TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓNJUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA,
EXPEDIENTE Nº: 3132-15
PARTE ACTORA: VICTORIANA DEL ROSARIO ALDANA DE TRINCADO, MANUEL
GUSTAVO TRINCADO ALDANA, MIGUEL ANGEL TRINCADO ALDANA, JOSE
ALEJANDRO TRINCADO ALDANA Y ELIZABETH TRINCADO ALDANA,
(SUCESIÓN TRINCADO), venezolanos, mayores de edad y titulares de la cédula de
identidad Nros: V-12.977.764, V-.771.500, V-10.888.084, 10.888.083, V-15.890.549
Y 17.962.043 respectivamente.
APODERADA ACTOR: HORAIDA PAREDES RIVERA, inscrita en el Inpreabogado
PARTE DEMANDADA: WENCESLAO SIMON RAMOS CARTA su sucesión
LEONIDAS EULOGIA RAMOS CARTAYA, ISABEL RAMOS CARTAYA y FIRELEY
ISABEL RAMOS, venezolanos, mayores de edad y titulares de la cédula de identidad
Nros: V-6.06.676, 619.779, V-620.027 y V-6.011.709 respectivamente.
MOTIVO: RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO
En fecha 23 de noviembre del 2015, este tribunal, admitió la presente demanda por
RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO incoada por los ciudadanos: VICTORIANA
DEL ROSARIO ALDANA DE TRINCADO, MANUEL GUSTAVO TRINCADO
ALDANA, MIGUEL ANGEL TRINCADO ALDANA, JOSE ALEJANDRO TRINCADO
ALDANA Y ELIZABETH TRINCADO ALDANA, (SUCESIÓN TRINCADO),
venezolanos, mayores de edad y titulares de la cédula de identidad Nros: V-
12.977.764, V-.771.500, V-10.888.084, 10.888.083, V-15.890.549 Y 17.962.043
respectivamente contra los ciudadanos: WENCESLAO SIMON RAMOS CARTA su
sucesión LEONIDAS EULOGIA RAMOS CARTAYA, ISABEL RAMOS CARTAYA y
FIRELEY ISABEL RAMOS, venezolanos, mayores de edad y titulares de la cédula de
identidad Nros: V-6.06.676, 619.779, V-620.027 y V-6.011.709 respectivamente.
-En fecha 04 de febrero del 2016, compareció la abogada HORAIDA PAREDES
RIVERA, inscrita en el Inpreabogado Nº 78.10. y solicitó la devolución de los
originales consignados en el expediente.
En fecha 05 de febrero de 25016, se dictó auto mediante el cual se ordenó la
devolución de los originales solicitado por la apoderada de la parte actora,
El Tribunal para decidir hace previa las siguientes consideraciones:
Etimológicamente, el término “perención” proviene de perimire, peentum, que
significa extinguir a instancia de instale que es la palabra compuesta de la
proposición ni y el verbo stare. Para algunos autores la perención de la instancia es
el aniquilamiento o muerte de ésta por la inacción en el proceso durante el tiempo
determinado en la Ley. También es conveniente agregar que esta inacción debe ser
voluntaria, es decir, sin impedimento legales que determinen la suspensión del
Esta Juzgadora observa que conforme a lo previsto en el artículo 267 del Código de
Procedimiento Civil, el accionante tiene el deber procesal de cumplir con los deberes
procesales que le impone la Ley, para que sea practicada la citación, cuyo
incumplimiento denota la falta de impulso y de diligencia para que el proceso llegue a
su fin, vale decir, que el no cumplimiento de este deber procesal demuestra la falta
de atención de la parte a la causa que ha instaurado al abandono, pues al activarse
la función jurisdiccional mediante el ejercicio de la acción respectiva, con la
presentación de la demanda que contiene la pretensión, el legislador ha impuesto al
accionante un conjunto de deberes que debe cumplir para que el proceso llegue a su
término, como sucede con el caso de la citación, donde su falta de impulso es
condenado con la perención de la instancia y consecuente extinción del proceso.
