TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION, MEDIACION Y EJECUCION DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA CON SEDE EN GUARENAS

I
PARTE DEMANDANTE: JOSÉ MANUEL SILVA NARVAEZ, venezolano, mayor de edad, domiciliado en el Estado Miranda, portador de la Cédula de Identidad No. 18.134.107.
APODERADAS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: LILIBETH NASPE, SENDYS ABREU, MARISOL VIERA, OLIBETH MILANO, LILIBETH RAMIREZ, CLAUDIA CASTRO, YDALMI FARIAS y ROSMAIRA CAMPOS, venezolanas, mayores de edad, titulares de la Cédulas de Identidad Nº 11.487.453, 13.844.170, 12.046.265, 13.263.116, 12.386.359, 11.922.663, 5.277.055 y 8.762.831, respectivamente, abogadas en ejercicio, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 82.614, 115.612, 100.646, 89.031, 81.838, 76.601, 156.970, y 187.815 respectivamente, en sus caracteres de Procuradoras de Trabajadores del Estado Miranda.

PARTE DEMANDADA: Entidad de Trabajo IP CONSTRUCT 483, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda del año 2004, anotada bajo el Nº 21, Tomo 946-A.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Sin representación judicial alguna que conste en autos.
MOTIVO DE LA DEMANDA: Prestaciones Sociales y otros Beneficios Laborales.
Se dio curso a la presente causa por la demanda interpuesta, en fecha dieciocho (18) de enero de 2017, por la apoderada judicial de la parte actora JOSÉ MANUEL SILVA NARVAEZ, Abogada en ejercicio YDALMI FARIAS, en contra de la Entidad de Trabajo demandada IP CONSTRUCT 483, C.A., correspondiendo su conocimiento al Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Guarenas, quien dio curso a la demanda por Prestaciones Sociales y otros beneficios laborales, siendo admitida en fecha 20/01/2017.

La pretensión sustancial de la demanda es el Cobro de Prestaciones Sociales y otros beneficios laborales, alegando el trabajador JOSÉ MANUEL SILVA NARVAEZ, que en fecha dieciséis (16) de marzo de 2015, comenzó a prestar servicios personales, de forma ininterrumpida, bajo relación de dependencia y subordinación para la Entidad de Trabajo demandada IP CONSTRUCT 483, C.A., con el cargo de Cabillero, laborando de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., devengando una última remuneración diaria de Bs. 11.325,40, hasta el día tres (03) de junio de 2016, fecha en la cual fue despedido injustificadamente de sus labores habituales, adeudándose los siguientes conceptos laborales que a tales fines se reclaman:
Prestaciones de antigüedad Bs. 92.383,20
Vacaciones fraccionadas Bs. 15.085,49
Utilidades Fraccionadas Bs. 53.549,57
Indemnización artículo 92 de la Ley del Trabajo Bs. 92.383,20
Cestatickets Bs. 218.683,50
TOTAL Bs. 496.279,55
En fecha 03/05/17, siendo la oportunidad fijada para que tuviera lugar la Audiencia Preliminar, anunciada a las 11:30 a.m. por el Alguacil a las puertas de este Tribunal, se encontraba presente la parte actora, a través de su apoderada judicial, abogada en ejercicio YDALMI FARIAS, antes identificada, sin que la parte demandada Entidad de Trabajo IP CONSTRUCT 483, C.A., compareciera ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno, consignadas las pruebas por la parte actora, procedió seguidamente la Juez de este Tribunal a declarar la presunción de la admisión de los hechos, siempre y cuando la acción no sea ilegal o contraria a derecho ó si la relación es o no de naturaleza laboral, reservándose cinco (05) días hábiles siguientes para la publicación del fallo definitivo, ordenando agregar las pruebas presentadas por la parte actora en el presente procedimiento.
II
MOTIVACIÓN NORMATIVA
Planteada la controversia en los términos expuestos, este Tribunal considera que las normas sustantivas y adjetivas que regulan el derecho del trabajo son de estricto orden público, la justicia laboral, siempre ha sido objeto de un tratamiento especial en función del contenido social que representa. Dentro del proceso laboral venezolano se garantiza la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en los términos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 86 al 97, texto que establece los principios rectores conjuntamente con las leyes laborales vigentes, tendiendo siempre a buscar la equidad, justicia, igualdad y celeridad dentro del proceso, en aras de lograr la consecución de la verdad.
El sistema laboral contenido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece dos audiencias en primera instancia, la preliminar y la audiencia de juicio, en este caso particular la audiencia preliminar cumple un rol fundamental dentro del proceso, en esta primera etapa pueden resolverse conflictos sin necesidad de llegar a la fase de juicio, la función de inmediación del juez le permite interactuar con las partes hasta lograr un acuerdo que ponga fin a la controversia planteada.
Ahora bien, la asistencia de las partes o de sus apoderados judiciales a la audiencia preliminar es de carácter obligatoria, existiendo ciertas consecuencias jurídicas en caso de incomparecencia. Si faltare la parte actora a la audiencia preliminar la consecuencia jurídica sería el desistimiento del procedimiento y si faltare la parte demandada se produciría la presunción de admisión de hechos de pleno derecho, siempre y cuando la petición del demandante no sea contraria a derecho o la relación no fuere de naturaleza laboral.
En el caso de autos, en fecha 31 de marzo de 2017, folios 16 al 29 del expediente, se dejo constancia en el expediente de haber recibido resultas de exhorto del Circuito Judicial del Trabajo del Area Metropolitana de Caracas, de haberse practicado la notificación a la Entidad de Trabajo demandad Entidad de Trabajo IP CONSTRUCT 483, C.A., en fecha 07-03-2017, para la comparecencia a la Audiencia Preliminar, sin embargo ésta no compareció ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno, procediendo entonces este Tribunal a declarar la Presunción de la Admisión de los Hechos alegados por la parte demandante, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 ejusdem de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, siempre y cuando la pretensión no fuere ilegal ni contraria a derecho o la relación no fuere de naturaleza laboral. Así se Establece.
En virtud de lo anterior, el legislador consideró que ante las dificultades probatorias que normalmente surgen en los procesos laborales, era necesario establecer por política procesal, un conjunto de presunciones legales para proteger al trabajador, débil económico de la relación laboral, en consideración, además, del hecho generalmente aceptado, de que es el patrono la persona que tiene en su poder la posibilidad de probar muchos sino todos, de los extremos que normalmente deben concurrir en la relación de trabajo, por lo que este conjunto de presunciones legales se encuentran establecidas en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, entre otras, cuya finalidad es revertir dentro y fuera de juicio, la desigualdad económica entre los sujetos de la relación, por lo tanto es el demandado quien deberá probar, por cuanto es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicio, el cargo que desempeñaba, etc., siempre que no se niegue la existencia de la relación de trabajo, porque en este caso si incumbe al trabajador demostrar la existencia de la misma, probando, como elemento de hecho de la relación, el servicio personal prestado en beneficio del patrono que lo recibe.
En cuanto a la procedencia de los conceptos demandados, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido que el Juzgador esta en la obligación de analizar si los hechos esgrimidos por el actor reclamante en su escrito libelar acarrean las consecuencias jurídicas señaladas en el mismo, debiendo señalar el Juez en su sentencia los motivos de derecho que le llevan a decidir de cierto modo, ya que lo que debe aceptarse son los hechos alegados más no el derecho invocado por la parte actora.
En cuanto a los hechos y el derecho alegado por la parte actora en el presente procedimiento, y en virtud de la incomparecencia de la parte demandada, queda en la convicción de esta juzgadora y así, se tienen por admitidos casi la totalidad de los hechos aducidos en el escrito libelar por la parte actora, en cuanto a que a) Existió una relación de trabajo entre el trabajador ciudadano JOSÉ MANUEL SILVA NARVAEZ y la Entidad de Trabajo demandada IP CONSTRUCT 483, C.A., b) El actor prestó servicios personales, subordinados e ininterrumpidos para las demandadas desde el dieciséis (16) de marzo de 2015; c) Que la fecha de terminación del vínculo laboral fue el tres (03) de junio de 2016; d) Que la causa de dicha terminación fue por despido injustificado; e) La negativa por parte de los patronos de cancelar las prestaciones sociales adeudadas; f) Que el actor devengó un último salario mensual de Bs. 11.325,40; g) Que el trabajador tuvo un tiempo de servicio de un (01) año; dos (02) meses y diecisiete (17) días. h) Que el actor laboró de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. i) Que el actor se desempeñó con el cargo de Cabillero para la Entidad de Trabajo demandada IP CONSTRUCT 483, C.A. j) Por cuanto la Entidad de Trabajo demandada está dentro de la rama de la construcción, se rige por la Convención Colectiva de la Construcción año 2010-2012. Así se Establece.

