que consta de documento público que su representado JOSÉ ALEXIS CORZO GUTIÉRREZ, es propietario de un lote de terreno ubicado en el sector Santa Isabel en el Municipio Carrizal, calle Santa Cecilia, dentro de la urbanización Club de Campo, el cual tiene una superficie definitiva de seiscientos setenta y ocho metros cuadrados con sesenta y dos centímetros (678,62 Mts2).
2. Que se concretó un convenido de construcción con la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO, C.A., cuyos representantes legales son los ciudadanos NEREIDA LOURDES TESORERO DE PIRELA y RAFAEL TOBÍAS PIRELA –todos codemandados-, firmándose el respectivo contrato privado de obras con proyectos y permisos requeridos, elaborado por la misma empresa contratista, el cual contiene –a su decir- vicios de forma y fondo en su contexto, y a su vez contentivo de todas las cláusulas que obligan a las partes con respecto al proyecto en cuestión.
3. Que su representado a los fines de dar cumplimiento con las obligaciones pecuniarias establecidas en el contrato de obra, debió desprenderse de su vivienda principal, la cual servía de asiento familiar
4. en donde residía con su pareja y sus tres (3) hijos menores de edad, sin embargo, adujo que en virtud de que su mandante vio que la obra no avanzaba de acuerdo a los tiempos señalados en el aludido contrato, y existiendo el compromiso de hacer entrega de su anterior vivienda, su representado en presencia de los compradores de la misma y la ciudadana NEREIDA TESORERO de PIRELA, quien funge como directora presidenta de la empresa AISLAPANEL ALTO MIRANDINO C.A., quien indicó que haría entrega del Chalet Suizo en un lapso perentorio de noventa (90) días, se vio obligado a entregar el inmueble en abril de 2014, que le servía como asiento domiciliario, trasladándose junto con su grupo familiar a la obra a medio construir; lo cual constituyó –a su decir- un riesgo temido, toda vez que no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad con condiciones precarias y de alto riesgo a las cuales está sometido su representado con su grupo familiar.
5. Que viendo las circunstancias en las cuales se encontraba su representado, y que el tiempo ofrecido por la empresa constructora, no demostraba ningún avance, decidieron buscar una mejor opinión sobre la obra, razón por la cual solicitan los servicios de un ingeniero civil experto a los fines de que emitiera opinión técnica de las condiciones reales del chalet suizo, quien se apersonó al lugar de la construcción, y en una inspección ocular emite una opinión técnica y profesional en la cual hace las observaciones de todas las fallas y deficiencias encontradas en la inspección, denotándose la falta de experticia en este ramo, lo que a su vez demuestra una vez más que el arquitecto Dos Santos, quien funge como Ingeniero Residente de la Obra, en ningún momento la supervisó.
6. Que el Ingeniero Civil Pedro Aguirre, emitió un informe técnico de inspección identificado como “Proyecto de Construcción de Vivienda Unifamiliar tipo Chalet Suizo” de fecha junio 2014, según el cual se recomendó la demolición de la obra, ya que la misma no ofrece la seguridad técnica a los futuros habitantes del inmueble; por lo que señala que no resulta del agrado y beneficio de nadie el hecho de que una construcción donde se invirtió, sacrificio, ahorros, carencias, privaciones y los pocos ahorros de su representado, se deba quedar por causa de gente irresponsable sin vivienda, sin dinero y finalmente sin un techo.
7. Que nada fácil, más en estos tiempo tan duros, que un ciudadano común no pueda confiar en ninguna empresa constructora (inclusive vecina de la urbanización) para confiarle la construcción de un proyecto cuando la misma no tiene, ni posee el menor conocimiento de las condiciones mínimas que debe poseer dicha constructora para asumir la construcción de un Chalet tipo suizo en una pendiente mayor a cuarenta y cinco grados (45º), pues los cambios realizados al proyecto original no coinciden, al igual que tampoco coinciden los materiales indicados con lo que se observa en los planos aprobados.
8. Que viendo los resultados que arrojaron los informes, y las conclusiones del Ing. Pedro Aguirre, el proyecto en cuestión fue diseñado para ser implementado en un terreno plano y no en un terreno con una alta pendiente, como el Proyecto Chalet Suizo. Asimismo adujo que la vivienda no corresponde a lo indicado en los planos, aunado a que se evidencia que no hubo preparación de las terrazas acorde a las cotas modificadas.
9. Que tomando en consideración las observaciones y comentarios del prenombrado ingeniero, su representado procedió a solicitar la suspensión de la obra, por medio de una notificación a la contratista, tal y como lo prevé la cláusula decimo primera del contrato de obras, mientras los demás entes emitan sus respectivos Informes Técnicos, cuyo objeto constituye la fuerza probatoria y sostén legal para la paralización de la obra y que no continuara en su avance una construcción maltrecha y mal implementada, aunado a que supuesto ingeniero residente arquitecto José Dos Santos, nunca se apersonó a supervisar la ejecución de la obra y aparece firmando todo el conjunto de los 22 planos de la obra.
10. Que de acuerdo a las evidencias y estudios practicados por el profesional Pedro José Aguirre Navarro, éste le recomendó a su mandante para fortalecer sus dichos, solicitar tres (3) opiniones vinculantes ante diversos entes tales como: a) la División de Prevención e Investigación de Siniestros/Departamento de Prevención y Siniestros del Instituto Autónomo de Bomberos del Estado Miranda; y b) Protección Civil y Administración de Desastre del Estado Miranda/Informe de Inspección Ocular.
11. Fundamentó la presente acción en los artículos 21, 82, 117 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; artículos 1.159, 1.160, 1.167, 1.185, 1.264, 1.630, 1.637 y 1.638 del Código Civil; artículos 12, 15 y 531 del Código de Procedimiento Civil; y en los artículos 12, 14, 15, 16 y 17 de Ley de Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines.
12. Bajo tales argumentos, demanda como en efecto lo hace, por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO a la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO, C.A., y a los ciudadanos NEREIDA LOURDES TESORERO DE PIRELA y RAFAEL TOBÍAS PIRELA , en su carácter de accionistas y propietarios de la empresa referida, a los fines de que convengan o sean condenados por el tribunal en lo siguiente: a) Que le sean resarcidos los daños patrimoniales, up supra descritos, los cuales estimó en la cantidad de VEINTE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 20.000.000,oo); b) Que debido al proceso inflacionario por el que transita actualmente la República Bolivariana de Venezuela, la cual trae implícita la pérdida del valor o poder adquisitivo de la moneda solicita que la cantidad demandada y de la cual resulte la condena a pagar sea condena a pagarlo de manera indexada, tomando como fecha inicial para su cálculo la oportunidad en que sea admitida esta demanda hasta el día que se dicte sentencia definitivamente firme, para lo cual solicita experticia complementaria del fallo; c)Que la parte demandada sea condenada al pago de las costas y costos procesales, así como de los honorarios profesionales; y d)Que en caso de incumplimiento, la sentencia a dictarse por el tribunal de la causa, produzca todos los efecto de ley.
13. Estimó la presente acción en la cantidad de veinte millones de bolívares (Bs. 20.000.000,00), equivalentes a ciento treinta y tres mil trescientas treinta y tres con treinta y tres unidades tributarias (133.333,33 U.T.).
14. Por último, solicitó que la demanda sea admitida, sustanciada y tramitada conforme a derecho y declarada con lugar en la definitiva con todos los pronunciamientos de ley.

PARTE DEMANDADA:

Por su parte la representación judicial de la parte codemandada, ciudadano RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO, consignó extemporáneamente por tardía, en fecha 21 de septiembre de 2015, escrito de oposición de las cuestiones previas previstas en los numerales 4º y 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.
Asimismo, en fecha 21 de septiembre de 2015, los apoderados judiciales de los codemandados, sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO C.A., NEREIDA LOURDES TESORERO DE PIRELA y RAFAEL TOBÍAS PIRELA, consignaron extemporáneamente por tardío, escrito de contestación a la demanda y reconvención a la misma por resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios.
III
DE LAS PRUEBAS APORTADAS.

