República Bolivariana de Venezuela

En su Nombre
Juzgado Primero de Primera Instancia en
Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda
Extensión Barlovento.

Guarenas, 28 de Marzo del año 2016.
205º y 157º
• Exp: 1U-394-02.

• Juez: Dr. José Antonio García Moran.
• Fiscal: Abg. Luís Cohen. Fiscal 29º del Ministerio Público. Edo. Miranda.
• Acusada: Adelaida Josefina Mijares Romero. C.I. Nº V.- 14.667.050.
• Defensa: Abg. Mariany Pérez. Defensora Pública Undécima (11º) Penal Ordinario.
• Victima: La Colectividad.
• Secretaria: Abg. Migdalia Díaz Rojas.
• Alguacil: José Muñoz.


Corresponde a este Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Juicio dictar sentencia en el juicio oral seguido en contra de la ciudadana ADELAIDA JOSEFINA MIJARES ROMERO, titular de la Cédula de Identidad Nº V.- 14.667.050, por la comisión del delito de FABRICACION Y TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACION, previsto y sancionado en el articulo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en perjuicio de la Colectividad.

Presentada como fue la acusación interpuesta por el ciudadano Fiscal Auxiliar 8º del Ministerio Público, mediante la cual acusó a la ciudadana ADELAIDA JOSEFINA MIJARES ROMERO, por la comisión del delito de FABRICACION Y TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACION, previsto y sancionado en el articulo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en perjuicio de la Colectividad; siendo que, en fecha 09 de septiembre de 2002, se celebró la Audiencia Preliminar en la presente causa, ante el Juzgado Tercero de Control de este Circuito Judicial Penal y sede, al término de la cual el referido Tribunal admitió totalmente la acusación interpuesta por el representante del Ministerio Público, asimismo admitió las pruebas ofrecidas por la Fiscalia, así como por la Defensa y consideró procedente dictar el auto de apertura a juicio oral, siendo recibidas las actuaciones en este Tribunal de Juicio en fecha 27 de Septiembre de 2002, y en fecha 20 de julio de 2015, se dio inicio al presente juicio oral y público, dictando en fecha 11 de marzo de 2016, sentencia en su parte dispositiva al término del mismo, reservándose este tribunal el lapso de los diez (10) días para dictar sentencia, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 347 del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia se procede a dictar la respectiva sentencia en los siguientes términos:


Capítulo I
De la Enunciación de los Hechos y Circunstancias Objeto del Juicio

El presente proceso penal se inició en fecha 23 de febrero del año 2002, con ocasión a la solicitud realizada por el Fiscal Auxiliar Octavo del Ministerio Público del Estado Miranda, mediante la cual puso a la orden del Tribunal Tercero de Control de este Circuito Judicial Penal y sede, a la ciudadana ADELAIDA JOSEFINA MIJARES ROMERO, toda vez que se le imputo presuntamente ser la persona que en fecha 22 de febrero del año 2002, aproximadamente a las 12:00 horas de la tarde, cuando se llevo a cabo una visita domiciliaria en la vivienda de la precitada ciudadana, la cual fue debidamente acordada por el Tribunal Cuarto de Control, donde los funcionarios en compañía de dos testigos instrumentales presuntamente lograron ubicar en la residencia dentro de un bolso pequeño de color rojo, con un emblema en letras impresas de color blanco, donde se puede leer LEVIS, la cantidad de Bs. 20.000,00 en billetes de diferentes denominaciones, al lado del bolso se localizaron 5 anillos de metal amarillo, una cruz del mismo metal y dos trozos de cadenas del mismo metal, también se incauto un bolso de material sintético de color negro contentivo en su interior de la cantidad de Bs. 5.980.000,00) en billetes de diferentes denominaciones; siendo que posteriormente se localizó e incauto sobre la mesa de comedor un arma blanca, tipo cuchillo, con hoja de metal y cacha de madera impregnados de una sustancias de color beige que supuestamente resultó ser Cocaína, dos potes de material sintético de color beige con las tapas blancas contentivos de ocho envoltorios de papel de aluminio, contentivos de restos de semillas y vegetales de presunta Marihuana el interior de una habitación alquilada de una pensión ubicada en el sector las Clavellinas del Recreo, específicamente callejón el Hueco, Parroquia Caucagua, Municipio Acevedo, estado Miranda, cuando su pareja sentimental le manifestó su deseo de irse se enfureció, originándose una discusión que termino con la agresión física. Asimismo mientras era agredida físicamente, le manifestó que si lo denunciaba la iba a matar junto a su familia; motivo por el cual lo denuncio ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas; siendo que en el momento que los funcionarios procedieron a practicar la aprehensión al realizarle la correspondiente Inspección Corporal, presuntamente logran incautarle en el bolsillo derecho una bolsa traslucida contentiva a su vez de treinta (30) envoltorios pequeños y cuatro (04) envoltorios de tamaño mediano de material sintético y traslucido, contentivos en su interior de restos vegetales con olor característico a la droga presuntamente de la denominada Marihuana.

