REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHARALLAVE
205° y 157°
N° DE EXPEDIENTE: 908-14
PARTE RECURRENTE: UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA ALEJANDRINA DIAZ DE PALACIOS, C.A.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE RECURRENTE: Abogado JULIO CESAR PÉREZ, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nro. 156.975.
PARTE RECURRIDA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA PARTE RECURRIDA:
(Procuraduría General de la República) NO CONSTA EN AUTOS REPRESENTANTE POR PARTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MOTIVO:
Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto contra el Acto Administrativo, de fecha 03/12/2012, correspondiente al expediente administrativo No. 017-2012-01-01201, llevado ante la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy del Estado Bolivariano de Miranda.
REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO: NO CONSTA EN AUTOS REPRESENTANTE POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
ANTECEDENTES DE LOS HECHOS
Se inicia el presente procedimiento mediante escrito recursivo presentado en fecha 13/08/2013, por el Abogado JULIO PÉREZ, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nro. 156.975, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Entidad de Trabajo UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA ALEJANDRINA DÍAZ DE PALACIOS C.A., parte recurrente en el presente procedimiento, por ante el Juzgado Superior SÉPTIMO de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, (con funciones de distribuidor), Juzgado este al cual le correspondió primeramente el conocimiento de la causa presente causa por efecto de la distribución efectuada en fecha 17/09/2013.
En fecha 24/09/2013, el Juzgado Superior SÉPTIMO de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, dicta sentencia mediante la cual declara su incompetencia para conocer y decidir en primer grado de jurisdicción la demanda de nulidad interpuesta y consecuentemente ordenó la remisión del expediente a los Juzgados Laborales de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Por auto de fecha 02/12/2013, el Tribunal SEGUNDO de 1ª Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, da por recibido el presente expediente.
Posteriormente, el día 05/12/2013, el Juzgado SEGUNDO de 1ª Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dicta sentencia mediante la cual declara su incompetencia territorial para conocer el presente asunto; asimismo, ordenó la remisión del expediente a este Juzgado.
De seguidas, en fecha 20/01/2014, este Juzgado dicta auto mediante el cual da por recibido el presente expediente; y el día 23/01/2014, una vez verificadas las actas procesales que integran el expediente, dicta auto mediante el cual ordena a la parte recurrente, subsane los términos ambiguos y confusos que presenta el escrito recursivo, toda vez que los mismos impiden su admisión; para ello ordenó notificar a la parte recurrente mediante carteles de notificación que libró al efecto.
En fecha 07/02/2014, comparece el alguacil adscrito a este Circuito Judicial, y suscribe diligencia mediante la cual consigna Carteles de Notificación dirigidos a la parte recurrente, sin efecto de firma, por cuanto fue imposible materializar dicha notificación.
DE LA COMPETENCIA DE ESTE JUZGADO DE JUICIO DEL TRABAJO
Como punto previo, debe este Tribunal pronunciarse acerca de la competencia para conocer de la presente causa, y al respecto observa que en el caso de autos se pretende la anulación del Acto Administrativo, de fecha 03/12/2012, contenido en el expediente No. 017-2012-01-01201, llevado por la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, mediante la cual se ordenó a la Entidad de Trabajo UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA ALEJANDRINA DÍAZ DE PALACIOS, C.A., el Reenganche o Restitución de la Situación Jurídica Infringida, de la ciudadana YELITZA MAYERLN ECHEZURIA PALACIOS, titular de la cédula de identidad Nro. V-12.087.309.
En este orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia de carácter vinculante No. 955 de fecha 23/09/2010 que interpretó el numeral 3º del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuya sentencia dejó establecido que los Tribunales del Trabajo tienen competencia para conocer de los actos administrativos dictados por la Inspectoría del Trabajo relacionados con la inamovilidad en el marco de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo, relativos a la inejecución de dichos actos administrativos; siendo reiterados tal criterio mediante decisiones signadas con los números 54 y 256 de fechas 15/03/11 y 16/03/11 respectivamente, ambas emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así las cosas, y visto que el presente juicio se refiere a un Recurso de Nulidad ejercido en contra del Acto Administrativo supra mencionado, en total acatamiento de las decisiones antes mencionadas, este Tribunal Primero de Primera de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Charallave, se declara COMPETENTE para conocer de la presente acción. ASÍ SE DECIDE.
FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO
La representación judicial de la parte recurrente señala que el Acto Administrativo Recurrido –auto de admisión-, de fecha 03/12/2012, dictado en el expediente No. 017-2012-01-01201, sustanciado por la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, mediante la cual se ordenó a la Entidad de Trabajo UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA ALEJANDRINA DÍAZ DE PALACIOS, C.A. –hoy recurrente-, el Reenganche o Restitución de la Situación Jurídica Infringida, de la ciudadana YELITZA MAYERLN ECHEZURIA PALACIOS, titular de la cédula de identidad Nro. V-12.087.309, se encuentra viciado de nulidad, por cuanto a su representada no se permitió ejercer su derecho a la defensa, a través de la presentación de alegatos y documentos pertinentes, útiles y necesarios, tendentes a demostrar la falsedad de lo alegado por la accionante en sede administrativa.
Finalmente, solicitó que se acuerde la suspensión de efectos del Acto Administrativo y declare CON LUGAR el presente Recurso de Contencioso Administrativo de Nulidad intentado en contra del Acto Administrativo, ut supra identificado.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a este Juzgado decidir el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conjuntamente con Medida Cautelar de Suspensión de Efectos interpuesto por el Abogado JULIO CESAR PEREZ, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nro. 156.975, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la parte recurrente, Entidad de Trabajo UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA ALEJANDRINA DIAZ DE PALACIOS, C.A. en contra del Acto Administrativo, de fecha 03/12/2012, dictado en el expediente administrativo Nro. 017-2012-01-01201, y emanado de la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, mediante la cual se ordenó a la Entidad de Trabajo UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA ALEJANDRINA DÍAZ DE PALACIOS, C.A. –hoy recurrente-, el Reenganche o Restitución de la Situación Jurídica Infringida, de la ciudadana YELITZA MAYERLN ECHEZURIA PALACIOS, titular de la cédula de identidad Nro. V-12.087.309.
Ahora bien, por cuanto observa este Juzgado que no hubo actuación alguna por la parte recurrente, Entidad de Trabajo UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA ALEJANDRINA DIAZ DE PALACIOS, C.A, y por cuanto hasta la presente fecha no observa este Juzgado que la parte recurrente haya realizado algún acto en el procedimiento tendente a impulsar el requerimiento efectuado por este Tribunal mediante auto de fecha 23/01/2014, observándose que ha transcurrido más de un (1) año sin que la misma realizara acto en el procedimiento destinado a impulsar y mantener en curso el proceso, es por ello que se verifica una inactividad procesal en el presente recurso de nulidad.
Así las cosas, ha sido reiterado y pacífico el criterio conforme al cual la perención de la instancia opera por la inactividad de las partes, es decir, la no realización de actos de procedimiento destinados a impulsar y mantener en curso el proceso cuando esta omisión se prolonga por más de un (1) año, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447, de fecha 16 de junio de 2010 (reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 del 22 de junio de 2010), estableció la figura de la perención en su artículo 41, en los siguientes términos:
“Artículo 41. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria”.
Conforme a la norma transcrita, la perención de la instancia opera cuando la causa ha permanecido paralizada por más de un año, debiendo computarse dicho lapso a partir de la fecha en la cual alguna de las partes haya efectuado el último acto de procedimiento, cumplido el cual el Tribunal podrá declarar consumada la perención -bien sea de oficio o a instancia de parte-, excepto en aquellos casos en los cuales corresponda al Juez emitir un pronunciamiento, tales como la admisión de la demanda, la fijación de una audiencia y la admisión de pruebas.
En tal sentido, resulta necesario traer a colación lo que ha señalado la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia número 01579 de fecha 24 de noviembre de 2011, (caso: AGROCIVICS, C.A. contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO SUCRE), en la cual se estableció lo siguiente:
“… Omissis… La perención de la instancia es un mecanismo anómalo de terminación del proceso, en el sentido de que el pronunciamiento dictado por el operador de justicia que declare la perención, no produce cosa juzgada material, pudiendo el accionante interponer nuevamente la acción en similares términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines.