Los conceptos laborales a cancelar por la parte demandada al trabajador, se determinan de la siguiente manera: Ciudadano JOSÉ MANUEL SILVA NARVAEZ, fecha de ingreso 16-03-2015; fecha de egreso 03-06-2016; tiempo de servicio: un (01) año; dos (02) meses y diecisiete (17) días.

Salario diario periodo al 16-03-2015 a 16-12-2015, Bs. 465,59, alícuota de utilidades Bs. 0,28; Alícuota de bono vacacional Bs. 0,18; salario diario integral Bs. 675,10.

Salario diario periodo al 16-12-2015 a 03-06-2016, Bs. 1071,42,59, alícuota de utilidades Bs. 0,28; Alícuota de bono vacacional Bs. 0,18; salario diario integral Bs. 1553,55.

PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD: La pretensión incoada referente a este concepto se encuentra ajustada a derecho, por lo que el salario base para calcular el mismo, será el salario integral devengado en el respectivo mes de labores, a cuyo monto se adicionaran las cantidades correspondientes por alícuota de utilidades y de bono vacacional legales, en consecuencia este Juzgado realizará el cálculo de las mencionadas alícuotas en base a lo dispuesto en la Cláusula 46 de la Convención Colectiva de la Construcción año 2010-2012, correspondiéndole al trabajador 90 días de antigüedad. Al trabajador le corresponde 90 de Antigüedad, que a razón de salario integral por periodo laborado, arroja un monto de NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES BOLÍVARES CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs. 92.383,20). Por lo que se condena a la parte demandada a cancelar al accionante el monto antes señalado. Así se decide.-

VACACIONES VENCIDAS: Se declara procedente la pretensión de la parte actora, por cuanto el trabajador durante el periodo laborado no le fueron canceladas sus vacaciones, la cual se cuantificará en base al promedio del salario diario devengado por el accionante de conformidad con lo establecido en la Cláusula 43 de la Convención Colectiva de la Construcción año 2010-2012, por lo que al trabajador le corresponden 80 días de vacaciones vencidas, que a razón de salario diario, arroja un monto de SESENTA MIL CUATROCIENTOS DOS BOLÍVARES CON CUARENTA CÉNTIMOS (BS. 60.402,40). Por lo que se condena a la parte demandada a cancelar al accionante el monto antes señalado. Así se decide.

VACACIONES FRACCIONADAS: Se declara procedente la pretensión de la parte actora de conformidad con lo establecido en la Cláusula 43 de la Convención Colectiva de la Construcción año 2010-2012, la cual se cuantificará en base al promedio del salario diario devengado por el accionante, por lo que al trabajador le corresponden por el periodo laborado 19,98 días de vacaciones fraccionadas, que a razón de salario diario, arroja un monto de QUINCE MIL OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (BS. 15.085,12). Por lo que se condena a la parte demandada a cancelar a la accionante el monto antes señalado. Así se decide.-

UTILIDADES FRACCIONADAS: Se declara procedente este concepto por no ser contrario a derecho la pretensión del accionante de conformidad con lo establecido en la Cláusula 44 de la Convención Colectiva de la Construcción año 2010-2012, la cual será cuantificada en base al promedio del salario diario básico devengado por el trabajador, por lo que al trabajador le corresponden 49,98 días de utilidades fraccionadas, que a razón de salario diario, arroja un monto de CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (BS. 53.549,57). Por lo que se condena a la parte demandada a cancelar al accionante el monto antes señalado. Así se decide.-

