TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHARALLAVE
209º y 158º

EXPEDIENTE Nº O-0019-13
PARTE OFERENTE UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE FUERZA ARMADA NACIONAL (UNEFA)
APODERADO JUDICIAL
PARTE OFERENTE Abogado LUIS COLMENARES, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 124.074.
PARTE OFERIDA MARVI NATALY GERÓNIMO GONZÁLEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-6.416.377
APODERADA JUDICIAL
PARTE OFERIDA NO CONSTA EN AUTOS
MOTIVO OFERTA REAL DE PAGO
I
ANTECEDENTES PROCESALES
Se inicia el presente procedimiento mediante escrito presentado en fecha 17/06/2013, a través de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del este Circuito Judicial Laboral, por la profesional del derecho Luís Colmenares, correspondiendo el conocimiento de la misma a este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, en atención a la distribución realizada en la misma fecha, quedando identificada la causa bajo el alfanumérico O-0019-13, (nomenclatura de este Juzgado).
En fecha 18/06/2013, este Juzgado dicta auto mediante el cual admite la oferta real de pago y ordena dirigir oficio a la Coordinación Judicial de esta Sede, a los fines de que proceda a la apertura de una cuenta de ahorros a nombre de la ciudadana Marvi Gerónimo, titular de la cédula de identidad número V-6.416.377, y consecuentemente proceda al depósito del cheque de gerencia girado contra el Banco de Venezuela a favor de dicha ciudadana en fecha 25/05/2013, signado con el número 00021863, por la cantidad de once mil sesenta y cinco bolívares con sesenta y dos céntimos (Bs.F.11.065,62) –que expresado en Bolívares Soberanos son CERO BOLÍVARES CON ONCE CÉNTIMOS (Bs S. 0,11)-. De igual manera emite notificación mediante Boleta a la ciudadana Marvi Gerónimo, antes identificada, haciéndole saber de la oferta consignada a su favor, librando boletas de notificación y oficios al efecto. Posteriormente, en fecha 20/06/2013, comparece el Alguacil adscrito a este Juzgado y suscribe diligencia mediante la cual consigna oficio número 0160-13, dirigido al Coordinador Judicial de esta Sede, el cual fue debidamente recibido, firmado y sellado por dicho funcionario.
En fecha 25/06/2013, este Juzgado dicta auto mediante el cual se da por recibido y ordena agregar al presente expediente oficio número 214/2013, emanado de la Oficina Control de Consignaciones de este Circuito Laboral, a través del cual da cuenta de la apertura de cuenta de ahorro número 0175-0116-0700-6169-2271, a favor de la ciudadana Marvi Gerónimo, conforme fue ordenado por este Juzgado.
En fecha 25/06/2013, comparece el Alguacil encargado de practicar la notificación dirigida a la ciudadana Marvi Gerónimo y suscribe diligencia mediante la cual consigna boletas de notificación sin efectos de firma, manifestando que la dicha ciudadana no se localiza en la dirección a la cual se trasladó -dirección señalada por la parte oferente en el escrito que de inicio al presente procedimiento-, por cuanto no reside allí desde hace 3 años, según información suministrada por la propietaria de la vivienda contigua.
Ahora bien, por cuanto hasta la fecha la entidad de trabajo oferente no ha realizado diligencia alguna con el fin de dar impulso el proceso, vale decir, suministrar dirección de la ciudadana Marvi Gerónimo, con el propósito de materializar su notificación, es por lo que éste Tribunal pasa a emitir pronunciamiento al respecto:
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En atención a la falta de impulso e interés procesal de notan las actuaciones que constan en autos, corresponde a este Juzgado, analizar la escenario legal de la causa, dada su larga inercia en la actividad procesal; así es menester precisar que la presente causa se encuentra en fase de sustanciación, sin que se haya dado trámite o impulso procesal debido por la parte oferente, toda vez que no ha cumplido con la obligación o carga procesal que le corresponde, en lo relativo al señalamiento de domicilio procesal de la ciudadana Marvi Gerónimo.
De esta manera, una vez revisadas la situación de hecho aquí planteada, advierte este Juzgado que tal inactividad no debe ser perpetua, en cuyo sentido es pertinente acotar que la apatía e inercia de las partes en el proceso –falta de impulso o inactividad procesal-, puede acarrear como consecuencia “sanción” la conclusión del mismo, por no instar el procedimiento.
En ese sentido es importante señalar lo que la doctrina a determinado como perención de la instancia, al respecto, el autor Ricardo Henríquez La Roche, en su obra Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 323 y siguientes, señala:
“…un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos sino por omisión de las partes. Perención (de perimire, destruir) de la instancia es la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el que no se realizan actos de impulso procesal alguno.”
Asimismo, el jurista italiano Giuseppe Chiovenda, lo define la perención en los siguientes términos:
