REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS GUAICAIPURO Y CARRIZAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
EXPEDIENTE N° 15-9809
PARTE SOLICITANTE: Ciudadano ALEXIS ALEJANDRO SALAS ALFARO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad N° V-6.660.572.
LA CONYUGE: Ciudadana CARMEN VIRGILIA ROJAS PUMIACA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad N° V-2.487.755.
ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE SOLICITANTE: DELIA YADIRA ALMEIDA MUÑOZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 158.353.
MOTIVO: DIVORCIO (Artículo 185-A del Código Civil).
SENTENCIA: Definitiva.
-I-
SINTESIS DE LA LITIS:
En fecha 22 de julio de 2015, fue recibido ante este Tribunal mediante el sistema de distribución, solicitud de Divorcio fundamentada en el Artículo 185-A del Código Civil, interpuesta por el ciudadano ALEXIS ALEJANDRO SALAS ALFARO, asistido por abogado, cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado. En dicha solicitud, se señala que el ciudadano ALEXIS ALEJANDRO SALAS ALFARO, contrajo matrimonio civil por ante la Prefectura de Municipio Carrizal el día 22 de diciembre de 1995, según se evidencia de la copia certificada del Acta de Matrimonio signada con el N° 36 de los Libros de Matrimonios, con la ciudadana CARMEN VIRGILIA ROJAS de SALAS. Posteriormente, fijaron su último domicilio conyugal en la siguiente dirección: Barrio José Manuel Álvarez, sector Josefina de Ortega, N° 33, Municipio Carrizal, Estado Bolivariano de Miranda. Durante su unión conyugal no procrearon hijos. Tampoco adquirieron bienes. Es el caso, que solicito el divorcio por existir una ruptura prolongada de sus vidas en común, ya que la armonía conyugal por causas diversas de incomprensión motivaron su separación, quedando su unión completamente rota, razón por la cual tomaron la decisión de separarse y han permanecido separados de hecho por más de 14 años, sin que haya mediado entre ellos reconciliación alguna, por lo que fijaron cada uno de ellos residencias separadas. Por todo lo antes expuesto, es por lo que solicita la disolución del vínculo matrimonial que los une a ellos, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 185-A del Código Civil.
Consignados en autos por el solicitante, ciudadano ALEXIS ALEJANDRO SALAS ALFARO, asistido por la abogada DELIA YADIRA ALMEIDA MUÑOZ, los recaudos necesarios para la continuación del proceso que nos ocupa, y revisados los mismos, este Tribunal en fecha 11 de agosto de 2015, admitió la solicitud que se ventila en el presente expediente, ordenando la citación de la cónyuge ciudadana CARMEN VIRGILIA ROJAS PUMIACA, para que comparezca el tercer (3er) día de despacho siguiente a su citación que conste en autos y al Fiscal Undécima del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, a fin de que actuara en el procedimiento como parte de buena fe, no pudiéndose librar lo conducente en esa misma fecha, por cuanto faltaban fotostatos para proveer.
En fecha 21 de septiembre de 2015, el ciudadano ALEXIS ALEJANDRO SALAS ALFARO, otorga Poder Apud-Acta a la abogada DELIA YADIRA ALMEIDA MUÑOZ, inserto en el folio 11 del presente expediente.
En fecha 24 de septiembre de 2016, se libró boleta de citación a la Fiscal Undécima del Ministerio Público, así mismo a la cónyuge ciudadana CARMEN VIRGILIA ROJAS de SALAS, tal como fuera ordenado en auto de admisión dictado en fecha 11 de agosto de 2015.
En fecha 18 de noviembre de 2015, comparece ante este Tribunal el ciudadano ORMIDAS MENDOZA, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-13.790.465, en su carácter de Alguacil Temporal, con el objeto de consignar en autos, copia de la boleta de citación librada a la ciudadana Fiscal Undécima del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial, debidamente recibida y sellada en el Despacho de la misma.
En fecha 08 de diciembre de 2015, comparece ante este Tribunal la abogada NEREIDA DEL ROSARIO CÓRDOVA de RAMIREZ, en su carácter de Fiscal Auxiliar Undécimo Interina del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial, con el fin de pedir que se exhorte al Alguacil para la practica de la citación, y una vez conste lo antes mencionado, se libre boleta de citación al Despacho Fiscal.
En fecha 09 de diciembre de 2015, este Tribunal insta al ciudadano Alguacil Temporal para la práctica de la citación personal de la ciudadana CARMEN VIRGILIA ROJAS de SALAS.
En fecha 16 de diciembre de 2015, comparece ante este Tribunal el ciudadano ORMIDAS MENDOZA, para exponer “Me reservo la Boleta de Citación librada a la ciudadana CARMEN VIRGILIA ROJAS de SALAS, hasta tanto la parte solicitante, ciudadano ALEXIS ALEJANDRO SALAS ALFARO, dé el impulso necesario para practicar la citación de la referida ciudadana, mediante la consignación de los fotostatos correspondiente”.
En fecha 08 de enero de 2016, comparece ante este Tribunal el ciudadano ORMIDAS MENDOZA, para exponer “informo al Tribunal que hasta la presente fecha, la parte solicitante no a comparecido a impulsar la citación de la ciudadana CARMEN VIRGILIA ROJAS de SALAS”.
En fecha 26 de julio de 2016, comparece ante este Tribunal el ciudadano ORMIDAS MENDOZA, suficientemente identificado, para consignar boleta de citación librada por este Tribunal el día 24 de septiembre de 2015, a la ciudadana CARMEN VIRGILIA ROJAS de SALAS, debidamente practicada.
En esa misma fecha, comparece ante este Tribunal, la ciudadana CARMEN VIRGILIA ROJAS de SALAS, para manifestar que se da por notificada y admite que no tiene objeción, y renuncia al lapso correspondiente.
En fecha 01 de agosto de 2016, este Tribunal ordena librar nueva boleta de citación a la Fiscal del Ministerio Público.
En fecha 03 de agosto de 2016, comparece ante este Tribunal la ciudadana DELIA YADIRA ALMEIDA MUÑOZ, con el fin de consignar en autos los fotostatos necesarios para la elaboración de la correspondiente boleta.
En fecha 09 de agosto de 2016, comparece ante este Tribunal el ciudadano ORMIDAS MENDOZA, para consignar la boleta de citación a la ciudadana Fiscal Undécima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, debidamente practicada.
En fecha 10 de agosto de 2016, comparece ante este Tribunal la abogada BONIMAR CARRION SOSA, en su carácter de Fiscal Titular Undécimo del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, para manifestar que no tiene objeción alguna que formular.
-II-
PUNTO PREVIO
DE LA COMPETENCIA PARA DECIDIR:
A la fecha de emitir el presente pronunciamiento, este Tribunal observa que en fecha 02 de mayo de 2012, fue promulgada la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.913, de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 02 de mayo de 2012, la cual en el numeral 8 del artículo 8, confiere competencia a los jueces o juezas de paz comunal, para conocer, declarar, sin procedimiento previo y en presencia de la pareja, el divorcio, a los solicitantes que se encuentren domiciliados en el ámbito local territorial de juez o jueza comunal; y que no tengan a la fecha de la solicitud hijos menores de edad.
En relación a esta nueva jurisdicción, es de mencionar lo expuesto por la Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 12 de marzo de 2012, expediente N° 2011-000473, con ocasión a la rectificación de actas en sede administrativas:
“…Ahora bien, es necesario resaltar que aún cuando la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ha considerado que la solicitud de rectificación de actas llevaría, en principio, a aplicar el supuesto normativo previsto en el artículo 145 antes transcrito, según el cual “…La rectificación de las actas en sede administrativa procederá cuando haya omisiones de las características generales y especificas de las actas, o errores materiales que no afecten el fondo del acta…”.
No obstante, ha establecido que “…declarar que el Poder Judicial no tiene jurisdicción comportaría una dilación perjudicial a la actora, que negaría su derecho constitucional de tener acceso a una administración de justicia expedita y sin dilataciones indebidas, al imponerle que acude ante la Administración para hacer valer sus derechos, cuando ya había escogido la vía jurisdiccional, a través de la solicitud de rectificación de acta de nacimiento presentada ante el tribunal consultante…”
Por tanto, la sala determino que “…en aras de salvaguardar los postulados constitucionales de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, consagrados en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y garantizar la protección constitucional en cuestión, considera que en el caso de autos el Poder Judicial si tiene jurisdicción para conocer de la solicitud de autos; por lo tanto, de conformidad con los artículos 769 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, corresponde el conocimiento de esta causa a la jurisdicción ordinaria, en concreto al Juzgado Primero de los Municipios Falcón y los Teques de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón. Así se declara…” (Sentencia N° 595, de fecha 23 de junio de 2010, Exp. N° 2010-0362. Sala Político Administrativa).
