TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL y MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL CIRCUITO JUDICIAL PENAL
DEL ESTADO MIRANDA, – EXTENSION VALLES DEL TUY -

206º y 157º
Ocumare, 01 de Agosto de 2016

ASUNTO PRINCIPAL : MP21-P-2016-002330
ASUNTO : MP21-P-2016-002330

IDENTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:
JUEZA: DRA. BIANCA GRANADILLO ROJAS
SECRETARIO: ABG. BORIS ABACHE

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
FISCAL: ABG. RUBI MUÑOZ, FISCAL DE SALA DE FLAGRANCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO, CON SEDE EN VALLES DEL TUY.
IMPUTADO: JOSE ALVAREZ RANGEL Y JUAN FARIAS URBINA.
DEFENSA PÚBLICA: ABG. JUAN OSPINO.

Capítulo I
IDENTIFICACION DEL APREHENDIDO

En la presente causa se procedió conforme lo establece el artículo 128 del Código Orgánico Procesal Penal, a identificar a los aprehendidos, quienes suministraron los siguientes datos personales: : JOSE RAMON ALVAREZ RANGEL, titular de la cédula de identidad Nº V- 25.515.295, nacionalidad Venezolana, natural de Cua-Estado Miranda, nacido en fecha 28/12/1994, de 21 años de edad civil: Soltero, de profesión u oficio: Obrero, hijo de Damelis Rangel (V) y Jose Alvarez (V), domiciliado en: Cartanal, sector 4, avenida 32, casa Nº 17, Santa teresa del Tuy, estado Miranda, teléfono: 0426-304.30.40 (Suegra Isabel) quien manifestó lo siguiente: “NO DESEO DECLARAR, Es todo”. JUAN CARLOS FARIAS, titular de la cédula de identidad Nº V- 25.529.499, nacionalidad Venezolana, natural de Caracas-Distrito Capital nacido, en fecha 15/09/1994, de 21 años de edad civil: Soltero, de profesión u oficio: Obrero, hijo de Libia Urbina (V) y Enrique Farias (V), domiciliado en: Urbanización El palmar, apartamentos amarillos, Santa teresa del Tuy, estado Miranda, teléfono: No posee.

Capítulo II
DE LA APREHENSION
En cuanto a la aprehensión del ciudadano JOSE ALVAREZ RANGEL Y JUAN FARIAS URBINA, anteriormente identificado, es importante señalar como principal consideración, la siguiente disposición consagrada en nuestra Constitución nacional:

“Artículo 44. La libertad personal es inviolable, en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que se sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de su detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso…” (Negrilla y subrayado del Tribunal).

En atención a tal disposición constitucional, tenemos que existen dos maneras de aprehender a una persona que presuntamente se vea involucrada en la comisión de un hecho punible, estas son, mediante la ejecución de una orden de aprehensión previamente acordada por una autoridad judicial y por hallarse sorprendida in fraganti, caso en el cual nos debemos remitir a la definición que nuestra norma adjetiva penal vigente contempla en su artículo 234, el cual se transcribe a continuación:

“Artículo 234. Para los efectos de este Capítulo se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso o sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él o ella es el autor o autora…” (Negrilla y subrayado del Tribunal).

En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela enuncia una serie de derechos fundamentales cuyo respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, consagrando así en su artículo 44 como derecho civil inviolable, el derecho a la libertad personal, derivando del mismo cinco preceptos o consecuencias que de manera importante garantizan un estado de seguridad para todo ciudadano. Así, en el numeral 1 se establece como requisito sine qua non para arrestar o detener a una persona, el presupuesto de una orden judicial, esto es, un decreto de privación preventiva de libertad pronunciado por el órgano jurisdiccional competente, previa acreditación de la concurrencia de los extremos requeridos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, salvo en los casos de flagrancia donde no se requiere tal orden judicial y la persona es presentada ante la autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención, quedando igualmente precisados en el artículo 234 del texto adjetivo penal patrio los supuestos por los cuales un delito ha de calificarse como flagrante.

