TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓNJUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, SEDE OCUMARE DEL TUY
Ocumare del Tuy, 25 de Febrero del 2.016
205° y 157°

EXPEDIENTE Nº: 1680-08

PARTE ACTORA: CARMEN DOLORES RIOS, venezolana, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V-1.296.934.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: ORLANDO NICOLAS ASTONE RONDON, inpreabogado Nº 36.091.

PARTE DEMANDADA: CAROLINA HERNANDEZ DE RIVAS y ARTURO RIVAS, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cedulas de identidad Nrosº V-6.423.945 y V-6.421.909.

MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA.

NARRATIVA

En fecha 24 de enero del 2008, se admite la presente demanda que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA sigue la ciudadana CARMEN DOLORES RIOS, venezolana, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V-1.296.934, contra los ciudadanos CAROLINA HERNANDEZ DE RIVAS y ARTURO RIVAS, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cedulas de identidad Nrosº V-6.423.945 y V-6.421.909. En fecha 29 de febrero de 2008, se ordeno librar las respectivas compulsas. En fecha 24 de octubre de 2005, comparece el alguacil y mediante diligencia expone que la parte actora le suministro los medios necesarios para la práctica de la citación. En fecha 13 de marzo de 2008, compareció el alguacil y mediante diligencia consigno recibo de citación debidamente firmado por el demandado. En fecha 28 de marzo de 2008, compareció el alguacil y mediante diligencia consigno recibo de citación debidamente firmado por la demandada. En fecha 16 de julio de 2008, se ordeno agregar a los autos el escrito de pruebas promovidas por la parte actora. En fecha 28 de julio de 2008, se admiten las pruebas promovidas por la parte actora. En fecha 23 de julio de 2009, se dicto auto mediante el cual, la Juez Dra Arikar Balza Salom se aboco al conocimiento de la causa y se ordena libara boleta de notificación a la parte demandada. En fecha 24 de septiembre de 2009, se dicto sentencia mediante la cual se declara perimida la instancia y en consecuencia se extingue la causa. En fecha 20 de noviembre de 2009, compareció el apoderado actor y mediante diligencia apelo de la sentencia dictada en fecha 24-09-2009. En fecha 07 de diciembre de 2009, se ordeno libara boleta de notificación a los demandados de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil. En fecha 09 de marzo de 2010, compareció el alguacil y mediante diligencia consigno copia de boleta de notificación, debidamente firmada por el demandado. En fecha 18 de mayo de 2010, compareció el alguacil y mediante diligencia consigno copia de boleta de notificación, debidamente firmada por el demandada. En fecha 28 de abril de 2010, se ordeno librar cartel de notificación a la parte demandada. En fecha 13 de mayo de 2010, compareció el apoderado actor y mediante diligencia consigno la publicación de en la prensa del cartel librado. En fecha 21 de julio de 2010, se dicto auto mediante el cual se oye la apelación en ambos efecto incoada por el apoderado actor. En fecha 31 de mayo de 2011, se da por recibido el presente expediente, proveniente del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. En fecha 29 de junio de 2011, compareció el apoderado actor y mediante diligencia solicito que se ordene la continuación del juicio. En fecha 01 de julio de 2011, se dicto auto mediante el cual se le hace saber al apoderado actor, que por ser el inmueble objeto de la presente demanda una vivienda familiar, se ordena suspender el presente juicio hasta tanto las partes acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas. En fecha 10 de mayo de 2012, se dicto auto mediante el cual, se insta a las partes a una reunión en la sede del tribunal, por lo que se ordeno notificar. En fecha 29 de enero de 2013, compareció el apoderado actor y consigno escrito de solicitud de continuación del juicio. En fecha 25 de marzo de 2013, se dicto auto mediante el cual, se le hace saber al apoderado actor que se niega lo solicitado por cuanto ya este juzgado se pronuncio en fecha 01-07-2011. En fecha 12 de mayo de 2014, se dicto auto mediante el cual, este juzgado declara la revocatoria por contario imperio del auto emanado en fecha 01-07-2011 y la prosecución del presente juicio en el estado que se encontraba al momento de emitir el auto que ordeno la suspensión, se ordeno libra boletas de notificación a las partes.

