TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA

EXPEDIENTE N° 30.851
PARTE ACTORA: CANDELARIA OLIVAR MENDOZA, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 5.122.944.-
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: MIGUEL SIMÓN AVENDAÑO SIERRA y JOSÉ MANUEL GÓMEZ, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 207.061 y 29.683, respectivamente.-
PARTE DEMANDADA: LISBETH YUDITH INOJOSA OLIVAR y JULIO CESAR INOJOSA VIANA, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad números 11.480.775 y 12.298.726.-
ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDADA: ANGELICA DEL CARMEN LIRA RODRÍGUEZ, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 202.190.-
MOTIVO: ACCIÓN MERODECLARATIVA.-
SENTENCIA: DEFINITIVA.-

-I-
ANTECEDENTES
Se inició el presente juicio, presentado en fecha 06 de noviembre del año 2015, por la ciudadana CANDELARIA OLIVAR MENDOZA, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 5.122.944, debidamente asistida por los abogados MIGUEL SIMÓN AVENDAÑO SIERRA y JOSÉ MANUEL GÓMEZ, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 207.061 y 29.683, respectivamente, mediante el cual demandó a los ciudadanos LISBETH YUDITH INOJOSA OLIVAR y JULIO CESAR INOJOSA VIANA, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad números 11.480.775 y 12.298.726, con motivo de acción merodeclarativa de unión concubinaria.
Por auto de fecha 24 de noviembre de 2015, el Tribunal –previa consignación de los recaudos- admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de los demandados, para que dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de la última citación que constara en el expediente, acudieran a este Juzgado a dar contestación de la demanda, de igual manera, en la misma fecha se ordenó librar edicto a todas aquellas personas que tuvieran interés manifiesto y directo en el presente juicio, ello, de conformidad con el artículo 507 del Código Civil.
En fecha 09 de diciembre de 2015, compareció ante este Juzgado la representación judicial de la parte demandante y consignó la publicación en prensa del edicto arriba mencionado.
Libradas las compulsas, el día 02 de febrero de 2016, comparecieron ante la sede de este Despacho, los accionados, y asistidos de abogado, se dieron por citados expresamente, y a la par, consignaron escrito de contestación a la demanda planteada en su contra.
Siendo la oportunidad para decidir, el Tribunal pasa a hacerlo bajo las siguientes consideraciones:

-II-
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Constituye principio cardinal en materia procesal, el llamado principio dispositivo, contenido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, aquel conforme al cual el Juez debe decidir conteste a lo alegado y probado en autos por las partes, sin que pueda sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El anterior precepto establece los límites del oficio del Juez, pues para él no puede existir otra verdad que la que resulta de los alegatos y actividad probatoria de las partes, debiendo en consecuencia atenerse a estos alegatos para decidir, ya que el límite de toda controversia judicial está circunscrito por los hechos alegados como fundamento de la pretensión en el libelo de la demanda y los hechos aducidos como fundamentos de las excepciones o defensas opuestas en la oportunidad de la contestación de la demanda, quedando de esta manera trabada la litis, razón por la cual con posterioridad a estos actos no pueden las partes traer nuevos hechos al proceso que alterarían la relación procesal ya cerrada.
Por ello, quien suscribe, considera necesario siendo el punto de partida verificar lo alegado en autos, y en segundo lugar, analizar las probanzas traídas al proceso.
DE LOS ALEGATOS REALIZADOS POR LA PARTE ACTORA:
Tal y como se desprende del escrito libelar, la representación judicial de la parte actora, sostiene que:
1) Durante cuarenta y cuatro (44) años ininterrumpidos, aproximadamente, convivió en unión estable de hecho con el ciudadano JULIO CÉSAR INOJOSA VIANA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 3.301.729, quien falleció el día 19 de septiembre del año 2015.
2) Durante el tiempo en que se mantuvo la unión concubinaria, procrearon dos (2) hijos, quienes llevan por nombre, LISBETH YUDITH INOJOSA OLIVAR y JULIO CESÁR INOJOSA OLIVAR, la primera nacida en el año 1972 y el segundo en el año 1975.
3) Su último domicilio, a su decir, lo constituyeron en la Urbanización Nueva Casarapa, Sector El Fortín, edificio 14, piso 3, apartamento Nº 14-44, parroquia Guarenas, Municipio Plaza del Estado Miranda.
