REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUIDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, LOS TEQUES. AÑOS 206° y 157°

SENTENCIA INTERLOCUTORIA

PARTE ACTORA: Ciudadana MIRIAM COROMOTO ESPITIA MORENO, venezolana, mayor de edad, y titular de la Cédula de Identidad Nº. 16.889.785.

APODERADOS JUDICIALES
DE LA PARTE ACTORA: Abogados JESUS BRITO Y AURELIO SILVA CARRASCO, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 55.924 y 65.690.

PARTE DEMANDADA: Entidad de trabajo, sociedad mercantil DISTRIBUIDORA VEROCERAMICA, C.A., Inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 17 de Octubre de 2.003, bajo el Nº 6, tomo 18-A-tro.
APODERADOS JUDICIALES
DE LA DEMANDADA: Abogados RUTH YAJAIRA MORANTE HERNANDEZ y JUAN CARLOS MORANTE, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 20.080 y 41.076.-
MOTIVO: ACOSO LABORAL Y DAÑO MORAL

EXPEDIENTE Nº. 16-2398

ANTECEDENTES
Han subido a esta alzada las presentes actuaciones, en virtud de la apelación interpuesta por la representación judicial de la parte demandante abogado JESUS BRITO, contra la sentencia de fecha 20 de abril de 2016, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con Sede en Los Teques, quien declaró sin lugar la demanda, en el juicio que por acoso laboral y daño moral interpuso la ciudadana MIRIAM COROMOTO ESPITIA MORENO, titular de la Cédula de Identidad Nº. 16.889.785, contra la entidad de trabajo Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA VEROCERAMICA, C.A.; una vez oída la apelación en ambos efectos, se remitió el expediente ante esta alzada, el cual fue recibido en fecha 30 de mayo de 2.016, fijándose la audiencia oral de apelación para el día 27 de junio de 2016, a las 09:00 a.m, de conformidad con la norma contenida en el artículo 163 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y una vez celebrada la misma, se dictó el dispositivo oral del fallo en esta misma fecha, procediendo a redactar el texto íntegro del mismo de la siguiente forma:

THEMA DECIDENDUM
Se refiere la presente causa a la solicitud de la parte demandante, ciudadana MIRIAM COROMOTO ESPITIA MORENO, titular de la Cédula de Identidad Nº. 16.889.785, para demandar por acoso laboral y daño moral, en la relación laboral que afirmó mantuvo con la entidad de trabajo Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA VEROCERAMICA, C.A en la cual renunció, habiéndose desempeñando la demandante en el cargo de administradora.