“El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos motivos distintos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo); y de otro, el interés público de evitar la disputa indefinida de los procesos. Después de un período de inactividad procesal prolongado, el Estado entiende liberar a sus propios órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal.”
Al respecto, la norma contenida en el artículo 201 de la ley adjetiva que regula la materia laboral dispone:
“Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. (…).” (Subrayado y negrita de este Juzgado)
De los criterios doctrinarios citados y de la norma en referencia, se desprende que aquellas causas en las cuales se alcanza la inactividad procesal prolongada por el transcurso de un (01) año, se extingue la instancia, en virtud de no haberse dado ningún acto tendente a impulsar el proceso.
En el mismo sentido, el legislador en la ley adjetiva civil establece:
“Artículo 267° Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.” (Subrayado y negrita de este Juzgado)
Con relación a esta figura procesal la Sala de Casación Social del Máximo Tribunal de la República en sentencia N° 334 del 24 de abril de 2018, (caso: Pedro Nicolás Lacle Flores y Tarsicio Antonio Hernández Salcedo contra las sociedades mercantiles Apoyoman E.T.T., C.A., Construcciones y Mantenimientos D.H., C.A. y Petrolera Ameriven, C.A. [ahora PETROPIAR, S.A.]), señaló:
“Adicionalmente, este Máximo Tribunal en reiteradas oportunidades ha expresado que la perención de la instancia, constituye una “sanción” a la inactividad de las partes y puede declararse de oficio una vez verificado el supuesto que la permite. Se trata de un modo anómalo de terminación del proceso, en el sentido de que el pronunciamiento dictado por el operador de justicia que declare la perención, no produce cosa juzgada material, pudiendo el accionante interponer nuevamente la acción en similares términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal previsto a tales fines.
Se constituye entonces el referido instituto procesal como un mecanismo legal diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales.” (Subrayado y negrita de este Juzgado)
Partiendo entonces de la premisa que la causa padece una larga inactividad o apatía procesal, que pretende convertir en el proceso en sempiterno, al no instar al procedimiento; ello así, se entiende entonces que el interesado tiene la obligación de instar ante el Juzgado de la causa, las diligencias tendentes a llamar al proceso a quienes deban concurrir, siendo para ello necesario suministrar el domicilio procesal de su contraparte, con la finalidad de hacer su conocimiento la causa que cursa por ante el Órgano Jurisdiccional, situación no gestionada en autos y no atribuible como carga al Órgano Jurisdiccional, evidenciándose total inactividad en el proceso, toda vez que no consta actuación alguna con posterioridad al día 25/06/2013, oportunidad en la cual el ciudadano Alguacil encargado de practicar la notificación dirigida a la ciudadana Marvi Gerónimo, suscribió diligencia en la cual consignó boletas de notificación sin efectos de firma, manifestando que la dicha no se localiza en la dirección a la cual se trasladó, por cuanto no reside allí, dirección que fue suministrada en la única actuación desplegada en el proceso por la parte oferente, es decir, presentación de escrito de oferta de pago que de inicio al presente procedimiento, lo cual ocurrió en fecha 17/06/2013. Y ASÍ DE DEJA ESTABLECIDO.
Ahora bien, siendo que el presente asunto se refiere a una oferta real de pago, institución procesal regulada en la norma adjetiva civil, es menester precisar lo establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, al respecto la sentencia 489 del 15/03/2007 señaló que la “oferta de pago” es un mecanismo que jurisprudencialmente se ha señalado tiene cabida en el proceso laboral venezolano, en el entendido que puede el patrono por ante los Tribunales Laborales ofrecer el pago de las cantidades que considera le adeuda al trabajador, bien por prestaciones o por otros conceptos laborales al término de la relación, sin que ello signifique un menoscabo de la potestad que tiene éste –el trabajador– de accionar de conformidad con el procedimiento laboral ordinario los derechos que tenga a bien reclamar, y menos aún implique o genere una violación al principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, tal como lo ha señalado el Máximo Tribunal de la Republica en reiteradas oportunidades (Vid. Sentencias números 315 del 31/03/2011, 908 del 22 /10/2013, 753 del 11/06/2014 Sala de Casación Social ) (Vid. Sentencia Nro. 807 del 17/07/2018 Sala Político Administrativa).
Aunado a lo anteriormente expuesto, cabe señalar el criterio pacífico de la Sala de Casación Social, respecto al efecto liberatorio de la oferta real de pago en materia laboral, el cual está concretamente ceñido a que una vez iniciado el procedimiento de oferta real de pago y depósito, los intereses moratorios se causarán hasta tanto se logre notificar al acreedor la intención de la oferta real de pago, es decir, es necesario que se dé una condición, como lo es, la notificación de la extrabajadora, situación esta que no ocurrió en el presente caso, en consecuencia, no hubo la paralización de tales intereses, que es lo que en dado caso hubiese podido beneficiar al empleador y el fin último de este procedimiento, ya que la condena de los intereses moratorios son hasta el momento en que la trabajadora es notificada de la oferta (Vid. Sent. Nro. 1 del 06/02/2015 2014 - Sala de Casación Social) (Vid. Sent. Nro. 2313 del 18/12/2006 - 2014 Sala de Casación Social).