En el presente caso, se observa de la revisión de las actuaciones, que los imputados, fueron aprehendidos por funcionarios adscritos a la Policía Del Municipio Independencia, quienes practicaron la aprehensión de los ciudadanos JOSE ALVAREZ RANGEL Y JUAN FARIAS URBINA, en virtud de la actuación policial donde presuntamente siendo aproximadamente las 09:00 horas de la noche se encontraban en labores de patrullajes los funcionario Juan Herrera y Jorge Alvarado a bordo de la unidad de patrullaje con la siglas P-230 por las adyacencias de la calle principal de Cartanal viejo en Santa Teresa del Tuy, lograron avistar a una gran cantidad de ciudadanos aglomerados en plena vía pública, rápidamente se dirigieron a verificar la situación percatándose que las apersonas agredían a dos ciudadanos encontrándose en el sitio un vehículo, clase moto, el cual se encontraba colisionada, donde los dos ciudadanos agredidos son señalados de ser autores de un robo, que momento antes y a bordo del vehículo intentaron despojar de sus pertenencias a una dama y que dicho delito fue frustrados por las personas que salieron en su auxilio, todo lo cual permite a esta Juzgadora calificar como flagrante su aprehensión, situación esta que implica que nos encontramos en el supuesto de excepción a la inviolabilidad del derecho a la libertad personal, establecido en el artículo 44 numeral 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; lo cual legitima el acto de la detención del referido ciudadano. Y ASI SE DECLARA.-

Por otra parte, el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:

“(…) El aprehensor dentro de las doce horas siguientes a la detención pondrá al aprehendido a la disposición del Ministerio Público, quien… lo presentará ante el Juez de control a quien expondrá como se produjo la aprehensión…solicitará la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado…”. (Subrayado y negrillas del Tribunal).

Ahora bien, analizada como ha sido la solicitud fiscal, quien pidió la aplicación del procedimiento ordinario, y siendo que el Legislador, confiere tal facultad al titular de la acción penal, de conformidad con los artículos 11 y 373 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, y analizados los supuestos en el presente caso, se observa que efectivamente tales hechos deben ser investigados, es por lo que en consecuencia, se acuerda que prosiga la presente causa, por la vía del procedimiento ordinario, a tenor de lo dispuesto en el último aparte del artículo 373 ejusdem, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 13, 262, 264 y 282 ibidem y artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ASI SE DECLARA.-

Capítulo III
CALIFICACION JURÍDICA

En este sentido y una vez examinadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar descritas en el acta policial levantada en el procedimiento por el cual resulta aprehendido el ciudadano JOSE ALVAREZ RANGEL Y JUAN FARIAS URBINA, así como, de las distintas actas que conforman el presente asunto y de las exposiciones de las partes en la audiencia celebrada, considera esta Juzgadora que los hechos se corresponden con los delitos de coautor en el delito de COAUTORES en los delios de ROBO AGRAVADO FRUSTRADO, previsto y sancionado en el artículo 458 con relación al artículo 83 del Código Penal y USO DE FACSIMIL, previsto y sancionado en el artículos 114 de la Ley para el Control de Arma y Municiones, acogiendo de esta manera la así propuesta por la vindicta pública en audiencia celebrada, y así se declara.

Capítulo IV
DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL

Respecto a la medida de coerción personal solicitada por el represente del Ministerio Público, es necesario analizar los supuestos contemplados en el artículo 236 del texto adjetivo penal vigente, el cual establece:

“Artículo 236. ...El juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:
1- Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;
2- Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;
3- Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación...”.

De la norma antes transcrita se observa que, en el presente caso, nos encontramos en presencia de la comisión del delito de COAUTORES en los delios de ROBO AGRAVADO FRUSTRADO, previsto y sancionado en el artículo 458 con relación al artículo 83 del Código Penal y USO DE FACSIMIL, previsto y sancionado en el artículos 114 de la Ley para el Control de Arma y Municiones, hechos punibles éstos presuntamente ocurridos en fecha 22 de julio de 2016, lo que evidencia no encontrarse prescrita su acción penal, configurándose con ello lo señalado de la antes transcrita norma adjetiva penal.

