REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA PARTE ACTORA: CONJUNTO RESIDENCIAL SAN ANTONIO, Sector Don Blas, San Antonio de los Altos Estado Miranda. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: RAÚL TRUJILLO ROJAS y ZURILMA BLANCO, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 21.798 y 32.789. PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil “INVERISONES INDAPE, C.A.”, y Sociedad Mercantil “INMOBILIARIA LOS castores, C.A.”, la primera inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 30 de agosto de 1977, bajo el Nº 50, Tomo 62-A, y la segunda se encuentra registrada en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 30 de agosto de 1977, bajo el Nº 2, Tomo 127-A. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: no consta en autos. MOTIVO: NULIDAD DE DOCUMENTO DE CONDOMINIO.- SENTENCIA: INTERLOCUTORIA. EXPEDIENTE: 27973.- -I- El presente juicio se inició por escrito libelar presentado ante el Juzgado Distribuidor de causas de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en fecha 14 de mayo de 2008, por los abogados RAÚL TRUJILLO ROJAS y ZURILMA BLANCO, ya identificados actuando con el carácter de apoderados judiciales de la parte actora “CONJUNTO RESIDENCIAL SAN ANTONIO”, ya identificada, contentivo de la demanda que por NULIDAD DE DOCMUENTO DE CONDOMINIO, siguen en contra de las Sociedades Mercantiles “INVERSIONES INDAPE, C.A.”, e “INMOBILIARIA LOS CASTORES, C.A.”, antes identificados en autos. Previo sorteo de Ley, le correspondió el conocimiento de la presente demanda a este Juzgado, admitiendo la misma en fecha 02 de junio de 2008. Estando dentro de la oportunidad para emitir un pronunciamiento sobre la presente causa este Tribunal dispone: -II- Efectuado el estudio pormenorizado de las actas que conforman el presente expediente, procede este Tribunal a examinar si en el caso sub iudice se verificó la perención de la instancia, para lo cual observa: La perención de la instancia opera por la inactividad procesal de las partes; es decir, por la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, en un período de tiempo de al menos un año; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención (…)” (Negrilla y Subrayado de este Tribunal).” De lo anterior se colige que a la figura de la Perención de la Instancia, le fue atribuido carácter objetivo, por tanto, a diferencia de otros medios de terminación del proceso, no se encuentra vinculada a la voluntad de las partes ni del Juez, sino que procede con ocasión de circunstancias fácticas y objetivas que deben concurrir a los fines de que se verifique la misma. En consecuencia, la adopción de este sistema objetivo por parte del legislador, revistió a la Institución de la Perención de una naturaleza eminente sancionatoria, siendo aplicable a las partes, conforme lo dispone el artículo 268 del Código de Procedimiento Civil. La perención constituye un medio autónomo de terminación del proceso, distinto de la sentencia, que se basa en la presunción de que las partes han abandonado o perdido el interés en el juicio, derivada de la falta de impulso procesal, es decir, por no instar el procedimiento mediante el cumplimiento de las obligaciones o cargas procesales que la misma Ley les impone, tal y como se desprende de la disposición contenida en el artículo supra citado. En concordancia con la disposición antes transcrita, el artículo 269 eiusdem establece que la perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes, siendo uno de sus efectos la extinción del proceso. Adicionalmente, puede ser decretada de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare es apelable libremente. Establecido lo anterior, constata esta Sentenciadora, que en la presente causa se verifican los presupuestos de procedencia de la perención, a saber: 1) La existencia de una instancia válida, de allí que no pueda operar en el caso de una demanda que no ha sido admitida por el Tribunal. En el caso sub-iúdice, la demanda que da lugar al presente juicio fue admitida en fecha 02 de junio de 2008. 2) El transcurso de un lapso de tiempo que varía según las distintas modalidades que ha previsto el legislador. En el caso que nos ocupa y previa revisión de las actas procesales, se evidencia que la última actuación de la parte actora acaeció en fecha 13 de agosto de 2009. Siendo ello así, al haber discurrido más de siete (07) años sin actividad procesal alguna de la parte actora, dirigida a movilizar y mantener en curso el presente juicio, y visto que no corresponde al Juez impulsar el acto procesal siguiente en la presente causa; de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, resulta forzoso para este Tribunal declarar la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA. Así se decide -III- Por las razones antes expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de La Ley, decreta la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en los artículos 267, ordinal 1° y 269 del Código de Procedimiento Civil y consecuentemente, EXTINGUIDO EL PRESENTE PROCESO de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 270 ejusdem. Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas. Para darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 248 ibídem, déjese copia certificada de la anterior sentencia. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y Tránsito de la Circunscripción del Estado Miranda. Los Teques; Dieciséis (16) de Septiembre de 2016. Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación. LA JUEZA TITULAR, ELSY MADRIZ QUIROZ LA SECRETARIA TITULAR, JENIFER BACALLADO GONZÁLEZ En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las 01:00 post meridiam .- LA SECRETARIA TITULAR, EMQ/Aixa.- Exp. Nº 27973.-