INDEMNIZACION ARTICULO 92 DE LA LEY ORGANICA DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS: Se declara procedente este concepto por no ser contrario a derecho la pretensión del accionante, la cual será cuantificada en base al monto condenado al trabajador por concepto de Antigüedad, por lo que arroja un monto de NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES BOLÍVARES CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs. 92.383,20). Por lo que se condena a la parte demandada a cancelar al accionante el monto antes señalado. Así se decide.-

BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN (CESTATIKCTES) (Ley de Alimentación para los Trabajadores): Se declara procedente la pretensión del accionante, por no ser contraria a derecho, por lo que los empleadores del sector público y del sector privado que tengan a su cargo 20 o más trabajadores, otorgaran el beneficio de una comida balanceada durante la jornada de trabajo en concordancia con los artículos 2 y 4 de la Ley de Alimentación para los Trabajadores, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.660 de fecha 28-04-2011, en concordancia con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento respectivo, publicado en Gaceta Oficial Nº 38.426, de fecha 28 de abril de 2006, el cual deberá ser calculado en base al 0,50% del valor de la unidad tributaria de Bs. 177. Al trabajador le corresponde por el periodo del 15-05-2015 al 03-06-2016, trescientos cincuenta y tres (353) días a razón de un (01) ticket diario, multiplicado por Bs. 177 del valor del 0.50% de la unidad tributaria, arroja un monto de DOSCIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (BS. 218.683,50). Por lo que se condena a la parte demandada a cancelar al accionante el monto antes señalado. Así se decide.-

BONO DE ASISTENCIA DESDE EL 16 DE MARZO DE 2015 AL 03 DE JUNIO DE 2016: Se declara procedente este concepto por no ser contrario a derecho la pretensión del accionante, la cual será cuantificada en base al monto del salario mensual devengado por el trabajador por el periodo laborado, correspondiéndole 84 días de Bono, lo que arroja un monto de CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 43.035,00). Por lo que se condena a la parte demandada a cancelar al accionante el monto antes señalado. Así se decide.-

Por lo que el monto total de lo que debe cancelarse al trabajador por concepto de Prestaciones Sociales y otros beneficios laborales, asciende a la cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTÚN BOLÍVARES CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 575.521,99). Así se decide.

Estando cumplido lo estipulado en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, considera quien aquí sentencia que en la presente existen motivos suficientes de derecho que la llevan forzosamente a concluir que la procedencia de la demanda incoada por la parte actora, deberá ser declarada Con Lugar en el dispositiva de este fallo. Así se decide.
III
DECISIÓN
Por todos los razonamientos expuestos, este Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Guarenas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que le confiere la Ley y por estar ajustada a derecho la petición de la demandante DECLARA:
PRIMERO: CON LUGAR la demanda por Cobro de Prestaciones Sociales, otros Beneficios Laborales incoada por el ciudadano JOSÉ MANUEL SILVA NARVAEZ, contra la Entidad de Trabajo demandada IP CONSTRUCT 483, C.A., ambas partes plenamente identificadas al comienzo del presente fallo.
SEGUNDO: Se condena a la parte demandada a cancelar al ciudadano JOSÉ MANUEL SILVA NARVAEZ, la cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTÚN BOLÍVARES CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 575.521,99), monto que comprende los siguientes conceptos laborales: Antigüedad, vacaciones fraccionadas, utilidades fraccionadas, Indemnización por despido, Bono se Asistencia y Cestatickets.

