TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTOBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. San Cristóbal, 10 de noviembre de 2016 206° y 157° De un análisis minucioso de las actas procesales que conforman la presente acción, este órgano jurisdiccional observa: En la causa que actualmente nos ocupa, el ciudadano FREDDY ANDRES CONTRERAS COLMENARES, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-12.816.533, asistido por el abogado en ejercicio WILFREDO ROZO VERA, inscrito en el IPSA bajo el N° 104.829, presenta demanda por RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO, contra la ciudadana RAYMAR LISBETH ESLAVA CONTRERAS, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V-18.716.886, del libelo se desprende que la parte demandante estima la demanda en la suma de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00) equivalentes a SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO UNIDADES TRIBUTARIAS (6.666,44 U.T), a fin de determinar la competencia por la cuantía de este TRIBUNAL, en tal sentido en aras de evitar incurrir en una falta manifiesta de competencia procede a hacer las siguientes consideraciones: El 02 de abril de 2009, fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.152, la Resolución N° 2009-0006 del 18 de marzo de 2009, emanada del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, en la cual se modifica la competencia por la cuantía para los juzgados de la República en materia Civil, Mercantil, Tránsito, Familia y materias de similar naturaleza, en todas sus categorías, no extensible a la jurisdicciones Laboral, de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Contencioso Administrativo o Tributario, según la cual, la cuantía quedo estipulada para los Juzgados de Municipio hasta 3.000 Unidades Tributarias o CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 450.000,00) y a partir de 3.001 unidades tributarias o CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTOS CINCUENTA BOLIVARES (Bs. 450.150,00), para los Juzgados de Primera Instancia. En tal sentido, en toda situación procesal inherente a asuntos de competencia se debe observar lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las normas especiales que regulan lo controvertido y lo que disponga el Código de Procedimiento Civil. En el texto Constitucional se regula el concepto y todo lo que envuelve el debido proceso, al disponer en el artículo 49 numeral 4, lo siguiente: “Artículo 49: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantía establecidas en esta constitución y en la ley...” Del contenido de la norma parcialmente citada, se desprende que el derecho al juez natural conlleva que éste sea competente por las tres vertientes reguladas por el legislador, con estricta sujeción a lo dispuesto en la normativa aplicable al asunto en controversia. De lo antes expuesto, podemos decir, que no es juez natural un juez incompetente, por lo que se estaría violando el contenido de la norma en comento si la decisión la tomara un juez que no es competente para dirimir este asunto. Por otra parte, el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, establece en su primer aparte, que la incompetencia por el valor puede declararse aún de oficio, en cualquier momento del juicio en primera instancia. El contenido citado de la norma procesal en análisis, permite al juzgador declarar su incompetencia en cualquier momento, antes de sentenciar el fondo de la causa, lo que está en armonía con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 49 del texto Constitucional que salvaguarda el derecho a ser juzgado por el juez natural como garantía del debido proceso. Siendo el objeto de la pretensión en el asunto bajo análisis el de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO, habiéndose constatado que se estimó la presente demanda en la suma de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00) equivalentes a SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO UNIDADES TRIBUTARIAS (6.666,44 U.T); por tanto, no es procedente dejar de lado a los jueces especiales llamados a conocer de controversias como la que nos ocupa, ya que de conocer esta sentenciadora estaría violando la norma constitucional que consagra el debido proceso, donde encontramos el derecho a ser juzgados por los jueces naturales, lo que podría conducir a verse expuesto este juzgador a un RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL, por violación del texto contenido en el artículo 49, numeral 5° de la carta fundamental. Por tanto, al tener interés los especiales sujetos tutelados por la ley, en la controversia bajo análisis, este Órgano Jurisdiccional no sería el competente ante cualquier petición que ellos quieran realizar en resguardo de algún derecho que les pudiera asistir. En consecuencia, no es este Tribunal el idóneo Constitucional y Legalmente para continuar conociendo de la presente causa, por lo que DECLINA SU COMPETENCIA, en un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, para que sea el juez de dicho Juzgado el que provea lo conducente sobre los subsiguientes tramites procesales. Remítase en su oportunidad legal la causa al tribunal antes indicado. Abg. Rosa Mireya Castillo Quiroz Juez Titular Abg. Norma Magally Ontiveros Chacón Secretaria Temporal Exp. N° 168-16 RMCQ/Magally o.