Así las cosas, considera este Juzgador acreditado el supuesto señalado en el numeral 2º del citado artículo 236 del código orgánico procesal penal, con los fundados elementos de convicción que se detallan a continuación:

1.- Acta de policial, de fecha 22/07/2016, suscrita por funcionarios adscritos a la Policía Municipal de Independencia.
2.- Acta de entrevista rendida por “MAURY”, por ante la sede de la Policía Municipal de Independencia.
3.- Acta de entrevista rendida por “JUNIOR”, por ante la sede de la Policía Municipal de Independencia.
4.- Acta de entrevista rendida por “ZAIDA”, por ante la sede de la Policía Municipal de Independencia.
5.- Planilla de Registro de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas fecha 21-7-2016.

Los anteriormente mencionados elementos de convicción, en franca concordancia con las demás actas que conforman el presente expediente, así como del resultado de la audiencia celebrada, de forma concatenada permite establecer la presunta autoría o participación en el delito de COAUTORES en los delios de ROBO AGRAVADO FRUSTRADO, previsto y sancionado en el artículo 458 con relación al artículo 83 del Código Penal y USO DE FACSIMIL, previsto y sancionado en el artículos 114 de la Ley para el Control de Arma y Municiones.

Ahora bien, respecto del peligro de fuga establecido en el numeral 3º de la supra mencionada norma adjetiva penal, establece el artículo 237, eiusdem, lo siguiente:

“Artículo 237. Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;
2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso;
3. La magnitud del daño causado;
4. El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal;
5. La conducta predelictual del imputado.
Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años…” (Negrilla y subrayado del Tribunal).

Por su parte, el artículo 238 de la norma adjetiva penal refiere el peligro de obstaculización en la búsqueda de la verdad, de la siguiente manera:

“Artículo 238. Peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para averiguar la verdad se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado:
1. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de convicción;
2. Influirá para que coimputados, testigos, víctimas, o expertos, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia”. (Negrilla y subrayado del Tribunal).

Como colorario de lo anteriormente señalado, existe en el presente proceso una presunción fundada de peligro de fuga, circunstancia que este Tribunal estima acreditada, de conformidad con las normas anteriormente transcritas, en virtud que los delitos por los cuales fue imputado a los ciudadanos JOSE ALVAREZ RANGEL Y JUAN FARIAS URBINA, contemplan una pena superior a los diez (10) años de prisión, a lo que se le suma la magnitud del daño causado, toda vez que nos encontramos ante la comisión de un delito que atenta no solo contra la propiedad sino contra la seguridad personal, y finalmente a la presunción de que los imputados influirá sobre los testigos o demás personas que directa o indirectamente intervengan en el presente proceso, poniendo en peligro la investigación llevada en su contra.

Existe en consecuencia, proporcionalidad entre la medida de coerción personal que implica privación de libertad y el hecho punible presuntamente cometido por el imputado JOSE ALVAREZ RANGEL Y JUAN FARIAS URBINA, no siendo procedente en el presente caso, a criterio de quien aquí decide, la imposición de una medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad, por cuanto resultarían insuficientes a los fines de garantizar la sujeción del imputado a los actos del proceso, razón por la cual lo procedente y ajustado a derecho en el presente caso es decretar la privación judicial preventiva de libertad en contra del ciudadano JOSE ALVAREZ RANGEL Y JUAN FARIAS URBINA, de conformidad con lo previsto en los artículos 236 numerales 1, 2 y 3, 237 numerales 2, 3 y parágrafo primero y 238 numeral 2, todos del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose su inmediata reclusión en el Centro Penitenciario Región Capital Yare III, donde permanecerá recluido a la orden del Tribunal, y así se declara.-

Capitulo V
PROCEDIMIENTO APLICADO

El artículo 373 del código orgánico procesal penal, respecto del procedimiento ordinario señala lo siguiente:

“ART. 373. —Flagrancia y procedimiento para la presentación del aprehendido o aprehendida. El aprehensor o aprehensora dentro de las doce horas siguientes a la detención, pondrá al aprehendido o aprehendida a la disposición del Ministerio Público, quien dentro de las treinta y seis horas siguientes, lo o la presentará ante el Juez o Jueza de Control a quien expondrá cómo se produjo la aprehensión, y según sea el caso, solicitará la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado, y la imposición de una medida de coerción personal, o solicitará la libertad del aprehendido o aprehendida… …En caso contrario el Juez o Jueza ordenará la aplicación del procedimiento ordinario y así lo hará constar en acta que levantará al efecto.” (Negrilla y subrayado del Tribunal).

