REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA EXPEDIENTE: 20818 PARTE ACTORA: ANGEL GÓMEZ REYES, nacionalidad Ecuatoriana, mayor de edad y titular de las cédula de identidad N° E-82.116.869. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: ELIZABETH LÓPEZ UVIEDO y MARITZA PASTRAN, abogadas en ejercicio e inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 36.219 y 44.341, respectivamente.- PARTE DEMANDADA: JORGE RAFAEL SIFONTES y JORGE SIFONTES CARO, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cedulas de identidad Nros. V-13.319.000 y V-2.115.420, respectivamente.- APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: INGRID ALONZO ZAPATA y LUIS EDUARDO LÓPEZ DIAZ, abogados en ejercicio e inscritos en los Inpreabogado bajo los Nros. 32.836 y 46.892, respectivamente. MOTIVO: DAÑOS Y PERJUICIOS. -I- Se inicia el presente procedimiento mediante demanda presentada ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en fecha 21 de Agosto de 2000, por la representación judicial del ciudadano ANGEL GÓMEZ REYES, antes identificado, mediante la cual demandó a los ciudadanos JORGE RAFAEL SIFONTES y JORGE SIFONTES CARO, ya identificada, por Interdicto Restitutorio. Admitida la presente demanda en fecha 10 de octubre de 2000. En fecha 18 de Junio de 2001, la parte accionada promueve pruebas en conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Tránsito Terrestre. En fecha 12 de Julio de 2001, vence lapso probatorio mediante auto de esta misma fecha. En fecha 18 de Julio de 2001, la parte accionante consignó escrito de conclusiones. Quien suscribe se abocó al conocimiento de la presente causa mediante providencia fechada 20 de julio de 2007, ordenando la notificación de las partes, a los fines de que comenzaran a correr los tres (3) días de despachos a los que hace referencia el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. Cumplida la notificación en referencia y siendo la oportunidad para decidir, este Tribunal procede a hacerlo en los términos siguientes: -II- De las actas procesales se evidencia que el día 18 de Julio de año 2001, se produjo la última actuación de las partes en este proceso, correspondiendo a un escrito realizado por la representación judicial de la parte demandante, permaneciendo éste inactivo hasta la presente fecha, tal situación hace presumir a este Juzgado que los demandantes no tienen interés jurídico en que la pretensión objeto del presente proceso y que hicieron valer en su demanda, sea reconocida por el Juez que conoce de la misma, mediante una resolución con autoridad de cosa juzgada, lo cual hace procedente una de las modalidades de extinción de la acción, relativa a la pérdida del interés. Es conocido por todos que, el accionante debe tener interés, tanto para proponer la demanda como durante la secuela del juicio, conforme a lo previsto en el Artículo 16 de nuestra Ley Adjetiva. Al respecto, nuestro máximo Tribunal de la República en sentencia de fecha primero de junio de 2001, ratificada el 28 de octubre de 2003, sostiene lo siguiente: “(…) Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra-como apunta esta Sala- pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total de impulso procesal que le corresponde. Se trata de una situación distinta a la de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida. No consideró el legislador que el supuesto de la perención, constituyese una falta de interés procesal, el cual no podía ser certificado por tan corto plazo de inactividad, y por ello la perención no perjudica la acción. Pero la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente, artículo 26 constitucional, como tal derecho de la parte, debe ejercerse. (…) La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin (…) La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge, es una pérdida del interés en la sentencia en que se componga el proceso en que se declare el derecho deducido…”. (Subrayado por el Tribunal).- Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal concluye que encontrándose inactivo el presente expediente en etapa de pruebas desde el año 2001, sin que la parte actora hubiere realizado actuación alguna, a fin de instar a este Tribunal para que dictara la resolución definitiva y siendo que ha transcurrido suficientemente el lapso de caducidad, que es de un año desde la fecha señalada, debe declararse extinguida la presente causa por decaimiento o pérdida del interés, y así se establece. -III- Por las razones antes expuestas, es por lo que este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA la extinción por decaimiento del interés de la acción incoada por el ciudadano ANGEL GÓMEZ REYES, por DAÑOS Y PERJUICIOS, contra Los ciudadanos JORGE RAFAEL SIFONTES y JORGE SIFONTES CARO, todos plenamente identificados.- Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas.- Para darle cumplimiento a lo establecido en el Artículo 248 eiusdem, déjese copia certificada de la anterior sentencia.- PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción del Estado Miranda. Los Teques, Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.- LA JUEZA TITULAR, ELSY MADRIZ QUIROZ LA SECRETARIA TITULAR, JENIFER BACALLADO GONZÁLEZ En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las dos (02:00 p.m.) de la tarde.- LA SECRETARIA TITULAR, EMQ/FZ.- Exp. N° 20818.-