TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
SALA Nº 01 DE LA CORTE DE APELACIONES
SEDE CONSTITUCIONAL

Los Teques, 20 de marzo de 2017
206º y 157º

Causa N° 1A- a10878-17
ACCIONANTE: Abg. JOSÈ ANTONIO BRACAMONTE RODRÌGUEZ.
PRESUNTO AGRAVIANTE: JUZGADO CUARTO (4º) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, SEDE LOS TEQUES.
JUEZ PONENTE: DRA. ZINNIA BRICEÑO MONASTERIO

Corresponde a esta Sala, conocer de la presente Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el Abg. José Antonio Bracamonte Rodríguez, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano José Leonardo Azuaje Herrera, por considerar que se le han violentado los derechos, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda, sede Los Teques.
En fecha 14 de febrero de dos mil diecisiete (2017), se le dio entrada a la causa signada con el N° 1A-a10878-17 y designando Ponente a la Dra. Zinnia Briceño Monasterio, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En fecha 17 de febrero de dos mil diecisiete (2017), esta Alzada ordenó despacho saneador, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 de la Ley de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a los fines que el abogado accionante explicara de manera detallada y especifica el hecho acto u omisión que a su juicio conculcaran derechos constitucionales de su asistido, librándose la respectiva Boleta de notificación.
En fecha 24 de febrero de dos mil diecisiete (2017), fue recibido ante esta Corte de Apelaciones, escrito suscrito por el Abg. José Antonio Bracamonte Rodríguez, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano José Leonardo Azuaje Herrera, titular de la cedula de identidad Nº V- 21.411.497.
En este sentido la Corte de Apelaciones observa:
DE LOS FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
El Accionante, Abg. José Antonio Bracamonte Rodríguez, fundamenta la presente Acción de Amparo Constitucional, en los términos siguientes:
“...ESTA DEFENSA DENTRO DE LO LAPSOS ESTABLECIDOS, A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y AL DERECHO DEL DEBIDO PROCESO Y EN PRESENCIA, DE UNA VIOLACION (sic) DE MANERA FLAGRANTE, DEL NO PRONUNCIAMIENTO EN SU MANERA OPRTUNA DE ESTE DIGNO TRIBUNAL. BASADO EN EL ARTICULO 444, EN SU (SIC) NUMERALES 1º, 3º, Y 5º. (sic) DEL CODIGO ORGÀNICO PROCESAL PENAL. SOLICITO A TRAVES DE LA LEY ORGANICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES. BASADO EN SU Artículo 5…De tal manera que siendo de rango constitucional ambos derechos por ser fundamentales a la persona humana, todo aquel que se halle afectado por una medida de este tipo debe conseguir respuesta inmediata a su situación jurídica penal, pues tan solo la determinación mediante una decisión judicial de la concurrencia de las concurrencia de las circunstancias que justifiquen las