TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA

EXPEDIENTE N° 31124.-
PARTE ACTORA: ARNALDO AGUSTÍN HERNÁNDEZ ANDARA, venezolana, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V-4.358.426.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: MARÍA GEORGINA HERNÁNDEZ ANDARA, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 34.665.-
PARTE DEMANDADA: ÁLVARO ARDILA RODULFO, AMARILIS JOSEFINA LA TORRE MINGHETTI y KATHERINE D’ ARAGO, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de Identidad Nros. V-4.054.697, V-5451.933 y 4.841.692, respectivamente.-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene apoderado judicial debidamente constituido.-
MOTIVO: PARTICIÓN DE BIENES.-
SENTENCIA: PERENCIÓN BREVE.-
-I-
Se dio inicio al presente juicio mediante escrito libelar presentado en fecha 11 de enero de 2017, ante el Juzgado Distribuidor, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado, por el ciudadano ARNALDO AGUSTÍN HERNÁNDEZ ANDARA, antes identificado, representado por la profesional del derecho MARÍA GEORGINA HERNÁNDEZ ANDARA, antes identificada, mediante la cual demanda al ciudadano ÁLVARO ARDILA RODULFO, anteriormente identificado, por PARTICION DE BIENES.
Consignados los recaudos que acompañan su escrito libelar mediante diligencia suscrita por la apoderada judicial de la parte actora en fecha 17 de enero de 2017.
Este Tribunal admitió la demanda mediante providencia de fecha 19 de enero de 2017, ordenándose librar compulsa para el emplazamiento del demandado a los fines de que comparecieran ante este Juzgado dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de su citación, para así formular oposición a la demanda, conforme lo establece el articulo 778 del Código de Procedimiento Civil, No se dio cumplimiento a lo ordenado por falta de fotostatos.
Mediante diligencia de fecha 30 de enero de 2017, la apoderada judicial de la parte actora, consignó los fotostatos y emolumentos requeridos para la elaboración de la compulsa y la practica de la citación, respectiva.
En fecha 03 de febrero de 2017, el Tribunal dejó constancia de haber librado la compulsa respectiva.
En fecha 06 de marzo de 2017 el ciudadano EDGAR ALEXANDER GARCIA ZERPA, Alguacil Titular de este despacho, consigna recibo de citación, firmado en fecha veintitrés (23) de febrero de 2017 por el ciudadano ALVARO ARDILA RODOLFO titular de la cédula de identidad numero V-4.054.697, parte demandada en la presente causa.
Compareció ante este Tribunal en fecha 22 de marzo de 2017, el ciudadano ALVARO ARDILA RODOLFO, ya identificado anteriormente en autos, en su condición de parte demandada, asistido por la abogada BELKIS BARBELLA INFANTE, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 24.932, manifestando mediante escrito y estando dentro del lapso de emplazamiento en conformidad con lo establecido en los artículos 359 y 778 del Código de Procedimiento Civil, procede a formular oposición a la demanda de partición de bienes
En fecha 05 de abril de 2017, mediante providencia se decreta la reposición de la causa, en conformidad al artículo 206 del Código de Procedimiento Civil al estado de admisión de la demanda dejando constancia que dicho pronunciamiento se realizo por auto separado y consecuentemente quedan nulas las actuaciones subsiguientes, toda vez que de los recaudos presentados por el ciudadano ALVARO ARDILA RODOLFO, plenamente identificado, debidamente asistido por la abogada BELKIS BARBELLA INFANTE, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 24.932, se evidencia la existencia de otros condóminos respecto del bien a partir y por lo tanto, se hace necesario el llamamiento a juicio de las ciudadanas AMARILIS JOSEFINA LA TORRE MINNGHETTI y KATHERINE D’ ARAGO, a través de la figura de la citación conforme a lo previsto en el articulo 777 del Código de Procedimiento Civil, a fin de integrar adecuadamente el contradictorio en la presente causa.-
Se admite la demanda en fecha 05 de abril de 2017, ordenándose librar compulsa para el emplazamiento del demandado ÁLVARO ARDILA RODULFO, plenamente identificado en autos, y a las ciudadanas AMARILIS JOSEFINA LA TORRE MINGHETTI y KATHERINE D’ ARAGO, venezolanas, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad números V-5.451.933 y V-4.841.692, respectivamente, éstas últimas de conformidad con el articulo 777 del Código de Procedimiento Civil , toda vez que, de los recaudos presentados se deduce que pudieran ser condóminos del inmueble a partir, para que comparezcan ante este Juzgado dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de la última citación que se practique, para así formular o no oposición a la demanda ello, de conformidad con lo establecido en el articulo 778 del Código de Procedimiento Civil, No se dio cumplimiento a lo ordenado por falta de fotostatos.