El Fiscal del Ministerio Público, en la apertura del debate, ratificó la apertura del escrito acusatorio interpuesto en contra de la acusada y debidamente admitido por el Tribunal Tercero en funciones de Control, por los delitos de FABRICACION Y TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACION, previsto y sancionado en el articulo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en perjuicio de la Colectividad. Asimismo, señalo las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales presuntamente sucedieron los hechos, e indicaron que en el transcurso del debate con los medios de pruebas promovidos y los cuales se evacuaran en el transcurso del debate, demostrarían la responsabilidad penal del acusado.

Por su parte la Defensa Publica de la acusada, quien expuso entre otras cosas el día que siendo la oportunidad para la Apertura del Juicio Oral y Público esta defensa considera que los hechos señalados no se ajustan a la realidad, por lo tanto en el transcurso del debate de Juicio Oral y Publico no desvirtuara la presunción de inocencia que arropa a mi patrocinada, me acojo a la comunidad de la prueba y en su debida oportunidad solicitare la sentencia absolutoria.

Seguidamente el Juez dirigió su atención a la acusada, conforme al artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, y le explicó el hecho que se le atribuye, se le impuso del contenido del ordinal 5º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que la exime de declarar en causa propia o en contra de sus familiares, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y en caso contrario a no hacerlo bajo juramento, asimismo le informó que su declaración es un medio de defensa a su favor y que podía rendir declaración en el momento que lo deseara, siempre y cuando se refiriera a los hechos objeto del presente proceso penal debatido, advirtiéndole que podía abstenerse de declarar sin que su silencio la perjudique, y que el debate continuaría aunque no declarara, la acusada manifestó su deseo de no declarar, procediendo el Tribunal a tomar sus datos de identificación personal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 128 del Código Orgánico Procesal, quien manifestó ser y llamarse: ADELAIDA JOSEFINA MIJARES ROMERO, de nacionalidad Venezolana, natural de Caucagua, Estado Miranda, donde nació en fecha 24-11-1978, de 36 años de edad, de estado Civil Soltera, Grado de Instrucción: Bachiller, de profesión u oficio: Sin Ocupación, Residenciado en: Catia, en el Refugio Endógeno, pasillo 8, cubilo 82, Caracas, Distrito Capital teléfono: 0424-162-2782 y titular de la cédula de identidad Nº V.- 14.667.050.


Capítulo II
Relación Circunstanciada de los Hechos que esta Instancia en Funciones de Juicio estima Acreditados

Con ocasión a la admisión de la acusación interpuesta por el representante del Ministerio Público, y de los órganos de prueba ofrecidos por el mismo, una vez ejercido el control respecto de la pertinencia y legalidad de la prueba, en el acto de la audiencia preliminar, por parte del Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control, correspondió a este Juzgado en función de Juicio, desarrollar el juicio oral, y recibir los órganos de prueba, conforme a lo establecido en el artículo 336 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo entonces este Tribunal, proceder al análisis de los mismos, según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, según lo disponen los artículos 22, 14 y 199 ejusdem.