Así pues, en el presente proceso el representante fiscal, en la audiencia de presentación de aprehendido celebrada, solicitó a este Tribunal se acordara la aplicación del procedimiento ordinario al considerar la necesidad de la práctica de diligencias de investigación, con el fin de obtener suficientes elementos de convicción que le permitan esclarecer de manera indiscutible la comisión del hecho punible, y así alcanzar al acto conclusivo que tenga lugar, razón por la cual este Tribunal consideró procedente tal pedimento sobre la base del contenido del artículo 373 del código orgánico procesal penal, acordando en consecuencia la aplicación del Procedimiento Ordinario en la presente causa. Y así se declara.

DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Tercero (3º) de Primera Instancia Penal Estadal y Municipal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se califica la aprehensión del ciudadano JOSE ALVAREZ RANGEL Y JUAN FARIAS URBINA, como flagrante de conformidad con el articulo 44 ordinal 1° de nuestra carta Magna, y artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Este tribunal se acoge a la precalificación de los hechos como el delito de ROBO AGRAVADO FRUSTRADO, previsto y sancionado en el artículo 458 en relación con el articulo 80 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, USO DE FASCIMIL previsto y sancionado en el artículo 114 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones. TERCERO: Se ACUERDA proseguir la presente causa por la vía del PROCEDIMIENTO ORDINARIO de conformidad con lo establecido en el ultimo aparte del artículo 373 del código orgánico procesal penal y así se hace constar en la presente acta., toda vez que se hace menester la práctica de diligencias, orientadas al total esclarecimiento de los hechos; lo cual comparte este Tribunal y así lo acuerda. CUARTO: Con relación a la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, requerida por el Fiscal del Ministerio Público, en contra del ciudadano JOSE RAMON ALVAREZ Y JUAN CARLOS FARIAS, observa este Juzgador al examinar el contenido del artículo 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, que se encuentran llenos los extremos de manera concurrente contenidos dichas normas legales; vale decir, aparece evidente la presunta comisión de unos hechos punibles que ameritan pena privativa de libertad, cuya acción para su enjuiciamiento no se encuentra evidentemente prescrita; así mismo surgen elementos de convicción como lo serían las actuaciones policiales, y por último al observar que la pena que pudiera llegar a imponerse, encuadra en su límite máximo con lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 236 Parágrafo Primero, y lo contenido en los artículos 237 Numerales 2° y 3° y 238 Numeral 2° del texto adjetivo penal, haciendo por tanto procedente la aplicación de la Medida solicitada, por el Fiscal del Ministerio Público, por lo que este Tribunal DECRETA LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, del ciudadano JOSE RAMON ALVAREZ Y JUAN CARLOS FARIAS, plenamente identificado, se ordena como centro de reclusión la CENTRO PENITENCIARIO DE LA REGION CAPITAL YARE III, donde permanecerá a la orden de este Tribunal. QUINTO: Vista la solicitud de la defensa, Se acuerda la práctica de reconocimiento Médico Legal Forense al ciudadano JUAN CARLOS FARIAS, OFICISE LO CONDUCENTE. SEXTO: Líbrese la correspondiente BOLETA DE ENCARCELACIÓN a nombre del imputado JOSE RAMON ALVAREZ Y JUAN CARLOS FARIAS, el respectivo oficio al órgano aprehensor. SEPTIMO: Líbrese oficio al órgano Aprehensor a los fines de que sea trasladado al Hospital General Simón Bolívar de los Valles del Tuy, a los fines de que sea atendido por los síntomas presentados. Líbrese oficio al Hospital General Simón Bolívar a los fines de que atiendan de manera Urgente al imputado JUAN CARLOS FARIAS, en virtud de los síntomas presentados. Asimismo, quedan debidamente notificadas las partes, de lo aquí decidido, todo conforme a lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal. Líbrese Boleta de Encarcelación.-. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada por secretaría de la presente decisión. Cúmplase.
LA JUEZ TERCERO DE CONTROL,

DRA. BIANCA GRANADILLO ROJAS
EL SECRETARIO,

ABG. BORIS ABACHE.

En esta fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en la decisión que antecede.

EL SECRETARIO,

ABG. BORIS ABACHE

MP21-P-2016-002330

Este Tribunal 3º de Control dictó decisión mediante la cual: