TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS GUAICAIPURO Y CARRIZAL
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, CON SEDE EN LOS TEQUES.

EXPEDIENTE Nº 16-9917

SOLICITANTES: FERNANDO ADOLFO NOUEL OCHEA y SHARON NATHASCHA RODRIGUEZ PAYOT, mayores de edad, venezolanos, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-14.351.445 y V-19.764.108, respectivamente, representada la ultima por su apoderada judicial, la ciudadana ADRIANA COROMOTO QUIROGA RODRIGUEZ, mayor de edad, venezolana, de este domicilio, abogada inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 78.314.

ABOGADO ASISTENTE: ADRIANA COROMOTO QUIROGA RODRIGUEZ, mayor de edad, venezolana, de este domicilio, abogada inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 78.314.

MOTIVO: Sentencia de Divorcio (Artículo 185-A Código Civil)

-I-
SINTESIS DE LA LITIS

En fecha 13 de julio de 2016, fue presentada para su distribución por ante el Juzgado Distribuidor de Municipio de turno, solicitud de Divorcio fundamentada en el Artículo 185-A del Código Civil, interpuesta por los ciudadanos FERNANDO ADOLFO NOUEL OCHEA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-14.351.445 y la ciudadana SHARON NATHASCHA RODRIGUEZ PAYOT, mayor de edad, venezolana, domiciliada en Nueva Jersey, Estados Unidos de América, y titular de la cedula de identidad Nº V-6.913.847, representada por la abogada ADRIANA COROMOTO QUIROGA RODRIGUEZ, mayor de edad, venezolana, de este domicilio, abogada inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 78.314, debidamente asistidos por la según se evidencia de documento Poder debidamente autenticado ante el Consulado General en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, en fecha 23 de mayo de 2016, que corre inserto bajo el Nº 50, folio 141 y 142, Protocolo Único, Tomo II, Año 2016, debidamente asistidos por la abogada ADRIANA COROMOTO QUIROGA RODRIGUEZ, mayor de edad, venezolana, de este domicilio, abogada inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 78.31, cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado. En dicha solicitud, los prenombrados ciudadanos solicitan se declare el divorcio, conforme a lo establecido en el artículo 185-A del Código Civil, alegando la ruptura prolongada de la vida en común desde hace más de cinco años.
Exponen los prenombrados ciudadanos que, contrajeron matrimonio civil por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Petare, Municipio Sucre de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 17 de abril de 2.010, como se evidencia del acta de matrimonio inserta bajo el N° 177, que anexan a la presente solicitud, que fijaron su domicilio en la Avenida Bolívar, Residencias El Paramo, Piso 1, Apartamento 14, Los Teques, Municipio Guaicaipuro, Jurisdicción del Estado Bolivariano de Miranda. De esta unión conyugal no procrearon y no adquirieron bienes de fortuna susceptibles que liquidar. Ahora bien, manifiestan formalmente que no desean reanudar la vida matrimonial, toda vez que la ciudadana SHARON NATASCHA RODRIGUEZ PAYOT, se encuentra radicada en Estados Unidos de América, definitivamente, ejerciendo su profesión de Sous Chef, y no regresara al país, en consecuencia y en virtud de lo anteriormente expuesto es por lo que han decidido de común y mutuo acuerdo solicitar a este Tribunal proceder a formalizar la disolución de su matrimonio con base a lo dispuesto en el Artículo 185-A del Código Civil, que se declare el divorcio en virtud de lo alegado y fundamentado en las previsiones del artículo 185-A del Código Civil.

En fecha quince (21) de julio de dos mil dieciséis (2016), compareció el ciudadano FERNANDO ADOLFO NOUEL OCHEA, ya antes identificado y asistido por la abogada a ADRIANA COROMOTO QUIROGA RODRIGUEZ, mayor de edad, venezolana, de este domicilio, abogada inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 78.314, y consignaron los recaudos para la prosecución del proceso.

En fecha veintidós (22) de julio de dos mil dieciséis (2016), este Tribunal admitió la solicitud y ordenó notificar al Fiscal del Ministerio Público, a fin de que compareciera por ante este Tribunal dentro del plazo de diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en autos de su notificación, para que actúe como parte de buena fe.

En fecha veintiséis (26) de julio de dos mil dieciséis (2016), previa consignación de los fotostatos, se libró Boleta de Notificación a la Fiscal Undécima del Ministerio Público.