En el desarrollo del juicio, en la primera audiencia fijada para su realización, no compareció la acusada, por lo que se procedió a fijar la continuación del juicio y visto para el día 07 de agosto del año 2015; oportunidad en la cual se verificó que el Tribunal envío las respectivas boletas de citación a los testigos y expertos que deben comparecer a rendir declaración en el presente debate oral y público y siendo que para ese día no compareció ningún Órgano de Prueba, en consecuencia, es por lo que se procede alterar el orden de la recepción de las pruebas y se procede a RECIBIR POR MEDIO DE SU LECTURA la Prueba Documental promovida por el Ministerio Público y admitida por el Tribunal de Control respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 341 del Código Orgánico Procesal Penal, correspondiente al Reconocimiento Medico Nº 9700-049, de fecha 16-09-2011, inserto al folio 07 de la pieza I; suspendiéndose la continuación del juicio oral y público, para el día 26 de marzo de 2015. En dicha oportunidad de igual forma, se procede alterar el orden de la recepción de las pruebas y se procede a RECIBIR POR MEDIO DE SU LECTURA la Prueba Documental promovida por el Ministerio Público y admitida por el Tribunal de Control respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 341 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se le cedió la palabra al representante del Ministerio Público, quien señaló: “Solicito que se incorpore por medio de su lectura al proceso la siguiente documental debidamente admitida como tal en la oportunidad legal correspondiente conforme al auto de apertura a juicio dictado por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, cual es: Experticia Química Nº 9700-130-7192, de fecha 28-04-2003, inserto al folio 60, de la pieza I. Es todo”; no compareciendo ningún Órgano de Prueba, en consecuencia; suspendiéndose la continuación del juicio oral y público, para el día 28 de ese mismo mes y año.

En la fecha prevista, no compareciendo órgano de prueba, se le cedió la palabra a la acusada ADELAIDA JOSEFINA MIJARES ROMERO, previo haber sido impuesta del precepto Constitucional previsto en el artículo 49 numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y asistido de su defensa, el ciudadano Juez le cede el derecho de palabra y expuso lo siguiente: “….Yo quiero decirle al Tribunal que soy inocente de todos los hechos por los cuales me acusan. Es todo”; asimismo se acuerda suspender la continuación del presente juicio oral y público, de conformidad con lo establecido en los artículos 318 y 319, ambos del Código Orgánico Procesal Penal para el día Martes 18 del mes septiembre de 2015; transcurriendo la celebración de dicho acto en los mismos términos y siendo fijada la continuación del acto para el 09 de octubre de 2015. El día antes señalado, encontrándose presente se hace pasar a de sala hacer pasar al funcionario Alfredo Antonio Baute, natural de Río Chico, Estado Miranda, donde nació en fecha 31-12-1979, de 35 años de edad, estado civil: Soltero, grado de instrucción: Bachiller, profesión u oficio: Oficial Agregado adscrito a la Policía Estadal Miranda, eje Policial Nº 05, servicio apoyo al Campesino, con 15 años de servicio, titular de la cédula de identidad Nº V-14.758.641, a quien se le tomo el juramento de ley y se le impuso de los artículos 242 y 245 del Código Penal y expuso: “…En una visita domiciliaria en el sector La Balsa, en ese momento trabajaba en investigaciones de la división motorizada, fuimos al sitio en una vereda, nos dirigimos a la casa donde fuimos a hacer la visita, una ciudadana llamada Adelaida al vernos salio corriendo, le dimos alcance y la detenemos, ingresamos a la casa con los testigos, yo me quede en resguardo de las instalaciones, y supe que se localizaron unas evidencias dentro de la evidencia, y con los perros se localizo una presunta droga. Es todo”. A preguntas de la Fiscalia respondió: “Eso ocurrió el 22-02-2002. Actuamos aproximadamente unos 10 funcionarios, de la misma Policía de Miranda, algunos adscritos a la división motorizada y otros a la división canina. La orden de allanamiento iba dirigida a un ciudadano llamado Ronald. Había una ciudadana al frente e la casa donde íbamos a hacer el allanamiento, y salio a correr hacia el sector boscoso. Pudimos constatar que ella poseía una llave de la casa. Posteriormente se contacto que era la esposa del ciudadano Ronald. Ese día quedo aprehendida la ciudadana llamada Adelaida. El ciudadano Ronald no fue localizado. No se donde fue encontradas las evidencias, solo fue se que fue dentro de la casa. La división canina va con los perros pasando por sectores específico y ellos con el olfato localizan la droga. La ciudadana salio corriendo, y por eso se detiene, preguntándonos porque corrió, y con la llave que ella tenia abrimos la casa. Es todo”. A preguntas de la Defensa respondió: “…Había una orden de allanamiento a una casa en busca de sustancias estupefacientes y unas posibles armas. Me indicaron que haríamos una visita domiciliaria en el sector La Balsa, llamado Ronald, porque el mismo se dedicaba a la venta de Estupefacientes. Es todo”. A preguntas del Juez respondió: “…Se colectaron evidencias como la droga, dinero, unas prendas, una lista de sustancias que se combinan con estupefacientes. Con la orden de allanamiento íbamos con testigos. Anteriormente se les daba la ubicación de los testigos al Ministerio Publico. Los funcionarios Oscar Mattey y Jesús Nieves, aun se encuentran adscritos a la Región Policial Nº de 03 de Caucagua. Los funcionarios Asdrúbal Carrillo y Gabriel Belisario fallecieron hace un tiempo. No se donde se encuentra laborando los funcionarios Arquímedes Ruiz, Jackson Madriz, José Antonio Abreu y Julio Rojas. Los funcionarios Héctor Vivas, Rubén Linares y Carlos Merchan se encuentran adscritos a la Policía de Miranda de los Teques. Es todo”. En ese estado, visto que para el acto no comparecieron mas órganos de pruebas promovidos por las partes, siendo éstos indispensables para la celebración del presente juicio, se acordó suspender la continuación del presente juicio oral y público, de conformidad con lo establecido en los artículos 318 y 319, ambos del Código Orgánico Procesal Penal; para el día 30 de ese mes y año.

