REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA PARTE ACTORA: Sociedad Mercantil “RENTA MOTOR, C.A.” inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 26 de mayo de 1965 bajo el Nº 46, Tomo 25-A. APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA:, HUGO MELÉNDEZ GARCÍA y PERLA LEÓN TOVAR abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 58.876 y 62.540. PARTE DEMANDADA: FELIPE GONZÁLEZ y JOSÉ LUIS GONZÁLEZ, venezolanos mayores de edad y titulares de las cedulas de identidad Nros. V-4.300.925 y V-14.518.960; y a la Sociedad Mercantil “TRANSPORTE CANOABO C.A.” Sociedad Mercantil inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en fecha 04 de marzo de 1986, bajo el Nº 47, Tomo 94-B. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No consta en autos. MOTIVO: DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO EXPEDIENTE: 24747. -I- ANTECEDENTES El presente juicio se inició mediante escrito libelar presentado por ante el Juzgado Distribuidor de Causas en fecha 30 de agosto de 2004, por los apoderados judiciales de la parte actora abogados HUGO MELÉNDEZ y PERLA LEÓN, actuando en nombre y representación de la Sociedad Mercantil “TRANSPORTE CANOABO C.A.”, contentivo de la demanda que por DAÑOS DERIVADO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO, siguen en contra de los ciudadanos FELIPE GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PARRA, OSCAR MENDEZ y la Sociedad Mercantil “TRANSPORTE CANAOBO C.A.”, todos plenamente identificados en autos.- En fecha 24 de noviembre de 2004, mediante auto dictado por este Juzgado se admitió la presente causa emplazando a los demandados.- En fecha 26 de mayo de 2005 la representación judicial de la parte actora consignó reforma del escrito libelar.- Mediante auto dictado por este Tribunal en fecha 20 de junio de 2005, se negó la admisión de la reforma que presentaren los apoderados judiciales de la accionante.- Por encontrarse la causa acumulada en el expediente signado con el Nº 24894, presentando en el mismo escrito libelar junto a sus recaudos en fecha 11 de febrero de 2005; consecuentemente es admitida la demanda en fecha 06 de octubre de 2005 ordenando el emplazamiento de los accionados.- Estando dentro de la oportunidad de emitir un pronunciamiento sobre la presente causa este Tribunal dispone: -II- CONSIDERACIONES Efectuado el estudio pormenorizado de las actas que conforman el presente expediente, procede este Tribunal a examinar si en el caso sub iudice se verificó la perención de la instancia, para lo cual observa: La perención de la instancia opera por la inactividad procesal de las partes; es decir, por la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, en un período de tiempo de al menos un año; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención (…)” (Negrilla y Subrayado de este Tribunal). De lo anterior se colige que a la figura de la Perención de la Instancia, le fue atribuido carácter objetivo, por tanto, a diferencia de otros medios de terminación del proceso, no se encuentra vinculada a la voluntad de las partes ni del Juez, sino que procede con ocasión de circunstancias fácticas y objetivas que deben concurrir a los fines de que se verifique la misma. En consecuencia, la adopción de este sistema objetivo por parte del legislador, revistió a la Institución de la Perención de una naturaleza eminente sancionatoria, siendo aplicable a las partes, conforme lo dispone el artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, independientemente que alguna de ellas resulte ser niños, niñas o adolescentes, o cualquier otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes. La perención constituye un medio autónomo de terminación del proceso, distinto de la sentencia, que se basa en la presunción de que las partes han abandonado o perdido el interés en el juicio, derivada de la falta de impulso procesal, es decir, por no instar el procedimiento mediante el cumplimiento de las obligaciones o cargas procesales que la misma Ley les impone, tal y como se desprende de la disposición contenida en el artículo supra citado. En concordancia con la disposición antes transcrita, el artículo 269 eiusdem establece que la perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes, siendo uno de sus efectos la extinción del proceso. Adicionalmente, puede ser decretada de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare es apelable libremente. Establecido lo anterior, constata esta Sentenciadora, que en la presente causa se verifican los presupuestos de procedencia de la perención, a saber: 1) La existencia de una instancia valida, de allí que no pueda operar en el caso de una demanda que no ha sido admitida por el Tribunal. En el caso sub-iúdice, la demanda que da lugar al presente juicio fue admitida en fecha 06 de octubre de 2005. 2) El transcurso de un lapso de tiempo que varía según las distintas modalidades que ha previsto el legislador. En el caso que nos ocupa y previa revisión de las actas procesales, se evidencia que la última actuación de la parte actora acaeció en fecha 09 de julio de 2007. Siendo ello así, al haber discurrido más de un (01) año sin actividad procesal alguna de la parte actora, dirigida a movilizar y mantener en curso el presente juicio, y visto que no corresponde al Juez impulsar el acto procesal siguiente en la presente causa; de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, resulta forzoso para este Tribunal declarar la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA. Así se decide. -III- Por las razones antes expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de La Ley, decreta la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en los artículos 267, ordinal 1° y 269 del Código de Procedimiento Civil y consecuentemente, EXTINGUIDO EL PRESENTE PROCESO de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 270 ejusdem. Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas. Para darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 248 ibídem, déjese copia certificada de la anterior sentencia.- PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción del Estado Miranda. Los Teques, a los días del mes de del año dos mil dieciséis (2016).- Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.- LA JUEZA TITULAR, ELSY MADRIZ QUIROZ LA SECRETARIA ACCIDENTAL YOLANDA RODRÍGUEZ BARBELLA En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las LA SECRETARIA ACCIDENTAL Exp. N° 24747 EMQ/YRB/Aixa.-