ESTABLECIMIENTO DE LOS HECHOS Y DELÍMITACION DE LA CONTROVERSIA Y CARGA DE LA PRUEBA
Del estudio del escrito libelar, se determina el establecimiento de los hechos de acuerdo con las afirmaciones expuestas, considerándose que a los fines de establecer el limite de la controversia debe esta alzada analizar como fue realizada la contestación de la demanda y una vez contrastado con el libelo de la demanda, definir el contexto fáctico que va a formar parte del debate probatorio definiendo el lindero, que constituye el marco probatorio procesal, a ser objeto del examen judicial en relación a los hechos a ser probados; definiéndose a lo siguiente: para esta alzada, quedó reconocido que existió la relación laboral que mantuvo la demandada con la accionante y visto como fue realizada la contestación de la demanda, se puede dejar establecido que la entidad de trabajo ha rechazado la solicitud por ello alega no existe diferencia en el pago de las prestaciones sociales, negando los montos reclamados por el trabajador, así las cosas queda a cargo del demandante demostrar los hechos nuevos traídos al proceso, como lo es el nexo causal que permita determinar la existencia del acoso laboral y la procedencia del daño moral y una vez dilucidada estos hechos, debe la demandada probar el pago liberatorio de todos de los derechos que le corresponden, debiendo el trabajador corresponder la carga de la prueba de los excesos legales reclamados, por ello, se establece que deben probar sus afirmaciones con respecto de las condiciones extraordinarias en que el trabajador prestaba el servicio.
Considera esta alzada realizar algunas considetaciones en cuanto a lo dicho por la jurisprudencia para la carga de la prueba y por ello traemos a colación algunas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia.
Para el establecimiento de la carga de la prueba, debemos referirnos a la sentencia Nº 1412 del 28/06/07 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, estableció:
Ahora bien, en relación al criterio a seguir en cuanto a la distribución de la carga de la prueba en materia laboral, se encuentra el fallo N° 445 de fecha 9 de noviembre de 2002, mediante el cual se señaló:
“También debe esta Sala señalar que, habrá inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar sus alegatos, en los siguientes casos:
Cuando en la contestación a la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aun cuando el accionado no la califique como relación laboral. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).
Cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar, y es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicio, si le fueron pagadas las vacaciones, utilidades, etc.
También debe esta Sala señalar con relación al mencionado artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, en lo referente a cuándo se tendrán por admitidos los hechos alegados por la parte actora, que en estos casos, se deberá aplicar la llamada confesión ficta.
Es decir, se tendrán por admitidos aquellos hechos alegados por la parte accionante en su libelo, que el respectivo demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, o cuando no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar dichos alegatos del actor.
En otras palabras, la demandada tendrá la carga de desvirtuar en la fase probatoria, aquellos hechos sobre los cuales no hubiese realizado en la contestación el fundamentado rechazo, de lo contrario, el sentenciador deberá tenerlos como admitidos.
A lo anterior habría que añadir que no todos los alegatos y rechazos que se expongan en la contestación, deberán recibir idéntico tratamiento, porque la adecuada o suficiente precisión en el rechazo o en la exposición de las razones y fundamentos de las defensas, en relación con la carga de la prueba o el riesgo de no aportarla, dependerá de la naturaleza y circunstancias de cada asunto y resultará del examen de las mismas que debe practicar el juzgador, tarea en la cual hará uso de las presunciones establecidas a favor del trabajador pero de la que no puede eximirse con el solo fundamento de indicar que por efecto de declararse la existencia de la relación de trabajo alegada, se tendrán por admitidos todos los hechos y pedimentos planteados con fundamento y por derivación de ella, aún cuando se los hubiere rechazado expresa y precisamente y se trate de rechazos o negativas que se agotan en sí mismas, como son las opuestas a condiciones distintas o exorbitantes de las legales.
Así por ejemplo, si se ha establecido que unas relaciones de carácter laboral, con una remuneración y tiempo determinado y bajo condiciones legales, es claro que el riesgo de no quedar demostrados los pagos que derivan de esos supuestos no recae sobre el trabajador demandante, sino sobre el patrono demandado, aunque éste haya rechazado punto por punto lo reclamado. Pero no puede ser igual cuando se han alegado condiciones y acreencias distintas o en exceso de las legales, como un preaviso en monto equivalente a cuatro a seis meses de salario, o especiales, circunstancias de hecho como horas extras o días feriados trabajados, pues a la negación de su procedencia y/u ocurrencia en el mundo de lo convenido o llevado a cabo no hay, salvo algún caso especial, otra fundamentación que dar; siendo necesario analizar y exponer las demostraciones y razones de hecho y de derecho conforme a las cuales sean o no procedentes los conceptos y montos correspondientes”.

La sentencia transcrita permite conocer como se debe establecer la carga de la prueba en los procedimientos laborales, identificando claramente quien debe acreditar la prueba siendo la carga al patrono cuando esta aceptada la relación laboral o alegue hechos nuevos como defensa y que la contradiga, y es su deber probar, tanto sus dichos nuevos, como exonerarse del pago de los derechos laborales legales, de no ser así queda como cierta la pretensión del trabajador en su libelo de la demanda con respecto a las condiciones de trabajo y demás conceptos reclamados, salvo cuando el demandante tiene la carga de probar los excesos legales, la existencia y el nexo causal entre el acoso laboral y daño moral sufrido.