TERCERO: Adicional a lo antes establecido, se condena a la parte demandada a pagar al accionante el pago de los intereses sobre prestación de antigüedad, conforme a lo previsto en el artículo 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, cuyo monto se determinará mediante experticia complementaria del fallo, la cual se debe practicar considerando: 1º) La tasa de interés activa fijada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis principales bancos del país, tomando a su vez en cuenta a partir que la relación de trabajo se inicio el 16-03-2015 y la fecha de la culminación de la relación de trabajo el 03-06-2016; 2°) Sus cálculos se harán tomando en consideración las pautas legales para cada periodo capitalizando los intereses. Así se establece.-
Asimismo, se condena de conformidad con la Sentencia Nº 1841 de fecha 11-11-2008, de la Sala Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, los intereses de mora e indexación monetaria, en base a las siguientes pautas:

En lo que respecta a los intereses moratorios conforme a lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, deberán cuantificarse desde la fecha del despido, es decir, desde el 03-06-2016, sobre el monto total que se obtenga, mediante experticia complementaria del fallo, el cual se realizará bajo los parámetros siguientes: 1º) El monto sobre el cual se calcularán los intereses moratorios es sobre el monto total por concepto de prestación de antigüedad, es decir, la cantidad de Bs. 92.383,20; 2º) Se considerará las tasas de interés fijadas por el Banco Central de Venezuela de conformidad con el cuarto aparte del artículo 143 de la Ley Orgánica del Trabajo las Trabajadoras y los Trabajadores, debiendo hacer el cálculo desde la fecha en que la misma es exigible, vale decir, desde la fecha de finalización de la relación de trabajo, 03-06-2016, hasta que la sentencia haya quedado definitivamente firme; 3º) Igualmente para el cálculo de los intereses de mora no operará el sistema de capitalización de los propios intereses, conforme a lo sentado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en aclaratoria de fecha 16/10/03 de la sentencia Nº 434 10/07/03. Así se establece.

Con respecto a la corrección monetaria deberá ser calculada: 1º) sobre el monto por concepto de prestación de antigüedad condenado a pagar que asciende a la cantidad Bs. 92.383,20, desde la fecha en que finalizó la relación del trabajo, es decir, desde 03-06-2016 hasta que la sentencia haya quedado definitivamente firme; de conformidad con el índice de precios al consumidor acaecido en el Área Metropolitana de Caracas, emitido por el Banco Central de Venezuela; 2º) sobre los montos condenados a pagar, como son vacaciones fraccionadas, utilidades fraccionadas, Indemnización por despido, Bono de asistencia y Cestatickets, que asciende a la cantidad de Bs. 483.138,79, y serán cuantificados desde la fecha de notificación de la demandada de la presente acción, es decir, 07-03-2017 (folio 26 del presente expediente) hasta que la sentencia quede definitivamente firme; conforme con el índice de precios al consumidor acaecido en el Área Metropolitana de Caracas, emitido por el Banco Central de Venezuela; 2º) Se excluye el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes, y aquéllos en los cuales la causa estuviere paralizada por motivos no imputables a las partes, es decir, hechos fortuitos o fuerza mayor, tales como vacaciones judiciales, huelga de funcionarios tribunalicios. Así se establece.

A este peritaje, se ordena una experticia complementaria del fallo, a través de un solo experto nombrado por el Tribunal, cuyos honorarios profesionales correrán por cuenta de la parte demandada. Así se establece.

En caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia este Tribunal, aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en este sentido, ordenará una nueva experticia complementaria del fallo, para calcular a partir de la fecha del decreto de ejecución, los intereses moratorios e indexación, ambos conceptos hasta el cumplimiento efectivo del pago. Así se establece.

CUARTO: Se condena en costas a la parte demandada por haber resultado totalmente vencida en el presente procedimiento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA POR SECRETARIA DEL PRESENTE FALLO.

Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION, MEDIACION Y EJECUCION DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA CON SEDE En Guarenas, a los diez (10) días del mes de mayo de dos mil diecisiete (2017). Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.-
Abg. NORKYS SOLÓRZANO Q.

LA JUEZ
LA SECRETARIA,

Abg. JEMMY ACOSTA

En esta misma fecha cumpliendo las formalidades de Ley, siendo las 3:00 p.m., se dictó y publicó la presente decisión.

LA SECRETARIA,

Abg. JEMMY ACOSTA
Exp. Nº SME- 6782-17 J/O
NSQ/JA.-