4) Por todo ello, es que interpone la presente acción merodeclarativa de concubinato, a los fines de que se declare que mantuvo con el finado JULIO CESÁR INOJOSA VIANA, una relación estable de hecho durante cuarenta y cuatro (44) años, aproximadamente, ello, de conformidad con los artículos 77 de la Constitución Nacional, 16 del Código de Procedimiento Civil y 767 del Código Civil. Igualmente solicita, que los bienes muebles e inmuebles fueron adquiridos en comunidad y que el cincuenta por ciento (50%) del valor de los mismos le pertenecen.
DE LOS ALEGATOS REALIZADOS POR LA PARTE DEMANDADA:
En su oportunidad para dar contestación a la demanda, la parte accionada optó por convenir en la presente acción de la siguiente manera:
1) De conformidad con los artículos 361 y 363 del Código de Procedimiento Civil, convinieron en todas y cada una de las partes contenidas en la demanda de acción merodeclarativa de concubinato, incoada por la ciudadana CANDELARIA OLIVAR MENDOZA.
2) Reconocen la unión estable de hecho que la unió a su padre, y que el último domicilio común de ambos, estuvo ubicado en la Urbanización Nueva Casarapa, Sector El Fortín, edificio 14, piso 3, apartamento Nº 14-44, parroquia Guarenas, Municipio Plaza del Estado Miranda.
3) Reconocen y convienen que la ciudadana CANDELARIA OLIVAR MENDOZA, mantuvo una relación concubinaria durante, aproximadamente, cuarenta y cuatro (44) años, de forma continua, estable, ininterrumpida y pacifica con el finado JULIO CESÁR INOJOSA VIANA.
4) Que el Tribunal declare que los bienes inmuebles y muebles, fueron adquiridos en comunidad, y que por tal razón, el cincuenta por ciento (50%) del valor de los mismos pertenece a la hoy accionante.
Ante los alegatos esgrimidos por las partes, quien suscribe, considera necesario citar las disposiciones contenidas en el artículo 77 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 767 del Código Civil, las cuales son del tenor siguiente:
“Artículo 77 de la Constitución Nacional: Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio”.
“Artículo 767 del Código Civil: Se presume la comunidad, salvo prueba en contrario, en aquellos casos de unión no matrimonial, cuando la mujer o el hombre en su caso, demuestre que ha vivido permanentemente en tal estado aunque los bienes cuya comunidad se quiere establecer aparezcan a nombre de uno solo de ellos. Tal presunción sólo surte efectos legales entre ellos dos y entre sus respectivos herederos y también entre uno de ellos y los herederos del otro. Lo dispuesto en este artículo no se aplica si uno de ellos está casado”.
Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 15 de julio de 2005, en su interpretación al artículo 77 de la Constitución Nacional, el cual es de carácter vinculante, estableció lo siguiente:
“(…) El concubinato es un concepto jurídico, contemplado en el artículo 767 del Código Civil, y tiene como característica –que emana del propio Código Civil- el que se trata de una unión no matrimonial (en el sentido de que no se han llenado las formalidades legales del matrimonio) entre un hombre y una mujer solteros, la cual está signada por la permanencia de la vida en común (la soltería viene a resultar un elemento decisivo en la calificación del concubinato, tal como se desprende del artículo 767 de Código Civil y 7, letra a) de la Ley del Seguro Social).
Se trata de una situación fáctica que requiere de declaración judicial y que la califica el juez, tomando en cuenta las condiciones de lo que debe entenderse por una vida en común.
Además de los derechos sobre los bienes comunes que nacen durante esa unión (artículo 767 eiusdem), el artículo 211 del Código Civil, entre otros, reconoce otros efectos jurídicos al concubinato, como sería la existencia de la presunción pater ist est para los hijos nacidos durante su vigencia.
Dado lo expuesto, para la Sala es claro que actualmente el concubinato que puede ser declarado tal es aquel que reúne los requisitos del artículo 767 del Código Civil, y él viene a ser una de las formas de uniones estables contempladas en el artículo constitucional, ya que cumple los requisitos establecidos en la ley (Código Civil), para ser reconocido como tal unión. Por ahora –a los fines del citado artículo 77-el concubinato es por excelencia la unión estable allí señalada, y así se declara.