MOTIVA
El Tribunal para decidir hace previa las siguientes consideraciones:
Perención:
Etimológicamente, el término “perención” proviene de perimire, peentum, que significa extinguir a instancia de instale que es la palabra compuesta de la proposición ni y el verbo stare. Para algunos autores la perención de la instancia es el aniquilamiento o muerte de ésta por la inacción en el proceso durante el tiempo determinado en la Ley. También es conveniente agregar que esta inacción debe ser voluntaria, es decir, sin impedimento legales que determinen la suspensión del término.
Esta Juzgadora observa que conforme a lo previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el accionante tiene el deber procesal de cumplir con los deberes procesales que le impone la Ley, para que sea practicada la citación, cuyo incumplimiento denota la falta de impulso y de diligencia para que el proceso llegue a su fin, vale decir, que el no cumplimiento de este deber procesal demuestra la falta de atención de la parte a la causa que ha instaurado al abandono, pues al activarse la función jurisdiccional mediante el ejercicio de la acción respectiva, con la presentación de la demanda que contiene la pretensión, el legislador ha impuesto al accionante un conjunto de deberes que debe cumplir para que el proceso llegue a su término, como sucede con el caso de la citación, donde su falta de impulso es condenado con la perención de la instancia y consecuente extinción del proceso.
Luego, la perención de la instancia es la consecuencia que establece el legislador al accionante que no ha sido diligente en activar, instar o poner en movimiento su causa por el transcurso del tiempo previsto en la ley, que en el caso de la denominada perención breve, se produce cuando el actor no cumple con sus deberes procesales para la realización de la citación, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la admisión de la demanda, norma esta procesal de carácter público que permite la declaratoria incluso de manera oficiosa.
En este sentido la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil dispone:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa no producirá perención”.
También se extingue la instancia:
1°) Cuando transcurridos treinta (30) días a contar desde la fecha de la admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado.
Por su parte el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”.
Luego, con relación a los deberes que tiene que cumplir la parte actora para que no se vea afectada por la perención de la instancia, luego de admitida la demanda, conforme al criterio sostenido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, encontramos el de suministrar al Alguacil del Tribunal que ha de practicar la citación, los datos necesarios para la ubicación de la parte demandada, domicilio, residencia o lugar donde se encuentra, así como de proveerlo de los recursos necesarios para el traslado a los fines de cumplir con su función, actividades estas que deben constar en las actas del proceso y que deben ser cabalmente cumplidas dentro del lapso a que se refiere el referido artículo 267, Ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, esto es, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la admisión de la demanda.
En este sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 06-07-04, con ponencia del Magistrado CARLOS OBERTO VELEZ, (N°. 00537), señalo:
En relación a lo trascrito del artículo 267 Ordinal 1°, de la Ley Adjetiva Civil, establece:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa no producirá perención”.
También se extingue la instancia
1°) Cuando transcurridos treinta (30) días a contar desde la fecha de la admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado…”
Como se observa, el Legislador impone una dura sanción a la negligencia de las partes, lo cual evidentemente redunda en agilizar los procesos, puesto que obliga a los litigantes a impulsarlos bajo la amenaza de la perención, evitando así en gran medida, la paralizaciones de las causas por largos periodos, tal y como ocurría anteriormente. Ahora bien, dada la celeridad del castigo, este Supremo Tribunal ha considerado de aplicación e interpretación restrictivas a la perención y bajo estos lineamientos han establecidos, mediante su doctrina, que por cuanto la Ley habla de las obligaciones que deben cumplir el demandante, basta que este ejecute alguna de ellas a los efectos de la práctica de la citación para evitar que se produzca la perención. En este sentido se pronuncio la Sentencia N°. 172 de fecha 22-06-01, EXP. N°. 00-373, en el juicio de RAU ESPALZA y Otra contra MARCOS PUGLIA MORGGUESE y Otros, cuyo texto reza:
Para decidir, la Sala observa:
