REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA PARTE ACTORA: ELADIO ANTONIO CHACÓN ANDRADE, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-9.354.924. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abogado VÍCTOR JOSÉ FERNÁNDEZ MEJÍA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 56.498. PARTE DEMANDADA: EDIXON ENRIQUE NUÑEZ BOSCAN, ENIO RAMÓN FUENMAYOR MORALES y LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-12.803.340, V-6.746.645 y V-10.347.734, respectivamente. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: NO CONSTA EN AUTOS. MOTIVO: DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO. SENTENCIA: PERENCIÓN. EXPEDIENTE: 30.852. -I- ANTECEDENTES El presente juicio se inició mediante escrito libelar presentado ante el Juzgado Distribuidor de Causas en fecha 10 de noviembre de 2015, por el abogado VÍCTOR JOSÉ FERNÁNDEZ MEJÍA, contentivo de la demanda que por DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO, sigue en contra de los ciudadanos EDIXON ENRIQUE NUÑEZ BOSCAN, ENIO RAMÓN FUENMAYOR MORALES y LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ, ampliamente identificados en autos. Mediante diligencia suscrita en fecha 16 de noviembre de 2015, la parte actora consignó documentales que acompañan escrito libelar. En fecha 18 de noviembre de 2015, se dictó auto de admisión ordenando así el emplazamiento de los demandados. Previa solicitud de parte, por auto del 07 de diciembre de 2015, se ordenó la elaboración de la compulsa a los demandados y a los fines de la práctica de su citación se comisionó al Juzgado Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Área Metropolitana de Caracas y del Estado Zulia, respectivamente, designándose a los efectos de su traslado al apoderado actor. El 16 de marzo de 2016, se agregaron a los autos resultas de comisión provenientes del Tribunal Décimo Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Ahora bien, estando dentro de la oportunidad de emitir un pronunciamiento sobre la presente causa este Tribunal dispone: -II- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Efectuado el estudio pormenorizado de las actas que conforman el presente expediente, procede este Tribunal a examinar si en el caso sub iudice se verificó la perención de la instancia, para lo cual observa: La perención de la instancia opera por la inactividad procesal de las partes; es decir, por la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, en un período de tiempo de al menos un año; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención (…)” (Negrilla y Subrayado de este Tribunal). De lo anterior se colige que a la figura de la Perención de la Instancia, le fue atribuido carácter objetivo, por tanto, a diferencia de otros medios de terminación del proceso, no se encuentra vinculada a la voluntad de las partes ni del Juez, sino que procede con ocasión de circunstancias fácticas y objetivas que deben concurrir a los fines de que se verifique la misma. En consecuencia, la adopción de este sistema objetivo por parte del legislador, revistió a la Institución de la Perención de una naturaleza eminente sancionatoria. La perención constituye un medio autónomo de terminación del proceso, distinto de la sentencia, que se basa en la presunción de que las partes han abandonado o perdido el interés en el juicio, derivada de la falta de impulso procesal, es decir, por no instar el procedimiento mediante el cumplimiento de las obligaciones o cargas procesales que la misma Ley les impone, tal y como se desprende de la disposición contenida en el artículo supra citado. El artículo 269 del Código de Procedimiento Civil establece que la perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes, siendo uno de sus efectos la extinción del proceso. Adicionalmente, puede ser decretada de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare es apelable libremente. Establecido lo anterior, constata esta Sentenciadora, que en la presente causa se verifican los presupuestos de procedencia de la perención, a saber: 1) La existencia de una instancia válida, de allí que no pueda operar en el caso de una demanda que no ha sido admitida por el Tribunal. En el caso sub-iúdice, la demanda que da lugar al presente juicio fue admitida en fecha 18 de noviembre de 2015. 2) El transcurso de un lapso de tiempo que varía según las distintas modalidades que ha previsto el legislador. En el caso que nos ocupa y previa revisión de las actas procesales, se evidencia que la última actuación de la parte actora acaeció en fecha 16 de diciembre de 2015. Siendo ello así, al haber discurrido más de un (01) año sin actividad procesal alguna de la parte actora, dirigida a movilizar y mantener en curso el presente juicio, y visto que no corresponde al Juez impulsar el acto procesal siguiente en la presente causa; de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, resulta forzoso para este Tribunal declarar la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA. Así se decide. -III- DISPOSITIVA Por las razones antes expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de La Ley, decreta la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en los artículos 267, ordinal 1° y 269 del Código de Procedimiento Civil y consecuentemente, EXTINGUIDO EL PRESENTE PROCESO de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 270 ejusdem. Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas. Para darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 248 ibídem, déjese copia certificada de la anterior sentencia.- PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción del Estado Miranda. Los Teques, a los dieciocho (18) días del mes de enero de dos mil dieciocho (2018). Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.- LA JUEZA TITULAR, ELSY MADRIZ QUIROZ LA SECRETARIA ACCIDENTAL JANETTE CARRERO En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las once (11:00) de la mañana. LA SECRETARIA ACCIDENTAL Exp. N° 30.852 EMQ/yr