TSJ Regiones - Decisión

TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS CRISTOBAL ROJAS Y URDANETA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, ACTUANDO EN FUNCION DE CONTROL EN ELSISTEMA PENAL DE RESPONSABILIDAD DE ADOLESCENTES

CÚA, TREINTA (30) DE JULIO DE 2016.-
206° y 157°
SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO
EXPEDIENTE Nº 1535-12
JUEZ: Dra. Josefina Gutiérrez.
IMPUTADO: M.G.R.J (identidad protegida conforme al artículo 65 de la LOPNNA)
VICTIMA: Candida (identidad protegida conforme al articulo 308 del C.O.P.P)
FISCAL: Abogado Enrique Lucena. Fiscal Auxiliar 17mo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

Visto el escrito interpuesto en la presente causa, por el Abogado Enrique Lucena, Fiscal Auxiliar 17mo, en su condición de Fiscal Provisorio 17ma del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, solicitando el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO de la causa seguida contra el adolescente: M.G.R.J (identidad protegida conforme al articulo 65 de la LOPNNA), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 300 numeral 3 y 302 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo previsto en el artículo 561 literal “d” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por uno de los delitos de AMENAZA AGRAVADA, VIOLENCIA FISICA y VIOLENCIA PATRIMONIAL, previsto en el Código Penal. Este Tribunal, a los fines de emitir el pronunciamiento correspondiente observa:

ENUNCIACION DE LOS HECHOS

En fecha 11-11-2012, siendo aproximadamente a las 03:05 horas de la tarde, funcionarios adscritos al Comando Regional Nº 05, destacamento de Seguridad Urbana Miranda, Parroquia Nueva Cúa de la Guardia Nacional Bolivariana, recibieron llamada de una persona que no quiso identificarse, quien informo que en el sector Madera, vereda Nº 24, Nueva Cúa, un ciudadano se encontraba apuntando con un arma de fuego a una ciudadana y le estaba propiciando una golpiza, procediendo dichos funcionarios a trasladarse al sitio indicado, una vez en el sector, observaron a un adolescente con un arma de fuego, tipo escopeta, los funcionarios le dieron la voz de alto, y el ciudadano al percatarse de la presencia militar, soltó el arma. Luego la ciudadana Candida (identidad protegida conforme al articulo 308 del C.O.P.P), compareció a la sede del Comando Regional Nº 05, destacamento de Seguridad Urbana Miranda, Parroquia Nueva Cúa de la Guardia Nacional Bolivariana y realizó denuncia común, en la cual dejó constancia, que se encontraba en la entrada del sector Madera Cúa y su ex pareja se monto en el taxi que había tomado, la golpeo y la apunto con una escopeta y al llegar a su casa la amenazo de muerte.- Folio 5 y 9.-

En fecha 11-07-2016, se recibió oficio N° 15-DPIF-F17-00603-2016, procedente de la Fiscalía 17ma del Ministerio Público, contentivo de la Solicitud de SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO.- Folio 30.-

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD FISCAL

Expone la representante del Ministerio Público que la apertura del procedimiento lo efectúa la Fiscalía 17ma en virtud a denuncia común, efectuada por la ciudadana Candida (identidad protegida conforme al articulo 308 del C.O.P.P), por ante el Comando Regional Nº 05, destacamento de Seguridad Urbana Miranda, Parroquia Nueva Cúa de la Guardia Nacional Bolivariana, donde deja constancia de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos en los cuales se encuentra involucrado el adolescente M.G.R.J (identidad protegida conforme al articulo 65 de la LOPNNA), siendo estos los únicos elementos de convicción que cursan en la investigación penal.

Por lo que en virtud a las resultas de la investigación concluye que la conducta del adolescente, pudo haber encuadrado en uno de los delitos de AMENAZA AGRAVADA, VIOLENCIA FISICA y VIOLENCIA PATRIMONIAL, previsto en el Código Penal. En el caso de marras, la fecha de la perpetración de los hechos se trata de un hecho punible que no merece privación de libertad como sanción, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 628 parágrafo segundo literal a) de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y de Adolescentes, prescribe a los TRES (03) AÑOS, según lo previsto en el artículo 615 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con los artículo 300 numeral 3. y 49 numeral 8. del Código Orgánico Procesal Penal, aplicables por remisión expresa del artículo 537 de la Ley Orgánica que regula la materia de Adolescente, observando que en este caso ha operado la prescripción extinguiendo la acción penal, imposibilitando un posible enjuiciamiento, faltando con ello una condición necesaria para imponer la sanción correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 561 ejusdem.-

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

La prescripción es una institución legal que extingue la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo, que pone fin a la persecución penal; ya sea extinguiendo la acción o la pena. De allí que existen prescripción de la acción o del delito y prescripción de la pena. La primera supone el transcurso de un plazo determinado tras la comisión del delito, sin que éste sea juzgado; la segunda, el transcurso de cierto tiempo tras la imposición de la pena, o tras una interrupción de su cumplimiento, sin que se cumpla.

Ahora bien, en el ordinal 8° del artículo 49 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable subsidiariamente a este procedimiento de responsabilidad penal del adolescente por remisión expresa del artículo 537 de la Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece como causa de extinción de la acción penal, la prescripción, lo que conlleva al sobreseimiento definitivo de la causa por ser evidente la falta de una condición necesaria para imponer la sanción, tal como lo establece el artículo 561 de la Ley Especial en concordancia con el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal por aplicación supletoria de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; es decir que esa normativa legal, prevé la culminación de la persecución penal como efecto de la prescripción sin que se haya producido el juzgamiento, mediante el sobreseimiento definitivo.

