TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo
de la Circunscripción Judicial del estado Táchira
San Cristóbal, 19 de Junio de 2019
209º y 160º

ASUNTO: SP22-G-2017-000125
SENTENCIA DEFINITIVA N° 018/2019
En fecha 02 de Noviembre de 2017, el ciudadano Antonio José Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V-12.251.370, asistido por el Abogado en ejercicio Gerardo Patiño Vásquez, inscrito en el IPSA bajo el N° 26.128, interpuso querella funcionarial en contra del acto administrativo contenido en acto administrativo de remoción y retiro signado bajo el N° SNAT/DDS/ORH/ 2017-E-004229 de fecha 21 de Septiembre, suscrito por el Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, mediante el cual se removió y retiro al querellante, como Profesional Aduanero y Tributario Grado 12, adscrito a la División de Control Anterior de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira en calidad de titular.
En fecha 06 de Noviembre de 2017, este Tribunal le dio entrada a la presente querella, formó expediente y lo identificó con el N° SP22-G-2017-000125.
En fecha 09 de Noviembre de 2017, este despacho dictó Sentencia Interlocutoria N° 224/2017, mediante la cual admitió la querella y ordenó las notificaciones de Ley correspondientes.
En fecha 14 de Noviembre de 2017, mediante diligencia el querellante otorgó poder especial apud-acta a los Abogados Gerardo Patiño Vásquez y Carmen Andrea Ochoa de Patiño, inscritos en el inpreabogado bajo los Nros. 26.128 y 26.133 respectivamente, a los fines que defienda sus derecho e intereses en la presente causa.
En fecha 23 de Noviembre de 2017, el ciudadano Antonio José Vargas Angarita solicitó a este Tribunal la apertura del cuaderno separado de la presente causa, lo cual fue acordado mediante auto en fecha 27 de Noviembre de 2017, en donde se ordenó abrir cuaderno separado a los fines de proveer lo relacionado con la Medida Cautelar.
En fecha 31 de Enero de 2018, éste Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira ordenó comisión a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, a fin de que se practicaras las notificaciones correspondientes, cuyas resultas fueron recibidas por éste Tribunal en fecha 07 de Enero de 2019 mediante oficio N° 221-2018 proveniente del Juzgado Décimo Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
En fecha 28 de Junio de 2018, se recibió ante este Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, al ciudadano Ramón Sarmientos, en su condición de representante judicial del SENIAT, quien consignó escrito de contestación y poder que acredita su representación.
En fecha 25 de Marzo de 2019, este Tribunal fijó audiencia preliminar, la cual se celebró en fecha 08 de Abril de 2019 en presencia de las partes intervinientes en la causa.
En fecha 22 de Abril de 2019, la representación de la parte querellante consignó escrito contentivo de promoción de pruebas. Así mismo, en la misma fecha, la representación de a parte querellada presentó escrito de promoción de pruebas.
En fecha 08 de Mayo de 2019, éste Tribunal mediante sentencia interlocutoria N° 046/2019, emitió pronunciamiento sobre la admisión de las pruebas promovidas por ambas partes.
En fecha 13 de Mayo de 2019, este Tribunal fijó Audiencia Definitiva en la presente causa, en acatamiento de lo establecido en el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, la cual se llevó acabo en fecha 20 de Mayo de 2019, con la comparecencia de ambas partes.
I
ALEGATOS DE LAS PARTES:
Alegatos de la parte Querellante.
-.Sostiene la parte querellante que ingresó al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), el 01 de Octubre de 1998 hasta el 30 de Abril de 2006 en condición de contratado, y que en fecha 05 de Mayo de 2006 ingresó mediante concurso público externo 2006, ingresando de manera definitiva a la Gerencia de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira, con el cargo de carrera denominado Técnico Aduanero y Tributario Grado 8, quedando sujeto a un periodo de prueba de tres (03) meses, el cual fue superado, ratificando el cargo de carrera.
-.Que ocupó distintos cargos funcionales con funciones de confianza, y que una vez que cesaba las funciones era regresado a su cargo de carrera tributaria.
-. Que posteriormente fue modificado su cargo de Técnico Aduanero y Tributario grado 8, a Profesional Aduanero y Tributario Grado 12, considerado cargo y grado funcional conforme a lo previsto en el artículo 2 del Estatuto del Sistema de Recursos Humanos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (2005), que clasifica a los funcionarios en Funcionarios de carrera Aduanera y Tributaria y Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción, cargo que ocupó hasta el momento de su destitución, el cual se encontraba adscrito a la Unidad de Gestión de la Gerencia de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira, hasta la fecha de su remoción y destitución.