PARTE ACTORA:
Conjuntamente con el libelo de la demanda y sus posteriores reformas, la representación judicial de la parte actora consignó las siguientes documentales:
Primero.- (Folios 39 al 44, I pieza del expediente) Marcado con la letra “B”, en copia fotostática ad effectum videndi de su original y/o copia certificada, CONTRATO DE COMPRA VENTA debidamente protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Guaicaipuro del estado Miranda, en fecha 28 de octubre de 2010, el cual quedó anotado bajo el número 2010-7604, Asiento Registral 1 del Inmueble matriculado con el No. 229.13.17.11284, mediante el cual el ciudadano CECILIO FILOMENO LUGO MORALES declara dar en venta pura y simple, perfecta e irrevocable al ciudadano JOSÉ ALEXIS CORZO GUTIÉRREZ –parte demandante-, un inmueble constituido por un lote de terreno, parte de mayor extensión, ubicado en el lugar denominado “Santa Isabel”, en jurisdicción del Municipio Carrizal del estado Bolivariano de Miranda; ahora bien, por cuanto la documental en cuestión no fue tachada por la contraparte en su oportunidad, esta Juzgadora le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículo 1.359 y 1.360 del Código Civil, quedando demostrado la propiedad que ostenta la parte actora sobre el referido inmueble objeto de la presente controversia.- Así se establece.
Segundo.- (Folios 45 al 49, I pieza del expediente) Marcado con la letra y número “B1”, en copia fotostática ad effectum videndi de su original y/o copia certificada, ACLARATORIA debidamente protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda, en fecha 27 de septiembre de 2013, el cual quedó anotado bajo el número 2010-7604, Asiento registral 2 del Inmueble matriculado con el No. 229.13.17.1.1284, mediante el cual el ciudadano JOSÉ ALEXIS CORZO GUTIÉRREZ –parte demandante-, en su condición de propietario de un inmueble constituido por un lote de terreno ubicado en el lugar denominado “Santa Isabel”, en jurisdicción del Municipio Carrizal del estado Bolivariano de Miranda, procedió a realizar una aclaratoria respecto a las coordenadas, linderos y superficie del inmueble referido; todo ello en atención a la Ley de Geografía y Catastro Nacional; ahora bien, por cuanto la documental en cuestión no fue tachada por la contraparte en su oportunidad, esta Juzgadora le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículo 1.359 y 1.360 del Código Civil, quedando demostrado las coordenadas, linderos y superficie cierta del inmueble propiedad de la parte actora y objeto de la presente controversia.- Así se establece.
Tercero.- (Folios 50 al 55, I pieza del expediente) Marcado con la letra “C”, en copia fotostática ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES de la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero del Distrito Capital y estado Bolivariano de Miranda, en fecha 20 de septiembre de 2013, bajo el No. 26, Tomo 112-A. De esta manera, revisadas las actas que conforman el presente expediente, siendo que la instrumental en cuestión no fue objeto de impugnación, tacha o desconocimiento, consecuentemente, por tratarse de una copia fotostática de documento público autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, conforme a lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo dispuesto en los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, quien aquí decide le concede pleno valor probatorio, por lo que queda demostrada la constitución de la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO, C.A. -hoy demandada- en el presente procedimiento; así como las personas que las representan.- Así se establece.
Cuarto.- (Folios 56 al 61, I pieza del expediente) Marcado con la letra “D”, en copia fotostática ad effectum videndi de su original y/o copia certificada, CONTRATO DE OBRAS CON PROYECTO Y PERMISOS REQUERIDOS, suscrito por el ciudadano JOSÉ ALEXIS CORZO GUTIÉRREZ -hoy demandante-, en su condición de propietario del bien inmueble y la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO C.A. -hoy demandada-, en su condición de constructor, en fecha 20 de agosto de 2014, -; de cuyo contenido se desprende lo siguiente: “(…) TERCERA: “EL CONSTRUCTOR” se obligará a edificar Una (sic) casa-quinta tipo Chalet Suizo en estructura metálica (…)elevando estructura en terreno pendiente hasta llegar a nivel de vialidad existente para elevar en el tres Niveles (sic) de Vivienda (sic) para ser entregada terminada, en obra gris (…) CUARTA: El precio de esta construcción es por la cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS (sic) MIL BOLÍVARES (Bs. 826.800,oo) bolívares cantidad que se pagará así: (…) el restando siendo la cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 138.400,00) correspondiente al Dieciséis como Setenta y Tres por ciento (16,73%) cuando sea entregada la casa – quinta, tipo Chalet Suizo, estimada la entrega para la segunda quincena del mes de Febrero (sic) de 2014 (…) DÉCIMA TERCERA: Si “EL CONSTRUCTOR” incumpliere con las cláusulas que anteceden y no llevare a cabo la obra a satisfacción del “EL PROPIETARIO” y su ingeniero, o incumpliese con las otras obligaciones contraídas en este Contrato (sic), “EL PROPIETARIO” puede demandar la resolución del mismo y reclamar daños y perjuicios conforme al Código Civil vigente (…)”.Ahora bien, en vista que el documento privado bajo análisis no fue desconocido por la parte contra la cual se opuso; quien aquí suscribe lo tiene por reconocido de conformidad con lo previsto en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil y le confiere pleno valor probatorio como demostrativo de que los prenombrados convinieron en la construcción de obra denominada Chalet Tipo Suizo sobre el lote de terreno propiedad de la parte demandante, cuya finalización estaba pautada para la segunda quincena del mes de febrero de 2014; así mismo, las partes convinieron que en que si la contratista incumpliere con alguna de las cláusulas contenidas en el contrato de obra en cuestión, y por consiguiente no llevare a cabo la misma a satisfacción del contratante, daría la posibilidad a éste de demandar le resolución del contrato más los daños y perjuicios sufridos.- Así se establece.
Quinto.- (Folios 62 al 88, I pieza del expediente) Marcado con la letra “E”, en copia fotostática ad effectum videndi de su original y/o copia certificada, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN de una vivienda unifamiliar tipo chalet, realizado por la Oficina Integral de Proyectos de Construcción, Topografía e Investigaciones Educativas, de fecha julio 2013, en un inmueble propiedad del ciudadano JOSÉ ALEXIS CORZO -parte demandante-. Ahora bien, en vista que el documento privado bajo análisis no fue desconocido por la parte contra la cual se opuso; quien aquí suscribe lo tiene por reconocido de conformidad con lo previsto en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil y le confiere pleno valor probatorio como demostrativo de las condiciones y características previstas para la construcción de la referida vivienda propiedad de la parte demandante.- Así se establece.
Sexto.- (Folio 89, I pieza del expediente) Marcado con la letra “F”, en copia fotostática presentada ad effectum videndi de su original y/o copia certificada, CARTA MISIVA de fecha 9 de junio de 2014, expedida por el ciudadano JOSÉ ALEXIS CORZO GUTIÉRREZ –parte demandante-, a la ciudadana NEREIDA TESORERO DE PIRELA, en su condición de Directora de la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO –aquí codemandados-, mediante la cual solicita la suspensión de la obra Chalet Tipo Suizo, por causas de fuerza mayor, de conformidad con lo previsto en la cláusula décima primera del contrato suscrito; de la cual se evidencia su recepción en esa misma fecha por la prenombrada ciudadana, quien dejó constancia de su inconformidad con el contenido. Ahora bien, por cuanto la fuerza probatoria de las cartas misivas, según lo dispone el artículo 1.354 del Código Civil, se determinan por las reglas establecidas en la ley respecto de los instrumentos privados y del principio de prueba por escrito; se observa que la documental bajo análisis se encuentra suscrita por la parte actora y a quien le fue opuesta, por lo que en atención al artículo 444 del Código de Procedimiento Civil se tiene por reconocido y se le otorga pleno valor probatorio como demostrativo que el ciudadano JOSÉ ALEXIS CORZO GUTIÉRREZ –parte actora-, en fecha 9 de junio de 2014, y conforme a lo establecido en la cláusula décima primera del contrato cuyo cumplimiento se pretende, procedió a notificar a la parte demandada a los fines de suspender la obra convenida, en virtud del resultado obtenido mediante inspección de fecha 7 de junio de 2014 por parte del Ing. Pedro Aguirre, quien –a su decir- constató que la estructura ejecutada no se corresponde a los planos entregados.- Así se establece.
Séptimo.- (Folios 90 al 111, I pieza del expediente) Marcados con la letra “G”, en copia fotostática presentada ad effectum videndi de su original y/o copia certificada, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y PLANOS, aprobados por la Oficina de Desarrollo Urbano Local del Municipio Autónomo Carrizal, de los cuales se evidencia la elaboración del Proyecto de la Vivienda Unifamiliar, ubicada en el Sector Santa Isabel, Municipio Carrizal, cuyo propietario es el ciudadano JOSÉ ALEXIS CORZO GUTIÉRREZ. Ahora bien, en vista que el contenido del documento público administrativo en cuestión no fue desvirtuado en el curso del juicio, quien aquí suscribe le confiere pleno valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 1.359 del Código Civil; y la tiene como demostrativa de los planos aprobados por la referida división de la Alcaldía del Municipio Carrizal del estado Miranda, referentes a la arquitectura, estructura e instalaciones sanitarias y eléctricas de la construcción de la vivienda unifamiliar convenida en el contrato cuyo cumplimiento se demanda.- Así se precisa.
Octavo.- (Folios 112 al 115, I pieza del expediente) Marcado con la letra “H”, en copia fotostática presentada ad effectum videndi de su original y/o copia certificada, PRESUPUESTO DE OBRA por partidas a ejecutar realizado por la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO, C.A., en el inmueble propiedad del ciudadano JOSÉ ALEXIS CORZO, ubicado en el sector Santa Isabel Municipio Carrizal, calle Santa Cecilia, dentro de la Urbanización Club de Campo, en el cual se estimó como tiempo de construcción 90 días hábiles. Ahora bien, en vista que el documento privado bajo análisis no fue desconocido por la parte contra la cual se opuso; quien aquí suscribe lo tiene por reconocido de conformidad con lo previsto en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil y le confiere pleno valor probatorio como demostrativo del costo de los materiales a utilizar en la construcción de la obra convenida en el contrato cuyo cumplimiento se pretende, así como el tiempo para la ejecución de la misma.- Así se establece.
Novena.- (Folios 116, I pieza del expediente) Marcado con la letra “I”, en copia fotostática PUBLICACIÓN WEB 434849275, titulada “Casas en Venta – Calle Los Eucaliptos”, de la cual se evidencia un inmueble en venta por la cantidad de Bs. 20.000.000,00. Ahora bien, aun cuando la contraparte no desvirtuó en modo alguno la instrumental bajo análisis, esta Juzgadora observa que del contenido de la misma no se desprenden elementos probatorios que coadyuven a la resolución de la presente causa seguida por cumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios; consecuentemente, quien suscribe desecha del proceso el presente instrumento y por tanto no le confiere valor probatorio alguno.- Así se precisa.
Décima.- (Folios 117 al 187, I pieza del expediente) Marcado con la letra “J”, en original INSPECCIÓN EXTRAJUDICIAL evacuada por ante el Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, previa solicitud del ciudadano JOSÉ ALEXIS CORZO GUTIÉRREZ –parte demandante-, en la cual se dejó constancia de los siguientes hechos: “(…) Primero: se deja expresa constancia que es un inmueble tipo chalet construido en bases de concreto y vigas doble T reforzadas con cemento. El área de construcción aproximada de la primera planta es de noventa y seis metros cuadrados (96 mts2) distribuidos en hall de entrada, sala y pared divisoria. Las fundaciones del inmueble están constituidos por quince (15) bases de fundación (zapatas) y sobre ellas nueve (09) columnas enclavadas en la montaña, entre ellos el enmarañado de vigas doble T. Se puede observar las columnas salpicada con cemento y algunas zapatas expuestas. La placa piso reposa sobre nueve (09) vigas doble T tipo columna y tres vigas horizontales, está hecha de anime forrado en cemento, sin malla. Se observan huecos y perforaciones diversas, además de resquebrajamiento. En cuanto a las paredes, las mismas están construidas en anime cubiertas con friso. En una de las parcelas ubicadas del lado izquierdo de la vivienda se observa que la columna no tiene enrejado de maya, evidenciándose las uniones con alambre de las láminas de anime. A simple vista se evidencia que todas las paredes están en gran grado de agrietado. En las columnas se observan desprendimientos de anime de la misma viga doble T. Para acceder a la segunda planta se evidencia una escalera de seis (06) peldaños un descanso y cinco (5) peldaños más de diecinueve centímetros (19 cm) cada uno y con forma ondulada; de piso a techo la entrada de las escaleras mide un metro y dos centímetros (1.02 mts), en el descanso un metro y trece centímetros (1.13cm) y en el último escalón y el techo hay una medida de un metro y sesenta centímetros (1.50 mts). La segunda planta se distribuye en tres cuartos de trece metros (13 mts), un baño de cuatro metros (4.00 mts) y un área techada considerado un espacio libre. En el baño se observa una tubería anaranjada de dos (02) pulgadas (aguas negras) con un empate en Y en la cual los codos están colocados en forma invertida para la continuación de la tubería, por ende la unión entre el codo y la tubería se hizo en forma contraria por esto el agua en vez de salir a la calle sale al centro piso. En uno de los cuartos se observa que se rompió el piso para colocar las tuberías, asimismo se encuentran tres tuberías de aguas blanca y negras las cuales están juntas en una de las paredes, en el techo se evidencia una perforación para colocar un cableado. Se deja constancia que para acceder a la tercera planta se observa una rampa con una inclinación muy elevada (aproximadamente 45°) realizada en tablón, la cual dificulta el acceso de personas a esa área. En dicha tercera planta se evidencia que el techo en una estructura de dos aguas, la cual está hecha de tablón y malla pajarera. Se observa moho en todo el suelo y las vigas se encuentran expuestas no reforzadas. En una de las paredes se encuentran dos cabillas partidas a la altura de la ventana, todas las paredes que rodean este espacio se encuentran agrietadas y en mal estado, del techo y de una de las paredes sobresale una viga doble T que es utilizada como base de andamio. Segundo: se puede apreciar la obra no terminada, sin marcos, con paredes techos y suelo agrietados y en mala condición, la altura de las puertas son disparejas, se puede evidenciar que el techo se encuentra salpicado con cemento mas no estafrisado. Tercero: Se puede evidenciar que la casa está construida a nivel de la carretera. Cuarto: En cuanto a lo solicitado en este particular este tribunal hace valer lo observado en el particular primero en cuanto a las fundaciones del inmueble. Quinto: Se deja expresa constancia que al momento de la inspección judicial no se movió la estructura. Sexto: Se deja expresa constancia que al momento de la inspección en el inmueble no se hizo presente persona alguna que se identificara como Ingeniero residente (…)”

Precisado lo anterior, quien aquí decide verifica que aun cuando la inspección bajo análisis fue practicada por el Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, lo cual impidió el control de la contraparte con respecto a su evacuación, siendo incluso la presunción de ella por ser de jurisdicción voluntaria desvirtuable de conformidad con lo establecido en el artículo 898 del Código de Procedimiento Civil; no obstante, ésta debe ser apreciada como indicio de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 509 y 510 eiusdem, ello en virtud que a diferencia de las fuentes de prueba, las fuentes de presunciones o indicios no se prestan a análisis ni clasificaciones debido a que de la naturaleza propia de éstas puede el Juez deducir mediante la regla de experiencia el hecho a probar. De esta manera, se infiere del contenido de la probanza en cuestión que ciertamente en el inmueble propiedad de la parte demandante, objeto del contrato cuyo cumplimiento se persigue, se observó una obra no culminada tipo chalet, la cual contenía moho en todo el suelo y vigas expuestas y sin reforzar; así mismo, se observó que una de las paredes tenía dos cabillas partidas a la altura de la ventana, evidenciándose de manera general que todas las paredes y el techo se encontraban agrietadas y en mal estado.- Así se establece
Décima Primera.- (Folios 188 al 219, I pieza del expediente) Marcadas con la letra “K”, en formato impreso, sesenta y cuatro (64) REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS de las cuales presuntamente se evidencia el estado de la obra convenida en el contrato cuyo cumplimiento se persigue. Al respecto, las referidas fotografías constituyen un medio de prueba libre que no requiere a su vez de la prueba de su autenticidad por parte del promovente, aunado a que la no impugnación u objeción contra el medio probatorio promovido por parte del no promovente, debe entenderse como un reconocimiento de la autenticidad y veracidad de su contenido, ya que el silencio de la parte contraria las tendrá por reconocidas o fidedignas (Vid. Sent. Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 22/7/2014, Exp. 14-028); en tal sentido, bajo tales consideraciones se le otorga pleno valor probatorio a las referidas probanzas, como medio demostrativo del estado físico de la obra convenida en el contrato cuyo cumplimiento se demanda en el presente juicio, de las cuales puede observarse que la misma no está terminada y algunas de sus paredes presentan grietas y se ven en mal estado.- Así se precisa.
Décima segunda.- (Folios 220 al 231, I pieza del expediente) Marcado con la letra “L”, en copia fotostática presentada ad effectum videndi de su original y/o copia certificada, CONTRATO DE COMPRA VENTA debidamente protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda, en fecha 12 de diciembre de 2013, el cual quedó anotado bajo el número 2013.2651, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el No. 229.13.17.1.2998, correspondiente al folio real del año 2013, mediante el cual la ciudadana NEREIDA LOURDES TESORERO DE PIRELA –aquí codemandada-, en su condición de apoderada del ciudadano NICOLÁS GONZÁLEZ BLANCO, da en venta al ciudadano RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO –aquí codemandado-, un inmueble de su propiedad constituido por una porción de terreno secano, el cual forma parte de una mayor extensión de terreno de los fundos denominados CAJIGAL Y DOS POTREROS DEL MEDIO; ahora bien, analizado el contenido de la documental en cuestión tenemos que la mismas se aparta del tema probandum, toda vez que la presente causa es seguida por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO e INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, de modo que la actividad probatoria de la parte actora debiera hincarse en probar la concurrencia de elementos de los cuales se desprenda la procedencia de la misma, por consiguiente, quien aquí decide la desecha por impertinente y no le concede valor probatorio.-Así se precisa.
Décima Tercera.- (Folios 232 al 240, I pieza del expediente) Marcado con la letra “M”, en copia fotostática presentada ad effectum videndi de su original y/o copia certificada, CONTRATO DE COMPRA VENTA debidamente protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda, en fecha 01 de agosto de 2013, el cual quedó anotado bajo el número 2010.2042, Asiento Registral 3 del inmueble matriculado con el No. 229.13.17.1.994; a través del cual los ciudadanos SHIDARTA RAFAEL PIRELA TESORERO y RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO, ceden a los ciudadanos RAFAEL TOBÍAS PIRELA y NEREIDA LOURDES TESORERO DE PIRELA, la totalidad de los derechos que poseen sobre un inmueble constituido por un lote de terreno secano, de los fundos denominados CAJIGAL Y DOS POTREROS DEL MEDIO, ubicado en el Municipio carrizal del estado Bolivariano de Miranda; ahora bien, analizado el contenido de la documental en cuestión tenemos que la mismas se aparta del tema probandum, toda vez que la presente causa es seguida por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO e INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, de modo que la actividad probatoria de la parte actora debiera hincarse en probar la concurrencia de elementos de los cuales se desprenda la procedencia de la misma, por consiguiente, quien aquí decide la desecha por impertinente y no le concede valor probatorio.-Así se precisa.