La recurrida yerra ostensiblemente al aplicar falsamente el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, como el recurrente asevera. En efecto, consta de la precedente trascripción, que la demanda fue admitida por el tribunal de la causa el 20 de octubre de 2009. Asimismo, que los derechos de arancel judicial se pagaron el 12 de Diciembre de 2009, es decir, fuera de los treinta (30) días siguientes a la fecha de admisión del libelo. No obstante, el sentenciador consideró que los demandantes tenían que cumplir con otras obligaciones a su cargo y al no hacerlo, se produjo la perención de la instancia. Ciertamente el legislador patrio en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, recomienda a los jurisdicentes de instancias procurar acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos para defender la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. Sin embargo, nada se ha dicho sobre la obligación completada en el artículo 12 de la ley de Arancel judicial, ya que al parecer no ha sido sometida a la consideración de esta Suprema Jurisdicción en ningún recurso de casación, que pudiera permitir pronunciarse sobre la perención breve de la instancia por incumplimiento de las obligaciones (carga) que impone la ley al demandante para el logro de la citación en el lapso de 30 días contados a partir de la fecha de admisión de la demanda o de su reforma dilucidar- contrariamente a lo que ha venido alegando la casación-esto es, que si procede la perención de la instancia en todos aquellos procedimientos informados por el principio de la gratuidad, ya que las obligaciones a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, Ordinal 1°. Destinadas al logro de la citación. NO SON SOLAMENTE DE ORDEN PÚBLICO.
Siendo así la Sala de Casación Civil, Sentencia de fecha 06 de julio de 2.004, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha Ley, y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal: de otro modo su omisión o incumplimiento acarreará la perención de la instancia, siendo obligación de la parte demandante de proporcionar lo exigido en la Ley, a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación” Sic.
En tal sentido considera esta Juzgadora necesario analizar la actuación procesal asumida por la parte accionante a los fines de verificar si ha cumplido con los trámites necesarios para darle el requerido impulso procesal a la presente causa para así lograr su término.
Remitiéndonos al caso de autos, se puede apreciar de las actas procesales, que desde el día el 12 de mayo de 2014, fecha en que fue librada boletas de notificación a las partes en el presente juicio, con el fin de la continuidad del juicio y hasta la presente fecha, no cursa en autos alguna otra diligencia o actuación alguna por la parte accionante en la presente cursa para darle continuidad al juicio. Y ASÍ SE DECLARA.
De la lectura de las actas que conforman el presente expediente se evidencia que desde la fecha 12 de mayo del 2014, fecha en que fue librada boleta de notificación a las partes en el presente juicio, con el fin de la continuidad del juicio de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del código de procedimiento civil ha transcurrido un lapso de dos (02) años y nueve (09) meses, sin que la parte actora procediera a dar el impulso procesal correspondiente en el más breve lapso correspondiente ha transcurrido un tiempo suficiente según lo preceptuado en el Supra señalado artículo, produciéndose como en efecto ocurre la Perención de la instancia.

DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda con sede en Ocumare del Tuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA incoada por la ciudadana: CARMEN DOLORES RIOS, venezolana, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V-1.296.934 contra los ciudadanos CAROLINA HERNANDEZ DE RIVAS y ARTURO RIVAS, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cedulas de identidad Nrosº V-6.423.945 y V-6.421.909, respectivamente. Todo de conformidad con lo previsto en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECIDE. No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del presente fallo, según lo previsto en el Artículo 283 Ejusdem. Asimismo se ordena el archivo del presente expediente.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, DÉJESE COPIA.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en Ocumare del Tuy, veintiséis (26) de febrero del dos mil dieciséis (2016). Años 205º y 157º de la Independencia y de la Federación.

LA JUEZ
DRA. ARIKAR BALZA SALOM

EL SECRETARIO
ABG. MANUEL GARCÍA

En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, siendo la una de la tarde (1:00 p.m.).

EL SECRETARIO
ABG. MANUEL GARCIA

ABS/darma*
EXP Nº 1680-08.-