-. Que el referido Estatuto reconoce que para los funcionarios de Carrera Aduanera y Tributaria se mantiene la estabilidad funcionarial, aun y cuando ejerzan atribuciones de confianza.
-.Señaló el querellante, que sin mediar notificación previa, ni procedimiento alguno de haber cometido falta, irrespetando la condición que tiene de funcionario de carrera titular, se le violento de manera grosera, flagrante, ilegal e inconstitucional tal condición, por cuanto el día 21/09/2017 fue citado a la División de Recursos Humanos del SENIAT, a pesar de estar bajo permiso legal por reposo médico desde el 15 de Agosto de 2016, en donde se le le presentó una hoja contentiva del acto administrativo N° SNAT/DDS/ORH-2017-E-004229 de fecha 21/09/2017, suscrito por el Superintendente del SENIAT, en el que se le notificaba la decisión de removerlo y retirarlo del cargo de Profesional Aduanero y Tributario Grado 12 adscrito a la División de Control Anterior de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira.
-.Aludió, que el acto administrativo de remoción y retiro es irrita, pues su fundamento lo toma del numeral tercero del artículo 10 de la Ley del SENIAT, que prevé la facultad del Superintendente del SENIAT para nombrar, remover y destituir a los funcionarios del SENIAT. Asimismo, por fundamentarlo con base al artículo 4 y primer aparte del artículo 6 del Estatuto del Sistema de Recursos Humanos del SENIAT.
.-Alegó, que el acto administrativo mencionado parece ajustarse a una legalidad violentada, ya que el mismo Estatuto remite para los procedimientos disciplinarios a la Ley del Estatuto de la Función Pública, en tal sentido, se debe aplicar el procedimiento establecido en ella, por lo que no puede ser soslayado el principio de la Legalidad de las actuaciones administrativas.
-.Que el recurso de nulidad fue interpuesto por violación del derecho a la defensa, el debido proceso, así como el vicio de nulidad absoluta del acto administrativo contenido en el oficio SNAT/DDS/ORH-DRNL2017-E-004229 de fecha 21/09/2017, por violación a los derechos constitucionales.
-.Por otro lado, la Administración Tributaria incurrió en un falso supuesto de hecho, señalando razones arbitrarias para la remoción y destitución; se violentó la Ley del SENIAT y el Estatuto del Sistema de Recursos Humanos del SENIAT, al desconocer la estabilidad de la carrera Tributaria, realizando una errónea interpretación sobre el ingreso del querellante, tal como si hubiese ingresado al SENIAT en un cargo de libre nombramiento y remoción Grado 99, pero que luego de ser sometido a 08 contrataciones y haber ingresado a la carrera aduanera, contaba con 11 años de servicio dentro de la carrera aduanera y tributaria, desconociendo su estabilidad funcionarial al destituirlo de su cargo nominal de Profesional Aduanero y Tributario Grado 12.
-. Alegó que de igual forma la Administración Tributaria incurrió en un vicio de forma en la emisión y constitución del acto administrativo de remoción y destitución, ya que carece de la relación de los hechos y fundamentos de derecho que lo motivan, al contener simplemente una manifestación de la decisión, y en tal sentido, el acto mediante el cual se le destituye carece de la forma de un acto administrativo, sobre todo la relación de los hechos, al solo poseer la manifestación y participación de la decisión de removerlo y destituirlo de su cargo.
.- Argumentó que el acto administrativo signado con la nomenclatura SNAT/DDS/ORH-2017-E-004229 de fecha 21/09/2017, violentó sus derechos, y que el acto ni siquiera tiene la forma de una decisión y como resultado de un procedimiento administrativo, que no tiene fundamento fáctico ni razonamiento; incurre en las causales establecidos en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concreto en el numeral 1 y 4, en consecuencia, peticionó la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio SNAT/DDS/ORH-2017-E-00229, de fecha 21/09/2017, así mismo, solicitó que se vincule el fallo N° 2149/2007 de la Sala constitucional; igualmente que se ordene a la reincorporación en la Gerencia de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira al cargo de carrera Tributaria y aduanera Profesional Aduanero y Tributario Grado 12 o escalafón superior, y en consecuencia, el pago de todos los conceptos laborales que se adeudaren para el momento.
DE LA SOLICITUD DE AMPARO CAUTELAR:
Alegó la parte recurrente respecto a la medida de amparo cautelar, y en específico al fumus boni iuris, lo siguiente:
.- Que el amparo cautelar busca la protección de los derechos constitucionales.
.- Que desde el 14/08/2016 se encontraba de reposo médico, reposos que habían sido avalados por el Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS); y que la notificación de retito y remoción estando de reposo médico vulneraba su derecho a la salud consagrado en el artículo 83 de la Carta Magna.