(omissis)
“Unión estable de hecho entre un hombre y una mujer”, representa un concepto amplio que va a producir efectos jurídicos, independientemente de la contribución económica de cada uno de los unidos en el incremento o formación del patrimonio común o en el de uno de ellos, siendo lo relevante para la determinación de la unión estable, la cohabitación o vida en común, con carácter de permanencia, y que la pareja sea soltera, formada por divorciados o viudos entre sí o con solteros, sin que existan impedimentos dirimentes que impidan el matrimonio.
Pero como, al contrario del matrimonio que se perfecciona mediante el acto matrimonial, recogido en la partida de matrimonio, no se tiene fecha cierta de cuándo comienza la unión estable, ella debe ser alegada por quien tenga interés en que se declare (parte o tercero) y probada sus características, tales como la permanencia o estabilidad en el tiempo, los signos exteriores de la existencia de la unión (lo que resulta similar a la prueba de la posesión de estado en cuanto a la fama y el trato, ya que la condición de la pareja como tal, debe ser reconocida por el grupo social donde se desenvuelve), así como la necesidad de que la relación sea excluyente de otra de iguales características, debido a la propia condición de la estabilidad. Si la unión estable se equipara al matrimonio, y la bigamia se encuentra prohibida, a juicio de esta Sala es imposible, para que ella produzca efectos jurídicos, la coexistencia de varias relaciones a la vez en igual plano, a menos que la Ley expresamente señale excepciones. Ahora bien, corresponde conforme al artículo 77 constitucional, a la reserva legal la regulación de las otras uniones estables diversas al concubinato y, por ello, le está a la Sala vedado, aun por la vía de la jurisdicción normativa, realizar la tipificación de estas otras uniones, y así se declara.”
En virtud de lo sostenido por la Sala Constitucional, en interpretación de la norma constitucional señalada, se exige en casos como el que se ha sometido a consideración de esta Juzgadora la determinación clara y exacta de la “unión estable de hecho” a través de una declaración judicial contenida en una sentencia definitivamente firme que reconozca tal status. En ese sentido, dijo la Suprema Sala:
“En la actualidad, es necesaria una declaración judicial de la unión estable o del concubinato; dictada en un proceso con ese fin; la cual contenga la duración del mismo, lo que facilita, en caso del concubinato, la aplicación del artículo 211 del Código Civil, ya que la concepción de un hijo durante la existencia del mismo hace presumir que el concubino es el padre del hijo o hija, por lo que la sentencia declarativa del concubinato debe señalar la fecha de su inicio y de su fin, si fuera el caso; y reconocer, igualmente, la duración de la unión cuando ella se ha roto y luego se ha reconstituido, computando para la determinación final, el tiempo transcurrido desde la fecha de su inicio.
Ahora bien, el matrimonio –por su carácter formal- es una institución que nace y se prueba de manera distinta al concubinato o a cualquier otra unión estable, y por ello estas últimas no pueden equipararse íntegramente al matrimonio y, por tanto, no puede pretenderse que, automáticamente, todos los efectos del matrimonio se apliquen a las “uniones estables”. En consecuencia, no es posible una declaración general que asimile las uniones (de cualquier tipo) al matrimonio, y por tanto, observa la Sala, hay que distinguir cuales efectos del matrimonio se aplican al concubinato y a las posibles otras uniones estables.
(omissis)
Ahora bien, al equiparse al matrimonio, el género “unión estable” debe tener, al igual que éste un régimen patrimonial, y conforme al artículo 767 del Código Civil, correspondiente al concubinato pero aplicable en la actualidad por analogía a la uniones de hecho, éste es el de la comunidad en los bienes adquiridos durante el tiempo de existencia de la unión. Se trata de una comunidad de bienes que se rige, debido a la equiparación que es posible en esta materia, por las normas del régimen patrimonial matrimonial.”
