REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL PRIMERO DE EJECUCIÓN EXTENSIÓN VALLES DE TUY

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL PENAL PRIMERO DE EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA EXTENSIÓN VALLES DEL TUY Valles del Tuy, 20 de Enero de 2016 205º y 156º ASUNTO PRINCIPAL : MP21-P-2011-001496 ASUNTO : MP21-P-2011-001496 Corresponde a éste Juzgado Primero (1º) de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, pronunciarse de oficio en las presentes actuaciones, en cuanto a la declaratoria de la extinción de la pena que le fuera impuesta a la penada YOMARA NACYUTIL CASTRO DE CARRANZA, titular de la cedula de identidad No. V-12.414.642, fue condenada por el Juzgado Primero (1º) de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, en sentencia proferida en fecha 31 de Marzo de 2014. En tal sentido, éste órgano jurisdiccional en atención a las previsiones del artículo 479 numeral 1º del Código Orgánico Procesal Penal, procede a decidir sobre tal particular en los términos siguientes: CAPITULO I Luego de realizarse una revisión detenida y exhaustiva de las presentes actuaciones, se observa que la ciudadana YOMARA NACYUTIL CASTRO DE CARRANZA, fue condenada el 31 de Marzo de 2014, por el Juzgado Primero (1º) de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, a cumplir la pena de cinco (5) años de prisión, al ser demostrada su responsabilidad criminal en la comisión del delito de Ocultación Ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas en relación al numeral 9 del artículo 163 de la Ley de Drogas, más las penas accesorias de ley contenidas en el artículo 16 del Código Penal, ello verificable del folio 196 al 198 de la segunda pieza de las actuaciones. En fecha 19 de Mayo de 2015, se procedió a proferir auto en el cual se ejecutaba la sentencia condenatoria referida ut supra y se practicaba el cómputo de la pena a ser cumplida por la penada in comento, al hallarse definitivamente firme la sentencia referida ut supra, estableciéndose así mismo en dicho auto las fechas a partir de las cuales el sub júdice optaba por formulas alternativas de cumplimiento de pena, ello de conformidad con las previsiones del artículo 482 del Código Orgánico Procesal Penal. En fecha 03 de Diciembre de 2015, se procedió a proferir pronunciamiento, en el cual se RECHAZA la Redención judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio de fecha 15 de Octubre de 2015 a favor de la penada in comento, en virtud de no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio, publicada en Gaceta Oficial Nº 4623, Extraordinaria, del 03 de Septiembre de 1993, específicamente en el Articulo 8, encabezado del artículo 9 el numeral D, toda vez que en la solicitud de redención presentada a favor de la penada no esta claro que Juez preside la Junta Rehabilitadora y carece del sello del tribunal, además de no posee la Firma de la Directora de la comunidad Penitenciaria Fénix Lara y firma del Representante de Control Penal en la Constancia de Conducta, ni la Firma de la Directora de la comunidad Penitenciaria Fénix Lara en la Constancia Laboral. Ulteriormente se recibe en este Despacho Judicial Oficio No. 076-2016 el 14 de Enero de 2016, recaudos emanados de la Junta de Rehabilitación Laboral y Educativa de la Comunidad Penitenciaria de Fénix Lara, de fecha 15 de Octubre de 2015, con las correcciones respectivas, quienes emiten opinión favorable en relación a la redención de la pena correspondiente a la penada YOMARA NACYUTIL CASTRO DE CARRANZA, por estimar cumplidos los requisitos, conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y Estudio; proponiéndose como tiempo a ser redimido cinco (5) meses, diez (10) días y doce (12) horas. CAPITULO II Con fundamento en lo establecido en el artículo 479 numeral 1º del Código Orgánico Procesal Penal, es de la competencia de los Juzgado en funciones de Ejecución, conocer sobre todo lo concerniente a la procedencia o no de las formulas alternativas de cumplimiento de pena, la conmutación de la pena que correspondan a los penados e igualmente conocer de lo atinente a la extinción de la pena en los procesos de índole penal entablados en contra de los reos, determinándose