TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda.
Los Teques, veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018).
Años 207º de la Independencia y 159º de la Federación

EXPEDIENTE N° 2550/2017
PARTES: Ciudadanos LEONEL VALVORE RUIZ OROPEZA y ASTRID CAROLINA OJEDA DORANTE, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-10.283.259 y V-17.149.906, respectivamente.
MOTIVO: DIVORCIO 185.
SENTENCIA: DEFINITIVA
Capítulo I
DE LOS HECHOS
En fecha 26 de octubre de 2017, se recibió escrito de solicitud de Divorcio 185, presentado por los ciudadanos LEONEL VALVORE RUIZ OROPEZA y ASTRID CAROLINA OJEDA DORANTE, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-10.283.259 y V-17.149.906, respectivamente, debidamente asistidos por el abogado OCTAVIO ENRIQUE PEREZ ALBARRAN, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 66.541, proveniente del sistema de distribución y se le dio entrada y registro en el libro de causas, quedando anotado bajo el N° 2550/2017, en el cual alegan que, contrajeron matrimonio civil por ante el Registro Civil, (sic) del Municipio Manuel Monge, Estado Yaracuy, según consta de Acta Nº 44 (sic), de los Libros de Registro Civil de Matrimonios llevados por dicha oficina durante el año 2016, del mismo modo, manifestaron que después de contraído el matrimonio fijaron su ultimo domicilio conyugal en la ciudad de Los Teques, Calle Primero de Mayo, Edificio Iresenka, Apartamento Nº 3, Sector La Alcabala, Lagunetica, Estado Bolivariano de Miranda, lugar este donde habitaron ininterrumpidamente, hasta que su vida conyugal fue interrumpida desde el dia doce (12) de junio de 2017 y hasta la fecha no la han reanudado, asimismo, alegaron que de su unión conyugal no procrearon hijos, y que durante la misma no adquirieron bienes.
Continúan alegando que la incompatibilidad de caracteres entre ambos se acentuó a lo largo de su convivencia, hasta el punto de no soportar dicha convivencia, por lo que decidieron no continuar con su relación, donde su vida en común no era ni es posible, habiéndose tornado en una ruptura definitiva de su unión conyugal, por lo que han decidido de mutuo acuerdo proceder a formalizar la disolución de su matrimonio en base a la sentencia Nº 446/2014 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02 de junio del 2015 (sic), que realiza una interpretación constitucional del artículo 185 del Código Civil, motivo por el cual, solicitaron a este Tribunal declare la disolución del vínculo matrimonial, todo de conformidad con las previsiones de la referida sentencia.
En fecha 26 de febrero de 2018, comparecieron los ciudadanos ASTRID CAROLINA OJEDA DORANTE y LEONEL VALMORE RUIZ OROPEZA, antes identificados, debidamente asistidos por el abogado OCTAVIO ENRIQUE PEREZ ALBARRAN, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 129.497, y mediante diligencia consignaron recaudos.
Admitida la solicitud en fecha 01 de marzo de 2018, se ordenó la notificación de la Fiscal XI del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial, a los fines de que interviniera en el procedimiento como parte de buena fe.
En fecha 06 de marzo de 2018, compareció el Alguacil Titular de este Tribunal y mediante diligencia dejó constancia de haber notificado a la Fiscal Undécima del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial.
En fecha 15 de marzo de 2018, compareció la abogada BONIMAR CARRION SOSA, en su carácter de Fiscal Provisoria Décima Primera del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial, y mediante diligencia manifestó no tener oposición alguna que formular en la presente solicitud de divorcio.
Capítulo II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Revisadas las actas que conforman la presente solicitud de divorcio, la cual se encuentra fundamentada en la sentencia Nº 693 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se realizó una interpretación, con carácter vinculante, del artículo 185 del Código Civil Venezolano, estableciendo que las causales de divorcio contenidas en dicho artículo no son taxativas, y por ende, los cónyuges podrían demandar el divorcio bien con arreglo a las causales previstas en ese artículo, o por cualquier otra razón que estimen, impida la continuación de la vida en común, incluyéndose el mutuo consentimiento, tal y como fue expuesto en la sentencia N° 446-2014 dictada por la misma Sala. En este sentido, resulta preciso traer a colación lo que al respecto señaló la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es del tenor siguiente:
“(…) Es indiscutible para esta Sala Constitucional que quien se une en matrimonio aspira y se compromete a las obligaciones que de tal institución derivan, definidas en el encabezamiento del artículo 137 del Código Civil cuando establece que: Con el matrimonio el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes. Del matrimonio deriva la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Asimismo, es indudable que el cónyuge, aun habiéndose comprometido moral y jurídicamente a esa relación, puede con posterioridad y debido a innumerables razones sobrevenidas estar interesado en poner fin al matrimonio. Ese interés debe traducirse en un interés jurídico procesal, de acudir a los órganos jurisdiccionales e incoar una demanda donde pueda obtener una sentencia que ponga fin al vínculo conyugal. Desde luego que esa posibilidad no está negada y el ordenamiento jurídico ofrece como mecanismo la demanda de divorcio, empero cuando se limita éste de manera irrestricta a una tipificación que en la actualidad luce sumamente estrecha, nos encontramos frente a un vacio, que hace nugatorio el núcleo central del derecho por lo menos en lo que al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva se refiere, específicamente a obtener una sentencia judicial favorable que tutele la libertad del individuo de decidir un importante aspecto de su vida, a través del divorcio, frente a una regulación pre constitucional escasa, incapaz de satisfacer las expectativas creadas frente a las vicisitudes de la vida y las nuevas tendencias sociales. De la tangibilidad de estos derechos debe concluirse que la previsión del artículo 185 del Código Civil, que establece una limitación al número de las causales para demandar el divorcio, deviene insostenible de cara al ejercicio de los derechos constitucionales ya comentados devenidos de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto es el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y a obtener una tutela judicial efectiva. Es decir, que en la actualidad resulta vetusto e irreconciliable con el ordenamiento constitucional, el mantenimiento de un numerus clausus de las causales válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los derechos fundamentales del ciudadano al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva. Ahora bien, vista las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional realiza una interpretación constitucionalizante de artículo 185 del Código Civil, y declara, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446-2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento (…)”.(Resaltado añadido)