.- Que el 12/09/2017 fue requerida su presencia por ante la Jefe de Administración de la Gerencia de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira; quien lo notificó sobre su remoción a pesar de encontrarse de reposo médico, vulnerando su derecho a la salud y al trabajo; dado que la procedencia de la remoción o del retiro debía ser ulterior a su reincorporación y no en la duración de los permisos.
.- Que la Administración además violó su derecho a la salud, en razón a que según el artículo 74 parágrafo 5° del Estatuto de Recursos Humanos del SENIAT; si el reposo médico superaba los tres (3) meses, debía procederse a la evaluación médica para la incapacidad física del funcionario; deber que no ha cumplido la Administración.
.- Que el derecho a la seguridad social priva sobre los actos administrativos de remoción, retiro, destitución o separación del cargo.
.- Que verificado como estaba el fumus boni iuris, el periculum in mora era determinable por la sola verificación de la exigencia anterior.
.- Peticionó: Se decrete el amparo cautelar, se ordene su reincorporación a la Administración Tributaria, se le cancele los salarios desde su destitución, se ordene su reincorporación a la seguridad social, y la restitución de los derechos constitucionales vulnerados (fs. 01 al 11, causa principal).
Alegatos de la parte Querellada:
De la revisión de actas que conforman el presente expediente se verificó, que en la oportunidad procesal para dar contestación a la demanda, siendo ésta en fecha 28 de Junio de 2018, la Administración Tributaria, a través de su apoderado judicial Ramón Sarmiento Sánchez, formuló las defensas correspondientes a su favor; negó, rechazó y contradijo en todas y en cada una de sus partes, tanto en los hechos como en el derecho lo alegado por la parte querellante de la siguiente manera:
En cuanto a la naturaleza del cargo:
Respecto a la naturaleza jurídica que ostentaba el aquí querellante, el representante de la República, señaló el contenido de los artículos 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que hace referencia a la naturaleza de los cargos dentro de la Administración Pública. El artículo 20 de la Ley del SENIAT, que señala los cargos dentro del SENIAT. El 2, 4, 6 y 7 del Estatuto del sistema de Recursos Humanos del SENIAT, que indica igualmente los cargos del SENIAT y el artículo 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública que dispone los cargos de confianza .
Citó el fallo reiterado por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital (Exp N° AP42-R-2015-000619, caso: Patricia del Rocío Galban Polo vs SENIAT), en el cual resaltó la necesidad de indagar o verificar las funciones ejercidas por el funcionario en el Servicio de la Administración Pública y no solo basarse en lo que establece la norma. Con base a ese criterio explicó el representante de la República, que en el caso bajo estudio del expediente personal, el querellante se encontraba adscrito al momento de ser retirado a la Aduana Subalterna de Ureña de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira, y donde las funciones de dicha Aduana Principal se encuentran establecidas en el articulo 83 de la Providencia Administrativa N° 32 de fecha 29/03/1995 relativa a la Organización, atribuciones y funciones del SENIAT, publicadas en Gaceta Oficial N° 4.881.
Indicó las funciones de la División de Control Anterior, contenidas en la Providencia Administrativa publicada en la Gaceta Oficial N° 400.207 de fecha 15/07/2013, mediante la cual se reorganizó el Área de Resguardo Aduanero.
Seguidamente, resaltó las funciones que se desprenden de los Resultados de los Objetivos de Desempeño Individual para el cargo de Profesional Aduanero y Tributario Grado 12, concluyendo que de ahí, se ve claramente que las funciones que desempeñaba el querellante eran de confianza dentro del SENIAT, por cuanto ocupaba un cargo de ANALISTA DE TESORERÍA, con asignaturas como elaborar en forma oportuna la totalidad de los cheques de gastos de funcionamiento, de personal y horas habilitadas, sin errores ni omisiones; realizar de forma oportuna (una vez consumida el 75%) la solicitud de reposición de fondos para la caja chica con un máximo de calidad y eficiencia; entregar oportunamente a sus beneficiarios, los cheques y recibos de pago elaborados sin errores ni omisiones, cuyos expedientes hayan sido revisados y confirmados previamente, de conformidad con la normativa legal y sub legal vigente que rige la materia; y revisar las ordenes de pago para la elaboración de cheques de los proveedores, oportuna y eficientemente; por lo que se evidenciaba que su cargo tenía un alto grado de confidencialidad y responsabilidad dentro del SENIAT. Citó fallo de la Corte referido a la condición de personal de confianza y por ende de libre nombramiento y remoción (sentencia N° 2006-1373 de fecha 16/05/2006 caso: Rosa Elena Castro contra el Instituto Autónomo de Policía del Municipio el Hatillo).