restricción del derecho a la libertad, legitiman la señalada restricción… En este mismo orden de ideas, la sala ha sostenido que la procedencia del habeas hàbeas (sic) depende de la ilegitimidad de la privación de libertad, para ello la detención debe haber sido impuesta por una autoridad administrativa, policial o judicial, con violación de normas constitucionales, o excediéndose dicha autoridad en el ejercicio de sus atribuciones legales, o en los plazos en que se mantiene la detención… En este sentido, las Cortes de Apelaciones competentes en materia penal ordinaria así como en las materias especiales, incluyendo la Militar, como tribunales de alzada, deben estar atentas respecto de la admisibilidad de las apelaciones interpuestas contra el auto fundado dictado en extenso al finalizar la audiencia preliminar donde se motivan las diferentes decisiones pronunciadas en esa audiencia que son recurribles en apelación, de conformidad con lo previsto Código Orgánico Procesal Penal, como es el caso, entre otras, de la decisión que declara sin lugar la solicitud de nulidad, de conformidad con el in fine del articulo 180 eiusdem. Cuando se presentan estas situaciones en esta fase del proceso penal se genera un desorden procesal que atenta contra el principio de la seguridad jurídica y contra los derechos al debido proceso, a la doble instancia, a la defensa de las partes y, en definitiva, contra la tutela judicial efectiva, derechos que esta Sala Constitucional está obligada a preservar…. YA QUE N SU OPORTUNIDAD EL CIUDADANO JUEZ NO SE PRONUNCION (sic) REFERENTE AL ARTICULO 161 DEL CODIGO (sic) ORGÁNICO PROCESAL PENAL, EL JUEZ O JUEZA DICTARA LAS DECISIONES DE MERO TRAMITE EN EL ACTO. LOS AUTOS Y LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS QUE SUCEDA A UNA AUDIENCIA ORAL, SERAN PRONUNCIADOS INMEDIATAMENTE DESPUES DE CONCLUIDA… PARA QUE SURGA EFECTO A FAVOR DE MI PATROCINADO, MEDIANTE UNA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA BASADO EN EL ARTICULO (sic) 242 DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, YA QUE MI PATROCINADO SE ENCUENTRA ILEGITIMAMENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD, YA QUE EL MINISTERIO PUBLICO NO PRESENTO EN SU ESCRITO ACUSATORIO CON LOS ORGANOS AUXILIARES DEL CIPC, PRUEBAS REALES FISICAS QUE PUDIERAN DAR FE DE UNOS PRESUNTOS OBJETOS HURTADO… NO PRESENTANDO LAS FACTURAAS DE PROPIEDAD DE ORIGEN DE LOS SUPUESTOS OBJETOS DIVERSOS SUSTRAIDOS PROPIEDAD DE LA PRESUNTA VICTIMA QUE FORMULA LA DENUNCIA EL CIUDADANO: quien dijo llamarse Mauro. YA QUE NOS ENCONTRAMOS EN PRESENCIA DE UNA SIMULACION DE UN HECHO PUNIBLE, SIENDO QUE FALTAN MULTIPLES DELIGENCIAS (SIC) QUE PRACTICAE PARA ASI BUSCAR LA VERDAD DE LIS HECHOS, ACLARANDO QUE LA CIUDADANA JUZ SE PRONUNCIO EN RELACION (sic) A DOS TESTIGOS REFERENCIALES DE