Expuesto lo anterior, se desprende con claridad, precisión y exactitud que la presente oferta real de pago, no ha causado estado en su beneficiaria por no haberse precisado su notificación, dada la inercia de la oferente o consignataria de la oferta, por lo que nada obsta para que pueda verificarse la culminación del proceso por un mecanismo anómalo como lo sería la perención de la instancia. Y ASÍ SE DEJA ESTABLECIDO.
Conforme a dicha posición, este Juzgado reitera que al no constar en el expediente que los interesados hayan dado impulso procesal alguno a la presente causa, encontrándose la causa inerte o inactiva, a juicio de este sentenciador la conducta se subsume en el supuesto de hecho contenido en la norma del artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, referente a la extinción de la relación procesal, denominada PERENCIÓN, siendo un modo de extinguir la instancia cuando se produce el transcurso de un lapso mayor de un (1) año sin que las partes realizaran ningún tipo de actividad procesal, para obtener su pretensión constituyendo ésta inactividad la base para que el legislador establezca una forma o modo de dejar sin efecto el proceso con todas sus consecuencias. ASÍ SE DEJA ESTABLECIDO.
En virtud de lo anterior, siendo que para la fecha de emisión del presente fallo (18/01/2019) exclusive, ha transcurrido en exceso el lapso de un (1) año de inactividad procesal, toda vez que no consta actuación alguna con posterioridad a la inactividad del procedimiento ocurrido en fecha (25/06/2013); vale decir, han pasado cinco (05) años, seis (06) meses y veintitrés (23) días de inactividad, por lo que este Juzgado considera que opera de pleno derecho la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA a tenor del contenido de la norma del artículo 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo cual será declarado seguidamente en la parte dispositiva de la presente decisión. Y ASÍ SE DECIDE.-
III
DISPOSITIVO
En base a todas las consideraciones y razonamientos de hecho y de derecho antes expuesto, este Tribunal SEGUNDO de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de La Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda con sede en la ciudad de Charallave, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Primero: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, y como consecuencia de ello se extingue el proceso, en la oferta real de pago instada por la UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE FUERZA ARMADA NACIONAL (UNEFA), a favor de la ciudadana MARVI NATALY GERÓNIMO GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad número V-6.416.377. Segundo: Se ordena el cierre y liquidación de la cuenta de ahorros número 0175-0116-0700-6169-2271 del Banco Bicentenario, por consiguiente se haga devolución del monto total acreditado incluyendo sus intereses, a la UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE FUERZA ARMADA NACIONAL (UNEFA). Tercero: No hay condenatoria en costas dada la especial la naturaleza del presente fallo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 109 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de la Procuraduría General de la Republica, aplicable por disposición expresa del artículo 12 de la Ley Adjetiva Laboral, se ordena notificar mediante oficio a la Procuraduría General de la República, remitiendo copia certificada de la presente decisión, con señalamiento expreso del lapso de suspensión de treinta (30) días continuos, con el propósito de entender consumada su notificación.
Se concede un lapso de cinco (05) días hábiles, para el ejercicio del derecho de apelación contra la presente decisión, por ante este Tribunal, a los fines de que conozca de dicha apelación el Tribunal Superior del Trabajo que resulte competente por distribución, en el entendido que dicho lapso de apelación comenzará a transcurrir una vez consumado el lapso de suspensión treinta (30) días continuos para entender consumada la notificación del Procurador General de la República, por constar esta en autos.
Dando cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente al caso de marras, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se ordena dejar copia certificada de la presente sentencia en el archivo del tribunal, así como en la página web del Tribunal Supremo de Justicia en el site denominado Región Miranda.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado SEGUNDO de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en la Ciudad de Charallave.
En la ciudad de Charallave, a los dieciocho (18) días del mes de enero de dos mil diecinueve (2019).

Abg. AMADO JUNIOR APONTE PAZ
EL JUEZ

Abg. MARY CARMEN CHACÓN
LA SECRETARIA

NOTA: En esta misma fecha, siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.), se dictó y publicó la anterior decisión.

LA SECRETARIA

AJAP/MCCH/ajap.-.-
Exp. O-0019-13
Pieza I