Mediante diligencia de fecha 08 de mayo de 2017, la apoderada judicial de la parte actora ciudadana MARÍA GEORGINA HERNÁNDEZ ANDARA, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 34.665, consignó los fotostatos requeridos para la elaboración de las compulsas, respectivas.
En fecha 11 de mayo de 2017, el Tribunal dejó constancia de haber librado las compulsas dirigidas a la parte demanda.
Estando dentro de la oportunidad de decidir este Tribunal dispone:
-II-
Nuestro Código de Procedimiento Civil contempla la figura de la perención de la instancia, atribuyéndole carácter objetivo, por tanto la perención de la instancia a diferencia de otros medios de terminación del proceso, no se encuentra vinculada a la voluntad de las partes ni del Juez, sino que procede con ocasión de circunstancias fácticas y objetivas que deben concurrir a los fines de que se verifique la misma. En consecuencia, la adopción de este sistema objetivo por parte del legislador, revistió a la institución de la perención de una naturaleza eminente sancionatoria, siendo aplicable, conforme lo dispone el artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, a las partes.
La perención constituye un medio autónomo de terminación del proceso, distinto de la sentencia, que se basa en la presunción de que las partes han abandonado o perdido el interés en el juicio, derivada de la falta de impulso procesal, es decir, por no instar el procedimiento mediante el cumplimiento de las obligaciones o cargas procesales que la misma Ley les impone, tal y como se desprende de la disposición contenida en el artículo 267 del texto legal mencionado.
Expuesto lo anterior esta Juzgadora se permite traer a colación lo establecido en los artículos 267, ordinal 1°, y 269 del Código de Procedimiento Civil, los cuales rezan, lo siguiente:
“(…) Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…También se extingue la instancia:
1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado (…)”.
“(…) Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente (…)”. (Subrayado añadido).
En dichos artículos se establecen los parámetros bajo los cuales el Juzgador debe declarar la perención de la instancia en los procesos civiles; señalándose que la perención opera de pleno derecho y debe ser declarada de oficio por auto expreso por el Tribunal, siendo éstas normas de orden público, en el entendido que el concepto de orden público representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exigen observancia incondicional y que no son derogables por disposición privada, por lo que está claro que no es cualquier acto el que puede interrumpir la perención, éstos deben ser actos de procedimiento que tiendan a impulsar el proceso, pero siempre que esos actos puedan ser efectivos para la prosecución del juicio.
Ahora bien, constituyen presupuestos de procedencia de la perención los siguientes: 1) La existencia de una instancia válida, de allí que no pueda operar en el caso de una demanda que no ha sido admitida por el Tribunal. Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha veintidós (22) de mayo de dos mil uno (2001), sostuvo lo siguiente:
“Nuestro Código de Procedimiento Civil utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes. Como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige al Juez proceda a instancia de partes. Como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. En tal sentido, habla el código de Jueces de Instancia, o Juez de Primera o Segunda Instancia”.
En la causa que nos ocupa, la admisión se produjo en fecha 5 de abril de 2017; 2) El transcurso de un lapso de tiempo que varía según las distintas modalidades que ha previsto el legislador. Al respecto, el artículo 267 antes citado prevé las conductas procesales que deben desarrollar las partes a los fines de evitar que se verifique la perención de la instancia, aunado ello al hecho de que el acto capaz de interrumpir la misma, debe tener la connotación de entrañar una solicitud clara e inequívoca de impulso procesal, del cual se presume que el interés verdadero de la petición es que prosiga el curso de la causa hacia la fase de sentencia de fondo o que se reanude la misma posteriormente a que hubiere operado algún motivo legal que incida en el íter procesal causando su detención. En este sentido, el Maestro Cuenca estableció:
“(…) No todos los actos ejecutados por los órganos jurisdiccionales, las partes o los terceros, tienen carácter procesal… No son actos procesales los preparativos para introducir la demanda, como la solicitud de la copia certificada de un documento, tampoco la actividad de hecho desempeñada durante el proceso, como el retiro de un documento presentado, ni aquellas actividades de derecho sustantivo realizadas en el curso del proceso, como el pago de honorarios, de emolumentos judiciales, etc. Pero estas mismas actividades de mero hecho pueden revestir carácter procesal cuando tienen el impulso de la causa… Desde este punto de vista, el acto procesal tiene la misma finalidad del proceso que mantiene la relación de un mismo estado, que la estanca o detiene, sin ponerla a marcha, como la simple extensión de una copia certificada (…)”.
