TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Tribunal Tercero (3º) de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de
Control del estado Miranda - Extensión Valles del Tuy

Ocumare del Tuy, 17 de Noviembre de 2016
206º y 157º

ASUNTO PRINCIPAL: MP21-P-2016-002829

IDENTIFICACION DEL TRIBUNAL

JUEZA: MICHELL TATIANA SARMIENTO

SECRETARIO: JUAN CARLOS PACHECO DELPIANI.

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

FISCAL: JAVIER BOLIVAR, Fiscal de Sala de Flagrancias del Ministerio
Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda.

IMPUTADO: ANTONIO JAVIER MEJIAS JIMENEZ.

DEFENSA: JACINTO GONZALEZ, Defensor Publico Penal Nº 8 de la
Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda.

Realizada como fuera en fecha 02 de Octubre de 2016 audiencia de presentación de aprehendido, en relación al presente asunto signado con el Nº MP21-P-2016-002829, seguido en contra del ciudadano ANTONIO JAVIER MEJIAS JIMENEZ, titular de la cedula de identidad Nº V- 22.500.616; este Tribunal pasa a fundamentar su parte dispositiva a tenor de lo dispuesto en el artículo 240 del Código Orgánico Procesal Penal:

Capítulo I
IDENTIFICACION DE LOS APREHENDIDOS

En la presente causa se procedió conforme lo establece el artículo 128 del código orgánico procesal penal, a identificar al aprehendido, quien suministro los siguientes datos personales:

1. ANTONIO JAVIER MEJIAS JIMENEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-22.500.616 de nacionalidad venezolana, natural Ocumare del Tuy, nacido en fecha: 24/08/1994 de 22 años de edad, de estado civil: soltero, de profesión u oficio: construcción, hijo de Dilia Coromoto Jiménez (V) y Lisandro Alberto Mejías (V), residenciado en: Calle Principal Piñango, Casa sin numero, al lado de la Plaza Bolívar San Antonio de Yare estado Miranda. Teléfono 0412-015.2957.

Capítulo II
DE LA APREHENSION

En cuanto a la aprehensión del ciudadano ANTONIO JAVIER MEJIAS JIMENEZ, anteriormente identificado, es importante señalar como principal consideración, la siguiente disposición consagrada en nuestra Constitución nacional:

“Artículo 44. La libertad personal es inviolable, en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que se sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de su detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso…” (Negrilla y subrayado del Tribunal)”

En atención a tal disposición constitucional, tenemos que existen dos maneras de aprehender a una persona que presuntamente se vea involucrada en la comisión de un hecho punible, estas son, mediante la ejecución de una orden de aprehensión previamente acordada por una autoridad judicial y por hallarse sorprendida in fraganti, caso en el cual nos debemos remitir a la definición que nuestra norma adjetiva penal vigente contempla en su artículo 234, el cual se transcribe a continuación:
“Artículo 234. Para los efectos de este Capítulo se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso o sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él o ella es el autor o autora…” (Negrilla y subrayado del Tribunal)”
Ahora bien, atendiendo a tal definición se observa entre las actuaciones que conforman el presente asunto, acta policial de fecha 29 de Septiembre de 2016, suscrita por funcionarios adscritos al Centro de Coordinación de la Policía Municipal Simón Bolívar, San Francisco de Yare, Estado Miranda, en la cual se señalan las condiciones de modo, tiempo y lugar en que se produce la detención del ciudadano ANTONIO JAVIER MEJIAS JIMENEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-22.500.616, evidenciándose que la misma se realiza en observancia y cumplimiento de las previsiones que al efecto establece el artículo 44 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 234 del código orgánico procesal penal, razón por la cual se califica como Flagrante. Y ASI SE DECIDE.

Capítulo III
CALIFICACION JURÍDICA

En cuanto al tipo penal bajo el cual se encuentran ajustados los hechos por el cual fueron imputado al ciudadano ANTONIO JAVIER MEJIAS JIMENEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-22.500.616, este Juzgador una vez realizado el análisis correspondiente de las condiciones de modo, tiempo y lugar en que ocurren los mismos, así como de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Publico considera que los hechos narrados en el acta de Investigación Penal constituye el ilícito penal de los delitos de HURTO CALIFICADO EN GRADO DE COAUTORIA Y CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 453 numerales 3º Y 4º en relación con el articulo 83 y 99 del Código Penal y, USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el articulo 264 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, por los hechos presuntamente ejecutados por el imputado pueden subsumirse en los supuesto de hecho establecidos en los Tipos Penales antes mencionadas .Y ASI SE DECIDE.