DE LA AUDIENCIA DE APELACIÓN
AFIRMACIONES Y ALEGATOS DE LAS PARTES
En la fecha y hora establecida para que se efectuara la Audiencia de Apelación, dentro del lapso previsto en la Ley; se anunció el acto con las formalidades de ley observándose la comparecencia de la parte demandante apelante asimismo se dejó constancia de la comparecencia de la representación judicial de la parte demandada, una vez impuesto sobre los particulares de Ley y de la Audiencia, se dio la palabra al apoderado de la parte demandante apelante, quien en resumen expuso: que apela del auto dictado por el Tribunal a quo, porque la trabajadora renunció de conformidad con el artículo 80 de la Ley Orgánica del Trabajo y se le pagaron sus prestaciones sociales, pero es el caso que la Juez de Juicio declaró sin lugar el acoso y el daño moral sin tomar en cuenta la responsabilidad objetiva del patrono, es el caso que la entidad de trabajo comenzó una situación de desprestigio, con lo cual comenzó un acoso donde se abalanzo sobre ella diciendo cosas fuertes y asediándola en el centro de Trabajo lo que motivo a la presente solicitud de los conceptos de daño moral y otros que se ratifican en este acto. Es todo.
Una vez culminada la exposición de la parte demandante apelante se le otorga el derecho de palabra a la parte demandada quien en resumen expuso: Solicitó se declare sin lugar la apelación, se rechazan todos los argumentos expuestos en esta Audiencia de Apelación, la jurisprudencia ha establecido como debe ser el acoso o como debe probarse o sucederse, lo cual no cumplió la trabajadora ni siquiera consignó denuncia ante el Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laborales, siendo entonces sin lugar la solicitud en cuanto a este concepto y por daño moral,. Es todo.