En sintonía con los criterios plasmados, aludió que la naturaleza jurídica del cargo de confianza permite al SENIAT fundamentar su proceder en la potestad discrecional organizativa que le otorga la Ley para redimensionar su estructura interna, disponiendo de los cargos de confianza con base en la condición que detentan cargos como es el de libre nombramiento y remoción. De esta manera aludió, que resulta claro que el cargo del querellante constituía un personal de confianza, y en consecuencia, de libre nombramiento y remoción y así lo solicitó.
Con respecto, al vicio de falso supuesto de hecho y de derecho:
Señala el representante del SENIAT, que el querellante fue debidamente notificado de la decisión de removerlo y retirarlo del cargo de Profesional Aduanero y Tributario Grado 12, ejerciendo funciones de Analista de Tesorería, adscrito a la División de Control Anterior de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira, decisión emanada del Superintendente del SENIAT, mediante acto administrativo identificado con el N° SNAT/DDS/ORH/2017-E-004229 de fecha 21/09/2017.
Reiteró el artículo 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en donde define los cargos de libre nombramiento y remoción, así como las funciones que requieren un alto grado de confidencialidad, quedando demostrado que el querellante desempeñaba funciones de confianza dentro del SENIAT.
Refirió que el Superintendente del SENIAT actúo ajustado a derecho al remover y retirar del cargo al querellante, en razón de ejercer funciones de confianza, por lo cual le permitía a la Administración Aduanera disponer libremente del cargo.
Que el acto impugnado por el querellante se ajustó a la normativa, dando interpretación al numeral 3 del artículo 10 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, así como el articulo 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 4 y primer aparte del artículo 6 del Estatuto del Sistema de Recursos Humanos del SENIAT, en tal sentido, el Superintendente en uso de su potestad discrecional, y verificado que el querellante ejercía funciones de confidencialidad, procedió a la remoción y retiro del ciudadano Daniel Fernando de Andrade.
De la violación al derecho a la defensa y al debido proceso:
Señaló que el SENIAT en todo momento respetó el derecho a la defensa y el debido proceso, ya que la Administración cumplió con el procedimiento legalmente establecido en virtud que el acto administrativo cumple con los siguientes requisitos: a) fue dictado y suscrito por el funcionario competente. B) se fundamento en las disposiciones legales que hacían procedente la remoción y retiro del funcionario en virtud de la condición de confianza del cargo que ostentaba y c) cumplió con el requisito de la motivación.
Explicó, que en los casos de remoción y retiro de funcionarios de confianza es un procedimiento simple que consiste únicamente en dictar el acto, ya que no se necesita la apertura de un procedimiento previo para emanarlo, solamente requiere ser dictado y suscrito por el funcionario competente, por tal razón, argumenta que debe ser desestimado lo argumentado por el querellante. Aunado, a los criterios de la Sala político Administrativa N° 1087 de fecha 14/08/2002 y decisión N° 2008-406 de fecha 28/03/2008 dictada por La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, la remoción de un funcionario de confianza no establece sanción alguna, así como tampoco requiere de un procedimiento disciplinario o administrativo previo que constituye una potestad de la administración, remover un funcionario que desempeñe funciones inherentes a cargos de alto nivel o de confianza, en efecto, de libre nombramiento y remoción en el momento que lo considere prudente tal como ocurrió en el presente caso.
Solicitó, desestimar improcedente la nulidad del acto administrativo y la reincorporación al cargo del aquí querellante.
De la violación a la forma en la emisión y constitución del acto administrativo.
Argumentó que la emisión del acto administrativo cumplió con los parámetros establecidos en la Ley Orgánica, es decir, fue dictado y suscrito por el funcionario competente, se fundamentó en disposiciones legales y cumplió con el requisito de motivación, y que en consecuencia, por tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción el acto no debía ser motivado.
Esgrimió que resulta improcedente la nulidad del acto administrativo, por cuanto el mismo goza de legalidad, en tal sentido, solicitó que sea desestimado el petitorio del querellante.
Peticionó que se declare sin lugar el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto en contra del SENIAT.
II
PRUEBAS DOCUMENTALES ANEXAS

Pruebas de la parte querellante:
1.- Copia Simple oficio N° SNAT/DDS/ORH/2017-E-004229, de fecha 21/09/2017, emanado del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), suscrito por el Superintendente del SENIAT. (Folio 12).
2.- Copias Simples Reposos médicos suscritos por el Dr. Julio Cáceres Hernández, médico neurólogo. (Folios 13 al 32).