En fecha 30 de octubre de 2015, se le cedió de nuevo la palabra a la acusada ADELAIDA JOSEFINA MIJARES ROMERO, quien solicito el derecho de palabra y previo haber sido impuesta del precepto Constitucional previsto en el artículo 49 numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y asistidos de su defensa, expone lo siguiente: “….Yo quiero decirle al Tribunal que soy inocente de todos los hechos por los cuales me acusan. Es todo”. En ese estado visto que no comparecieron para el día de hoy, los testigos y expertos promovidos por las partes, los cuales son indispensables para la celebración del presente juicio, es por lo que se acordó suspender la continuación del presente juicio oral y público, de conformidad con lo establecido en los artículos 318 y 319, ambos del Código Orgánico Procesal Penal; para el día 20 de noviembre de 2015; donde no compareciendo órgano de prueba alguno a evacuar, a la acusada se le cede la palabra y el mismo ratifica que se considera inocente de los cargos por los cuales se le acusa, suspendiéndose la continuación del juicio oral y público, para el día 14 de diciembre del presente año; celebrándose el acto en los mismos términos de los anteriores, quedando suspendido el debate para continuarlo el día 22 de enero del año 2016.

Siendo que para la fecha antes indicada, compareciendo la experto Marjorie del Carmen Marcano, natural de Caracas, donde nació en fecha 29-07-1985, de 30 años de edad, estado civil soltero, grado de instrucción, TSU Química Industrial, profesión u oficio: Experto Técnico Químico II adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con 9 años de servicio, titular de la cédula de identidad Nº V-17.270.900, a quien se le tomo el juramento de ley y se le impuso de los artículos 242 y 245 del Código Penal y expuso: “…Pasa a leer Experticia Química y Botánica Nº 9700-130-2047, de fecha 04-03-2002, suscrita por los expertos Químicos Carlos Álvarez y Andrea Provalil (la cual riela al folio 144 de la Pieza I). Se deja constancia que la fiscalia, la Defensa y el Tribunal no formularon preguntas y visto que no se encontraba presente ningún otro órgano de prueba, se acordó suspender la continuación del presente juicio oral y público, de conformidad con lo establecido en los artículos 318 y 319, ambos del Código Orgánico Procesal Penal para el día Jueves 11 del mes marzo de 2016; en esa oportunidad compareció el funcionario Jesús Alberto Nieves Yánez, natural de Guatire, Estado Miranda, donde nació en fecha 2927-01-1978, de 38 años de edad, estado civil: casado, grado de instrucción: Licenciado en Servicio Policiales profesión u oficio: Oficial Jefe de la Policía del estado Miranda Adscrito en el centro de coordinación Policía Nº 3 en la División de Inteligencia, con 18 años de servicio, titular de la cédula de identidad Nº V-13.320.208, a quien se le tomo el juramento de ley y se le impuso de los artículos 242 y 245 del Código Penal y expuso: “…En cuanto a los hechos por los cuales he sido llamado solo puedo decir que para el momento me encontraba laborando en patrullaje y