MOTIVACIONES DECISORIAS
Con el objeto de dictarse el presente fallo judicial, considera quien Juzga, que se deben realizar ciertas precisiones en el sentido siguiente: Debe dejar establecido esta alzada que la valoración de pruebas, en el presente caso, no fue objeto de denuncia, por lo que esta alzada se abstiene de analizar este aspecto procesal. Asimismo considera esta alzada hacer algunas precisiones jurídicas respecto de la materia de la prueba judicial en el derecho adjetivo laboral, donde con ocasión al nuevo Régimen Procesal, ya objeto de un denso volumen de jurisprudencia y doctrina, constituye una valiosa manera de fortalecer el proceso y acercarse en lo mayor posible a la búsqueda de la verdad de los hechos discutidos, donde el nivel de los hechos controvertidos exige lo que subjetivamente llamamos seguridad jurídica y certeza, teniendo dificultad de establecer la verdad vista judicialmente, por ello debemos desplazar nuestra función al campo probatorio pleno judicial, que nos permite lograr la evidencia judicial, por ello no podemos olvidar la posición del Maestro Calamandrei cuando expresó: “no he dudado en repetir que la sentencia final no puede ser más que un juicio de verosimilitud que no excluye nunca en forma absoluta el error judicial”.
Si estamos conscientes que la prueba judicial pretende afirmar en el Juez la convicción acerca de la exactitud de alguna de las afirmaciones controvertidas, debemos pensar entonces que en la medida que el proceso se pueda nutrir de medios probatorios o vehículos para llevar ante el juez la prueba de los hechos, esto permite que sea necesario e imprescindible aportar al mismo, la mayor posibilidad de los elementos probatorios permitidos por la Ley, con la única limitación de los principios de la pertinencia, la utilidad, la conducencia, la legalidad, licitud, alteridad y otros, que permitan hacer abstracción a los jueces para evitar la promoción de medios que no serán en ningún modo, más que una carga procesal inútil.
Así las cosas, debemos pasar al exámen de la situación que nos ocupa y entonces podemos señalar: Con respecto a la denuncia por acoso laboral y consecuente daño moral, debe esta alzada advertir, como se dijo al principio de estas motivaciones decisorias, que la prueba es la base para demostrar al Juez los hechos establecidos en el libelo y como sucedieron en la realidad, en el presente caso, se plantea la denuncia por supuesto acoso laboral y consecuente daño moral, para resolver este punto esta alzada debe señalar que en nuestro ordenamiento jurídico para el hecho social del Trabajo, se creó una institución con capacidad científica, tecnológica y médica para tratar este tipo de asuntos y es el llamado por Ley para hacer las investigaciones correspondientes del caso a investigar, dicha institución es el Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laborales (I.N.P.SA.SE.L.), que tiene perfectamente establecidos legalmente los elementos e instrumentos propios para atender este tipo de reclamo de los trabajadores y poder demostrar los hechos sobre los cuales deben ser objeto de una investigación técnica exhaustiva, y para estos casos el órgano encargado de hacer este tipo de investigaciones como se dijo es el Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laborales (I.N.P.SA.SE.L), quien a través de sus expertos y peritos deben y es su obligación hacer la investigación respectiva en la entidad de trabajo, para establecer los hechos sobre los cuales se sustenta la petición que se demanda, por cuanto es quien tiene a su dispocisión el personal idóneo para hacer este tipo de investigaciones, además de contar con médicos especialistas en diversas modalidades como la psicológica y psiquiatrica que puede hacer evaluaciones al trabajador y verificar su estado físico o mental o dar un diagnostico del mismo, sin ello, esta alzada no cuenta con auxilio necesario en esta materia espacialísima denominada acoso laboral para determinar la procedencia o no del daño moral, pues solo un profesional medico o afín de la materia, es quien puede dar fe del estado de salud o afectación mental del trabajador y establecer un diagnostico, por estas razones, por la falta de pruebas que demuestren la situación actual de la trabajadora, es por lo que la denuncia de acoso laboral y la pretensión de pago por daño moral son improcedentes en derecho y así se decide.
En conclusión, sin haberse realizado el procedimiento para demostrar el acoso laboral sin la intervención del Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laborales y sin tener ninguna otras pruebas que demuestren o constituyan indicio fuerte de haberse configurado el acoso laboral denunciado, es forzoso para esta alzada declarar la inexistencia del acoso laboral y sin lugar la demanda confirmando la decisión del Tribunal A Quo y así se decide.

DISPOSITIVO
Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Los Teques, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado JESUS BRITO inscrito en el inpreabogado bajo el N°. 55.924, apoderado judicial de la parte demandante apelante, contra la sentencia de fecha 20 de abril de 2016 dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con Sede en Los Teques.- SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda propuesta por la ciudadana MIRIAM COROMOTO ESPITIA MORENO, titular de la Cédula de Identidad Nº. 16.889.785, contra la entidad de trabajo Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA VEROCERAMICA, C.A., por motivo del pago de la diferencia de las prestaciones sociales y otros derechos laborales así como del daño moral reclamado por acoso laboral.-TERCERO: SE CONFIRMA la sentencia de fecha 20 de abril de 2016 dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con Sede en Los Teques.- CUARTO: No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el Artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE
Se ordena la publicación del presente fallo en la página WEB de la Región del Estado Miranda del Tribunal Supremo de Justicia. Se ordena dejar copia certificada en el copiador de sentencia de este Tribunal.
De acuerdo con lo previsto en las disposiciones del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, se ordena la consignación de copia certificada del presente fallo en el copiador de sentencias de este Juzgado Superior.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda en los Teques, al día cuatro (4) del mes de Julio del año 2016. Años: 206° y 157°.-


EL JUEZ SUPERIOR,
ADOLFO HAMDAN GONZALEZ

EL SECRETARIO,
Nota: En la misma fecha siendo las 12:30 p.m, se publicó y se registró la anterior sentencia previo el cumplimiento de Ley.
EL SECRETARIO
AHG/RD
EXP N° 16-2398