En fecha nueve (09) de agosto de dos mil dieciséis (2016), compareció el Alguacil Temporal de este Juzgado, y consigna la Boleta de Notificación debidamente recibida por el Despacho del Fiscal.

En fecha diez (10) de agosto de dos mil dieciséis (2016), compareció la Fiscal Undécima del Ministerio Público, y manifiesto no tener objeción ni observaciones que formular en la presente solicitud.

Para decidir este Tribunal observa:

-II-

EL TRIBUNAL PARA DECIDIR OBSERVA
DE LA COMPETENCIA:
A la fecha de emitir el presente pronunciamiento, este Tribunal observa que en fecha 02 de mayo de 2012, fue promulgada la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.913, de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 02 de mayo de 2012, la cual en el numeral 8 del artículo 8, confiere competencia a los jueces o juezas de paz comunal, para conocer, declarar, sin procedimiento previo y en presencia de la pareja, el divorcio, a los solicitantes que se encuentren domiciliados en el ámbito local territorial de juez o jueza comunal; y que no tengan a la fecha de la solicitud hijos menores de edad.
En relación a esta nueva jurisdicción, es de mencionar lo expuesto por la Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 12 de marzo de 2012, expediente N° 2011-000473, con ocasión a la rectificación de actas en sede administrativas:
“…Ahora bien, es necesario resaltar que aún cuando la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ha considerado que la solicitud de rectificación de actas llevaría, en principio, a aplicar el supuesto normativo previsto en el artículo 145 antes transcrito, según el cual “…La rectificación de las actas en sede administrativa procederá cuando haya omisiones de las características generales y especificas de las actas, o errores materiales que no afecten el fondo del acta…”.
No obstante, ha establecido que “…declarar que el Poder Judicial no tiene jurisdicción comportaría una dilación perjudicial a la actora, que negaría su derecho constitucional de tener acceso a una administración de justicia expedita y sin dilataciones indebidas, al imponerle que acude ante la Administración para hacer valer sus derechos, cuando ya había escogido la vía jurisdiccional, a través de la solicitud de rectificación de acta de nacimiento presentada ante el tribunal consultante…”
Por tanto, la sala determino que “…en aras de salvaguardar los postulados constitucionales de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, consagrados en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y garantizar la protección constitucional en cuestión, considera que en el caso de autos el Poder Judicial si tiene jurisdicción para conocer de la solicitud de autos; por lo tanto, de conformidad con los artículos 769 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, corresponde el conocimiento de esta causa a la jurisdicción ordinaria, en concreto al Juzgado Primero de los Municipios Falcón y los Taques de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón. Así se declara…” (Sentencia N° 595, de fecha 23 de junio de 2010, Exp. N° 2010-0362. Sala Político Administrativa).
….Es decir que conforme al criterio de la Sala Política Administrativa de esta Máxima Jurisdicción, el cual comparte esta Sala, cuando ya el solicitante ha escogido la vía jurisdiccional, a través de la solicitud de rectificación de acta presentada ante el tribunal, no es procedente declarar que el Poder Judicial no tiene jurisdicción, pues, ello comportaría una dilación prejudicial a la actora, negándole su derecho constitucional de tener acceso a una administración de justicia expedita y sin dilación inútiles e indebidas al imponérsele acudir ante la Administración Pública para hacer valer sus derechos.
Por lo tanto, considera esta Sala que los jueces de instancias ante una solicitud de rectificación de actas presentadas ante su despacho deben tomar en cuenta dicha solicitud, conforme a la situación fáctica sometida a su consideración, pues, deben evitar una dilación perjudicial al solicitante y garantizarle el derecho constitucional de acceso a una administración de justicia expedita y sin dilaciones indebidas, ello en aras de salvaguardar los postulados constitucionales de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, consagrados en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”

Conforme a lo antes expuesto y en garantía del derecho constitucional del acceso a la administración de justicia, no obstante haberle dado competencia a los Jueces de Paz, de conocer de las solicitudes de Divorcio por separación de hecho por más de cinco (05) años, tal competencia no excluyó, ni extinguió la competencia a los Juzgados de Municipio, en virtud de ello, procede este Tribunal a emitir su pronunciamiento.

-III-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:

El matrimonio es la base principal de la familia y ésta a su vez es la base de la sociedad. El estado debe proteger la sociedad y en consecuencia la familia y el matrimonio. El artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: “Se protege el matrimonio, el cual se funda en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y obligaciones de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la Ley, producirán los mismos efectos que el matrimonio”.