Determinados los elementos formales que distinguen la unión matrimonial de las de hecho, así como sus efectos, el fallo constitucional estableció:
“Al aparecer el artículo 77 constitucional, surgen cambios profundos en el régimen concubinario del artículo 767 del Código Civil, ya que existiendo la unión estable o permanente, no hay necesidad de presumir, legalmente, comunidad alguna, ya que ésta existe de pleno derecho –si hay bienes- con respecto de lo adquirido, al igual que en el matrimonio, durante el tiempo que duró la unión y, como comunidad, no es que surte efectos legales entre ellos dos y entre sus respectivos herederos, o entre uno de ellos y los herederos del otro, como lo contempla el artículo 767 del Código Civil, sino que, al igual que los bienes a que se refiere el artículo 168 del Código Civil, los terceros que tengan acreencias contra la comunidad podrán cobrarse de los bienes comunes, tal como lo pauta dicha norma.
A ese fin, si la unión estable o el concubinato no ha sido declarada judicialmente, los terceros pueden tener interés que se reconozca mediante sentencia, para así cobrar sus acreencias de los bienes comunes. Para ello tendrán que alegar y probar la comunidad, demandando a ambos concubinos o sus herederos.
(omissis)
Ahora bien, declarado judicialmente el concubinato, cualquiera de los concubinos, en defensa de sus intereses, puede incoar la acción prevenida en el artículo 171 del Código Civil en beneficio de los bienes comunes y obtener la preservación de los mismos mediante las providencias que decrete el juez.”
Dicho lo anterior y fijados como han sido los criterios jurisprudenciales que al efecto han determinado el contenido del tema bajo análisis, corresponde ahora al Tribunal pronunciarse con relación a las pruebas promovidas de la siguiente manera:
PRUEBAS APORTADAS AL JUICIO POR LA PARTE ACTORA:
1. Folio 07, copia certificada de acta de defunción emanada de la Comisión de Registro Civil y Electoral del Consejo Nacional Electoral, de la Parroquia Guarenas del Municipio Plaza del Estado Miranda, expedida en fecha 21 de septiembre del año 2015. Este Juzgado aprecia dicha documental por ser un documento público que merece plena fe, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, con ello queda probado que el ciudadano JULIO CESAR INOJOSA VIANA, falleció el día 09 de septiembre del año 2015, y así se establece.
2. Folio 08, original de partida de nacimiento perteneciente a la ciudadana LISBETH YUDITH INOJOSA OLIVAR, emanada de la antigua Prefectura del Distrito Sucre del Estado Miranda, expedida en fecha 17 de junio de 1988. Este Juzgado aprecia dicha documental por ser un documento público que merece plena fe, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, con ello queda probado, la fecha de nacimiento de la prenombrada ciudadana, y que es hija de la hoy demandante y del finado JULIO CESAR INOJOSA VIANA, y así se establece.
3. Folio 09, original de partida de nacimiento perteneciente al ciudadano JULIO CESAR INOJOSA OLIVAR, emanada de la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Catedral, del antiguo Distrito Federal hoy Distrito Capital, expedida en fecha 14 de junio de 1976. Este Juzgado aprecia dicha documental por ser un documento público que merece plena fe, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, con ello queda probado, la fecha de nacimiento del prenombrado ciudadano, y que es hijo de la hoy demandante y del finado JULIO CESAR INOJOSA VIANA, y así se establece.
4. Folio 10, Constancia de Unión Concubinaria emitida por el Registro Civil del Municipio Plaza del Estado Miranda, expedida en fecha 11 de junio de 2007. Este Juzgado aprecia dicha documental por ser un documento público que merece plena fe, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, con ello queda probado que para la fecha de emisión, dicho Registro Civil dejó constancia que entre la ciudadana CANDELARIA OLIVAR MENDOZA y el finado JULIO CESAR INOJOSA VIANA vivían en unión concubinaria desde hace treinta y cinco (35) años, y así se establece.