3.- Copia Simple Informe Médico de fecha 07/09/2017, suscrito del Dr Julio Cáceres Hernández. (Folios 33 y 34).
4.- Copias Simples Certificados de Incapacidad Temporal, emanados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. (Folios 35 al 50).
5.- Copia Simple Solicitud de Evaluación de Incapacidad Residual, emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, suscrita por el Dr. Julio Cáceres Hernández. (Folio 51).
6.- Copia Simple memorando marcado con el N° SNAT/INA/APSAT/DA/CRH/2017-1607, emanado de la Gerencia de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira. (Folio 52).
7.- Copia fotostática marcada “A” sobre la Providencia Administrativa N° SNAT/GGA/GRH/2006-005351 de fecha 05 de Mayo de 2006 acerca de la notificación realizada al accionante Antonio José Vargas.
8.- Copia fotostática marcada “B” sobre la Providencia Administrativa N° GGA/GRH/2000-012283, de fecha 18 de Septiembre de 2006, acerca de la notificación del nombramiento en el cargo de carrera “Técnico Aduanero y Tributario Grado 8”.
9.- Copia fotostática marcada “C” relativa al Punto de Cuenta N° SNAT/GGA/GRH/2007/2332 acerca de la solicitud y aprobación de cambios de clasificación.
A los anteriores instrumentos signados con los N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 por no haber sido objetados o impugnados por la contraparte en la oportunidad procesal correspondiente, se les valora, según lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil por remisión del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Igualmente éste Tribunal les otorga valor probatorio por cuanto las documentales antes mencionadas emanan de autoridades públicas, por lo cual gozan de presunta legalidad y legitimidad.
Pruebas de la parte querellada:
1.- Marcada con la letra “A” Objetivos de desempeño Individual para el cargo de Profesional Aduanero y Tributario Grado 12.
De la revisión exhaustiva del presente expediente, este Tribunal observa que la documental indicada por la parte querellada marcada con la letra “A” no se corresponde con la planilla de “Objetivos de desempeño Individual” promovida así en su escrito de pruebas, ya que de la misma se desprende la comunicación signada con el N° SNAT/DDS/ORH/2017-E-004229 contentiva de la remoción y retiro del ciudadano Antonio José Vargas; sin embargo, este Tribunal le otorga valor probatorio a dicha prueba, por encontrarse inserta en las documentales anexas al presente expediente, igualmente por considerar que no es manifiestamente ilegal, ni impertinente. Y así se decide.
Ahora bien, respecto a las documentales promovidas por la parte querellada indicadas como “anexos” en la oportunidad otorgada por este Tribunal para la promoción de pruebas, aun y cuando las mismas no han sido promovidas como “pruebas ni como la consignación del expediente administrativo correspondiente al ciudadano Antonio José Vargas Angarita”; este Tribunal les otorga valor probatorio, , por emanar de autoridades públicas que gozan de presunta legalidad y legitimidad para proveerlos, igualmente, se desprende la existencia de una relación funcionarial entre el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, por lo cual deben ser valoradas. Y así se decide.
En tal sentido, este Tribunal les otorga valor probatorio por tratarse de documentos provenientes de autoridades públicas, por lo cual gozan de presunción de legalidad y legitimidad, así mismo, las mismas no fueron objetadas ni impugnadas en su oportunidad.

DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
De la revisión de las actuaciones que cursan en el presente expediente; éste Tribunal observó que, admitido el recurso contencioso administrativo funcionarial y practicada las citaciones y notificaciones allí ordenadas, correspondía a la Administración ejercer la plena y eficaz defensa en aras de los intereses de la República.
Es preciso invocar sentencia N° 01257 de fecha 11/07/2007 emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a tal efecto:
“(…) el expediente administrativo puede definirse como el conjunto ordenado de todas las actuaciones realizadas en el decurso del procedimiento administrativo que le sirven de sustento a éste; es decir, el expediente es la materialización formal del procedimiento.
[…]
El expediente administrativo está constituido por el conjunto de actuaciones previas que están dirigidas a formar la voluntad administrativa, y deviene en la prueba documental que sustenta la decisión de la Administración. Por tanto, sólo a ésta le corresponde la carga de incorporar al proceso los antecedentes administrativos; su no remisión constituye una grave omisión que pudiera obrar en contra de la Administración y crear una presunción favorable a la pretensión de la parte accionante.