Así mismo, en la oportunidad para presentar informes antes esta Alzada, el abogado en ejercicio ELVIS RAMÓN PARRA SÁNCHEZ, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JOSÉ ALEXIS CORZO GUTIÉRREZ –parte demandante-, consignó las siguientes documentales:

Primero.- (Folios 221 al 228, III pieza del expediente) Marcado con la letra “A”, en original INFORME DE INSPECCIÓN realizada por la Dirección de Infraestructura y mantenimiento Comunal de la Alcaldía del Municipio Carrizal del estado Bolivariano de Miranda en el inmueble propiedad de la parte actora, previa solicitud de ésta.
Segundo.- (Folios 229 al 237, III pieza del expediente) Marcado con la letra “B”, en original INFORME DE INSPECCIÓN de riesgos especiales realizada en el inmueble propiedad de la parte actora, por la División de Prevención e Investigación de Siniestros del Instituto Autónomo del Cuerpo de Bomberos del estado Miranda en fecha 24 de junio de 2014.
Tercero.- (Folios 238 al 244, III pieza del expediente) Marcado con la letra “C”, en original INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR identificado con la letra y número DOP/DR/1/0033-14, realizada en el inmueble propiedad de la parte actora, por el Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del estado Bolivariano de Miranda, en fecha 3 de julio de 2014.

Ahora bien, respecto a las documentales que antecede, se debe traer a colación lo previsto en el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone: “En segunda instancia no se admitirán otras pruebas sino la de instrumentos públicos, la de posiciones y el juramento decisorio. Los primeros podrán producirse hasta los informes, si no fueren de los que deban acompañarse con la demanda…” (Resaltado de esta Alzada); de este modo, como quiera que los instrumentos que anteceden corresponde a los denominados documentos públicos administrativos al ser dictados por funcionarios de la Administración Pública, los mismos no son documentos públicos, sino una categoría distinta que sólo pueden ser consignados o promovidos en el lapso probatorio correspondiente; en tal sentido, al no ser las documentales bajo análisis aquellas que pueden ser producidos en segunda instancia, esta Juzgadora las desecha del presente proceso y no les confiere valor probatorio alguno.- Así se precisa.

Cuarto.- (Folios 245 y 246, III pieza del expediente) Marcado con la letra “D”, en copia fotostática INSPECCIÓN EXTRAJUDICIAL practicada por el Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda en fecha 4 de marzo de 2015, previa solicitud del ciudadano JOSÉ ALEXIS CORZO GUTIÉRREZ –parte demandante-. Ahora bien, aun cuando la referida probanza fue impugnada por la contraparte al haber sido consignada en copia simple, se observa que la misma cursa a los autos en forma original (inserta a los folios 117 al 187, I pieza del expediente); por tanto, al haber sido consignada conjuntamente con el libelo de la demanda, siendo entonces que ya sobre ella se emitió su correspondiente valoración, quien aquí decide se apega al criterio ya manifiesto.- Así se precisa.
IV
DE LA DECISIÓN RECURRIDA.

De la decisión proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Los Teques, en fecha 21 de octubre de 2015; se desprende textualmente lo siguiente:

“(…) PUNTO PREVIO
DE LA EXTEMPORANEIDAD DE LOS ESCRITOS DE CUESTIONES PREVIAS Y CONTESTACIÓN PRESENTADOS POR LA PARTE DEMANDADA
Corresponde a este Tribunal establecer la tempestividad o no de los escritos de cuestiones previas y contestación presentados en fecha 21 de septiembre de 2015, por la parte demandada a cuyo efecto se realizan las siguientes consideraciones:
Consta de autos que una vez admitida la presente demanda, se ordenó el emplazamiento de la parte demandada, para que dentro de los veinte días de despacho siguientes a la constancia en autos de la citación del último de los co-demandados dieran contestación a la demanda.
Ante la imposibilidad de practicar la citación personal de la parte demandada sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO C.A., y de los ciudadanos NEREYDA LOURDES TESORERO de PIRELA, RAFAEL TOBIAS PIRELA y RAFAEL ÀNGEL PIRELA TESORERO, este Tribunal a solicitud de la parte actora procedió a ordenar la citación por carteles, conforme a lo establecido en el artículo 223 del Código de procedimiento Civil, y cumplidas las formalidades de Ley, referidas a la publicación, consignación y fijación del mismo, y transcurrido el término de 15 días a que se refiere el referido artículo, sin que la parte demandada haya comparecido a darse por citada, se procedió a designarle defensor judicial en la persona de la abogada REBECA BORGES, quien debidamente notificada, aceptó el cargo y prestó juramento de Ley. Posteriormente a solicitud de la parte actora, se procedió a citarle, cuya actuación procesal se verificó en fecha 16 de julio de 2015, tal y como consta de la diligencia suscrita por el Alguacil del Tribunal quien consignó recibo de citación debidamente firmado.
Narrado lo anterior, considera quien suscribe establecer lo siguiente: El emplazamiento no es otra cosa que el requerimiento del Juez o convocatoria que se le hace a una persona por orden de un Juez, para que comparezca ante el Tribunal dentro del término que él designe, con el objeto de poder defenderse de los cargos que se le hace, oponerse a la demanda, usar de un derecho o cumplir lo que se le ordene.
Por su parte la citación es la orden de comparecencia ante una autoridad judicial y la comunicación de esa orden mediante el procedimiento pautado por la ley es la notificación.
La diferencia entre emplazamiento y citación básicamente estriba en que esa última se señala el día y la hora para presentarse ante la autoridad judicial, mientras que el emplazamiento no fija sino el plazo hasta el cual es lícito acudir al llamamiento del Tribunal, es decir representa un acto procesal.
La orden de emplazamiento, en principio, no es para que el demandado firme ni para que se le dé por citado, sino para que una vez citado comparezca a los efectos a que se refiere la citación. Si hubieren varios demandados, el lapso de emplazamiento comenzará a correr al día siguiente de la citación del último de ellos.
Ahora bien, en el caso bajo estudio tenemos tal y como se señaló precedentemente que agotada la citación en su forma personal, el emplazamiento se ordenó por medio de la imprenta, en torno a ello, se tiene que el artículo que el artículo 223 del código de Procedimiento civil, establece (…)
De acuerdo al elemento regulador antes transcrito, en lo que atañe específicamente al punto que esta oportunidad ocupa a esta jurisdicente, debe atenderse el hecho que si una vez publicados debidamente los carteles para la convocatoria del demandado, y éste no se presenta ni por sí ni por apoderado en el plazo de quince (15) días, se le ha de nombrar defensor ad litem con quien se entenderá la citación. Vencido el anterior lapso, luego de cumplidas las formalidades que conducen la citación del defensor judicial, llevada a cabo ésta, se inicia el lapso de emplazamiento para el acto de contestación de la demanda que, de acuerdo al asunto requerido a la jurisdicción, se reputa como el previsto para el trámite del juicio ordinario.
Ahora bien, con la concurrencia al Tribunal de la parte demandada y darse por citada y emplazada, cesa ipso iuris la función que como auxiliar de justicia le fue encomendada al defensor ad litem. Correspondiéndole en ese sentido a la parte demandada, con la asistencia o la representación judicial a los efectos de la capacidad ad procesum, contestar la demanda en su contra.
Para lo cual no se abrirá un nuevo lapso de emplazamiento, pues éste ya fue aperturado en el caso bajo estudio en fecha 16 de julio de 2015, fecha en la cual el Alguacil de este Tribunal dejó constancia de haber practicado la citación de la parte demandada, por intermedio del Defensor Judicial que le fue designado, así las cosas y con vista a los argumentos precedentemente expuestos, este Tribunal considera pertinente practicar por Secretaria cómputo de los días de despacho transcurridos desde el día 16 de julio de 2015, exclusive, fecha en la cual el Alguacil del Tribunal dejó constancia de haber practicado la citación del auxiliar de justicia, hasta el 18 de septiembre de 2015,(inclusive), fecha en la cual precluyó el lapso de emplazamiento a que se refiere el artículo 344 del Código de Procedimiento Civil, y al efecto tenemos que desde el día 16 de julio de 2015 (exclusive) hasta el día 18 de septiembre de 2015, inclusive, transcurrieron veinte (20) días de despacho a saber: 20,21,22,23,27,28,30 y 31 de julio de 2015; 04,05,06,07,10,11,12,13 y 14 de agosto de 2015; y 16,17 y 18 de septiembre de dos mil quince (2015), así las cosas y siendo que tanto el escrito de oposición de cuestiones previas ; así como el de contestación fueron presentados en fecha 21 de septiembre de 2015, es decir, vencido el lapso de emplazamiento, resulta forzoso para este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, declarar extemporánea por tardía la interposición de la cuestiones previas y contestación propuestas por la parte demandada y así se decide.
Resuelto como ha sido el punto previo en el presente juicio, procede quien suscribe ante la falta de contestación de la demanda por la accionada, así como la falta de promoción de pruebas en el tiempo oportuno, tal y como se evidencia de las actas procesales y por cuanto la presente causa se tramita por el procedimiento ordinario, se debe traer a colación lo estatuido en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, dispositivo técnico regulador en el derecho venezolano de la Confesión Ficta que al tenor de la letra reza (…)
Planteada así las cosas y sobre de la base de la citada sentencia, es necesario analizar en el caso en autos los requisitos exigidos a los fines de verificar si efectivamente se configuró la confesión ficta, así tenemos:
En cuanto al primer requisito: la falta de contestación de la demanda, este Tribunal observa que una vez practicada la citación personal de la parte demandada, en la persona del defensor judicial designado abogado REBECA BORGES, y habiendo comparecido la parte co-demandada, RAFAEL ÀNGEL PIRELA TESORERO, mediante su apoderado judicial en fecha 20 de julio de 2015 y posteriormente en fecha 04 de agosto de 2015, los co-demandados RAFAEL TOBIAS PIRELA y NEREIDA LOURDES TESORERO, y la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO C.A., en fecha 04 de agosto de 2015, estos dentro del lapso de emplazamiento a que se refiere el artículo 344 del Código de Procedimiento Civil, no comparecieron a dar contestación a la demanda, configurándose en este caso el primer supuesto para que se declare la confesión ficta.
En cuanto al segundo requisito: Que el demandado nada probare que le favorezca, tenemos que desde el día 21 de Septiembre de 2015 (inclusive) hasta el día 13 de Octubre de 2015, inclusive, transcurrieron veinte (15) días de despacho a saber: 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 y 30 de septiembre de 2015; 01, 02, 05, 06, 08, 09 y 13 de octubre de 2015. Dentro de los cuales, se evidencia que el demandado no promovió prueba alguna relacionada con el mérito de la causa principal, limitándose a consignar el Acta Constitutiva de la Sociedad Mercantil “Aislapanel Altos Mirandinos C.A., como demostración de la cuestión previa alegada, y declarada extemporánea en este fallo. Por lo que, no trajo a los autos prueba alguna que le favoreciera en la etapa procesal correspondiente, como era la comprendida dentro del lapso de quince días de despacho siguientes al vencimiento del lapso de contestación, tal y como lo prevé el artículo 388 eiusdem.
En cuanto a la condición de que la petición de la actora no sea contraria a derecho, pasa el Tribunal de seguidas al análisis de la petición de la parte accionante, de la siguiente manera:
Tenemos que en el libelo de demanda y sus posteriores reformas, se desprende que el actor alegó la existencia del incumplimiento del convenio de construcción suscrito con la empresa Sociedad Mercantil AISLAPANEL ALTOS MIRANDINOS C.A., el cual contiene vicios de forma y de fondo y el cual contiene todas las clausulas que obligan a las partes con respecto al proyecto; por cuanto en su decir, a los fines de dar cumplimiento con las obligaciones pecuniarias establecidas en el contrato de obra debió desprenderse de su vivienda principal, en fecha abril de 2014; sin embargo al ver que la obra no avanzaba de acuerdo a los tiempos señalados en el contrato de obra el cual tendría un lapso perentorio de noventa (90) días se trasladó junto a su grupo familiar a la obra a medio construir, lo cual constituyó en su decir un riesgo temido, toda vez que la misma no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad; siendo el caso que en virtud que los tiempo ofrecidos por la empresa constructora no demostraban ningún avance decidieron buscar una mejor opinión por lo cual solicitan los servicios del Ing. Pedro José Aguirre, quien procedió a emitir opinión técnica y a cuyo fin procedió a solicita la suspensión de la obra conforme a lo establecido por las partes en la Clausula Décima Primera del contrato suscrito.
Así pues, visto lo anterior nos encontramos que: Según artículo 1630 del Código Civil el contrato de obras se define como aquel mediante el cual una parte se compromete a ejecutar determinado trabajo por sí o bajo su dirección, mediante un precio que la otra se obliga a satisfacerle.
En otras palabras, dicho contrato involucra un compromiso o la voluntad de ejecutar determinados trabajos por cuenta del contratado a cambio del pago de una suma de dinero o de bienes muebles e inmuebles, dependiendo de lo que se haya pactado.
…omissis…
Así pues, explanado lo anterior, es necesario analizar el acervo probatorio aportado por la parte actora, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, y determinar además la existencia de los requisitos para la procedencia de la presente acción.
…omissis…
Así pues, como derivación de las consideraciones expuestas en este fallo, podemos arribar a la conclusión de que en el caso de autos, se cumplen con los requisitos que hace procedente la acción intentada. Así se establece.
Dada la forma como se han producido los hechos que configuran la presente pretensión, y siendo que la presente demanda no es contraria a derecho, es por lo que este Tribunal deberá declarar en la parte dispositiva del fallo Con Lugar la presente acción y así se decide.
CAPITULO IV
DECISION (sic)
Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Los Teques, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley y de conformidad con los artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO sigue el ciudadano JOSÈ ALEXIS CORZO GUTIERREZ contra los ciudadanos NEREIDA LOURDES TESORERO de PIRELA, RAFAEL TOBIAS PIRELA, RAFAEL ÀNGEL PIRELA TESORERO y la Sociedad Mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO C.A., ambas partes identificadas anteriormente; SEGUNDO: La confesión ficta de la parte demandada ciudadanos NEREIDA LOURDES TESORERO de PIRELA, RAFAEL TOBIAS PIRELA, RAFAEL ÀNGEL PIRELA TESORERO y la Sociedad Mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO C.A. TERCERO: Se condena a la parte demandada, ciudadanos NEREIDA LOURDES TESORERO de PIRELA, RAFAEL TOBIAS PIRELA, RAFAEL ÀNGEL PIRELA TESORERO y la Sociedad Mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO C.A, al pago de la cantidad de VEINTE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 20.000.000,oo) por concepto de Daños y Perjuicios; y CUARTO: En cuanto a la indexación o corrección monetaria solicitada en el texto libelar, y que versa sobre la suma erogada, el Tribunal acuerda procedente la misma, y para su cálculo se acuerda practicar conforme a lo dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, experticia complementaria del fallo, desde el día 18 de marzo de 2015, fecha de admisión de la presente demanda hasta la fecha en que quede firme el presente fallo.
Por haber resultado la parte demandada totalmente vencida en el presente juicio, que se le condena en costas de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil (…)”.