5. Folios 11 al 13, justificativo de perpetua memoria evacuado en la Notaría Pública del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 09 de octubre del año 2015, constituido por declaraciones extrajudiciales rendidas por la ciudadana NORA MAYELA CACERES, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 13.320.231. Este Tribunal debe pronunciarse en cuanto a la eficacia probatoria de dicha actuación judicial extralitem, a los fines de establecer la carga probatoria del promovente de este tipo de justificativos para perpetua memoria, que no basta con producir la documental en juicio, sino que resulta menester promover los testigos que rindieron su testimonio para la evacuación de dicho justificativo, con la finalidad de que ratificaran su declaración, lo cual –en criterio- de este Tribunal resulta necesario pues tales actuaciones extrajudiciales son evacuadas inaudita alteram parte, ello en aras de asegurar el efectivo ejercicio del derecho a la defensa que se concreta a través del Control de la Prueba por parte del no promovente. De esta manera, se acoge el criterio que sobre el particular ha sostenido el Máximo Tribunal de la República, el cual se transcribe parcialmente a continuación: “(…) El título supletorio, como elemento probatorio que es, deberá estar sometido a la contradicción de prueba por la parte contraria en el juicio en el cual se pretende hacer valer; esto a fin de determinar si dicho título se pretende hacer valer ante el “tercero en sentido técnico”, o sea, el tercero cuyo (sic) derechos quedaron a salvo, por imperio de la misma disposición legal (…)”. Las justificaciones para perpetua memoria o Títulos Supletorios son indudablemente documentos públicos conforme a la definición legal contenida en el artículo 1357 del Código de Procedimiento Civil; pero la fe pública que de ellos dimana se limita al hecho de haber declarado los testigos sobre determinados particulares y a la existencia de un decreto judicial. La fe pública en tales actuaciones no prejuzga sobre la veracidad o falsedad del contenido de los testimonios, los cuales pueden ser posteriormente controvertidos en juicio contencioso (…)”, la valoración del justificativo de perpetua memoria está circunscrita a los dichos de los testigos que participaron en la conformación extra litem del referido justificativo, por lo que el mismo, se repite, para que tenga valor probatorio, tendrá que exponerse al contradictorio, mediante la presentación de aquéllos testigos para que ratifiquen sus dichos, y de esta forma ejerza la parte contraria, el control sobre dicha prueba, como manifestación del derecho a la defensa. De la revisión de las actas, este Juzgado constata que en el caso de marras, no fue llamada la persona que participó en la conformación del justificativo de perpetua memoria, por lo que, al tratarse este justificativo de una prueba preconstituida, su valoración no puede afectar a terceros ajenos a su configuración y, por tanto, no puede asimilarse su efecto probatorio al de un documento público, con efectos erga omnes. Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal no atribuye eficacia probatoria alguna al justificativo para perpetua memoria promovido por la parte demandante, y así se establece.
6. Folios 14 al 17, copias fotostáticas de las cédulas de identidad de los ciudadanos LISBETH INOJOSA OLIVAR, JULIO CESAR INOJOSA OLIVAR, JULIO CESAR INOJOSA VIANA y CANDELARIA OLIVAR MENDOZA, este Tribunal, valora dichas copias como demostrativas de la identidad de los ciudadanos allí mencionados, y así se establece.
7. Folios 18 al 29, copia simple de documento de propiedad de un inmueble, inscrito, aparentemente, en el Registro Público del Municipio Plaza del Estado Miranda. Este Tribunal, en virtud de que el presente juicio no ventila derechos patrimoniales, nada tiene que analizar sobre la documental en cuestión, y así se establece.
8. Folios 30 y 31, copias simples, aparentemente, de certificados de vehículos. Este Tribunal, en virtud de que el presente juicio no ventila derechos patrimoniales, nada tiene que analizar sobre las documentales en cuestión, y así se establece.
En este sentido, debe este Juzgado en base a las pruebas analizadas en la presente motiva, concluir que, quedo demostrado el fallecimiento de quien en vida llevara por nombre JULIO CESAR INOJOSA VIANA, acaecido el día 19 de septiembre del año 2015, de igual manera, se observó que el supra mencionado ciudadano y la hoy demandante, procrearon dos (2) hijos que llevan por nombre LISBETH YUDITH INOJOSA OLIVAR y JULIO CESAR INOJOSA OLIVAR, y que a su vez, aparecen en el acta de defunción como descendientes del occiso, ello, aunado a que los hijos, que hoy fungen como demandados en la presente juicio convinieron en la presente acción, afirmando que efectivamente, la relación concubinaria hoy reclamada, inició hace aproximadamente, cuarenta y cuatro (44) años, es decir, en el año 1971 hasta el día 19 de septiembre de 2015, día en que falleció el JULIO CESAR INOJOSA VIANA, surgiendo conforme a lo establecido en el artículo 767 del Código Civil, la presunción de comunidad en los casos de unión no matrimonial, dicha disposición se transcribe parcialmente a continuación:
“Se presume la comunidad, salvo prueba en contrario, en aquellos casos de unión no matrimonial, cuando la mujer o el hombre en su caso, demuestre que ha vivido permanentemente en tal estado aunque los bienes cuya comunidad se quiere establecer aparezcan a nombre de uno solo de ellos. Tal presunción sólo surte efectos legales entre ellos dos y entre sus respectivos herederos y también entre uno de ellos y los herederos del otro. Lo dispuesto en este artículo no se aplica si uno de ellos está casado”. (Subrayados por el Tribunal).