en tal sentido la facultad de éste órgano jurisdiccional para conocer de la presente causa, pues en el caso de marras se disertará sobre lo relativo a la extinción de la pena que fuera impuesta a la ciudadana YOMARA NACYUTIL CASTRO DE CARRANZA, en las condiciones y circunstancias previamente asentadas. Así mismo se atribuye dicha competencia a los Tribunales de Ejecución de acuerdo a la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Sentencia Nº 292 Expediente Nº CC02-0195 de fecha 13/06/2002, de la cual se extrae: “… De acuerdo con la competencia de los tribunales de ejecución, a éstos les corresponde no solamente la ejecución de la pena y las medidas de seguridad sino también todo lo relacionado con la libertad, las fórmulas alternativas para su cumplimiento, redención, conversión, conmutación, extinción y acumulación de las penas, es decir la vigilancia y el Juicio del cumplimiento de las penas que fueron impuestas por el tribunal que emitió la sentencia. A su vez son competentes para velar por el cumplimiento del régimen penitenciario, a pesar de encontrarse recluido en un lugar distinto…” Tal criterio sostenido por éste Tribunal en cuanto a su competencia para conocer en lo concerniente a las formas de extinción de las penas en un latu sensu, es igualmente reafirmado de manera pacífica y reiterada en jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Penal, Sentencia Nº 322 Expediente Nº 08-179 de fecha 01/07/2008, de la cuales entre otras cosas se establece: “… todo aquello que tenga relación con la libertad dla penada y las formas de cumplimiento de la condena, se le atribuyen como competencias expresas y exclusivas a los tribunales de Primera Instancia en funciones de Ejecución de conformidad, con lo dispuesto en el artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal…”. Al quedar determinada la competencia de éste tribunal para conocer del presente asunto, debe en consecuencia pronunciarse sobre la procedencia o no de la extinción de las penas principales y accesorias que fueran impuestas a la penada YOMARA NACYUTIL CASTRO DE CARRANZA, en razón de las actuaciones y para ello realiza las siguientes consideraciones: En primer lugar, se advierte que la penada YOMARA NACYUTIL CASTRO DE CARRANZA, fue condenada el 31 de Marzo de 2014, por el Juzgado Primero (1º) de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, a cumplir la pena de cinco (5) años de prisión, al ser demostrada su responsabilidad criminal en la comisión del delito de Ocultación Ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas en relación al numeral 9 del artículo 163 de la Ley de Drogas, más las penas accesorias de ley contenidas en el artículo 16 del Código Penal, ello verificable del folio 196 al 198 de la segunda pieza de las actuaciones. Ahora bien, a los fines de determinarse si efectivamente dicho penado cumplió la condena impuesta a los fines de declararse extinguida la responsabilidad criminal y por ende decretarse su libertad plena, es menester cerciorarse convincentemente si la penada de autos ha cumplido integra y completamente la sanción corporal que se le impusiera cumplir. En el caso de marras se observa que la penada de autos se encuentra privada de su libertad (detenida) desde el día 26 de Marzo de 2011, tal y como se evidencia del Acta de Investigación Policial emanada de la Guardia Nacional Bolivariana, Comando Regional No. 5, Destacamento No. 57, Primera Compañía de San Francisco de Yare, cursante del folio 4 y 5 de la primera pieza de las actuaciones, permaneciendo en esa condición hasta la presente data, por lo que se ha encontrado privada de su libertad por un lapso de tiempo de cuatro (4) años, nueve (9) meses y veinticuatro (24) días, termino de tiempo que debe ser adicionado al período que se le ha redimido judicialmente de la pena por el trabajo y el estudio en el transcurso del presente proceso, vale acotar, en esta misma fecha, cinco (5) meses, diez (10) días y doce (12) horas, lo que en definitiva permite concluir que el sub judice ha extinguido de la pena impuesta hasta la fecha de realización del presente cómputo, cinco (5) años, tres (3) meses, cuatro (4) días y doce (12) horas, lo que da lugar en tal sentido a que se permita concluir que innegablemente la penada de autos ha cumplido absolutamente la pena principal que le fuera impuesta, por lo que inexorablemente deberá decretarse su libertad plena en razón de haber extinguido la pena impuesta, a tenor del artículo 105 del Código Penal. Así se decide.