nombres Carmen y LAURA ENCONTRANDOCE (sic) EN LOS FOLIOS Nº 24-25-27 DEL EXPEDIENTE DONDE EN SU ENTREVISTA SOLO HABLAN DE DOS PERSONAS PRESUNTAMENTE SOSPECHOSAS, DE HABER COMETIDO LOS HECHOS CON CARACTERISTICAS DE UN HOMBRE Y UNA MUJER LOS CUALES EN SUS DECLARACIONES, SOLAMENTE PLASMA QUE SE ENCONTRABAN EN EL SECTOR COMO PRESUNTOS SOSPECHOSOS Y NO COMO AUTORES MATERIALES DE UN PRESUNTO HECHO PUNIBLE, SIENDO LAS YA NOMBRADAS TESTIGOS REFERENCIALES MAS NO PRESENCIALES. COMO LO YA EXPUESTO Y ESTE DIGNO TRIBUNAL el cual conozca del AMPARO DEL HABIAS (sic) CORPUS A PESAR DE QUE SE INTERPUSO, UN PETITORIO PARA SU PRPONUNCIAMIENTO… EL MISMO HASTA LA FECHA NO SE A PRONUNCIADO, DONDE SE SOLICITO UNA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA BASADO EN EL ARTICULO (sic) 242 BASADO (sic) EN EL CODIGO ORGÀNICO PROCESAL PENAL DE FIEL CUMPLIMIENTO, MOTIVO POR EL CUAL MI PATROCINADO, NO FUE SOLPRENDIDO (sic) DE MANERA FLAGRANTE. NI EN COMPAÑÍA DEL CIUDADANO: Mario Wilmer Ferreira Díaz… ACOTANDO EN ESTA OPORTUNIDA (sic) QUE EL CIUDADANO YA EN CUESTION ES ENEMIGO MANIFIESTO DE MI DEFENDIDO EL CIUDADANO: José Leonardo Azuaje Herrera… MEDIANTE UN PRONUNCIAMIENTO DE MEDIDA DE ALEJAMIENTO, NO TENER CONTACTO FISICO, NI VISUAL, NI LLAMADAS TELEFONICAS, NI MENSAJES DE TEXTO DE AMBAS PARTES, QUEDANDO ASI NOTIFICADAS AMBAS PARTES, EL DIA 5 DE ENERO DE 2017 POR EL JUSGADO DE PAZ DE LA JURIDICCION (sic) ESPECIAL DE LA JUSTICIA DE PAZ COMUNAL DE LA PARROQUIA PARACOTOS… ME ENCUENTRO HACIENDO ACOTACION (sic) AL NO PRONUNCIAMIENTO DEL PETITORIO LA CIUDADANA JUEZ DEL TRIBUNAL CUARTO (4º) DE CONTROL DE UNA GARANTÍA CONSTITUCIONAL COMO LO ES EL ARTICULO 51 DE LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANO DE VENEZUELA, QUE ESTABLECE QUE TODA PERSONA TIENE EL DERECHO O DIRIGIR PETICIONES ANTE CUALQUIER AUTORIDAD, Y OBTENER OPORTUNA Y ADECUADA RESPUESTA EN SU MOMENTO OPORTUNO, AL NO PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL YA EN MENCIÓN, A FAVOR DE MI PATROCINADO FAVORECIÉNDOLO CON UNA MEDIDA CAUTELAR, EN RAZÓN DE UN DELITO DE UN PRESUNTO HURTO. DONDE FALTAN MULTIPLES (sic) DELIGENCIAS (sic) POR PRACTICAR POR ENCONTRARNOS EN LA FASE INTERMEDIA INVESTIGATIVA, DONDE NADA ESTA CLARO. Y EL DELITO EN EL ULTIMO DE LOS EXTREMOS, NO ECCEDE (sic) LOS OCHO (8) AÑOS DE PRICION (SIC) Y MI DEFENDIDO DE LO YA EXPLANADO NO PRESENTA UNA CONDUCTA PREDICTUAL, Y NO EXISTE PELIGRO DE FUGA BASADO EN EL ARTICULO 237 BASADO EN CODIGO (sic) ORGÁNICO PROCESAL PENAL, MOTIVO POR EL CUAL ESTA RADICADO EN EL PAÍS Y NO OCASIONARÍA NINGÚN IMPEDIMENTO A LA INVESTIGACION (sic) EN BUSCA DE LA VERDAD, Y NO NEGANDOCE (SIC) ESTA DEFENSA A QUE SE REALICE LA AUDIENCIA PRELIMINAR O EL PASE A JUICIO, SI EL QUE TIENE LA CUALIDAD EN LA ACCIÓN PENAL, NO PRESENTA EN TIEMPO, MODO, HORA Y LUGAR SU ALEGATO DE LO QUE BUSCA O DE LO QUE PRETENDE, DE NUESTRA LEY ADJETIVA, DONDE ES EVIDENTE QUE NOS ENCONTREMOS EN UNA VIOLACIÓN DEL DERECHO DEL DEBIDO PROCESO Y LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA…”.