V
DE LOS ALEGATOS EN ALZADA.

PARTE ACTORA:
En fecha 15 de diciembre de 2015, el abogado ELVIS RAMÓN PARRA SÁNCHEZ, actuando en representación de la parte demandante, ciudadano JOSÉ ALEXIS CORZO GUTIÉRREZ, consignó ESCRITO DE INFORMES donde procedió a exponer una relación sucinta de las actuaciones realizadas ante el tribunal cognoscitivo, y culminó solicitando fuere ratificado el fallo dictado el 21 de octubre de 2015.
PARTE DEMANDADA:
Mediantes escritos presentados antes esta Alzada de fecha 15 de diciembre de 2015, el abogado en ejercicio ALBERTO JOSÉ RIVAS SÁNCHEZ, en su carácter de apoderado judicial de los codemandados, sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO, C.A., y los ciudadanos NEREIDA LOURDES TESORERO de PIRELA y RAFAEL TOBÍAS PIRELA, presentó los respectivos INFORMES conforme lo previsto en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil, alegando –entre otras cosas- lo siguiente:
1. Que en virtud de que en el presente juicio se encuentra un litisconsorcio pasivo constituido entre los ciudadanos NEREIDA LOURDES TESORERO de PIRELA, RAFAEL TOBÍAS PIRELA y RAFAEL ÁNGEL PIRELA, y la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTOS MIRANDINOS, C.A., resulta necesario precisar el contenido del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, referente a la citación personal y el lapso de comparecencia cuando existe un litisconsorcio pasivo así como la citación de la sociedad mercantil.
2. Que de los autos se evidencia que el lapso de sesenta (60) días señalados en el artículo referido, contados a partir de la primera citación (Rafael Ángel Pirela Tesorero), la cual fue realizada en fecha 17 de abril de 2015, y adicionalmente el alguacil del tribunal dejó constancia de haber practicado la citación el día 20 de abril de 2015, lo cual, desde esas fechas hasta el día 16 de julio de 205, fue superado con creces el lapso aludido, sin que el demandante cumpliera con las obligaciones adicionales que le impone dicha norma, pues, le impone la obligación de solicitar nuevamente la citación de todos los codemandados, situación ésta que incumplió, que de manera insólita no fue advertida por el tribunal de la causa, y en consecuencia fue consentida por éste en perjuicio de todos los codemandados, todo lo cual es de eminentísimo orden público y estrechamente vinculado al ejercicio del derecho de defensa y debido proceso consagrado en el artículo 49.1 constitucional.
3. Que del cartel de citación dictado por el tribunal de la causa en fecha 6 de mayo de 2015, así como de la notificación de designación como defensora ad litem a la Dra. Rebecca Borges, se observa que los mismos atañen únicamente a los codemandados, AISLAPANEL ALTOS MIRANDINOS, C.A., RAFAEL TOBÍAS PIRELA y NEREIDA TESORERO DE PIRELA, es decir, se excluyó al codemandado, RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO, por lo que al no haber sido la abogada ad litem en cuestión, designada para defender los derechos de éste último, debe entenderse que no estaba citado, por cuanto la citación que se hiciere en primer lugar quedó sin efecto a tenor de lo preceptuado en el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil.
4. Que la juzgadora de instancia yerra al pretender contar de manera autónoma el lapso de comparecencia de uno de los codemandados respecto de los otros, es decir, que con la citación de la defensora ad litem de una sola de las partes, pretende contar el lapso de emplazamiento de todas las partes, lo que la ley no le permite hacer pues quebranta el debido proceso y el derecho a la defensa del resto, a quienes también le asiste esa garantía constitucional.
5. Que en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos RAFAEL TOBÍAS PIRELA y NEREIDA TESORERO DE PIRELA, así como de la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTOS MIRANDINOS, C.A., contestó la demandad dentro del lapso de ley para ello, además de reconvenir a la misma; así como también fueron oportunamente presentadas las cuestiones previas opuestas por el codemandado RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO.
6. Que la confesión ficta declarada por el a quo se basa en hechos que no son ciertos, en la vulneración de los derechos de unos codemandados y en el hecho de haber errado inexcusablemente en el conteo de los días de despacho transcurridos a partir de una fecha equivocada e ilegal, contraria al orden público, razón por la cual, adujo que no existe confesión ficta para ninguno de los codemandados que conforman el litisconsorcio pasivo.
7. Que todo el peso de la demanda, del contrato y de la obra, recae sobre la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTOS MIRANDINOS, C.A., según dicho del actor, pero que sin embargo, la juez condena a todos olvidando instituciones básicas del derecho mercantil venezolano y obviando la norma contenida en el artículo 1.098 del Código de Comercio, así como del velo corporativo en caso que así fuera.
8. Que en el contrato de obra al que la juez le otorga valor probatorio, se estableció que el precio del mismo sería por la cantidad de quinientos mil bolívares (Bs. 500.000,00), pero que sin embargo, sin justificación alguna y sin demostración de ningún tipo, sin apertura o admisión de pruebas, sin lapso de informes y sin nada, condena a todos los demandados a pagar la cantidad de veinte millones de bolívares (Bs. 20.000.000,00), sin que se sepa de dónde sale, por qué se deben, cómo se llegó a esa cantidad y cuáles son las razones.
9. Por último, solicitó que el recurso de apelación fuere declarado con lugar y en consecuencia, sea revocada la decisión recurrida, se reponga la causa al estado de citar nuevamente a todos los codemandados o, si así lo considerare esta Alzada al estado de contestación a la demanda; ordenando a su vez, el conocimiento de la causa a otro tribunal de igual jerarquía, dado que la juzgadora a quo ya se pronunció sobre el fondo de la misma.

Asimismo, en fecha 15 de diciembre de 2015, el abogado JOSSUE DOMENICO GIGLIO RIVAS, actuando en representación de la parte codemandada, ciudadano RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO, consignó ESCRITO DE INFORMES donde procedió a alegar la ilegitimidad de su patrocinado como representante de los demandados, por cuanto del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTOS MIRANDINO, C.A., se designó para ocupar el cargo de directores a los ciudadanos, NEREIDA LOURDES TESORERO DE PIRELA y RAFAEL TOBÍAS PIRELA, quienes a su vez son representantes legales de la misma, en tal sentido, alega no tener legitimidad para ser demandado y por tanto mal pudo haber sido condenado. Aunado a ello, adujo que al haber transcurrido más de sesenta (60) días entre la citación personal a su representado y la citación del resto de los codemandados, la misma quedó sin efecto alguno en atención al artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, por lo que al comparecer el 20 de julio de 2015 al tribunal de la causa, debió entenderse ésta como la verdadera y vigente citación de carácter tácita, y por tanto, conformado el litisconsorcio y debidamente citados ese mismo día, debía iniciarse el cómputo de los veinte (20) días de despacho para la contestación de la demanda. Por último, solicitó fuere declarado con lugar el recurso de apelación ejercido y en consecuencia declarado nula la sentencia recurrida, con la debida reposición de la causa al estado de admitir la demanda. AGREGAR LO DEL FOLIO
Seguidamente, el apoderado judicial del codemandado, RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO, consignó en fecha 13 de enero de 2016, ESCRITO DE OBSERVACIONES a los informes presentados por su contraparte, aduciendo que el actor está aceptando que efectivamente hay vicios en las citaciones de los codemandados y que no fueron advertidos por el tribunal de la causa; así mismo, reiteró la defensa de falta de legitimidad de su representado por no ser representante legal de la sociedad mercantil demandada, y además que nunca ha tenido relación comercial de ningún tipo con el demandante, y que solo hecho de tener la cualidad de socio o accionista no le da cualidad para ser demandado en el presente juicio; y por tanto, solicitó se declarara con lugar la presente apelación y en consecuencia la nulidad de la sentencia recurrida.
Así mismo, en fecha 13 de enero de 2016, compareció ante esta Alzada el abogado en ejercicio ALBERTO JOSÉ RIVAS SÁNCHEZ, en su carácter de apoderado judicial de los codemandados, sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO, C.A. y los ciudadanos NEREIDA LOURDES TESORERO de PIRELA y RAFAEL TOBÍAS PIRELA, a los fines de consignar ESCRITO DE OBSERVACIONES a los informes presentados por su contraparte, donde se observa que ratificó en todas y cada una de sus partes, tanto en los hechos como en cuanto al derechos, todos y cada uno de los argumentos invocados en el escrito de informes oportunamente presentado, e invocó la confesión judicial de la parte actora, aludiendo que espontánea y libremente, estableció la certeza de cómo ocurrieron los hechos en el proceso, lo que demuestra que la juzgadora de instancia, erró al no apreciar que se trataba de un litisconsorcio pasivo, y que para que tuviese lugar el acto de contestación a la demanda, debían estar citados todas las partes que han sido codemandadas en la causa.
VI
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.