solo me encargue de trasladar a unos testigos nunca llegue a la casa que estaban allanando ni si quiera actué en ese procedimiento. Es Todo”. A Preguntas del Fiscal Respondió…”los hechos ocurrieron en el sector la balsa no recuerdo el día y la fecha me encontraba en ese entonces con Julio Rojas y Arquímedes Ruiz no recuerdo los demás que estaban, mi actuación solo fue ubicar los testigos y trasladarlos hasta el sector la balsa y luego al Terminal de caucagua, busque 2 testigos, eran hombres los dos no aprehendí a nadie en el lugar, no realice la inspección de domicilio que allanaban, no ubique ninguna evidencia de interés criminalístico, creo que resulto aprehendida una persona en el lugar, presumo que fue por el allanamiento ya que no llegue hasta el sitio del procedimiento, los funcionarios que se encontraban conmigo ese día Arquímedes Ruiz, Julio Rojas y el oficial Matey, ya no están en la Policía, al igual que los funcionarios Carlos Mechan Asdrúbal Carrillo, Gabriel Belisario quienes están fallecidos. Es Todo”…La Defensa no realizo preguntas, El Juez no realizo preguntas. Acto seguido solicita el derecho de palabra el Fiscal del Ministerio Publico quien expone: “…Al Ministerio Publico se le hizo imposible hacer comparecer a los funcionarios y los testigos promovidos presente juicio y visto que ya se han agotado la vía establecida en el articulo 340 del Código Orgánico Procesal Penal, esta representación fiscal en este acto prescinde de la declaración de los mismo al igual que de las Documentales en vista del tiempo que ha transcurrido. Es todo”. Seguidamente toma la palabra la Defensa Publica y expone: “…Esta defensa esta de acuerdo con lo manifestado por el Ministerio Publico. Es todo”. En este estado toma la palabra el ciudadano Juez y expone: Este Tribunal en este acto prescinde de la declaración de los funcionarios Oscar Matey, José Antonio Abreu, Asdrúbal Carrillo, Gabriel Belisario, Julio Rojas, Arquímedes Ruiz, Jackson Madriz, Héctor Vivas, Rubén Linares y Carlos Merchán, y la de los ciudadanos Luis Fabián Echezuria, José Gregorio Briceño, Lilia Mercedes quintana, Reijan Solanger Machado, Yumaira Josefina Mora Rivero, Crisanta María Marcano y Lenin Méndez de conformidad con lo establecido en el artículo 340 del Código Orgánico Procesal Penal al igual que de las Documentales, Fijación Video grafica, Autorizaciones para Órdenes de Allanamiento, Actas de la Visitas Domiciliarias, Constancia de Residencia, Constancia de inscripción catastral de la vivienda donde se practico el allanamiento, constancia de allanamiento practicadas en las viviendas de las ciudadanas, Carmen de Burguillo y Mirtha Aguilar y de la Experticia Examen medico psiquiátrico psicológico y forense y examen toxicológico practicado a la acusada y conforme al artículo 340 del Código Orgánico Procesal Penal, se ordenó la continuación del Juicio prescindiéndose de esas pruebas, y por cuanto no había más pruebas que evacuar, las partes expusieron sus conclusiones orales, de conformidad a lo previsto en el artículo 343 del Código Orgánico Procesal Penal.