El artículo 615 ejusdem, determina el lapso prescriptivo de esa persecución. Así, se fijan los lapsos para la prescripción de la acción penal en tres (3) años para los delitos cuya sanción no es privativa de libertad, cinco (5) para los que tienen como sanción medida privativa de libertad; y seis (6) meses para los delitos de acción privada.

De la revisión de las actas que integran el expediente, observa este Juzgador que el hecho imputado al entonces adolescente M.G.R.J (identidad protegida conforme al articulo 65 de la LOPNNA), por denuncia común efectuada por la ciudadana Candida (identidad protegida conforme al articulo 308 del C.O.P.P), realizó denuncia común ante el Comando Regional Nº 05, destacamento de Seguridad Urbana Miranda, Parroquia Nueva Cúa de la Guardia Nacional Bolivariana, donde dejan constancia de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos.

De igual manera, se desprende que desde la fecha en que ocurrieron los hechos (11-11-2012) evidencia que el tiempo transcurrido hasta la presente fecha (30-07-2016), es de Tres (03) AÑO, OCHO (8) MESES y DIECISEIS (16) DIAS, tiempo más que suficiente para que se declare la prescripción penal a tenor de las disposiciones legales antes citadas, y que textualmente rezan:
Del Código Orgánico Procesal Penal.

Artículo 49.- Son causas de extinción de la acción penal:
…8. La prescripción, salvo que el imputado o imputada renuncie a ella, o se encuentre evadido o prófugo de la justicia por alguno de los delitos señalados en el último aparte del artículo 43 de este Código.”

Artículo 300.- Sobreseimiento. El sobreseimiento procede cuando:
…3. La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada“.-

De la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:

Artículo 537.- “Interpretación y Aplicación. Las disposiciones de este Título deben interpretarse y aplicarse en armonía con sus principios rectores, los principios generales de la Constitución, del Derecho Penal y Procesal, y de los tratados internacionales consagrados a favor de la persona y especialmente de: los adolescentes.
En todo lo que no se encuentre expresamente regulado en este Título, deben aplicarse supletoriamente la legislación penal, sustantiva y procesal y, en su defecto el Código de Procedimiento Civil.”

Aunado a ello no se registró ningún acto que interrumpiera la misma, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 110 del Código Penal vigente, que textualmente expresa:

“Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el imputado, si éste se fugare.
Interrumpirán también la prescripción, la citación que como imputado practique el Ministerio Público, o la instauración de la querella por parte de la victima o de cualquier persona a los que la ley reconozca con tal carácter; y las diligencias y actuaciones procesales que le sigan; pero si el juicio, sin culpa del imputado, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable más la mitad del mismo, se declarará prescrita la acción penal.
Si establece la ley un término de prescripción menor de un año, quedará ella interrumpida por cualquier acto de procedimiento; pero si en el término de un año, contado desde el día en que comenzó a correr la prescripción, no se dictare la sentencia condenatoria, se tendrá por prescrita la acción penal.
La prescripción interrumpida comenzará a correr nuevamente desde el día de la interrupción.
La interrupción de la prescripción surte efectos para todos los que han concurrido al hecho punible, aun cuando los actos que interrumpan la prescripción no se refieran sino a uno.”

Y como de la concurrencia del adolescente en su perpetración, configura en todas sus partes la causal contemplada en el artículo 561 literal “d” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que reza:

“Fin de la investigación. Finalizada la investigación, el Fiscal del Ministerio Público deberá:...d) Solicitar el sobreseimiento definitivo si resulta evidente la falta de una condición necesaria para imponer la sanción.”

Ahora bien, por todo lo antes expuesto, quien aquí juzga considera ajustado a derecho, en el caso que nos ocupa, Declarar Con Lugar la solicitud presentada por la Representación del Ministerio Público y Decretar el Sobreseimiento Definitivo de la presente causa por evidenciarse la falta de condición necesaria para imponer la sanción, ya que el hecho se encuentra evidentemente prescrito, de conformidad con lo dispuesto en los 561 literal d) en concordancia con el artículo 615 ambos de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con relación a los Artículos 300 numeral 3. y 49 numeral 8. del Código Orgánico Procesal Penal, aplicables por remisión expresa del artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y así se declara.

DISPOSITIVA

Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Cristóbal Rojas y Urdaneta de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, actuando en función de Control en el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes, con sede en Cúa, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana De Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 561 literal “d” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y por evidenciarse la falta de una condición necesaria para imponer la sanción DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE LA PRESENTE CAUSA, seguida contra el adolescente M.G.R.J (identidad protegida conforme al articulo 65 de la LOPNNA), por el uno de los delitos de AMENAZA AGRAVADA, VIOLENCIA FISICA y VIOLENCIA PATRIMONIAL, previsto en el Código Penal, ello en virtud de la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL del presente procedimiento a tenor de lo establecido en el artículo 615 ejusdem, en concordancia con el artículo 110 del Código Penal vigente. Todo de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 300 numeral 3. y 49 numeral 8. del Código Orgánico Procesal Penal, aplicados por remisión expresa del artículo 537 de la Ley que regula la materia de Niños, Niñas y Adolescentes. Así se decide.-

Publíquese, regístrese, déjese copia certificada.

Notifíquese a las partes del contenido de la presente decisión. En la ciudad de Cúa, a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil dieciséis (2016). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.

La Juez,

Dra. Josefina Gutiérrez.

El Secretario Temp.

Abg. José Betancourt.

Siendo la diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.) se publicó la anterior Decisión.

El Secretario Temp.

Abg. José Betancourt.

JG/ro.-
EXP: 1535-12.-