En fecha 24 de febrero de dos mil diecisiete (2017), fue recibido ante esta Corte de Apelaciones, escrito suscrito por el Abg. José Antonio Bracamonte Rodríguez, en los términos siguientes:
“... YA QUE N SU OPORTUNIDAD EL CIUDADANO JUEZ NO SE PRONUNCIO (sic) REFERENTE AL ARTICULO 161 DEL CODIGO (sic) ORGÁNICO PROCESAL PENAL, EL JUEZ O JUEZA DICTARA LAS DECISIONES DE MERO TRAMITE EN EL ACTO. LOS AUTOS Y LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS QUE SUCEDA A UNA AUDIENCIA ORAL, SERAN PRONUNCIADOS INMEDIATAMENTE DESPUES DE CONCLUIDA…PETITORIO ASI PUES ANTE SU DIGNA INSTANCIA, PARA QUE SURGA (sic) EFECTO A FAVOR DE MI PATROCINADO, MEDIANTE UNA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA BASADO EN EL ARTICULO (sic) 242 DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO (sic) ORGÁNICO PROCESAL PENAL , YA QUE MI PATROCINADO SE ENCUENTRA ILEGITIMAMENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD, YA QUE EL MINISTERIO PUBLICO NO PRESENTO EN SU ESCRITO ACUSATORIO CON LOS ORGANOS AUXILIARES DEL CIPC, PRUEBAS REALES FISICAS QUE PUDIERAN DAR FE DE UNOS PRESUNTOS OBJETOS HURTADOS… AL NO PRONUNCIAMIENTO DEL PETITORIO LA CIUDADANA JUEZ DEL TRIBUNAL CUARTO (4º) DE CONTROL DE UNA GARANTÍA CONSTITUCIONAL COMO LO ES EL ARTICULO 51 DE LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANO DE VENEZUELA, QUE ESTABLECE QUE TODA PERSONA TIENE EL DERECHO O DIRIGIR PETICIONES ANTE CUALQUIER AUTORIDAD, Y OBTENER OPORTUNA Y ADECUADA RESPUESTA EN SU MOMENTO OPORTUNO, AL NO PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL YA EN MENCIÓN, A FAVOR DE MI PATROCINADO FAVORECIÉNDOLO CON UNA MEDIDA CAUTELAR, EN RAZÓN DE UN DELITO DE UN PRESUNTO HURTO. DONDE FALTAN MULTIPLES (sic) DELIGENCIAS (sic) POR PRACTICAR POR ENCONTRARNOS EN LA FASE INTERMEDIA INVESTIGATIVA, DONDE NADA ESTA CLARO. Y EL DELITO EN EL ULTIMO DE LOS EXTREMOS, NO EXCEDE LOS OCHO (8) AÑOS DE PRISION Y MI DEFENDIDO DE LO YA EXPLANADO NO PRESENTA UNA CONDUCTA PREDICTUAL, Y NO EXISTE PELIGRO DE FUGA BASADO EN EL ARTICULO 237 BASADO EN CODIGO (sic) ORGÁNICO PROCESAL PENAL, MOTIVO POR EL CUAL ESTA RADICADO EN EL PAÍS Y NO OCASIONARÍA NINGÚN IMPEDIMENTO A LA INVESTIGACION (sic) EN BUSCA DE LA VERDAD, Y NO NEGANDOCE (SIC) ESTA DEFENSA A QUE SE REALICE LA AUDIENCIA PRELIMINAR O EL PASE A JUICIO, SI EL QUE TIENE LA CUALIDAD EN LA ACCIÓN PENAL, NO PRESENTA EN TIEMPO, MODO, HORA Y LUGAR SU ALEGATO DE LO QUE BUSCA O DE LO QUE PRETENDE, DE NUESTRA LEY ADJETIVA, DONDE ES EVIDENTE QUE NOS ENCONTREMOS EN UNA VIOLACIÓN DEL DERECHO DEL DEBIDO PROCESO Y LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA…”.