- Por otra parte, en cuanto a las penas accesorias a las cuales fue sometida la sub júdice, como son la inhabilitación política y la sujeción a la vigilancia por parte de la autoridad, se aprecia que la primera de dichas penas accesorias, vale acotar, la de inhabilitación política e interdicción civil a tenor del artículo 16 numeral 1º del Código Penal, tendrá vigencia durante el tiempo de la pena principal, por lo que lógicamente al extinguirse ésta especia últimamente señalada, se dará lugar a que la secundaria pierda validez, por lo que en el presente caso se declara igualmente extinguida dicha pena no corporal. En el mismo orden de ideas que se ha venido hilvanando, fue sancionada así mismo la penada YOMARA NACYUTIL CASTRO DE CARRANZA, a cumplir la pena accesoria de inhabilitación política, establecida en el ordinal 1º del artículo 16 del Código Penal, la cual cesa al extinguirse la principal, y así mismo fue condenada a la pena accesoria de sujeción a la vigilancia, ello de acuerdo al numeral 2° del artículo 16 ejusdem, la cual implica que la penada o condenada quede bajo la vigilancia o supervisión de la autoridad que se designe por una quinta (1/5) parte del tiempo que dure la condena, la cual comenzará a regir una vez consumado el cumplimento de la pena corporal (principal). Sin embargo, en virtud del contenido de la sentencia Nº 940 de fecha 21 de Mayo de 2007, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrado Carmen Zuleta de Merchán, expediente Nº 03-2352, la cual por mandato constitucional se considera vinculante, dicha norma debe ser desaplicada, razón por la cual para el caso de marras se establece que dicha pena ha de extinguirse al cumplirse la sanción corporal o principal. En atención a las razones de hecho y de derecho antes expuestas éste Juzgado Primero (1°) de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, de conformidad con las previsiones del artículo 479 numeral 1° del Código Orgánico Procesal Penal, al observar que la penada YOMARA NACYUTIL CASTRO DE CARRANZA, ha cumplido holgadamente las penas principales y accesorias que se le impusieran en razón al presente proceso judicial que se le instaurara, DECRETA en consecuencia su libertad plena, en virtud de haber cumplido como se asentó precedentemente la condena que le fuera impuesta, extinguiendo en consecuencia la responsabilidad criminal. Así se declara.- DISPOSITIVA Con fuerza en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, éste Juzgado Primero (1°) de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 479 numeral 1° del Código Orgánico Procesal Penal, DECRETA LA LIBERTAD PLENA de la ciudadana YOMARA NACYUTIL CASTRO DE CARRANZA, titular de la cedula de identidad Nº V-12.414.642, en virtud de haber cumplido íntegramente la pena corporal que le fuera impuesta por el Juzgado Primero (1º) de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, en sentencia proferida en fecha 31 de Marzo de 2014, la condeno a cumplir la pena de cinco (5) años de prisión, por lo que en consecuencia se declara extinguida su responsabilidad criminal, a tenor de lo establecido en el artículo 105 del Código Penal, así como de igual forma se decreta la extinción de las penas accesorias que se le impusieran de acuerdo al artículo 16 del Código Penal. Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes. Líbrense oficios a la Presidencia Consejo Nacional Electoral, a la Dirección General del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, a la Dirección del Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), al Jefe de la División de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, participando lo resuelto por éste Tribunal. La Juez. Abg. Ani Esperanza Echenique Guzmán La Secretaria, Abg. Roraima Silva Belisario En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado. La Secretaria, Abg. Roraima Silva Belisario Anieeg.- MP21-P-2011-001496