Así las cosas, quien suscribe, y en atención a lo evidenciado en el presente juicio, así como el convenimiento planteado por los demandados, declarar que entre la ciudadana CANDELARIA OLIVAR MENDOZA y JULIO CESAR INOJOSA VIANA (finado), existió una relación estable de hecho desde el año 1971 hasta el 19 de septiembre de 2015, y así se decide. En cuanto al pedimento realizado, en relación a que el Tribunal declare que de los supuestos bienes habidos en comunidad, el cincuenta por ciento (50%) corresponde a la actora, debe esta Juzgadora aclarar, que el presente juicio persigue un fin distinto al que pretende la demandante con tal declaratoria, es decir, al no perseguir el presente juicio fines patrimoniales, mal podría pronunciarse quien aquí suscribe sobre dicho supuesto, y así establece.
En relación a la condenatoria en costas, resulta oportuno clarificar, que ésta es accesoria de la pretensión que se ha hecho valer en la demanda, no obstante, considera esta Juzgadora, traer a colación lo establecido en el primer aparte del artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone:
Artículo 282: “Quien desista de la demanda, o de cualquier recurso que hubiere interpuesto, pagará las costas si no hubiere pacto en contrario.
Cuando conviniere en la demanda en el acto de la contestación, pagará las costas si hubiere dado lugar al procedimiento, y si fuere en otra oportunidad, las pagará igualmente, si no hubiere pacto en contrario”. (Negrillas añadidas)
De lo supra trascrito, se desprende que la existencia en juicio del convenimiento de los hechos alegados por la parte actora, dará cabida a la condenatoria en costas, siempre y cuando los demandados hubieren dado lugar al procedimiento, es decir, cuando se establezca que a causa de una acción u omisión del demandado, se diere inicio a un proceso judicial, sin embargo, en el presente caso, la parte accionante instauró el presente juicio, no por una negativa u obstáculo de los co-demandados, sino para que se le reconozca como concubina del finado JULIO CESAR INOJOSA VIANA, y no como se dijo anteriormente por causas que puedan imputárseles a la parte accionada, en consecuencia, debe esta Juzgadora estimar, que los demandados al no dar lugar al presente juicio no pueden ser condenados en costas, ello, de conformidad con el artículo 282 de la Ley Civil Adjetiva, y así se decide.

-III-
DISPOSITIVA
Por todos los motivos precedentemente expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley y de conformidad con los artículos 12 y 243 del Código de procedimiento Civil, declara CON LUGAR la demanda mera certeza o merodeclarativa de reconocimiento de unión concubinaria interpuesta por la ciudadana CANDELARIA OLIVAR MENDOZA en contra de los ciudadanos LISBETH YUDITH INOJOSA OLIVAR y JULIO CESAR INOJOSA OLIVAR, todos plenamente identificados, por lo que entre quien en vida llevara por nombre JULIO CESAR INOJOSA VIANA y la ciudadana CANDELARIA OLIVAR MENDOZA existió una relación estable de hecho desde el año 1971 hasta el 19 de septiembre del año 2015.
No hay condenatoria en costas en la presente controversia de conformidad con lo dispuesto en el primer aparte del artículo 282 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en Los Teques, a los ocho (08) días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016). Años 205º de la Independencia y 157º de la Federación.
LA JUEZA TITULAR,

ELSY MADRIZ QUIROZ
EL SECRETARIO ACCIDENTAL,

SAMUEL GONZÁLEZ
En la misma fecha, se publicó y registró la anterior sentencia siendo las doce del medio día (12:00 p.m.).
EL SECRETARIO ACCIDENTAL,

SAMUEL GONZÁLEZ
EMQ/SAGL.-
Exp. Nº 30.851.-