DE LA COMPETENCIA

La Sala observa que según lo afirma la parte accionante, la presente acción de amparo está dirigida contra la presunta violación de derechos constitucionales, derivada de la omisión atribuida al Juez Sexto (6º) de Primera de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda con sede en la Ciudad de Los Teques, es decir, que se trata de una acción de amparo que debe ventilarse ante el superior jerárquico, conforme a lo previsto en el único aparte del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal como lo ha señalado la Sala Constitucional en su decisión de fecha 20 de enero de 2000 (Caso: Emery Mata Millán), en concordancia con el artículo 7 de la referida Ley.
Siendo que la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal es el superior jerárquico del Juzgado mencionado, esta Sala se considera competente para conocer de la presente acción de amparo. Así se Decide.

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
De la lectura del escrito contentivo de la acción de amparo, así como del escrito mediante el cual se da respuesta al despacho saneador, se desprende que los mismos contienen una enrevesada narrativa de las circunstancias que supuestamente motivaron el accionar en amparo, siendo indeterminados los argumentos expuestos, alegando que han sido vulnerados un sin número de derechos y garantías constitucionales mediante circunstancias que a su juicio crean una omisión de pronunciamiento.
Es decir, ambos escritos son manifiestamente ininteligibles, en los cuales se obvian las reglas más elementales de gramática, sintaxis y lógica, resultando incoherente pues en los mismos no se expresan los hechos en los que funda su pretensión, razón por la cual esta Alzada no puede apreciar de forma cierta si el mismo cumple con los requisitos previstos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual prevé las exigencias que debe cumplir la solicitud de amparo.
Dada la imprecisión del hecho lesivo, así como de las circunstancias que a criterio del agraviante vulneran derechos y garantías constitucionales que obran a favor de su asistido, se observa que ante tal imprecisión, no es posible para esta Sala deducir lo pretendido por el accionante.
Así, habiendo esta Sala ordenado despacho saneador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuya norma prevé los pasos a seguir por los jueces constitucionales cuando el escrito presente inconsistencias, esto a fin que se subsanara el escrito contentivo de la acción de amparo.
En atención a lo antes expuesto, considera esta Alzada pertinente traer a colación lo expresado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente Nº 00-2194, de fecha 10/05/2001:

“… Es decir, existe una solicitud que no cumple claramente con los requisitos del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Pero ¿qué pasa si la solicitud es de tal manera ininteligible que ni siquiera puede tildarse de oscura, sino de incomprensible? ¿Acaso es posible que alguien incoe un amparo donde incumple la mayoría de las exigencias del citado artículo 18.
A pesar de que con el amparo se busca proteger los derechos constitucionales de las personas, y que no deben exigirse formalidades que limiten el ejercicio de dicha acción, es criterio de la Sala que tampoco puede darse curso a un amparo incomprensible por el hecho de que alguien solicite se le ampare, ya que el Juez Constitucional no, es en estos casos, un inquisidor ante cualquier denuncia.

De aceptarse la inquisición total por el Juez Constitucional, la cual no la contempla la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se obraría contra la estructura dispositiva del amparo, contemplada en los artículos 1 y 18 eiusdem…”.

Así pues, tomando en cuenta las anteriores consideraciones, estima esta Alzada que en razón de ser ininteligible la acción de Amparo Constitucional interpuesta por el abogado José Antonio Bracamonte Rodríguez, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano José Leonardo Azuaje Herrera, lo procedente y ajustado a derecho es declararla inadmisible de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derecho y Garantías Constitucionales. Así se declara.
DISPOSITIVA

Por todo lo antes expuesto, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques, actuando como Tribunal Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: declara inadmisible la acción de amparo incoada el abogado José Antonio Bracamonte Rodríguez, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano José Leonardo Azuaje Herrera, conforme a las previsiones del artículo 19 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Regístrese, publíquese, diarícese, notifíquese la presente decisión y remítase la presente incidencia en su oportunidad.
Publíquese, regístrese y notifíquese
LA JUEZA INTEGRANTE,

DRA. VERÓNICA ZURITA PIETRANTONI
LA JUEZA PONENTE,

DRA. ZINNIA BRICEÑO MONASTERIO

LA JUEZA,

DRA. MARINA OJEDA BRICEÑO
EL SECRETARIO,

ABG. LEONARDO AGUERO SALCEDO
En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA,

ABG. LEONARDO AGUERO SALCEDO
MOB/ZBM/VZP/LAS/ifuh
Causa Nº 1Aa10878-16