Luego, la perención de la instancia es la consecuencia que establece el legislador al
accionante que no ha sido diligente en activar, instar o poner en movimiento su
causa por el transcurso del tiempo previsto en la ley, que en el caso de la
denominada perención breve, se produce cuando el actor no cumple con sus
deberes procesales para la realización de la citación, dentro de los treinta (30)
días continuos siguientes a la admisión de la demanda, norma esta procesal de
carácter público que permite la declaratoria incluso de manera oficiosa.
En este sentido la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento
Civil dispone:
También se extingue la instancia:
Por su parte el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un
año sin haberse ejecutado ningún acto de
procedimiento por las partes. La inactividad del Juez
después de vista la causa no producirá perención”.
1°) Cuando transcurridos treinta (30) días a contar
desde la fecha de la admisión de la demanda, el
demandante no hubiese cumplido con las
obligaciones que le impone la Ley para que sea
practicada la citación del demandado.
“La perención se verifica de derecho y no es
renunciable por las partes. Puede declararse de oficio
por el Tribunal y la sentencia que la declare, en
cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable
libremente”.
Luego, con relación a los deberes que tiene que cumplir la parte actora para que no
se vea afectada por la perención de la instancia, luego de admitida la demanda,
conforme al criterio sostenido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de
Justicia, encontramos el de suministrar al Alguacil del Tribunal que ha de practicar la
citación, los datos necesarios para la ubicación de la parte demandada, domicilio,
residencia o lugar donde se encuentra, así como de proveerlo de los recursos
necesarios para el traslado a los fines de cumplir con su función, actividades estas
que deben constar en las actas del proceso y que deben ser cabalmente cumplidas
dentro del lapso a que se refiere el referido artículo 267, Ordinal 1° del Código de
Procedimiento Civil, esto es, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la
admisión de la demanda.
En este sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en
decisión de fecha 06-07- 04, con ponencia del Magistrado CARLOS OBERTO
VELEZ, (N°. 00537), señalo:
En relación a lo trascrito del artículo 267 Ordinal 1°, de la Ley Adjetiva Civil,
establece:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado
ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después
de vista la causa no producirá perención”.
También se extingue la instancia
1°) Cuando transcurridos treinta (30) días a contar desde la fecha de la
admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las
obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del
demandado…”
Como se observa, el Legislador impone una dura sanción a la negligencia de
las partes, lo cual evidentemente redunda en agilizar los procesos, puesto que
obliga a los litigantes a impulsarlos bajo la amenaza de la perención, evitando
así en gran medida, la paralizaciones de las causas por largos periodos, tal y
como ocurría anteriormente. Ahora bien, dada la celeridad del castigo, este
Supremo Tribunal ha considerado de aplicación e interpretación restrictivas a
la perención y bajo estos lineamientos han establecidos, mediante su doctrina,
que por cuanto la Ley habla de las obligaciones que deben cumplir el
demandante, basta que este ejecute alguna de ellas a los efectos de la práctica
de la citación para evitar que se produzca la perención. En este sentido se
pronuncio la Sentencia N°. 172 de fecha 22-06- 01, EXP. N°. 00-373, en el juicio
de RAUL ESPALZA y Otra contra MARCOS PUGLIA MORGGUESE y Otros, cuyo
texto reza:
Para decidir, la Sala observa:
La recurrida yerra ostensiblemente al aplicar falsamente el ordinal 1° del
artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, como el recurrente asevera. En
efecto, consta de la precedente trascripción, que la demanda fue admitida por
el tribunal de la causa el 20 de octubre de 2009. Asimismo, que los derechos de
arancel judicial se pagaron el 12 de Diciembre de 2009, es decir, fuera de los
treinta (30) días siguientes a la fecha de admisión del libelo. No obstante, el
sentenciador consideró que los demandantes tenían que cumplir con otras
obligaciones a su cargo y al no hacerlo, se produjo la perención de la instancia.
Ciertamente el legislador patrio en el artículo 321 del Código de Procedimiento
Civil, recomienda a los jurisdicentes de instancias procurar acoger la doctrina
de casación establecida en casos análogos para defender la legislación y la
uniformidad de la jurisprudencia. Sin embargo, nada se ha dicho sobre la
obligación completada en el artículo 12 de la ley de Arancel judicial, ya que al
parecer no ha sido sometida a la consideración de esta Suprema Jurisdicción
en ningún recurso de casación, que pudiera permitir pronunciarse sobre la
perención breve de la instancia por incumplimiento de las obligaciones (carga)
que impone la ley al demandante para el logro de la citación en el lapso de 30
días contados a partir de la fecha de admisión de la demanda o de su reforma
dilucidar- contrariamente a lo que ha venido alegando la casación-esto es, que
si procede la perención de la instancia en todos aquellos procedimientos
informados por el principio de la gratuidad, ya que las obligaciones a que se
refiere el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, Ordinal 1°. Destinadas
al logro de la citación. NO SON SOLAMENTE DE ORDEN PÚBLICO.