….Es decir que conforme al criterio de la Sala Política Administrativa de esta Máxima Jurisdicción, el cual comparte esta Sala, cuando ya el solicitante ha escogido la vía jurisdiccional, a través de la solicitud de rectificación de acta presentada ante el tribunal, no es procedente declarar que el Poder Judicial no tiene jurisdicción, pues, ello comportaría una dilación prejudicial a la actora, negándole su derecho constitucional de tener acceso a una administración de justicia expedita y sin dilación inútiles e indebidas al imponérsele acudir ante la Administración Pública para hacer valer sus derechos.
Por lo tanto, considera esta Sala que los jueces de instancias ante una solicitud de rectificación de actas presentadas ante su despacho deben tomar en cuenta dicha solicitud, conforme a la situación fáctica sometida a su consideración, pues, deben evitar una dilación perjudicial al solicitante y garantizarle el derecho constitucional de acceso a una administración de justicia expedita y sin dilaciones indebidas, ello en aras de salvaguardar los postulados constitucionales de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, consagrados en el articulo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”.
Conforme a lo antes expuesto y en garantía del derecho constitucional del acceso a la administración de justicia, no obstante haberle dado competencia a los Jueces de Paz, de conocer de las solicitudes de Divorcio por separación de hecho por más de cinco (05) años, tal competencia no excluyó, ni extinguió la competencia a los Juzgados de Municipio, en virtud de ello, procede este Tribunal a emitir su pronunciamiento.
-III-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:
El matrimonio es la base principal de la familia y ésta a su vez es la base de la sociedad. El Estado debe proteger la sociedad y en consecuencia la familia y el matrimonio. El artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece: “Se protege el matrimonio, el cual se funda en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y obligaciones de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la Ley, producirán los mismos efectos que el matrimonio”.
La disolución del vínculo conyugal fundamentada en la ruptura prolongada e ininterrumpida de la vida en común de la pareja y por un tiempo mayor de cinco (5) años, es una institución relativamente nueva en nuestro Derecho de Familia, la cual fue desarrollada en la reforma parcial del Código Civil, que entró en vigencia en el año 1982, la razón fundamental que lleva al legislador patrio a incluir dicha reforma es básicamente asumir el divorcio como una solución a una situación de ruptura irreparable e insostenible para la pareja, tratando al mismo tiempo de que dicho conflicto no afecte a los demás integrantes de la familia, particularmente a los hijos, por lo cual se prevé un proceso de jurisdicción graciosa, sin contención ni contradicción y así desde el punto de vista formal el legislador ha pretendido con ello, darle juricidad a una situación que de hecho viene existiendo sin que haya posibilidad de resarcir, como lo es precisamente, ya que aun cuando el vinculo matrimonial sigue vigente desde el punto de vista jurídico, en la realidad dicho vinculo no existe y la separación de hecho voluntaria de la pareja, por el transcurso por más de cinco (5) años, es decir la Separación Fáctica como es llamada en la Doctrina, a la cual el Estado como garante de la armonía familiar debe dar respuesta, mediante su legalización de esta situación de hecho, sin menoscabar los intereses fundamentales del Estado en preservar las instituciones del matrimonio y por ende la familia como medio adecuado para el desarrollo de los niños y adolescentes, como individuos sujetos de derechos y a quienes debemos la protección integral.
Con el divorcio se persigue la disolución del vínculo matrimonial, y en consecuencia afecta la estabilidad de la familia, es por esta razón que todas las normas que regulan dicha materia son de estricto orden público, no pudiendo ser relajadas, ni modificadas mediante convenio entre particulares, así como tampoco ignoradas por los órganos judiciales.
En efecto la noción de orden público de las normas que regulan la materia de familia, y en especial de las normas relativas a la disolución del vínculo matrimonial, se justifica por el hecho que más allá de los intereses particulares de los cónyuges, lo que se persigue es proteger la institución de la familia, como base fundamental de la sociedad.
Así pues, establece el artículo 185-A del Código Civil, lo siguiente: “Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
En caso de que la solicitud sea presentada por un extranjero que hubiere contraído matrimonio en el exterior, deberá acreditar constancia de residencia de diez (10) años en el país. Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud. El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la Tercera Audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la Duodécima Audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados. Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente.”