Capítulo IV
PROCEDIMIENTO APLICADO

El artículo 373 del código orgánico procesal penal, respecto del procedimiento ordinario señala lo siguiente:

“ART. 373. —Flagrancia y procedimiento para la presentación del aprehendido o aprehendida. El aprehensor o aprehensora dentro de las doce horas siguientes a la detención, pondrá al aprehendido o aprehendida a la disposición del Ministerio Público, quien dentro de las treinta y seis horas siguientes, lo o la presentará ante el Juez o Jueza de Control a quien expondrá cómo se produjo la aprehensión, y según sea el caso, solicitará la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado, y la imposición de una medida de coerción personal, o solicitará la libertad del aprehendido o aprehendida… …En caso contrario el Juez o Jueza ordenará la aplicación del procedimiento ordinario y así lo hará constar en acta que levantará al efecto.” (Negrilla y subrayado del Tribunal)”

Así pues, en el presente proceso el representante fiscal, en la audiencia de presentación de aprehendido celebrada, solicitó a este Tribunal se acordara la aplicación del procedimiento ordinario al considerar la necesidad de la práctica de diligencias de investigación, con el fin de obtener suficientes elementos de convicción que le permitan esclarecer de manera indiscutible la comisión del hecho punible, y así alcanzar al acto conclusivo que tenga lugar, razón por la cual este Tribunal consideró procedente tal pedimento sobre la base del contenido del artículo 373 del código Orgánico Procesal Penal, solicitud a la cual no se opuso la representación de la Defensa, acordando en consecuencia la aplicación del PROCEDIMIENTO ORDINARIO. Y ASÍ SE DECIDE.
Capítulo V
DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL
Respecto a la medida de coerción personal solicitada por el represente del Ministerio Público, es necesario analizar los supuestos contemplados en el artículo 236 del texto adjetivo penal vigente, el cual establece:

“Artículo 236. ...El juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:
1- Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;
2- Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;
3- Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación...”.

De la norma antes transcrita se observa que, en el presente caso, nos encontramos en presencia de la comisión de los delitos de HURTO CALIFICADO EN GRADO DE COAUTORIA Y CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 453 numerales 3º Y 4º en relación con el articulo 83 y 99 del Código Penal y, USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el articulo 264 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, hechos punibles éstos presuntamente ocurridos en fecha 29 de Septiembre de 2016, lo que evidencia no encontrarse prescrita su acción penal, configurándose con ello lo señalado en el numeral 1º de la antes transcrita norma adjetiva penal.

Así las cosas, considera este Juzgador acreditado el supuesto señalado en el numeral 2º del citado artículo 236 del código orgánico procesal penal, con los fundados elementos de convicción que se detallan a continuación:

1.- Acta Policial suscrita por funcionarios del Centro de Coordinación de la Policía Municipal Simón Bolívar, San Francisco de Yare, Estado Miranda, de fecha 29 de Septiembre de 2016, inserta al folio 06 de las actuaciones que conforman la presente causa.

2.- Actas de Entrevistas suscritas por funcionarios del Centro de Coordinación de la Policía Municipal Simón Bolívar, San Francisco de Yare, Estado Miranda, de fecha 29 de Septiembre de 2016, insertas a los folios 07 al 09 de las actuaciones que conforman la presente causa.

3.- Registros de Cadenas de Custodia de Evidencias Físicas suscrita por funcionarios del Centro de Coordinación de la Policía Municipal Simón Bolívar, San Francisco de Yare, Estado Miranda, de fecha 29 de Septiembre de 2016, inserta al folio 12 de las actuaciones que conforman la presente causa.

4.- Acta de Investigación Penal suscrita por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub Delegación Ocumare del Tuy, Estado Miranda, de fecha 30 de Septiembre de 2016, inserta al folio 03 de las actuaciones que conforman la presente causa.

