TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DE TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA. Los Teques, dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciseis (2016).
206º y 156º
Vista la solicitud de Medida de Secuestro interpuesta por la parte actora ciudadano JOSE FRANCISCO TONA VASQUEZ, debidamente representado por la abogada MARIANELA MARTINEZ, contenida en su escrito libelar de fecha 03 de mayo de 2016, el Tribunal observa:
Corresponde precisar en principio, que el objeto de la pretensión propuesta por la parte accionante lo constituye una PARTICION, de los bienes que formaron parte de la comunidad conyugal entre ellos, un inmueble de su propiedad, constituido por una parcela de terreno ubicada en el Sector El Trébol, y la casa sobre ella construida señalada con el Nº 1, Manzana Nº 08, de la Urbanización Alejandro Oropeza Castillo, Guarenas, Municipio Plaza del Estado Bolivariano de Miranda, solicitando como consecuencia, se decrete el SECUESTRO del referido inmueble, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 779 y 599 del Código de Pro9cedimiento Civil
En tal sentido, se debe establecer, que respecto a las medidas preventivas, la Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal en sentencia de fecha 21 de junio de 2005, estableció lo siguiente:
“(…) la Sala presenta serias dudas respecto al criterio sostenido hasta ahora en el sentido de que cumplidos los extremos exigidos en el articulo 585 del Código de Procedimiento Civil, el Juez sigue siendo soberano para negar la medida, con pretexto en la interpretación literal del termino “podrá”, empleado en el referido articulo, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 eiusdem…
El criterio actual de la sala se basa en la interpretación literal del termino “podrá”, empleado en el articulo 588 del Código de Procedimiento Civil, cuyo contenido y alcance es determinado de conformidad con el artículo 23 eiusdem, a pesar de que esa norma remite el termino “decretara” en modo imperativo.
Esta norma es clara al señalar que cumplidos esos extremos el juez decretará la medida, con lo cual le es impartida una orden, que no debe desacatar.
Es evidente, pues, que cumplidos esos extremos, el Juez debe decretar la medida, sin que en modo alguno pueda ser entendido que aun conserva la facultad de negarla, con la sola justificación literal de un término empleado de forma incorrecta en una norma, sin atender que las restantes normas referidas al mismo supuesto de hecho y que por tanto deben ser aplicadas en conjunto, y no de forma aislada, refieren la intención clara del legislador de impartir una orden y no prever una facultad…
Por consiguiente, la Sala considera necesario modificar la doctrina sentada en fecha 30 de noviembre de 2000 (caso: Cedel Mercado de Capitales C.A, c/Microsoft Corporation), y en protección del derecho constitucional de la tutela judicial efectiva y con soporte en una interpretación armónica de las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, relacionadas con el poder cautelar del Juez, deja sentado que reconociendo la potestad del Juez en la apreciación de las pruebas y argumentos en las incidencias cautelares cuando considere que están debidamente cumplidos los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, debe proceder al decreto de la medida en un todo conforme a lo pautado en el artículo 601 eiusdem…”

De la jurisprudencia parcialmente transcrita, se evidencia, el cambio de criterio asumido por nuestro Máximo Tribunal, en el sentido de que es obligatorio, y no discrecional del Juez, acordar una medida cautelar, cuando considere llenos los extremos necesarios, es decir el fomus bonis iuris y el periculum in mora.
Establece el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: “Las medidas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituye presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”
Así las cosas, las medidas cautelares que el Juez considere adecuadas se someterán a las previsiones del articulo 585, es decir, que es necesario que exista riesgo manifiesto, de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora) y que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave del indicado riesgo y del derecho que se reclama (fumus boni iuris).
Adicionalmente a ello respecto a la medida de secuestro, la Sala de Casación Civil ha indicado en sentencia de fecha 14 de abril de 1999, lo siguiente:
“(…) aun cuando el articulo 599 del Código de Procedimiento Civil condiciona el secuestro a la existencia de siete causales específicamente determinadas en el contenido de la norma, que hacen que dicha medida tenga características peculiares y diferentes al resto de las medidas cautelares, esta circunstancia no exime al Juez de aplicar además las exigencias establecidas en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil como norma general y principal que rige el procedimiento de medidas cautelares”

De lo antes expuesto, se evidencia que además de verificar el juez el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, en el caso del secuestro debe limitarse a las causales taxativamente previstas en el artículo 599 eiusdem, las cuales son:
1º) De la cosa mueble sobre la cual versa la demanda (…)
2º) De la cosa litigiosa cuando sea dudosa su posesión.
3º) De los bienes de la comunidad conyugal o en su defecto del cónyuge administrador, que sean suficientes para cubrir áquellos, cuando el cónyuge administrador malgaste los bienes de la comunidad.
4º) De los bienes suficientes de la herencia (…)
5º) De la cosa que el demandado haya comprado (…)
6º) De la cosa litigiosa, cuando dictada la sentencia definitiva contra el poseedor de ella, éste apelare sin dar fianza para responder de la misma cosa y sus frutos, aunque sea inmueble
7º) De la cosa arrendada, cuando el demandado lo fuere por falta de pago de pensiones de arrendamiento (…)

Para cuyos fines probatorios consignó las siguientes documentales:

1. Copia certificada de documento protocolizado bajo el No. 14, Tomo 21, Protocolo Primero, de fecha 25 de mayo del 2007, mediante el cual la ciudadana CARMEN MELISSA CARRASQUEL VALECILLOS, en su carácter de Gerente del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) dio en venta al ciudadano JOSE FRANCISCO TONA, una parcela de terreno signada con el Código Catastral No. 15-17-01-U-23-01-04, ubicada en el sector El Trébol, Guarenas, Municipio Autónomo Plaza del Estado Miranda.

Así las cosas, las medidas cautelares que el Juez considere adecuadas se someterán a las previsiones del artículo 585, es decir que es necesario que exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora) y que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave del indicado riesgo y del derecho que se reclama (fumus boni iuris).
En este orden de ideas, el Tribunal observa que en el caso de autos, no se cumplen los extremos concurrentes para la procedencia de la medida preventiva solicitada, pues de la instrumental aportada no se desprende prueba de los supuestos de procedencia de la medida. Por lo tanto, al no verificarse la concurrencia de los extremos establecidos en el artículo 585, y ordinal 3º del 599 del Código de Procedimiento Civil, no queda otra opción a esta juzgadora que NEGAR el decreto de la providencia cautelar peticionada, relativa a la medida de secuestro, más aun cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 14 de febrero de 2004 (caso: Eduardo Parilli Wilhem, estableció:
“(…) el otorgamiento de una medida cautelar sin que se cumplan los requisitos de procedencia violaría flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva a la contraparte de quien solicito la medida y no cumplió sus requisitos…”
En consecuencia por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado NIEGA la medida de secuestro solicitada y así se resuelve. Notifíquese a la parte demandante de la presente decisión.
LA JUEZA,
DRA. LILIANA GONZALEZ
LA SECRETARIA,
ABG. BEYRAM DIAZ
EXP Nro. 20.973
LG/ Jecm-