Acto seguido, se le concede la palabra a la representación fiscal, a los fines de que realice sus conclusiones y en tal sentido expone: “…Esta representación fiscal ha agotado los medios de hacer comparecer a los funcionarios Arquímedes Ruiz, Julio Rojas, Oscar Matey, quienes ya no están en la Policía, al igual que los funcionarios Carlos Mechan, Asdrúbal Carrillo y Gabriel Belisario quienes están fallecidos es por ello que se ha hecho difícil desvirtuar el principio de inocencia que hasta ahora arropa a la ciudadana Adelaida Josefina Mijares Romero, por la presunta comisión del delito FABRICACIÓN Y TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el articulo 34 de Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Por lo que pide ante este honorable tribunal se dicte una conclusión equitativa y justa en contra de la ciudadana plenamente identifica en actas. Es todo”.

De seguidas hizo uso del derecho a conclusiones la defensa: “…hoy 11 de marzo de 2016 cuando han transcurridos 08 meses que se inicio el Juicio Oral y Público entra de la ciudadana Adelaida Josefina Mijares Romero, hemos llegado al final de este debate y luego de todas y cada una de las continuaciones el Ministerio Publico no logro probar la culpabilidad y desvirtuar la presunción de inocencia que arropa a mi defendida, pero más aun, todo se dice fácil, pero si nos ponemos a analizar lo que ha tenido que vivir mi defendida al igual que su familia en la presente causa desde el día 20 de julio de 2015, es como si hubiera transcurrido una eternidad cuando iniciamos este debate dije que habíamos llegado al punto donde corresponde evaluar si en el transcurso del mismo se lograría demostrar culpabilidad alguna en contra de mi defendida y por quien hasta ahora mantengo con toda seguridad que no tiene ninguna responsabilidad sobre el hecho que hoy se ventila en esta sala. En el presente caso ni si quiera poder llegar a la conclusión de la existencia de la comisión de un delito, ya que nunca en esta sala se presentaron los funcionarios que actuaron en el procedimiento ya que como lo indico la representación fiscal unos ya no laboran en la policía y otros están fallecidos, mucho menos indicar testigo que indicara la participación de mi representada en el hecho que se le acusa. Es todo”.

Se le concedió la palabra a la representación fiscal, a los fines de que ejerza su derecho a replica y en tal sentido expone: “…La representación fiscal no ejercerá el derecho a replica. Es todo”

Seguidamente se deja constancia que procedió el Juez de inmediato a interrogar a la acusada ADELAIDA JOSEFINA MIJARES ROMERO, acerca de su deseo de manifestar o no algo más en el presente caso, procediendo en este acto el acusado a realizar su exposición final: “…No deseo declarar. Es todo”.


Capítulo III
Fundamentos de Hecho y de Derecho

Finalizado el juicio, este Tribunal, pasa a hacer las siguientes consideraciones: dentro de los Principios Generales del Derecho Probatorio, tenemos el principio de la carga de la prueba. En el proceso penal, la carga de la prueba por excelencia la tiene el Estado, a través del Fiscal del Ministerio Público, quien una vez que realiza una imputación individualizando o señalando a alguna persona como presunto autor de un hecho punible, tiene el deber de hacer constar los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación; claro está que también tiene como función indelegable, recabar de igual forma los elementos que pueden ayudar a la exculpación del imputado.

Sin embargo, este principio consagra que en todo proceso, las partes llevan sobre sí la obligación de demostrar sus afirmaciones, por ello es consustancial al proceso un referente de hechos y las pruebas de los mismos, ya que el Juez no puede fallar por intuición, creencia o su conocimiento personal de los hechos que no estén probados.