El presente recurso se ajusta a impugnar la sentencia dictada en fecha 21 de octubre de 2015, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, a través de la cual se declaró CON LUGAR la demanda que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO incoara el ciudadano JOSÉ ALEXIS CORZO GUTIÉRREZ contra la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO, C.A., y los ciudadanos NEREIDA LOURDES TESORERO DE PIRELA, RAFAEL TOBÍAS PIRELA y RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO, todos ampliamente identificados en autos; y su vez, declaró la confesión ficta de la parte demandada y los condenó al pago de veinte millones de bolívares (Bs. 20.000.000,00) por concepto de daños y perjuicios más indexación o corrección monetaria.
Ahora bien, a los fines de emitir pronunciamiento respecto a la procedencia o no de los recursos interpuestos por los apoderados judiciales de los codemandados, quien aquí suscribe estima prudente precisar en primer lugar que el presente juicio fue interpuesto por el ciudadano JOSÉ ALEXIS CORSO GUTIÉRREZ, por cumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios; sosteniendo para ello que suscribió un contrato de obra con la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTOS MIRANDINO, C.A., para la construcción de un chalet tipo suizo en un lote de terreno de su propiedad, ubicado en el sector Santa Isabel, calle Santa Cecilia, Urbanización Club de Campoo, Municipio Carrizal del estado Miranda, debiendo desprenderse de su vivienda principal, la cual servía de asiento familiar, pero que en virtud de que la referida obra no avanzaba de acuerdo al tiempo señalado en el contrato de obra, aunado al compromiso de hacer entrega de su anterior vivienda, la ciudadana NEREIDA TESORERO DE PIRELA, en su carácter de directora presidenta de la sociedad mercantil prenombrada, indicó que haría entrega del chalet suizo en un lapso perentorio de noventa (90) días, situación ésta que lo obligó a entregar el inmueble anterior en abril de 2014, y a trasladarse junto con su grupo familiar a la obra a medio construir lo cual constituyó un riesgo temido al no reunir las condiciones mínimas de habitabilidad; así mismo, adujo que ante tales circunstancias acudió a solicitar los servicios del ingeniero civil Pedro Aguirre, quien concluyó que el proyecto diseñado por la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTOS MIRANDINO, C.A., se realizó para un terreno plano y no para un terreno con una alta pendiente como el proyecto Chalet Suizo, todo lo cual, lo conllevó a solicitar la suspensión de la obra por medio de una notificación a la contratista, y a tal efecto, demanda a la prenombrada sociedad mercantil conjuntamente con los ciudadanos NEREIDA LOURDES TESORERO DE PIRELA, RAFAEL TOBÍAS PIRELA y RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO, en su carácter de accionistas y propietarios de la misma, por cumplimiento de contrato e indemnización de los daños patrimoniales sufridos, estimados en la cantidad de veinte millones de bolívares (Bs. 20.000.000,00) más la respectiva indexación monetaria.
Por su parte, es de puntualizar que la representación judicial de la parte codemandada, ciudadano RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO procedió –en vez de contestar- a promover cuestiones previas fuera de su oportunidad legal; así mismo, el apoderado judicial de los codemandados, sociedad mercantil AISLAPANEL ALTOS MIRANDINO, C.A., y de los ciudadanos NEREIDA LOURDES TESORERO DE PIRELA y RAFAEL TOBÍAS PIRELA, consignaron el respectivo escrito de contestación a la demanda de manera extemporánea por tardía.
De este modo, planteada como quedó la controversia, en los términos antes señalados, esta Juzgadora, antes de proceder a pronunciarse sobre el fondo de lo debatido, pasa a examinar como PUNTOS PREVIOS, lo siguiente:

DE LA FALTA DE CUALIDAD.

Ahora bien, debe indicarse primeramente que, en doctrina reiterada por el Tribunal Supremo de Justicia, se constituye la obligación de los jueces superiores de pronunciarse sobre los alegatos o defensas expuestas en el escrito de informes o, en el de observaciones a los rendidos por la contraria que, aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso (Vid. Sent. Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, Exp. No. 2004-000705, N° 706 de fecha 28/10/2005; Exp. No. 2011-000584 de fecha 22/3/2012.
De este modo, en la oportunidad para presentar informes ante esta Alzada, el abogado en ejercicio JOSSUE GIGLIO RIVAS, en su carácter de apoderado judicial del codemandado, RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO, alegó en su enrevesado escrito –entre otras cosas- lo siguiente:
“(…) Resulta imperativo iniciar el presente escrito, aclarando la obvia situación de que mi poderdante, el ciudadano RAFAEL ANGEL PIRELA TESORERO, antes identificado, NO ES de forma alguna Representante Legal de la Empresa AISLAPANEL ALTOS MIRANDINOS C.A.”, por tanto nada tiene que ver con la presente causa (…) se puede concluir el primer y más grave error de la sentencia apelada en la cual se condena en juicio por concepto de unos daños y perjuicios a mi representado como persona naturales, por actuaciones realizadas por una persona jurídica totalmente distinta según los principios más básicos del derecho Mercantil (…) Otro aspecto a considerar según el Dr. HUNG VAILLANT en que las obligaciones contraídas por la persona jurídica no afectan directamente el patrimonio de los socios ni el de los asociados o de los fundadores de la fundación (…) Resulta claro entonces que mi representado en el caso de marras no es el Representante legal de la Empresa y su cualidad de accionista dentro de la misma no implica de manera alguna que deba responder personalmente por una demanda en contra de la Sociedad mercantil, en consecuencia mi patrocinado NO TIENE LEGITIMIDAD PARA SER DEMANDADO Y POR TANTO MAL PUEDE SER CONDENADO al pago de cantidad alguna por concepto de daños y perjuicios en el presente juicio, ni como representante legal ni como socio (…)” (Resaltado del texto).

Así mismo, en el lapso para presentar las respectivas observaciones a los informes de la contraparte, el prenombrado abogado alegó a su vez lo siguiente:
“(…) Hartamente se ha dicho ya a lo largo de esta causa que mi representado, RAFAEL ANGEL PIRELA TESORERO, no es el Representante Legal de la Empresa AISLAPANEL ALTOS MIRANDINOS C.A., y nunca tenido relación comercial de ningún tipo con el demandante, el solo hecho de tener cualidad de socio o accionista de la empresa no le da cualidad para ser demandado en este juicio (…) En consecuencia, se está condenando juicio a una persona natural distinta y ajena a la representación jurídica de la Sociedad de Comercio en cuestión, incurriéndose en otro vicio inexcusable por parte del sentenciador a quo (…)” (Resaltado añadido por esta Alzada).

De lo anterior, puede evidenciarse que la representación de la parte codemandada confunde los conceptos de “falta de cualidad” e “ilegitimidad de la persona citada como representante del demandado”; en tal sentido, es importante aclarar que la primera de las figuras mencionadas desde el punto de vista procesal, expresa una relación de identidad lógica entre la persona del actor y aquella a quien la ley le concede la acción (cualidad activa), y entre la persona del demandado y aquella contra quien la acción es concedida (cualidad pasiva), siendo una condición de admisibilidad de la pretensión que debe ser alegada como una defensa de fondo, para ser resuelta en la sentencia de mérito de acuerdo con lo establecido en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, de cuyo contenido se desprende que “Junto con las defensas invocadas por el demandado en la contestación podrá éste hacer valer la falta de cualidad o la falta de interés en el actor o en el demandado para intentar o sostener el juicio (…)”.
Por otra parte, la ilegitimidad de la persona citada como representante del demandado, comprende un presupuesto procesal cuyo defecto debe ser alegado como una cuestión previa conforme a lo previsto en el ordinal 4º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no tiene el carácter que se le atribuye, es decir, que la persona emplazada a fin de dar contestación a la demanda para ejercer una adecuada defensa conforme a los enunciados de orden constitucional, no se corresponden con quien o quienes realmente deben comparecer al juicio.
Ahora bien, aclarado lo anterior y luego de la revisión exhaustiva al escrito de informes presentado por la representación judicial del codemandado, RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO, se observa que el prenombrado opone –de manera confusa- la falta de cualidad de su defendido para sostener el presente juicio en virtud de no ser responsablemente solidariamente con la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO, C.A. –parte codemandada-. Así las cosas, a los fines de pronunciarse respecto a la defensa alegada, quien aquí decide, bajo la facultad del Juez como director del proceso, de analizar no sólo lo alegado y probado por las partes durante el iter procesal, sino también bajo la potestad de revisar minuciosamente los denominados presupuestos procesales; y en virtud que, no es potestativo de los juzgadores subvertir las reglas con que el Legislador ha revestido la tramitación de los juicios, pues su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público, consecuentemente, esta Sentenciadora estima prudente revisar de oficio si los ciudadanos NEREIDA LOURDES TESORERO DE PIRELA y RAFAEL TOBÍAS PIRELA–aquí codemandados-, detentan cualidad para sostener el presente juicio, siendo que, tal revisión de oficio se realiza con apego a los criterios expuestos por la Sala de Casación Civil y Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Vd. SC 06/12/2005, expediente No. 04-2584; SC 22/6/2008, expediente No. 07-0588; SC 28/4/2009, expediente No. 07-1674; SCC 20/6/2011, sentencia No. 258, SC 7/4/2015, expediente No. 13-0406; SCC 2/6/2015, expediente Nº 2015-000022; SCC 11/8/2015, expediente Nº 000211).
Ahora bien, con apego a las afirmaciones supra realizadas y adentrándonos a las circunstancias propias del caso de marras, quien aquí suscribe estima prudente precisar el contenido de los artículos 1.221 y 1.223 del Código Civil, referente a la materia de obligaciones solidarias, los cuales son del siguiente tenor:
“Artículo 1.221: La obligación es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de modo que cada uno pueda ser constreñido al pago por la totalidad, y que el pago hecho por uno solo de ellos liberte a los otros, o cuando varios acreedores tienen el derecho de exigir cada uno de ellos el pago total de la acreencia y que el pago hecho a uno solo de ellos liberte al deudor para con todos.
Artículo 1.223: No hay solidaridad entre acreedores ni deudores, sino en virtud de pacto expreso o disposición de la Ley.” (Negritas de la Alzada).
De acuerdo con la premisa contenida en la norma transcrita el pacto de solidaridad entre acreedores, es expreso o legal; entonces no puede extraerse tal interpretación por deducción o descarte, pues la solidaridad debe ser expresamente declarada. No hay solidaridad tácita o sobrentendida (Vid. Sent Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 19/8/2004, Exp.- No.03-7171).
Así mismo, el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, estatuye: “Podrán varias personas demandar o ser demandadas conjuntamente como litisconsortes...”La expresión "podrán", utilizada por el legislador, e interpretada dentro del marco legal instituido en el artículo 23 eiusdem, configura una voluntad potestativa de las partes, como elemento indiscutible de la figura procesal en estudio, o sea del litis consorcio pasivo o activo, de manera que no puede establecerse o generalizarse el carácter imperativo de esta figura procesal, salvo para los casos de pacto expreso o legal(Vid. Sent Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 26/4/2000, Exp.- No.99-418).
Aunado a ello, es de puntualizar que atendiendo al principio de autonomía de la voluntad, las sociedades mercantiles (compañías anónimas), una vez cumplidos los requisitos y trámites para su constitución establecidos en la ley, adquieren personalidad jurídica distinta a las de sus accionistas, es decir, las personas naturales que conforman el sustrato personal de éstas, se obligan sólo respecto del monto aportado como capital accionario, además de ser los órganos de expresión de la voluntad de aquellas, mediante la asamblea de accionistas, bien sea ordinaria o extraordinaria. Esta expresión de voluntad manifestada por las personas naturales de las personas jurídicas, no es la manifestación personal de la primera, sino de la sociedad mercantil, la cual es administrada por uno o más administradores temporales, revocables, socios o no socios, quienes no contraen por razón de su administración ninguna obligación personal por los negocios celebrados por la compañía, salvo en el caso de transgresión de sus estatutos sociales por la realización de operaciones distintas a su objeto, en cuyo caso serán responsables personalmente de conformidad con lo establecidos en los artículos 201 ordinal 3°, 242 y 243 del Código de Comercio.
Así las cosas, del libelo de demanda se desprende que el actor demanda a la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO, C.A., representada por sus directores, NEREIDA LOURDES TESORERO DE PIRELA y RAFAEL TOBÍAS PIRELA; y a su vez, demanda de manera “conjunta y solidaria” y como personas naturales, a los prenombrados y al ciudadano RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO –accionistas de la referida sociedad mercantil-, todo lo cual infiere en primer lugar la existencia de un litisconsorcio pasivo en una causa que se presenta como un conflicto de intereses de carácter eminentemente civil. Ahora bien, el demandante pretende el cumplimiento de un contrato de obra más la indemnización por daños y perjuicios, suscrito entre su persona y la sociedad mercantil demandada, tal y como efectivamente se desprende del CONTRATO DE OBRAS CON PROYECTO Y PERMISOS REQUERIDOS inserto al folio 56-61 de la I pieza del expediente, consignado conjuntamente con el libelo y como documento fundamental de la misma.
No obstante a ello, de la revisión al contenido del aludido contrato cuyo cumplimiento se persigue, se desprenden obligaciones contraídas únicamente entre el ciudadano JOSÉ ALEXIS CORZO GUTIÉRREZ y la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO, C.A.; por lo que en atención a la premisa contenida en el artículo 1.223 del Código Civil –anteriormente transcrita-, no fue pactado de forma expresa la responsabilidad solidaria de los codemandados, NEREIDA LOURDES TESORERO DE PIRELA, RAFAEL TOBÍAS PIRELA y RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO; aunado a ello, de la lectura al ACTA CONSTITUTIVO y ESTATUTOS SOCIALES de la referida sociedad mercantil (inserto al folio 50-55, I pieza), no se desprende de su conformación jurídica, una cláusula que expresamente configure la previsión legislativa comentada, así como la ley tampoco lo preceptúa.
En tal sentido, bajo el conocimiento de que la compañía anónima es aquella en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado y en la que los socios no están obligados sino por el monto de su acción, se debe priorizar que si bien es cierto la obligación o responsabilidad de los socios es en razón del aporte que estos hacen, dicha responsabilidad no existe frente a terceros sino con respecto a la compañía anónima, es decir que, con relación a los terceros el único responsable de las obligaciones sociales es la sociedad, lo cual sería un error ver la responsabilidad de los socios de otra manera por cuanto cesaría de forma absoluta la concepción y el motivo por el cual fueron creadas las compañías anónimas, las cuales cuentan con personalidad jurídica propia y por tanto gozan de obligaciones y derechos.- Así se precisa.
En consecuencia, aplicando todo lo expuesto al caso de autos, en los términos señalados precedentemente, considera quien decide que, si bien es cierto el ciudadano JOSÉ ALEXIS CORZO GUTIÉRREZ –parte demandante- y la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO, C.A. –codemandada-, suscribieron el contrato de obra cuyo cumplimiento se demandada, no es menos cierto que de los autos no quedó demostrado pacto o convención alguno que demostrare la existencia de una obligación conjunta o solidaria con respecto a las obligaciones de la referida sociedad mercantil, por lo que los ciudadanos NEREIDA LOURDES TESORERO DE PIRELA, RAFAEL TOBÍAS PIRELA y RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO, si bien son accionistas de la misma, esto no los hace susceptibles para responder con su patrimonio propio y de manera personal –como erradamente lo determina la juzgadora a quo-; por lo que consecuentemente, resulta forzoso para esta Alzada, declarar CON LUGAR la FALTA DE CUALIDAD alegada por el apoderado judicial del codemandado, RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO, así como la de los ciudadanos NEREIDA LOURDES TESORERO DE PIRELA y RAFAEL TOBÍAS PIRELA, verificado de oficio por este Juzgado Superior, para sostener el presente juicio a título personal puesto que como se indicó, la personalidad jurídica de la sociedad demandada, es distinta a las de sus accionistas.- Así se decide.