Se constituye entonces el referido instituto procesal como un mecanismo legal diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales.
En ese sentido, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447, de fecha 16 de junio de 2010 (reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 del 22 de junio de 2010), estableció la figura de la perención en su artículo 41, en los siguientes términos:
“Artículo 41. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria”.
Conforme a la norma transcrita, la perención de la instancia opera cuando la causa ha permanecido paralizada por más de un año, debiendo computarse dicho lapso a partir de la fecha en la cual alguna de las partes haya efectuado el último acto de procedimiento, cumplido el cual el tribunal podrá declarar consumada la perención -bien sea de oficio o a instancia de parte-, excepto en aquellos casos en los cuales corresponda al Juez emitir un pronunciamiento, tales como la admisión de la demanda, la fijación de una audiencia y la admisión de pruebas.

Criterio este que ha sido reiterado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencias Nos. 00404 de fecha 25/04/2012, Nº 00590 de fecha 30/05/2012 y Nº 00842 de fecha 11/07/2012.
Así, se constituye entonces el referido instituto procesal como un mecanismo legal diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales.
En tal sentido, visto que desde la última actuación que consta en autos, diligencia suscrita por alguacil encargado de practicar la notificación ordenada a la parte recurrente, es de fecha 07/02/2014, hasta la presente fecha existe un lapso de tiempo de dos (2) años y un (01) mes, por lo que transcurrió un lapso superior a un (01) año, tiempo éste que da razón a esta Juzgadora de estimar la presente causa como perimida, por haber transcurrido el plazo de inactividad procesal señalado en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que opere de pleno derecho la PERENCIÓN y, en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA. Y ASI SE DECIDE.
DISPOSITIVA
En base a todos los razonamientos de hecho y de derecho antes expuestos y en atención a los méritos que de ellos se desprenden; este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. CON SEDE EN CHARALLAVE, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara PRIMERO: COMPETENTE este Juzgado para conocer de la presente acción, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia Nº 955 de fecha 23 de septiembre de 2010 emanada de la Sala Constitucional. SEGUNDO: Consumada la PERENCIÓN y, en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA, en el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conjuntamente con Medida Cautelar de Suspensión de Efectos interpuesto por el Abogado JULIO CESAR PEREZ, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nro. 156.975, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la parte recurrente, Entidad de Trabajo UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA ALEJANDRINA DIAZ DE PALACIOS, C.A. en contra del Acto Administrativo, de fecha 03/12/2012, correspondiente al expediente No. 017-2012-01-01201, emanada de la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy del Estado Bolivariano de Miranda, mediante la cual se ordenó a la Entidad de Trabajo UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA ALEJANDRINA DÍAZ DE PALACIOS, C.A. –hoy recurrente-, el Reenganche o Restitución de la Situación Jurídica Infringida, de la ciudadana YELITZA MAYERLN ECHEZURIA PALACIOS, titular de la cédula de identidad Nº V-12.087.309.
En este contexto, se ordena notificar del presente fallo al Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, remitiéndole adjunto copias certificadas de la presente decisión; finalmente, se deja establecido que una vez que conste en autos la notificación ordenada, comenzará a transcurrir el lapso de ocho (08) días previsto en el artículo 100 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para entender consumada la notificación dirigida a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, y vencido como haya sido el lapso previsto en dicho artículo, comenzará a correr el lapso de cinco (5) días hábiles para recurrir de la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, aplicado supletoriamente de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se ordena dejar copia certificada de la presente sentencia en el archivo del Tribunal.
Se ordena la publicación de la presente Decisión en la página WEB del Tribunal Supremo de Justicia en el site denominada Región Miranda.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda. En Charallave, a los Siete (07) días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis (2016) AÑOS: 205° y 157°.



DRA. TANIA RIVAS SOJO
LA JUEZA DE JUICIO

ABG. AMADO JUNIOR APONTE PAZ
EL SECRETARIO
Nota: En esta misma fecha siendo las 02:26 de la tarde, se dictó y publicó la anterior Sentencia.


EL SECRETARIO
TRS/AJAP/ajap.-
Sentencia N° 033-16
Exp. 908-14