Por otra parte, también dentro de los principios que informan el debido proceso, se tiene el principio de presunción de inocencia, consagrado en el numeral 2° del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, y en consecuencia toda persona se considera inocente hasta tanto se demuestre lo contrario.

En el presente caso la presunción de inocencia no fue desvirtuada con ningún medio probatorio, toda vez que ninguno de los testigos promovidos por la Fiscal del Ministerio Público hizo acto de presencia en el Juicio, a pesar de las múltiples diligencias realizadas para su comparecencia tanto por la Fiscalía como por el Tribunal.

En este sentido, estima este Juzgador, que resulta por demás obvio que la autoría y subsiguiente responsabilidad penal de la ciudadana ADELAIDA JOSEFINA MIJARES ROMERO, titular de la Cédula de Identidad Nº V.- 14.667.050, en la comisión del delito de FABRICACION Y TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACION, previsto y sancionado en el articulo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en perjuicio de la Colectividad, no quedó demostrada, por lo que ante la insuficiencia de elementos probatorios, el presente fallo imperativamente deberá ser ABSOLUTORIO para el ciudadano antes mencionado, conforme a lo establecido en el artículo 348 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECLARA.-

De igual manera, tal y como se dejó asentado en la oportunidad de exponerse los fundamentos de hecho y de derecho del presente fallo, se decreta el cese de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad que pesa sobre la ciudadana ADELAIDA JOSEFINA MIJARES ROMERO, y en consecuencia se decreta su LIBERTAD PLENA y sin restricciones, a tenor de lo previsto en el último aparte del artículo 348 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECIDE.-

Capítulo IV
Dispositiva

En virtud de los razonamientos expuestos, este Tribunal Unipersonal Primero de Primera Instancia en Función de Juicio, del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, en base a lo debatido en el presente Juicio Oral, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: ABSUELVE a la ciudadana ADELAIDA JOSEFINA MIJARES ROMERO, de nacionalidad Venezolana, natural de Caucagua, Estado Miranda, donde nació en fecha 24-11-1978, de 36 años de edad, de estado Civil Soltera, Grado de Instrucción: Bachiller, de profesión u oficio: Sin Ocupación, Residenciado en: Catia, en el Refugio Endógeno, pasillo 8, cubilo 82, Caracas, Distrito Capital teléfono: 0424-162-2782 y titular de la cédula de identidad Nº V.- 14.667.050, de la comisión del delito de FABRICACION Y TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACION, previsto y sancionado en el articulo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en perjuicio de la Colectividad, por el cual presentó acusación en su contra el Fiscal Octavo del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, con sede en Guarenas, por los razonamientos de hecho y de derecho explanados en esta sentencia. SEGUNDO: Se DECRETA LA LIBERTAD PLENA de la ciudadana ADELAIDA JOSEFINA MIJARES ROMERO, plenamente identificado supra, y por ende el cese de toda medida de coerción que pese en su contra, ello conforme al último aparte del artículo 348 del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: Se exonera al Estado Venezolano del pago de las costas procesales, establecidas en el artículo 34 del Código Penal y 348 del Código Orgánico Procesal Penal, por aplicación del artículo 26 de La Constitución de La República Bolivariana de Venezuela, de conformidad a lo previsto en el artículo 19 de nuestra Magna Carta.
El texto dispositivo de la presente Sentencia fue leído en Audiencia Pública en fecha 11 de Marzo de 2016, conforme a lo previsto en el artículo 347 del Código Orgánico Procesal Penal.
Regístrese, diarícese y publíquese la presente sentencia motivada en su debida oportunidad legal.
El Juez,


Dr. José Antonio García Moran
La Secretaria,

Abg. Migdalia Díaz Rojas


Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias del Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, extensión Barlovento el día Veintiocho (28) de Marzo del año Dos Mil Dieciséis (2016). Año 205° de la Independencia y 157° de la Federación.
La Secretaria,


Abg. Migdalia Díaz Rojas
Exp. 1U-394-02.