Establece el artículo 185-A del Código Civil, lo siguiente:
“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
En caso de que la solicitud sea presentada por un extranjero que hubiere contraído matrimonio en el exterior, deberá acreditar constancia de residencia de diez (10) años en el país.
Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud.
El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados.
Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente.” (Subrayado por este Tribunal)

Cuya norma antes transcrita debe interpretarse de acuerdo a la sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado ARCADIO DELGADO ROSALES, de fecha 15 de mayo de 2014, en la que señala: La citada norma establece la posibilidad de solicitar el divorcio si existe una ruptura prolongada de la vida en común, la cual quedó establecida en cinco años como mínimo, cualquiera de ellos puede solicitarla o puede ser solicitada conjuntamente, adicionalmente, si la solicitud es presentada por un extranjero, debe acreditar residencia en el País por un período no menor a diez años; luego de cumplidas las formalidades en él establecidas, debe mediar la no oposición del Fiscal del Ministerio Público, con lo cual, transcurrido el lapso de tiempo de doce días de despacho, se procederá a declarar la disolución del vínculo conyugal.
A lo antes expuesto se agrega la competencia exclusiva y excluyente conferida a los Juzgados de Municipio, para conocer de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza, según Resolución N° 2009-0006, de fecha 18 de marzo de 2009, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, y publicada en Gaceta Oficial N° 39.152 de fecha 02 de abril de 2009.
Ahora bien, establecido lo anterior corresponde a este Tribunal establecer si se cumplen con todos los presupuestos procesales contenidos en la norma bajo estudio, al respecto este Tribunal observa:
PRIMERO: Que de los autos se evidencia que los ciudadanos FERNANDO ADOLFO NOUEL OCHEA y SHARON NATHASCHA RODRIGUEZ PAYOT, antes identificados, contrajeron Matrimonio Civil por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Petare, Municipio Sucre de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 17 de abril de 2.010, como se evidencia del acta de matrimonio inserta bajo el N° 177, en copia certificada consignada al efecto.
SEGUNDO: Que los referidos ciudadanos, admitieron que se encuentran separados de hecho desde el mes de mayo del año 2.011, configurándose de esta manera la cuestión fáctica (separación de hecho por más de cinco años)
TERCERO: Que notificada como quedó la Fiscal Undécima del Ministerio Público, la misma manifestó no tener objeción que formular en la solicitud.
CUARTO: Que del análisis de las actas procesales se evidencia que se encuentran llenos los extremos señalados en el Artículo 185-A del Código Civil para la procedencia de la disolución del vínculo matrimonial que une a los ciudadanos FERNANDO ADOLFO NOUEL OCHEA y SHARON NATHASCHA RODRIGUEZ PAYOT, esta Juzgadora considera procedente la disolución del vínculo matrimonial, como en efecto se declara.
-IV-
DISPOSITIVA
Por todo lo antes expuesto, este Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en los Artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, y el artículo 185-A del Código Civil DECLARA: CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO, fundamentada en el Artículo 185-A, del Código Civil, presentada por los ciudadanos FERNANDO ADOLFO NOUEL OCHEA y SHARON NATHASCHA RODRIGUEZ PAYOT, ambos identificados anteriormente y en consecuencia declara disuelto el vínculo matrimonial que los une en virtud del matrimonio por ellos celebrado en fecha 17 de abril de 2.010, como se evidencia del acta de matrimonio inserta bajo el N° 177, del libro de Matrimonio llevado por la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Petare, Municipio Sucre de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda.

Déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Se ordena conforme a lo previsto en los artículos 101, numeral 6° y 152 de la Ley Orgánica de Registro Civil, insertar la presente sentencia, única y exclusivamente ante el Registro Civil correspondiente y agregar la nota marginal en la referida acta.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de dos mil dieciséis (2016), a los 206° Años de la Independencia y 157º Años de la Federación.
LA JUEZ SUPLENTE ESPECIAL,

Abg. TERESA HERRERA ALMEIDA.
La Secretaria.

Abg. HILDA JOSEFINA NAVARRO.

En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, siendo las 11:10 a.m.

La Secretaria.

Abg. HILDA JOSEFINA NAVARRO.

THA/HJN/jcrl
Exp. N°16-9917