[…]
El artículo 21.11 de la Ley que rige las funciones de este Alto Tribunal, establece que:
“El Tribunal Supremo de Justicia, en las causas de nulidad de actos administrativos de efectos particulares, podrá solicitar los antecedentes administrativos del caso, fijando un plazo prudencial a la autoridad administrativa correspondiente para la remisión de los mismos. Recibidos éstos, pasarán los autos al Juzgado de Sustanciación, a fin de que revise todas las actuaciones y se pronuncie sobre la procedencia del recurso, conforme al procedimiento previsto en el artículo 19 de la presente Ley.” (Negrillas y resaltado de la Sala)
Si bien la disposición anteriormente transcrita establece que este Tribunal podrá solicitar los antecedentes administrativos del caso, por lo que a tenor de la norma contenida en el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil debe entenderse que ésta faculta a la Sala a obrar según su prudente arbitrio, lo cierto es que en la práctica judicial todo tribunal contencioso administrativo, particularmente cuando se está en presencia de un recurso de nulidad ejercido contra un acto de efectos particulares, solicita los antecedentes administrativos del caso, conformados por el expediente administrativo que se formó a tal efecto, ya que éste constituye un elemento de importancia cardinal para la resolución de la controversia y una carga procesal para la Administración acreditarlo en juicio, como ya lo ha dispuesto esta Sala con anterioridad, cuando estableció que:
“… sólo a ésta le corresponde la carga de incorporar al proceso los antecedentes administrativos; su no remisión constituye una grave omisión que pudiera obrar en contra de la Administración y crear una presunción favorable a la pretensión de la parte accionante.” (Sentencia de esta Sala No. 00692 de fecha 21 de mayo de 2002)
Lo transcrito es así, porque el proceso seguido ante la jurisdicción contencioso-administrativa integra en su desarrollo, como título fundamental, la remisión del expediente administrativo, lo cual implica una incorporación en bloque al proceso de todos los elementos vertidos a lo largo del procedimiento administrativo, de suerte que el órgano jurisdiccional ha de tomar en consideración todos los datos que figuren en el expediente, aunque no aparezcan en las alegaciones procesales de las partes.
[…]
Lo expuesto no obsta para que esta Sala, como lo ha reiterado en anteriores oportunidades, no pueda decidir si no consta en autos el expediente administrativo, puesto que éste constituye la prueba natural –mas no la única- dentro del proceso contencioso administrativo de anulación, por lo que la no remisión del expediente administrativo acarrea una presunción favorable sobre la procedencia de la pretensión de la parte accionante.”.
En consecuencia, siendo que el expediente administrativo es la materialización formal del procedimiento (así ha quedado ratificado en términos de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia), y al no haber sido consignado por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, por lo que dicho óbice acarrea una presunción favorable sobre la procedencia de la pretensión de la parte accionante, además este Tribunal procederá a emitir sentencia con los recaudos que existen en autos, pues, la representación judicial del SENIAT, actúo en todo el proceso judicial haciendo omisión a la presentación del expediente administrativo.

III
DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
Corresponde a este Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira pronunciarse sobre la competencia de la presente causa, siendo oportuno mencionar el artículo 25 numeral 6 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa;
“Artículo 25: Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de:
(…)
6. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública, conforme a lo dispuesto en la ley. (…)”.
Conforme a la normativa ut supra transcrita, corresponde a éste Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el conocimiento de las controversias que se susciten con los funcionarios y funcionarias públicos de la Administración Pública.
En concordancia con lo anterior, es preciso traer a colación el artículo 92 y 93 numeral 1 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, a tenor del cual:
“Artículo 92: los actos administrativos de carácter particular dictados en ejecución de esta ley por los funcionarios públicos, agotarán la vía administrativa. En consecuencia, solo podrá ser ejercido contra ellos el recurso contencioso administrativo funcionarial dentro del término previsto en el artículo 94de esta ley…”
“Artículo 93: corresponderá a los Tribunales competentes en materia contencioso administrativo funcionarial, conocer y decidir todas las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley, en particular las siguientes:
1.- las reclamaciones que formulen los funcionarios públicos o aspirantes a ingresar en la función pública cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública.”
En consecuencia, de la interpretación de los artículos antes referidos, quien aquí dilucida determina que tratándose la presente causa de la nulidad de un acto administrativo emanado del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria contra el ciudadano Antonio José Vargas, corresponde a éste Tribunal el conocimiento del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial. En consideración de lo expuesto, éste Tribunal se declara competente para el conocer de la presente causa. Y así se decide.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Siendo el momento oportuno para emitir pronunciamiento de fondo en el presente recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano Antonio José Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V-12.251.370, en contra acto administrativo contenido en acto administrativo de remoción y retiro signado bajo el N° SNAT/DDS/ORH/2017-E-0042229 de fecha 21/09/2017, suscrito por el Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, mediante el cual se removió y retiro al querellante, de su cargo de Profesional Aduanero y tributario Grado 12, adscrito a la División de Control Anterior de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira.