DE LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA.

En la oportunidad para presentar escrito de informes ante esta Alzada, la representación judicial de los codemandados, sociedad mercantil AISLAPANEL ALTOS MIRANDINOS, C.A., y de los ciudadanos NEREIDA LOURDES TESORERO DE PIRELA y RAFAEL TOBÍAS PIRELA, solicitaron la reposición de la causa al estado de citación de todos los codemandados, o en su defecto al estado de dar contestación a la demanda, aduciendo para ello que de los autos se evidencia que de conformidad con lo previsto en el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, el lapso de sesenta (60) días contados a partir de la primera citación, a saber, del ciudadano RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO, la cual fue realizada el 17 de abril de 2015 y quedó constancia en el expediente en fecha 20 de abril del mismo año, hasta el día 16 de julio de 2015, fue superados en creces, sin que el demandante cumpliera con las obligaciones adicionales que le impone la referida norma, referente a solicitar nuevamente la citación de todos los codemandados; así mismo, alegó que la citación a la sociedad mercantil debió regirse de conformidad con lo previsto en los artículos 1.098 y 1.097 del Código de Comercio venezolano, por adecuarse a la especialidad de la materia, lo cual –a su decir- no se realizó.
Ahora bien, ante tales circunstancias delatadas, quien aquí suscribe estima pertinente pasar a realizar las siguientes consideraciones:
Con respecto a la reposición de la causa reiteradamente se ha indicado que solamente es posible cuando haya menoscabo al derecho de defensa y al debido proceso, o se haya violentado el orden público, siempre y cuando dichas fallas no puedan ser subsanadas de otra forma, lo que permite colegir que tal reposición debe decretarse exclusivamente cuando esta persiga una finalidad útil, pues de no ser así, se estarían violentando los mismos derechos que presuntamente se deben proteger cuando se acuerda. (Vid. Sent. S.C.C. de fecha: 12-06-13, caso: Laboratorio de Análisis Clínicos Vista Alegre, C.A., contra Clínica Vista Alegre, C.A.).
De este modo, a fin de verificar lo alegado por la parte demandada es menester descender a las actas del expediente, y realizar una relación sucinta de eventos procesales sucedidos, observándose a tal efecto lo siguiente:
1. En fecha 4 de marzo de 2015, fue incoada la demanda por cumplimiento de contrato e indemnización de daños materiales, recibida en fecha 9 de marzo de 2015, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial, previa distribución.
2. En fecha 17 de marzo de 2015, el apoderado judicial de la parte actora consignó escrito de reforma a la demanda por “incumplimiento de contrato” e indemnización de daños materiales; debidamente admitido por el tribunal de la causa mediante auto de fecha 18 de marzo del mismo año.
3. En fecha 24 de marzo de 2015, el apoderado judicial de la parte actora consignó escrito de reforma a la demanda por cumplimiento de contrato e indemnización de daños patrimoniales; debidamente admitido por el tribunal de la causa mediante auto de fecha 26 de marzo del mismo año.
4. En fecha 20 de abril de 2015, el alguacil del tribunal de la causa, consignó diligencia mediante el cual manifestó que al dirigirse a la dirección de la parte demandada a los fines de practicar la citación respectiva, a los ciudadanos NEREIDA TESORERO DE PIRELA y RAFEL TOBIAS PIRELA, así como a la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTOS MIRANDINOS, C.A., los mismos no se encontraban para ese momento por lo que se reservó las compulsas en cuestión.
5. En fecha 20 de abril de 2015, el alguacil del tribunal de la causa, consignó diligencia mediante el cual manifestó haber practicado la citación personal del ciudadano RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO, en su carácter de codemandado, quien firmó el respectivo recibo de la misma.
6. En fecha 22 de abril de 2015, el alguacil del tribunal de la causa, consignó diligencia mediante el cual manifestó que al dirigirse a la dirección de la parte demandada a los fines de practicar la citación respectiva, a los ciudadanos NEREIDA TESORERO DE PIRELA y RAFAEL TOBÍAS PIRELA, así como a la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTOS MIRANDINOS, C.A., los mismos no se encontraban para ese momento por lo que consignó las compulsas en cuestión sin firmar.
7. En fecha 5 de mayo de 2015, la parte actora solicitó la citación por carteles de la parte demandada de conformidad con el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil; lo cual fue debidamente ordenado por el tribunal de la causa mediante auto de fecha 6 de marzo del mismo año.
8. En fecha 18 de mayo de 2015, se consignaron a los autos los carteles de citación de la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTOS MIRANDINOS, C.A., y de los ciudadanos NEREIDA TESORERO DE PIRELA y RAFAEL TOBÍAS PIRELA, debidamente practicados en fecha 13 de mayo de 2015 en el diario “Últimas Noticias”, y en fecha 17 de mayo de 2015 en el diario “El Avance”.
9. En fecha 19 de mayo de 2015, la parte actora solicitó la fijación de cartel de citación en la morada de la parte demandada; la cual, en fecha 25 de mayo del mismo año, el secretario ad-hoc del tribunal de la causa, dejó constancia en autos haber practicado la misma.
10. En fecha 17 de junio de 2015, la parte actora solicitó la designación de defensor judicial, nombrándose a tal efecto, a la abogada Rebecca Borges, quien fue debidamente notificada en fecha 1º de julio de 2015.
11. En fecha 6 de julio de 2015, la parte actora solicitó la citación de la defensor ad litem, y que sean libradas las respectivas compulsas.
12. En fecha 16 de julio de 2015, el alguacil del tribunal consignó la boleta de citación firmada por la defensora ad litem.
13. El 20 de julio de 2015, la representación judicial de la parte actora consignó escrito de solicitud de reposición de la causa al estado de citación de los demandados; lo cual fue negado mediante auto de fecha 23 de julio de 2015.
14. En fecha 4 de agosto de 2015, la representación judicial de los ciudadanos NEREIDA TESORERO DE PIRELA y RAFAEL TOBÍAS PIRELA, y de la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTOS MIRANDINOS, C.A., presenta poder otorgado a los abogados ALBERTO JOSÉ RIVAS ACUÑA, REYNA SÁNCHEZ de RIVAS, ALBERTO JOSÉ RIVAS SÁNCHEZ, NAUDY SÁNCHEZ DÍAZ, MANUEL IGNACIO RIVAS ACUÑA y JOSÉ MANUEL RIVAS MÁRQUEZ, y en dicha fecha expresamente se da por citado.
15. En fecha 21 de septiembre de 2015, el apoderado judicial del codemandado, RAFAEL ÁNGEL PIRELA, promovió cuestiones previas.
16. En fecha 21 de septiembre de 2015, fue presentado el escrito de contestación a la demanda por el apoderado judicial de los codemandados, NEREIDA TESORERO DE PIRELA y RAFAEL TOBÍAS PIRELA, y de la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTOS MIRANDINOS, C.A.
17. En fecha 6 y 9 de octubre de 2015, el apoderado judicial del codemandado, RAFAEL ÁNGEL PIRELA, así como el apoderado de la parte demandante, respectivamente, consignaron escrito de pruebas de conformidad con el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil.
18. En fecha 14 de octubre de 2015, el apoderado judicial del codemandado, RAFAEL ÁNGEL PIRELA, consignó escrito de conclusiones.
19. En fecha 21 de octubre de 2015, fue dictada la sentencia recurrida mediante la cual se declaró la confesión ficta de la parte demandada.

Así las cosas, con vista a las actuaciones que anteceden, este tribunal considera pertinente traer a colación el artículo señalado por la parte demandada en su escrito de informes, a saber, el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, el cual textualmente previene lo siguiente:

Artículo 228.- “Cuando sean varias las personas que deben ser citadas y el resultado de todas las citaciones no constare en el expediente por lo menos dos días antes del vencimiento del lapso de comparecencia, el acto de contestación de la demanda quedará diferido y el Tribunal fijará el lapso dentro del cual deberá darse la contestación. Esta fijación no podrá exceder del lapso ordinario a que se refiere el artículo 359 ni será menor de diez (10) días.
En todo caso, si transcurrieren más de sesenta días entre la primera y la última de la citación, las practicadas quedarán sin efecto y el procedimiento se suspenderá hasta que el demandante solicite nuevamente la citación de todos los demandados. Si hubiere citación por carteles, bastará que la primera publicación haya sido hecha dentro del lapso indicado.”. (Resaltado de este Juzgado Superior).

