REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA PARTE DEMANDANTE: MARIEL DEL CARMEN CAMPOS HUERTA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-19.015.818. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: EDISON JOSUE GOMEZ MACHADO, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 150.832 PARTE DEMANDADA: COMPAÑÍA INVERSIONES B.D.J.5000, C.A.,con registro de Informacion Fiscal J-29520950-9, inscrita ante el Registro Mercantil II del Distrito Capital y del Estado Miranda, en fecha 01 de Octubre de 2007, quedando anotada bajo el Nº 4, tomo 23-A,siendo su última modificación en fecha 20 de enero de 2009, bajo el Nº 25, tomo 2-A, y al ciudadano PABLO ALFREDO MORENO ALBORNOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.014.047 APODERADO JUDICIAL: NO TIENE CONSTITUIDO JUICIO: DAÑOS Y PERJUICIOS POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO (PERENCIÓN) EXPEDIENTE N° 31.149 ANTECEDENTES Se recibió del Sistema de Distribución de causas, en fecha 07 de febrero de 2017, la demanda por DAÑOS y PERJUICIOS por ACCIDENTE DE TRANSITO, incoada por el abogado EDISON JOSUÉ GOMEZ MACHADO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 150.832, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana MARIEL DEL CARMEN CAMPOS HUERTA, quien procede a demandar como en efecto lo hizo, a la compañía INVERSIONES B.D.J.5000, C.A; y al ciudadano PABLO ALFREDO MORENO ALBORNOS, identificados. Mediante diligencia de fecha 14 de Febrero de 2017, el abogado EDISON JOSUÉ GOMEZ MACHADO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.150.832, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, consignó los recaudos que fundamenta su demanda. En fecha 16 de Febrero de 2017, se admitió la demanda, ordenándose la citación de la compañía INVERSIONES B.D.J.5000, C.A; y del ciudadano PABLO ALFREDO MORENO ALBORNOS. EL TRIBUNAL PARA DECIDIR OBSERVA Estando dentro de la oportunidad de decidir este Tribunal dispone: -II- Nuestro Código de Procedimiento Civil contempla la figura de la perención de la instancia, atribuyéndole carácter objetivo, por tanto la perención de la instancia a diferencia de otros medios de terminación del proceso, no se encuentra vinculada a la voluntad de las partes ni del Juez, sino que procede con ocasión de circunstancias fácticas y objetivas que deben concurrir a los fines de que se verifique la misma. En consecuencia, la adopción de este sistema objetivo por parte del legislador, revistió a la institución de la perención de una naturaleza eminente sancionatoria, siendo aplicable, conforme lo dispone el Artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, a las partes; independientemente que alguna de ellas resulte ser la República, Estados, Municipios, Establecimientos Públicos, menores o cualquier otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes. La perención constituye un medio autónomo de terminación del proceso, distinto de la sentencia, que se basa en la presunción de que las partes han abandonado o perdido el interés en el juicio, derivada de la falta de impulso procesal, es decir, por no instar el procedimiento mediante el cumplimiento de las obligaciones o cargas procesales que la misma Ley les impone, tal y como se desprende de la disposición contenida en el Artículo 267 del texto legal mencionado. En concordancia con la disposición antes transcrita, el Artículo 269 eiusdem establece que la perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes, siendo uno de sus efectos la extinción del proceso. Adicionalmente, puede ser decretada de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare es apelable libremente. Ahora bien, constituyen presupuestos de procedencia de la perención los siguientes: 1) La existencia de una instancia valida, de allí que no pueda operar en el caso de una demanda que no ha sido admitida por el Tribunal. En el caso sub-iúdice, la demanda que da lugar al presente juicio fue admitida en fecha 16 de febrero de 2017. 2) El transcurso de un lapso de tiempo que varía según las distintas modalidades que ha previsto el legislador. En el caso que nos ocupa y previa revisión de las actas procesales, se evidencia que la última actuación acaeció en fecha 16 de febrero de 2017. Después de esa fecha la causa se ha mantenido inactiva por más de once (11) meses, cumpliéndose así el presupuesto general de la disposición contenida en el Artículo 267 antes mencionado y así se decide. -III- Por las razones antes expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en Lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de La Ley, decreta la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en los Artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil y consecuentemente, EXTINGUIDO EL PRESENTE PROCESO de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 270 eiusdem. Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas. Para darle cumplimiento a lo establecido en el Artículo 248 eiusdem, déjese copia certificada de la anterior sentencia. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción del Estado Miranda. Los Teques,_________________Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación. LA JUEZA TITULAR ELSY MADRIZ QUIROZ LA SECRETARIA ACCIDENTAL JANETTE CARRERO En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia. LA SECRETARIA ACCIDENTAL EMQ/Yamilette Exp. 31.149