Este Sentenciador pasa determinar cuales son los hechos controvertidos en la presente causa, además, de determinar si el acto administrativo recurrido se encuentra ajustado a derecho, o por el contrario, contiene los vicios de nulidad alegados por la parte querellante, en este sentido, los hechos controvertidos a criterio de quien aquí juzga, lo constituye la pretensión de nulidad del acto administrativo de remoción y retiro del ciudadano Antonio José Vargas Angarita del cargo de Profesional Aduanero y tributario Grado 12, en funciones de Analista de Tesorería, adscrito a División de Control Anterior de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira, es decir, el cargo de Profesional Aduanero y Tributario Grado 12, en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), contenido en el oficio SNAT/DDS/ORH-DRNL-2017-E-004229 de fecha 21/09/2017, por considerar la parte querellante, que el referido acto administrativo, vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa, vulnera la estabilidad como funcionario de carrera, además el acto recurrido incurre en falso supuesto de hecho y de derecho, vulnera la motivación del acto.
En atención a los alegatos esgrimidos, pasa este Juzgador primeramente a determinar la condición de funcionario del querellante, en el sentido, de determinar si ejercía funciones como funcionario de carrera o de libre nombramiento y remoción, para lo cual, se realizan las siguientes consideraciones:

DE LA DETERMINACIÓN DE LA MANERA DE INGRESO DEL QUERELLANTE AL SENIAT.
De las actas procesales que conforman el presente expediente, se desprende que la parte querellante alegó que ingresó al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), primeramente mediante contratos y designaciones, y posteriormente, mediante concurso público externo, que durante el transcurso de su relación laboral fue ocupando diversos cargos, ascendiendo y alcanzando el cargo nominal de Profesional Aduanero y Tributario Grado 12 hasta la fecha de su remoción y retiro, según oficio N° SNAT/DDS/ORH/2017-E-004229 de fecha 21/09/2017, donde el Superintendente del SENIAT José David Cabello, comunica al querellante la decisión de removerlo y retirarlo de su cargo.
En razón de lo alegado, pasa este Juzgador a determinar si el querellante realizó concurso público para el ingreso al SENIAT, a tales efectos, es oportuno traer a colación la normativa existente en el ordenamiento jurídico Venezolano, referente a la manera de ingreso en la Administración Pública, así como la naturaleza de los cargos desempeñados en la Administración Pública, en este sentido, el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece:
“Artículo 146: Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y lo demás que determine la ley.
El ingreso de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los cargos de carrera será por concurso público, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. El ascenso estará sometido a métodos científicos basados en el sistema de méritos, el traslado, suspensión o retiró será de acuerdo con su desempeño”

En relación con el artículo antes referido, la Ley del Estatuto de la Función Pública establece las normas sobre el ingreso de funcionarios a la Administración Pública, sosteniendo lo siguiente:
Artículo 40: El proceso de selección de personal tendrá como objeto garantizar el ingreso de los aspirantes a los cargos de carrera en la Administración Pública, con base en las aptitudes, actitudes y competencias, mediante la realización de concursos públicos que permitan la participación, en igualdad de condiciones, de quienes posean los requisitos exigidos para desempeñar los cargos, sin discriminaciones de ninguna índole.
Serán absolutamente nulos los actos de nombramiento de funcionarios o funcionarias públicos de carrera, cuando no se hubiesen realizado los respectivos concursos de ingreso, de conformidad con esta Ley.”

Por su parte, el artículo 3 del Estatuto del Sistema de Recursos Humanos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en su artículo 3 contempla:
“Artículo 3: Son funcionarios de carrera aduanera y Tributaria aquellos que ingresen por concurso público al SENIAT, superen le periodo de prueba en los términos previstos en el presente Estatuto, y sean nombrados para desempeñar funciones con carácter remunerado, y permanente en el Servicio, ocupando los cargos de de los niveles de Asistente, Técnicos, Profesional y Especialista, en las áreas aduaneras y tributarias…”

De todo lo antes señalado quien aquí decide considera pertinente señalar que el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece como principio rector en materia funcionarial, que los cargos que conforman la Administración Pública son de carrera y, excepcionalmente los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública. Asimismo, hace alusión que el ingreso a la Administración en cargos de carrera única y exclusivamente será por medio de concurso público.