De la norma comentada antes transcrita, se puede colegir que nuestro legislador establece que cuando en una demanda existieran varios demandados, si transcurren más de sesenta (60) días entre una citación y la última de las citaciones acordadas, el procedimiento se suspenderá hasta que la demandante solicite nuevamente la citación de todos los codemandados. La naturaleza de esta norma es la de una garantía que permite la pronta integración de la litis con todos los sujetos llamados a intervenir, protegiéndose a los sujetos ya citados de posibles incertidumbres acerca del momento en que debe proceder a la contestación, de ésta forma se compulsa a la parte demandante a solventar la situación de esos demandados trayendo al proceso a sus colitigantes, lo antes posible, de manera que la litis quede instaurada en forma segura para todos.
Así, se aprecia en el caso analizado y de las actuaciones procesales antes descritas, que la primera citación realizada fue en la persona del codemandado RAFAEL ÁNGEL PIRELA, el día 17 de abril de 2015, siendo consignada en autos mediante diligencia suscrita por el alguacil del tribunal de la causa, en fecha 20 de abril de 2015, a través de la cual consignó el recibo de citación por dicho codemandado, debidamente firmado en señal de haber sido citado. Se observa así mismo, que en fecha 13 de mayo de 2015, se realizó la primera publicación en el diario “Últimas Noticias” del cartel de citación librado a los codemandados NEREIDA TESORERO DE PIRELA y RAFAEL TOBÍAS PIRELA, y de la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTOS MIRANDINO, C.A.; y la segunda publicación fue efectuada en el diario “El Avance” en fecha 17 de mayo de 2015, los cuales fueron consignados en el expediente el día 18 de mayo de 2015. Por último, se aprecia que el día 25 de mayo de 2015, el secretario ad hoc del a quo dejó constancia en el expediente de haber fijado el cartel de citación en la morada de los prenombrados codemandados, con lo cual se había dado cumplimiento a lo pautado en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, aun cuando el referido artículo 228 del Código de Procedimiento Civil previene un lapso prudencial de sesenta (60) días para la realización de todas las citaciones en un proceso determinado, cuando sean varias las personas que hayan de ser citadas, el cual no puede ser disminuido o extendido, ya que ese es el lapso que el legislador consideró prudente bajo el principio de la razonabilidad del mismo; es de destacar además que conforme al último aparte del mencionado artículo expresamente se indica que “…si hubiere citación por carteles, bastará que la primera publicación haya sido hecha dentro del lapso indicado…”. En tal sentido, como quiera que en el presente caso, se inició mediante libelo de demanda donde se solicitó la citación de un presunto litisconsorcio pasivo conformado por la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTOS MIRANDINO, C.A. –como persona jurídica-, así como por los ciudadanos NEREIDA TESORERO DE PIRELA, RAFAEL TOBÍAS PIRELA y RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO –como personas naturales y en su supuesto carácter de responsables solidarios-, observándose –como ya se dijo- que la primera citación practicada, se realizó de manera personal al ciudadano RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO, de lo cual dejó constancia el día 20 de abril de 2015, el alguacil del tribunal de la causa; y con respecto a la citación del resto de los codemandados, por cuanto no fue posible lograr la misma de manera personal, fue acordada la citación por carteles, prevista en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, la cual como se dijo, consta en autos su realización con fecha 13 de mayo de 2015, la primera de ellas, y el 17 de mayo del mismo año la segunda, procediendo a ser consignadas en autos el 18 de mayo de 2015; y por último, el día 25 de mayo de 2015, el secretario ad hoc del a quo, dejó constancia de haber fijado el cartel de citación en la morada de los codemandados.
En tal sentido, como quiera que tres (3) de las citaciones efectuadas fueron acordadas por carteles, a criterio de quien aquí sentencia, en este caso concreto, aplica el último supuesto previsto en el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido que, basta con que la primera publicación haya sido hecha dentro de los sesenta (60) días previstos en la norma comentada. En ese sentido de un simple cómputo de los días continuos transcurridos entre la primera citación realizada de manera persona en fecha 20 de abril de 2015, al codemandado RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO; y la primera publicación del cartel de citación librado a los codemandados NEREIDA TESORERO DE PIRELA, RAFAEL TOBÍAS PIRELA, RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO y sociedad mercantil AISLAPANEL ALTOS MIRANDINO, C.A., de fecha 13 de mayo de 2015, se infiere que, no había transcurrido el lapso de sesenta (60) días contemplado en el referido artículo, ya que solo habían veintitrés (23) días continuos entre una fecha y otra, por lo que es forzoso concluir para este Juzgado Superior que no resulta ajustado a derecho, ordenar la reposición de la causa bajo los fundamentos alegados por la parte demandada, al no evidenciarse que la primera citación realizada de manera personal haya caducado de conformidad con el artículo tantas veces mencionado; por consiguiente, se NIEGA dicha solicitud al no haberse violentado el debido proceso de rango constitucional y el derecho de defensa de los colitigantes pasivos.- Así se decide.
Seguidamente, ante el alegato efectuado por la parte demandada de que la citación a la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO, C.A. -codemandada-, debió regirse de conformidad con lo previsto en los artículos 1.098 y 1.097 del Código de Comercio venezolano, por adecuarse –a su decir- a la especialidad de la materia; este Juzgado Superior procede a realizar las siguientes consideraciones:
Los artículos 138 del Código de Procedimiento Civil y 1.098 del Código de Comercio, textualmente disponen:
“Artículo 138. Las personas jurídicas estarán en juicio por medio de sus representantes según la ley, sus estatutos o sus contratos. Si fueren varias las personas investidas de su representación en juicio, la citación se podrá hacer en la persona de cualquiera de ellas”.
“Artículo 1.098. La citación de una compañía se hará en la persona de cualquiera de sus funcionarios investidos de su representación en juicio.
Las acciones por créditos privilegiados sobre la nave, en los términos del artículo 615, pueden intentarse contra el capitán”.

Así las cosas, se observa en primer término, que si bien el apoderado judicial de la parte codemandada, NEREIDA TESORERO DE PIRELA, RAFAEL TOBÍAS PIRELA y sociedad mercantil AISLAPANEL ALTOS MIRANDINO, C.A., delata que la citación de la referida persona jurídica no se realizó conforme a lo previsto en el artículo 1.098 del Código de Comercio, lo efectúo sin relaciones alguna con las actuaciones procesales cursantes en el presente expediente, de las cuales pudiere si quiere inferirse que el tribunal de la causa violentó el contenido de dicha normativa, siendo tales carencias motivos suficientes para que esta Alzada procediera a desechar de plano la presente defensa, por lo menos en lo que al aludido artículo 1.098 se refiere, más aún, cuando la argumentación de la misma versa sobre una presunta falta de cumplimiento por parte del demandante en solicitar nuevamente la citación de todos los codemandados en atención a lo establecido en el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil; sin embargo, en el caso particular, atendiendo a los postulados plasmados en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Juzgadora a los fines de determinar la pretensión de la parte codemandada, en cuanto al referido alegato procede a revisar la citación realizada a la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO, C.A., y a tal efecto, se desciende a las actas del expediente, de las cuales se evidencia lo siguiente:
* En la última reforma de demanda, la parte actora dejó expresa constancia que demanda por cumplimiento de contrato a la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO, C.A., en la persona de sus representantes legales, ciudadanos NEREIDA LOURDES TESORERO DE PIRELA y RAFAEL TOBÍAS PIRELA, aportando a tal efecto su dirección.
* Así mismo, mediante ACTA CONSTITUTIVA de la referida sociedad mercantil debidamente protocolizada ante el Registro Mercantil Tercero del Distrito Capital y estado Bolivariano de Miranda, bajo el No. 26, Tomo 112-A, de fecha 20 de septiembre de 2013 (inserta a los folios 50-55, I pieza), se evidencia que en la cláusula décima séptima y vigésima segunda se previno que “…DÉCIMA SÉPTIMA: los Directores actuando en forma conjunta o separada tendrán a su cargo (…) 3) Representar legalmente a la compañía ante terceros, autoridades civiles, administrativas y judiciales (…) VIGÉSIMA SEGUNDA: (…) se designa para ocupar el cargo de DIRECTORES a los ciudadanos, NEREIDA LOURDES TESORERO DE PIRELA y RAFAEL TOBIAS PIRELA (…)”; con ello, queda evidenciado las facultades de representación otorgadas en el acta constitutiva-estatutaria de la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO, C.A., a los ciudadanos, NEREIDA LOURDES TESORERO DE PIRELA y RAFAEL TOBIAS PIRELA.
* Así las cosas, de las actas procesales se observa que la parte actora señaló quienes eran los representantes de la sociedad mercantil demandada, y el tribunal de la causa ordenó la citación personal de éstos, la cual no fue lograda mediante constancia dejada en autos por el alguacil del juzgado a quo quien se trasladó en par de oportunidades a la dirección aportada y no encontrándose los mismos. Como bien se sabe esta citación personal consagrada en el artículo 218 de la ley adjetiva, es una formalidad necesaria para la validez del juicio, ya que pone en conocimiento al demandado que contra él se ha incoado una pretensión procesal, y debe acudir a los órganos jurisdiccionales, para el ejercicio del derecho a la defensa mediante la contestación de la demanda, en este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado que esta norma anteriormente señalada, consagra el principio según el cual no se puede conocer y decidir en un juicio sino después de haber notificado de la demanda a la parte contra quien se procede, a fin de hacerla conocer y de que pueda así ocurrir oportunamente a defenderse.
En este sentido, al no haberse efectuado la citación personal de los representantes de la sociedad mercantil, se procedió –previa solicitud del demandante- a la citación por carteles; seguidamente al haberse verificado por tanto que los representantes legales o estatutarios de la sociedad mercantil demandada no comparecieron en su oportunidad ante el tribunal de la causa, y al haberse agotado por tanto los preceptos de los artículos 138, 215, 218 y 223 del Código de Procedimiento Civil, en relación a los artículos 243 y 1.098 del Código de Comercio, que nos indican que las personas jurídicas estarán en juicio por medio de sus representantes legales, estatutarios o lo que establezcan sus contratos, y en materia mercantil cuando se demandan sociedades anónimas la citación se hará en la persona investida de representación en juicio, y siendo la citación un acto comunicacional por excelencia en el proceso de carácter complejo y mediante el cual se emplaza al demandado para que conteste la demanda y ejerza el derecho a la defensa consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el a quo procedió –previa solicitud del demandante- a la designación de un defensor ad litem a los fines de garantizar el derecho a la defensa de la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO, C.A.
En consecuencia, al no haberse verificado en autos que la citación a la prenombrada persona jurídica fuere realizada en contravención a los artículos antes señalados, sino por el contrario, se garantizó en todo momento las formalidades que revisten esta figura, es por lo que esta Juzgadora DESECHA el alegato esgrimido por el apoderado judicial de los codemandados, NEREIDA TESORERO DE PIRELA, RAFAEL TOBÍAS PIRELA, y sociedad mercantil AISLAPANEL ALTOS MIRANDINO, C.A., referente al incumplimiento de los formulismos previsto para la citación de una persona jurídica.- Así se decide.
Resuelto lo anterior, quien aquí suscribe pasa de seguidas a verificar la procedencia o no de la CONFESIÓN FICTA declarada por el tribunal de la causa, razón por la que considera prudente pasar a transcribir lo previsto en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, pues dicha disposición legal dispone lo siguiente:
Artículo 362.- “Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. En todo caso, a los fines de la apelación se dejará transcurrir íntegramente el mencionado lapso de ocho días si la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento.” (Resaltado de esta Alzada)

Es el caso que, dicha presunción de confesión rebatible lógicamente en el ámbito probatorio, es doctrinalmente justificable por la consideración de que si es necesario para el actor acudir ante los organismos judiciales a plantear su pretensión, le es a su vez exigible al demandado su comparecencia a atender tal reclamación; de allí, que la inasistencia del accionado a la contestación de la demanda o su comparecencia tardía al mismo (extemporánea), trae como consecuencia que se declare la confesión ficta, que por su naturaleza es una presunción iuris tantum que se comporta como una aceptación de los hechos expuestos en el escrito de la demanda, siempre y cuando la pretensión intentada no sea contraria a derecho, por una parte, y por la otra, que nada probare el demandado que le favorezca, ni aparecieren desvirtuados las pretensiones del accionante por ninguno de los elementos del proceso, ya que puede en el lapso probatorio el accionado lograr con los medio de prueba admisibles en la Ley, enervar la acción del demandante.
Dicho lo anterior, debe pasar a revisarse si en el caso de marras se reúnen o no los extremos requeridos para la procedencia de la figura en cuestión, a saber: 1.- Que el demandado no diese contestación a la demanda, 2.- Que la pretensión no sea contraria a derecho, y 3.- Que el demandado nada probare que le favorezca durante el proceso; en tal sentido y con respecto al primer requisito, quien aquí suscribe partiendo de los eventos procesales anteriormente transcritos se constata que:
1. En fecha 16 de julio de 2015, el alguacil del tribunal consignó la boleta de citación firmada por la defensora ad litem.
2. En fecha 21 de septiembre de 2015, el apoderado judicial del codemandado, RAFAEL ÁNGEL PIRELA, promovió cuestiones previas.
3. En fecha 21 de septiembre de 2015, fue presentado el escrito de contestación a la demanda por el apoderado judicial de los codemandados, NEREIDA TESORERO DE PIRELA y RAFAEL TOBÍAS PIRELA, y de la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTOS MIRANDINO, C.A.
4. En fecha 6 y 9 de octubre de 2015, el apoderado judicial del codemandado, RAFAEL ÁNGEL PIRELA, así como el apoderado de la parte demandante, respectivamente, consignaron escrito de pruebas de conformidad con el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, de la revisión al presente expediente se evidencia que corre inserto a los folios 126 y 127 de la pieza III pieza, cómputo de los días de despacho transcurridos desde el día 16 de julio de 2015, hasta el 13 de octubre de 2015, emanado del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, el cual indica:
“(…) Que desde el día 16 de julio de 2015, (exclusive), hasta el día 18 de septiembre de 2015 (inclusive), transcurrieron en este Tribunal los siguientes días de despacho: 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30 y 31 de julio de 2015; 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13 y 14 de agosto de 2015; y 16, 17 y 18 de septiembre de 2015, y desde el día 18 de Septiembre (sic) de 2015 (exclusive) hasta el día 13 de Octubre (sic) de 2015, (inclusive), transcurrieron los siguientes días de despacho: 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 y 30 de septiembre de 2015; 01, 02, 05, 06, 08, 09 y 13 de octubre de 2015 (…)”.