Ahora bien, respecto del peligro de fuga establecido en el numeral 3º de la supra mencionada norma adjetiva penal, establece el artículo 237 ejusdem, lo siguiente:

“Artículo 237. Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;
2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso;
3. La magnitud del daño causado;
4. El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal;
5. La conducta predelictual del imputado.
Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años…” (Negrilla y subrayado del Tribunal)”

Por su parte, el artículo 238 de la norma adjetiva penal refiere el peligro de obstaculización en la búsqueda de la verdad, de la siguiente manera:
“Artículo 238. Peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para averiguar la verdad se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado:
1. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de convicción;
2. Influirá para que coimputados, testigos, víctimas, o expertos, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia”. (Negrilla y subrayado del Tribunal)”

Considera quien aquí decide, que aunado a lo anteriormente señalado, existe en el presente proceso una presunción fundada de peligro de fuga, circunstancia que este Tribunal estima acreditada, de conformidad con las normas anteriormente transcritas, en virtud que los delitos por los cuales fueron imputado al ciudadano ANTONIO JAVIER MEJIAS JIMENEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-22.500.616, contemplan en su conjunto una pena superior a los diez (10) años de prisión, a lo que se le suma la magnitud del daño causado, toda vez que nos encontramos ante la comisión de delitos que atenta contra el derecho a la propiedad y a la seguridad personal de las víctimas, y finalmente a la presunción de que el imputado influirán sobre los testigos o demás personas que directa o indirectamente intervengan en el presente proceso, poniendo en peligro la investigación llevada en sus contra.

Existe en consecuencia, proporcionalidad entre la medida de coerción personal que implica privación de libertad y el hecho punible presuntamente cometido por el imputado, no siendo procedente en el presente caso, a criterio de quien aquí decide, la imposición de una medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad, por cuanto resultarían insuficientes a los fines de garantizar la sujeción del imputado a los actos del proceso, razón por la cual lo procedente y ajustado a derecho en el presente caso es decretar PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD en contra del ciudadano ANTONIO JAVIER MEJIAS JIMENEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-22.500.616, de conformidad con lo previsto en los artículos 236 numerales 1, 2 y 3, 237 numerales 2, 3 y parágrafo primero y 238 numeral 2, todos del código orgánico procesal penal, ordenándose su inmediata reclusión en el Centro Penitenciario Región Capital Yare III, San Francisco de Yare, Estado Miranda, en donde permanecerá recluido a la orden de este Tribunal, Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO: Se califica como flagrante la aprehensión del ciudadano ANTONIO JAVIER MEJIAS JIMENEZ, plenamente identificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con lo dispuesto en el artículo 234 del código orgánico procesal penal.

SEGUNDO: Se Admite la calificación Jurídica dada a los hechos por la representación del Ministerio Publico como los delitos de HURTO CALIFICADO EN GRADO DE COAUTORIA Y CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 453 numerales 3º Y 4º en relación con el articulo 83 y 99 del Código Penal y, USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el articulo 264 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente.

TERCERO: Se decreta la aplicación del procedimiento ordinario en la presente causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal.

CUARTO: este Tribunal acuerda imponer al ciudadano ANTONIO JAVIER MEJIAS JIMENEZ ampliamente identificado en autos, la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo previsto en los artículos 236 numerales 1, 2 y 3, 237 parágrafo 1º y 238, todos del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose su inmediata reclusión en la sede del Centro Penitenciario de Yare III, estado Miranda, donde permanecerá recluido a la orden de este Tribunal. Es todo

Publíquese, regístrese y déjese ce la certificada por secretaría de la presente decisión. Cúmplase.

MICHELL TATIANA SARMIENTO
Jueza del Tribunal Tercero de Control

JUAN CARLOS PACHECO DELPIANI
Secretario

En esta fecha se dio cumplimiento a lo indicado en la decisión que antecede.

JUAN CARLOS PACHECO DELPIANI
Secretario

ASUNTO PRINCIPAL: MP21-P-2016-002928
MTS-*
Nueve (09) Folios Útiles.