Establecido lo anterior, se observa que en sentencia de fecha 06 de Julio de 2004, caso José Ramón Barco Vásquez contra Seguros Caracas de Liberty Mutual, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, se pronunció acerca de las cargas procesales que la parte actora debe cumplir dentro de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda o de su reforma y los efectos que acarrea su inejecución, que no es otro que la procedencia de la perención de la instancia.
En el cuerpo del citado fallo, la Sala estableció que la aplicación e interpretación de la referida institución procesal era de carácter restrictivo, es decir, limitativo, dada la dureza que conlleva su sanción, que no es otra que la extinción del proceso, lo cual determinó de la siguiente manera:
“(…) Como se observa, el legislador impone una dura sanción a la negligencia de las partes, lo cual evidentemente redunda en agilizar los procesos, puesto que obliga a los litigantes a impulsarlos bajo la amenaza de la perención, evitando así en gran medida, las paralizaciones de las causas por largos períodos, tal como ocurría anteriormente. Por lo tanto, dada la severidad del castigo, este Supremo Tribunal ha considerado de aplicación e interpretación restrictiva, las normas relativas a la perención y bajo estos lineamientos ha establecido, mediante su doctrina, que por cuanto la ley habla de las obligaciones que debe cumplir el demandante, basta que éste ejecute alguna de ellas a los efectos de la práctica de la citación, para evitar que se produzca la perención…” (Subrayado añadido).
A la par también estableció que:
“(…) Así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que pongan a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Estos nuevos argumentos doctrinarios como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero sí para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Así se decide….” (Subrayado añadido).
De modo que nuestro máximo Tribunal de la República, mediante la decisión in comento modificó el criterio que venía aplicando y, concluye que tiene plena aplicación la disposición contenida en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, por lo que impone a los demandantes la carga de presentar – sin hacer distinciones de ninguna naturaleza - dentro del lapso de treinta (30) días, contados a partir de la admisión de la demanda, diligencias en las cuales pongan a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal, carga cuya omisión o incumplimiento dará lugar a la perención de la instancia, criterio que acoge este Juzgado conforme a lo previsto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil. (Negrillas del Tribunal)-
Así las cosas, de las actuaciones procesales anteriormente expuestas se desprende, que la parte accionante en el caso bajo estudio, una vez admitida la demanda, consignó en fecha 08 de mayo de 2017, las copias fotostáticas del libelo de la demanda y del auto de admisión, a los fines de la elaboración de las compulsas respectivas, para quien suscribe, es evidente que desde la fecha del auto de admisión el 05 de abril de 2017, no se verificó la consignación de los emolumentos al Alguacil del Tribunal para la práctica de la citación, transcurriendo más del tiempo previsto por la Ley para realizar lo conducente, este Juzgado considera que en la presente causa se ha verificado la perención de la instancia, a que se contrae el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y, así se decide.-
-III-
Por las razones antes expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de La Ley, decreta la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en los artículos 267 Ordinal 1° y 269 del Código de Procedimiento Civil y, consecuentemente, EXTINGUIDO EL PRESENTE PROCESO de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 270 eiusdem.-
Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas.
Para darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 248 eiusdem, déjese copia certificada de la anterior sentencia.-
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y Tránsito de la Circunscripción del Estado Miranda. Los Teques; , Años 206° de la Independencia y 158° de la Federación.-
LA JUEZA TITULAR,

ELSY MADRIZ QUIROZ
LA SECRETARIA TITULAR,

JENIFER BACALLADO GONZÁLEZ
En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior sentencia, siendo

LA SECRETARIA TITULAR,

EMQ/fZambrano.-
Exp. Nº 31124.-