Del anterior cómputo emitido por el a quo, desde el 16 de julio de 2015(exclusive), hasta 18 de septiembre de 2015 (inclusive), lapso previsto para que tuviera la oportunidad de contestar la demanda, constados a partir de la consignación del alguacil del tribunal de la causa de la boleta de citación firmada por el defensor ad litem (16 de julio de 2015); se evidencia de las actas del expediente que la oposición de cuestión previas por parte del codemandado RAFAEL ÁNGEL PIRELA, así como la contestación de la demanda de los codemandados, NEREIDA TESORERO DE PIRELA y RAFAEL TOBÍAS PIRELA, y de la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTOS MIRANDINO, C.A., fueron presentados en fecha 21 de septiembre de 2015, resulta a todas luces extemporánea por tardía, por cuanto el lapso para tal acto culminó el 18 de septiembre de 2015. En tal sentido, en vista de que la parte demandada no compareció ante el tribunal de la causa a contestar la demanda intentada en su contra, dentro de su oportunidad legal, es razón por la que se cumple con el primer requisito para la procedencia de la confesión ficta.- Así se precisa.
En cuanto al segundo requisito referido a que la petición del demandante no sea contraria a derecho, observa quien aquí decide que la accionante pretende el cumplimiento de un contrato de obra y la indemnización de daños patrimoniales, lo cual lejos de estar prohibido por la Ley, se encuentra expresamente consagrado en nuestro ordenamiento jurídico. Así mismo, partiendo de las actas que conforman el presente expediente se evidencia que:
* El ciudadano JOSÉ ALEXIS CORZO GUTIÉRREZ –parte demandante- alegó en su libelo de demanda que la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO, C.A. –parte codemandada- incumplió con la entrega de la obra que había sido contratada en el lapso convenido, aunado a que la construcción de la misma fue ejecutada –a su decir- por personas sin experiencia alguna en el tipo de proyecto solicitado, puesto que la misma presenta demasiadas fallas. De este modo, se evidencia que el prenombrado en su condición de propietario y la referida sociedad mercantil en su carácter de constructora, suscribieron en fecha 20 de agosto de 2015, un contrato de obra privado, de cuyo contenido se desprende que: “(…) TERCERA: “EL CONSTRUCTOR” se obligará a edificar Una (sic) casa-quinta tipo Chalet Suizo en estructura metálica (…)elevando estructura en terreno pendiente hasta llegar a nivel de vialidad existente para elevar en el tres Niveles (sic) de Vivienda (sic) para ser entregada terminada, en obra gris (…) CUARTA: El precio de esta construcción es por la cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS (sic) MIL BOLÍVARES (Bs. 826.800,oo) bolívares cantidad que se pagará así: (…) el restando siendo la cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 138.400,00) correspondiente al Dieciséis (sic) como Setenta (sic) y Tres (sic) por ciento (16,73%) cuando sea entregada la casa – quinta, tipo Chalet Suizo, estimada la entrega para la segunda quincena del mes de Febrero (sic) de 2014 (…) DÉCIMA TERCERA: Si “EL CONSTRUCTOR” incumpliere con las cláusulas que anteceden y no llevare a cabo la obra a satisfacción del “EL PROPIETARIO” y su ingeniero, o incumpliese con las otras obligaciones contraídas en este Contrato (sic), “EL PROPIETARIO” puede demandar la resolución del mismo y reclamar daños y perjuicios conforme al Código Civil vigente (…)”. Es el caso que, los contratantes convinieron en que la culminación de dicha obra sería para la segunda quincena del mes de febrero de 2014, y que si la contratista incumpliere con alguna de las cláusulas contenidas en el contrato de obra en cuestión, y por consiguiente no llevare a cabo la misma a satisfacción del contratante, daría la posibilidad a éste de demandar le resolución del contrato más los daños y perjuicios sufridos.- Así se precisa.
*De este modo el contrato constituye una especie de convención, puesto que involucra el concurso de las voluntades de dos o más personas conjugadas para la realización de un determinado efecto jurídico, que puede consistir en la creación, regulación, transmisión, modificación o extinción de un vínculo jurídico, de allí que el contrato regula relaciones o vínculos jurídicos de carácter patrimonial, susceptibles de ser valorados desde un punto de vista económico; produce efectos obligatorios para todas las partes, es fuente de obligaciones. Así pues, considera este tribunal superior, que en el caso de marras nos encontramos frente a una acción de cumplimiento de contrato de obra el cual quedó reconocido por la parte demandada por haber quedado confesa, en la cual debe considerarse que ha habido manifestación del consentimiento de ambas partes, por lo que corresponde a los demandados dar cumplimiento a lo convenido en las cláusulas del mismo.- Así se precisa.
* Así mismo, la parte actora solicitó el pago de la cantidad de veinte millones de bolívares (Bs. 20.000.000,00) por concepto de daños patrimoniales sufridos al tenerse que trasladar a la obra a medio construir, sin las condiciones mínimas de habitabilidad, por no haber sido culminada en el tiempo convenido por la parte demandada, entendiéndose tal solicitud como indemnización por daños y perjuicios de origen contractual; consecuentemente, si bien de conformidad con el artículo 1.167 del Código Civil, que dispone: “En un contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos, si hubiere lugar a ello” (Resaltado de esta Alzada), dicha solicitud puede ciertamente ser efectuada a raíz de un incumplimiento por alguna de las partes contratantes, debe puntualizarse que para la procedencia de la misma, le correspondería al actor probar los requisitos necesarios, a saber, el incumplimiento de la obligación, la culpa y la relación de causalidad entre el acto culposo y el perjuicio ocasionado. Sin embargo, este Juzgado Superior debe presumir por cierto la referida estimación de los daños y perjuicios sufridos, por ser un hecho que no fue contradicho por la parte codemandada, sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO, C.A., tal y como quedó demostrado ut supra al evidenciarse que ésta no dio contestación a la demanda dentro de su oportunidad legal, a los fines de contradecir –si así lo estimare- los alegatos expuestos en el libelo de demanda por la parte actora; así como tampoco fue desvirtuado durante el lapso probatorio, por cuanto no promovió prueba alguna, tal como se dejará sentado en el particular subsecuente; razón por la cual debe prosperar la presente acción por cumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios, y en virtud de que la petición del demandante se encuentra ajustada a derecho, se cumple en el caso de marras con el segundo extremo requerido para la procedencia de la confesión ficta.- Así se precisa.
En lo que respecta al tercer supuesto de hecho de la norma que nos ocupa, referido a que la parte demandada nada pruebe que le favorezca durante el lapso respectivo y exteriorice su rebeldía o contumacia en no dar contestación a la demanda, todo ello en el entendido de que la ley limita las pruebas que pueda aportar el demandado a desvirtuar los hechos alegados por el actor como fundamento de la acción, pues éste solo podrá probar circunstancias que le favorezcan; quien aquí suscribe partiendo del cómputo anteriormente transcrito, observa que el lapso para promoción de pruebas, se inició el 21 de septiembre de 2015 (inclusive) y culminó el 13 de octubre de 2015, evidenciándose de las actuaciones procesales que ninguno de los codemandados actuando debidamente asistidos o por medio de apoderado judicial alguno, consignó escrito de promoción y evacuación de pruebas; debiendo puntualizarse, que si bien es cierto en fecha 6 de octubre de 2015, el apoderado judicial del codemandado, RAFAEL ÁNGEL PIRELA, presentó escrito de promoción pruebas, lo realizó conforme a lo previsto en el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, al entender que se abrió una articulación probatorio en virtud de las cuestiones previas que opuso, las cuales –como ya se dijo- fueron presentadas de manera extemporánea por tardía, por lo que en modo alguno puede entenderse dicha actuación como promoción de pruebas respecto al fondo del asunto; por consiguiente, debe entenderse que la parte codemandada, sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINO, C.A., en el curso del juicio no probó nada que le favoreciera, es decir, no probó el hecho extintivo de la obligación reclamada y mucho menos demostró haber satisfecho de alguna manera las exigencias contenidas en el libelo, relativas al incumplimiento del contrato de obra suscrito, razón por la que se reúne en autos el extremo en cuestión.- Así se precisa.
De esta manera, llenos como se encuentran los extremos indicados en el artículo 362 del Código Adjetivo, quien aquí suscribe considera que ciertamente la codemandada sociedad mercantil quedó confesa en el presente juicio; en tal sentido, debe declararse PARCIALMENTE CON LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el abogado en ejercicio ALBERTO JOSÉ RIVAS SÁNCHEZ, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINOS C.A., y de los ciudadanos NEREIDA LOURDES TESORERO DE PIRELA y RAFAEL TOBÍAS PIRELA; y CON LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el abogado JOSSUE GIGLIO RIVAS, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO, todos ampliamente identificados en autos; contra la decisión proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, en fecha 21 de octubre de 2015; en tal sentido, se MODIFICA la referida decisión, y se declara CON LUGAR la FALTA DE CUALIDAD del ciudadano RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO, alegada por su apoderado judicial, así como la de los ciudadanos NEREIDA LOURDES TESORERO DE PIRELA y RAFAEL TOBÍAS PIRELA, verificado de oficio por este Juzgado Superior, para sostener el presente juicio a título personal; y PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO e INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS incoara el ciudadano JOSÉ ALEXIS CORZO GUTIÉRREZ; por consiguiente, se declara la confesión ficta de la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINOS C.A., y por tanto se le ordena a la mencionada sociedad pagar al demandante la cantidad de veinte millones de bolívares (Bs. 20.000.000,00) por concepto de daños y perjuicios más indexación o corrección monetaria, ordenándose a tal efecto, la práctica de una experticia complementaria del fallo desde el 18 de marzo de 2015, fecha de admisión de la presente demanda hasta la fecha en que quede firme el presente fallo, todo ello en el entendido de que dicho cálculo deberá ser realizado mediante experticia complementaria al fallo conforme a lo previsto en el artículo 249 del Código Adjetivo, debiendo el experto contable que se designe tomar en cuenta los índices de precios al consumidor (IPC) publicados por el Banco Central de Venezuela.
VII
DISPOSITIVA.

Por las razones que anteceden, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado en ejercicio ALBERTO JOSÉ RIVAS SÁNCHEZ, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINOS C.A., y de los ciudadanos NEREIDA LOURDES TESORERO DE PIRELA y RAFAEL TOBÍAS PIRELA, ampliamente identificados en autos, contra la decisión proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, en fecha 21 de octubre de 2015.
SEGUNDO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado en ejercicio JOSSUE GIGLIO RIVAS, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO, todos ampliamente identificados en autos, ampliamente identificados en autos, contra la decisión proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, en fecha 21 de octubre de 2015.
TERCERO: CON LUGAR la FALTA DE CUALIDAD del ciudadano RAFAEL ÁNGEL PIRELA TESORERO, alegada por su apoderado judicial, así como la de los ciudadanos NEREIDA LOURDES TESORERO DE PIRELA y RAFAEL TOBÍAS PIRELA, todos ampliamente identificados en autos, verificado de oficio por este Juzgado Superior, para sostener el presente juicio a título personal.
CUARTO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO e INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS intentara el ciudadano JOSÉ ALEXIS CORZO GUTIÉRREZ; por consiguiente, se declara la confesión ficta de la sociedad mercantil AISLAPANEL ALTO MIRANDINOS C.A., y por tanto se le ordena a la mencionada empresa pagar al demandante la cantidad de veinte millones de bolívares (Bs. 20.000.000,00) por concepto de daños y perjuicios más indexación o corrección monetaria, ordenándose a tal efecto, la práctica de una experticia complementaria del fallo desde el 18 de marzo de 2015, fecha de admisión de la presente demanda hasta la fecha en que quede firme el presente fallo, todo ello en el entendido de que dicho cálculo deberá ser realizado mediante experticia complementaria al fallo conforme a lo previsto en el artículo 249 del Código Adjetivo, debiendo el experto contable que se designe tomar en cuenta los índices de precios al consumidor (IPC) publicados por el Banco Central de Venezuela.
QUINTO: Dada la naturaleza de la presente decisión, no hay expresa condenatoria en costas.
Remítase el presente expediente a su tribunal de origen en su debida oportunidad legal, esto es, al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques.
Déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, en Los Teques, a los trece (13) días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016). Años 205° de la Independencia y 157° de la Federación.
LA JUEZA SUPERIOR,


ZULAY BRAVO DURÁN.
LA SECRETARIA ACC,

LEIDYMAR AZUARTA.

En la misma fecha se publicó y registró la presente decisión, siendo las doce y treinta minutos de la tarde (12:30 p.m.).
LA SECRETARIA ACC,

LEIDYMAR AZUARTA.

Zbd/lag.-
Exp.- No. 15-8822.