La citada norma establece la posibilidad de solicitar el divorcio si existe una ruptura prolongada de la vida en común, la cual quedó establecida en cinco años como mínimo, cualquiera de ellos puede solicitarla o puede ser solicitada conjuntamente, adicionalmente, si la solicitud es presentada por un extranjero, deberá acreditar constancia de residencia en el país por un período no menor a diez años; luego de cumplidas las formalidades en él establecidas, debe mediar la no oposición del otro cónyuge si fue citado y del fiscal del Ministerio Público, con lo cual, transcurrido el lapso de tiempo de doce días de despacho, se procederá a declarar la disolución del vínculo conyugal.
A lo antes expuesto se agrega la competencia exclusiva y excluyente conferida a los Juzgados de Municipio, para conocer de todos los asuntos de Jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza, según resolución Nro. 2009-0006, de fecha 18 de marzo de 2009, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial Nro. 39.152 de fecha 02 de abril de 2009.
Ahora bien, establecido lo anterior corresponde a este Tribunal establecer si se cumplen con todos los presupuestos procesales contenidos en la norma bajo estudio, al respecto se observa lo siguiente:
PRIMERO: De los autos se evidencia que los ciudadanos ALEXIS ALEJANDRO SALAS ALFARO y CARMEN VIRGILIA ROJAS PUMIACA, inicialmente identificados, en fecha 22 de diciembre de 1995, contrajeron matrimonio ante la Primera Autoridad Civil del Registro Civil de la Alcaldía Municipal de Carrizal del Estado Bolivariano de Miranda, según acta Nº 36, del año 1995 cursante a los Libros de Matrimonio respectivos, tal y como se desprende de la copia certificada del acta consignada al efecto.
SEGUNDO: Que presentada la solicitud de divorcio fundamentada en el artículo 185-A, por la ruptura de la vida en común por más de cinco años, por parte del cónyuge ciudadano ALEXIS ALEJANDRO SALAS ALFARO, y citada la cónyuge ciudadana CARMEN VIRGILIA ROJAS de SALAS, esta compareció y admitió que no tenía objeción alguna al Divorcio.
TERCERO: Que en fecha 10 de agosto de 2016, la abogada BONIMAR CARRION SOSA, actuando en su carácter de Fiscal Titular Undécima del Ministerio Público, mediante diligencia manifestó, no tener objeción alguna que formular.
CUARTO: Que del análisis de las actas procesales se evidencia que se encuentran llenos los extremos señalados en el artículo 185-A del Código Civil, para la procedencia de la disolución del vínculo matrimonial que une a los ciudadanos ALEXIS ALEJANDRO SALAS ALFARO y CARMEN VIRGILIA ROJAS PUMIACA, como en efecto se declara.
-IV-
DISPOSITIVA:
Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil; artículo 185-A del Código Civil, así como la Resolución N° 2009-0006, emanada del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 18 de Marzo de 2009, y publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 39.152, el día 02 de Abril de 2009, DECLARA: CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO presentada por el ciudadano ALEXIS ALEJANDRO SALAS ALFARO, antes identificado, y en consecuencia, declara disuelto el vínculo matrimonial que une a los ciudadanos ALEXIS ALEJANDRO SALAS ALFARO y CARMEN VIRGILIA ROJAS PUMIACA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-6.660.572 y V-2.487.755 respectivamente, en virtud del matrimonio por ellos celebrado el día 22 de diciembre de 1995, tal y como se desprende de copia certificada del acta de matrimonio N° 36, folio 36 y su vuelto, de los Libros de Matrimonios, correspondiente al año 1995, llevado por la Primera Autoridad Civil del Registro Civil de la Alcaldía del Municipio Carrizal del Estado Bolivariano de Miranda.
Déjese copia certificada de la presente decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, en la ciudad de Los Teques, a los seis (06) días del mes de octubre del año dos mil dieciséis (2016). Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
LA JUEZ SUPLENTE ESPECIAL,
Abg. TERESA HERRERA ALMEIDA.
LA SECRETARIA,
Abg. HILDA JOSEFINA NAVARRO REVETE.
En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, siendo las 11:00 de la mañana.
LA SECRETARIA,
THA/HJNR/Deivyd
Exp. Nº 15-9809
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