Siendo así la Sala de Casación Civil, Sentencia de fecha 06 de julio de 2.004,
con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, establece que la obligación
arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la
manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las
contenidas en el precitado artículo 12 de dicha Ley, y que igualmente deben ser
estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30
días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de
diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos
necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de
practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del
Tribunal: de otro modo su omisión o incumplimiento acarreará la perención de
la instancia, siendo obligación de la parte demandante de proporcionar lo
exigido en la Ley, a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la
consecución de la citación” Sic.
En tal sentido considera esta Juzgadora necesario analizar la actuación procesal
asumida por la parte accionante a los fines de verificar si ha cumplido con los
trámites necesarios para darle el requerido impulso procesal a la presente causa
para así lograr su término.
Remitiéndonos al caso de autos, se puede apreciar de las actas procesales, que la
parte actora no impulso la citación personal de la parte demandada en el lapso
establecido, no cursando en autos ninguna diligencia por la parte accionante en la
presente causa para darle continuidad al juicio. Y ASÍ SE DECLARA.
De la lectura de las actas que conforman el presente expediente se evidencia que la
apoderada judicial de la parte actora, no suministro al Alguacil los medios necesarios
para la práctica de la citación de los codemandados en el presente juicio.
Ahora bien este tribunal observa que desde el día 26 de noviembre de 2015, fecha
en la que se admitió la presente demanda, hasta el día 04 de febrero de 2016, fecha
en la que la apoderada actora solicitó los originales consignados, se evidencia que
no le fueron suministrados los medios necesarios para practicar la citación de los
demandados, ha transcurrido de lapso de dos (2) meses y nueve (9) días, sin que
la parte actora procediera a dar el impulso procesal correspondiente en el más breve
lapso correspondiente ha transcurrido un tiempo suficiente según lo preceptuado en
el Supra señalado artículo, produciéndose como en efecto ocurre la Perención de la
instancia.
Por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Tercero de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado
Miranda con sede en Ocumare del Tuy, administrando justicia en nombre de la
República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la
PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa que por RETRACTO LEGAL
ARRENDATICIO incoada por los ciudadanos: VICTORIANA DEL ROSARIO
ALDANA DE TRINCADO, MANUEL GUSTAVO TRINCADO ALDANA, MIGUEL
ANGEL TRINCADO ALDANA, JOSE ALEJANDRO TRINCADO ALDANA Y
ELIZABETH TRINCADO ALDANA, (SUCESIÓN TRINCADO), venezolanos, mayores
de edad y titulares de la cédula de identidad Nros: V-12.977.764, V-.771.500, V-
10.888.084, 10.888.083, V-15.890.549 Y 17.962.043 respectivamente contra los
ciudadanos: WENCESLAO SIMON RAMOS CARTA su sucesión LEONIDAS
EULOGIA RAMOS CARTAYA, ISABEL RAMOS CARTAYA y FIRELEY ISABEL
RAMOS, venezolanos, mayores de edad y titulares de la cédula de identidad Nros:
V-6.06.676, 619.779, V-620.027 y V-6.011.709 respectivamente. Todo de
conformidad con lo previsto en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Y
ASÍ SE DECIDE. No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del presente
fallo, según lo previsto en el Artículo 283 Ejusdem. Asimismo se ordena el archivo del
presente expediente.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, DÉJESE COPIA.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Tercero de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado
Miranda, en Ocumare del Tuy, trece (13) de enero del dos mil dieciséis (2016). Años:
205º y 156º de la Independencia y de la Federación.
DRA. ARIKAR BALZA SALOM
En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, previo el cumplimiento de
las formalidades de Ley, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.).
EL SECRETARIO
ABS/MG/Ruth
EXP Nº 3132-15.
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