Del criterio jurisprudencial ut supra transcrito, se colige entonces que en garantía al libre desenvolvimiento de la personalidad de los cónyuges, y su derecho además a obtener una tutela judicial efectiva, se considera procedente la solicitud del divorcio cuando ésta es fundamentada en cualquier otra situación, no expresamente prevista en el artículo 185 del Código Civil, en la cual los cónyuges consideren que les es imposible la continuación de su vida en común, permitiéndose por ello la solicitud del divorcio de mutuo consentimiento. Así pues, señala la referida Sala, que si el libre consentimiento de los contrayentes es necesario para celebrar el matrimonio, entendida ésta como la institución que existe en virtud del libre consentimiento de los cónyuges como una expresión de su voluntad, es por lo que debe concluirse entonces, que ese mismo consentimiento que los unió, y el cual priva durante la existencia del matrimonio, puede por tanto, de igual modo estar destinada a la ruptura del vínculo matrimonial, lo que conduce al divorcio, pues, es preciso el Código Sustantivo Civil al establecer que nadie puede ser obligado a contraer matrimonio, y por ende, nadie puede ser obligado a permanecer casado, derecho que poseen por igual ambos cónyuges.
Siendo ello así, observa esta Juzgadora que en el caso sub examine comparecieron los ciudadanos LEONEL VALVORE RUIZ OROPEZA y ASTRID CAROLINA OJEDA DORANTE, anteriormente identificados, y de mutuo acuerdo comparecieron ante este Tribunal a los fines de solicitar se acordara la disolución del vínculo matrimonial que contrajeron en fecha 19 de agosto de 2016, señalando que su matrimonio no pudo llegar a un feliz termino, en virtud de que surgieron desavenencias que hicieron imposible su vida en común, invocando para ello el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. 693 de fecha 02 de junio de 2015, criterio éste compartido por quien aquí decide, en virtud de ello, y por cuanto la representación del Ministerio Público no objeto la presente causa, son motivos por los cuales considera esta Juzgadora procedente el divorcio solicitado, por consiguiente, quien aquí juzga declara CON LUGAR el divorcio interpuesto por los ciudadanos LEONEL VALVORE RUIZ OROPEZA y ASTRID CAROLINA OJEDA DORANTE, ambos plenamente identificados en autos, y en consecuencia, disuelto el vínculo matrimonial que los unía, tal y como se declarara de manera expresa y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.
Capítulo III
DECISIÓN
Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de Los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Código Civil, en consonancia con el criterio establecido en sentencia N° 693 del 02 de junio de 2015, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declara CON LUGAR la solicitud de divorcio presentada por los ciudadanos LEONEL VALVORE RUIZ OROPEZA y ASTRID CAROLINA OJEDA DORANTE, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-10.283.259 y V-17.149.906, respectivamente, en consecuencia, disuelto el vínculo que los unía en virtud del matrimonio celebrado en fecha 19 de agosto de 2016, ante el Registro Civil y Electoral del Municipio Manuel Monge, Estado Yaracuy, según consta de copia certificada del acta de matrimonio N° 017, inserta en el Libro de Registro Civil de Matrimonios llevados por el referido órgano durante el año 2016, así como la comunidad conyugal.
Publíquese, Regístrese y déjese constancia en el diario.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques, a los veintitrés (23) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018). Años 207º de la Independencia y 159º de la Federación.
LA JUEZ.-

VANESSA PEDAUGA.
LA SECRETARIA ACC.-

ABG. MARIA AVILA.
En esta misma fecha, siendo las nueve de la mañana (09:00 a.m.), se publicó la presente decisión.-
LA SECRETARIA ACC.-

ABG. MARIA AVILA.

Exp. N° 2550/2017
VP/ma/cn.-