En el caso de autos, verifica este Juzgador que consta acto de nombramiento del hoy querellante para ejercer funciones en el SENIAT, mediante oficio N° SNAT/GGA/GRH/2006-005351, de fecha 05 de Mayo de 2006, emanado del Gerente de Recursos Humanos del SENIAT, a través del cual se le notificó que fue seleccionado para ingresar al cargo de carrera denominado Técnico Tributario Grado 8, adscrito a la Gerencia de Aduana Principal de San Antonio del Táchira, siendo su fecha de ingreso el 05 de Mayo de 2006, notificado en fecha 16/05/2006, acto que cursa anexo al folio 127 del expediente judicial, así como oficio N° GGA/GRH/2006-012283 de fecha 18 de Septiembre de 2006, emanado del Gerente de Recursos Humanos del SENIAT, mediante el cual se notificó la decisión de nombrar al ciudadano Antonio José Vargas Angarita en forma definitiva en el cargo de Técnico Tributario Grado 8, por haber superado el periodo de prueba, acto que cursa anexo al folio 128, en consecuencia, el querellante ingresó a prestar funciones públicas en el SENIAT, mediante la figura del concurso público, por lo tanto, el querellante ingresó y prestó servicios al SENIAT como funcionario de carrera en cuanto a su ingreso. Y así se decide.

DE LOS ASCENSOS Y EL CARGO QUE EJERCÍA LA QUERELLANTE AL MOMENTO DE SU REMOCIÓN.

De las pruebas documentales que cursan en autos se evidencia:
.- Copia Simple de memorando, marcado con el N° GAPSAT-DA-2004-I-010 fecha 14/01/2004, emanado del Gerente de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira del SENIAT, mediante la cual se designa al ciudadano Antonio Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V- 12.251.370, para ejercer funciones en la Aduana Subalterna de Ureña, a ordenes del Jefe Encargado.
.- Copia Simple de memorando, marcado con el N° SNAT/INA/APSAT/DA/CRH/2007/0180 fecha 05/11/2007, emanado del Gerente de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira del SENIAT, mediante la cual se designa al ciudadano Antonio Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V- 12.251.370, para ejercer funciones en la Aduana Subalterna El Amparo.
.- Copia Simple del memorando, marcada con el N° SNAT/INA/APSAT/DA/CRH/2008/0123-2841, de fecha 25/04/2008, emanado del Gerente de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira del SENIAT, mediante la cual se designó al ciudadano Antonio Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V- 12.251.370, para ejercer funciones en el Área de Resguardo Aduanero Punto de Control fijo.
.- Copia Simple del memorando, marcada con el N° SNAT/INA/APSAT/DA/CRH/2008/0020, de fecha 07/01/2008, emanado del Gerente de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira del SENIAT, mediante la cual se designó al ciudadano Antonio Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V- 12.251.370, para ejercer funciones en el en el Área de Resguardo.
.- Copia Simple del memorando, marcado con el N° SNAT/INA/APSAT/DA/CRH/2010/0035, de fecha 05/02/2010, emanado de la Gerencia de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira del SENIAT, mediante la cual se designó al ciudadano Antonio Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V- 12.251.370, para ejercer funciones en la División de Administración.
.- Copia Simple del memorando, marcado con el N° SNAT/INA/APSAT/DA/CRH/2012/0002, de fecha 30/01/2012, emanado de la Gerencia de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira del SENIAT, mediante la cual se designó al ciudadano Antonio Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V- 12.251.370, para ejercer funciones en la División de Operaciones.
.- Copia Simple del oficio N° SNAT/INA/APSAT/DA/CRH/2012/0014-A, de fecha 28/02/2012, emanado del Gerente de Recursos Humanos del SENIAT, mediante el cual se designó al ciudadano Antonio Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V- 12.251.370, para ejercer funciones en la División de Administración.
.- Copia Simple del memorando, marcado con el N° SNAT/INA/APSAT/DA/CRH/2015/0074, de fecha 24/11/2015, emanado de la Gerencia de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira del SENIAT, mediante la cual se designó al ciudadano Antonio Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V- 12.251.370, para ejercer funciones como Reconocedor en el Área de Control de Almacenamiento de Bienes Adjudicados.
.- Copia Simple del memorando, marcado con el N° SNAT/INA/APSAT/DA/CRH/2016/0009, de fecha 24/02/2016, emanado de la Gerencia de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira del SENIAT, mediante la cual se designó al ciudadano Antonio Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V- 12.251.370, para ejercer funciones en la Unidad de Control de Gestión.
.- Copia Simple del oficio, marcado con el N° SNAT/GGA/GRH/DCT/2007/A-590-007870, de fecha 19/07/2017, emanado deL Gerente de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira del SENIAT, mediante la cual aprobó la clasificación del cargo al de Técnico Aduanero y Tributario Grado 10 del ciudadano Antonio Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V- 12.251.370.
De los oficios y memorandos antes citados se evidencia, que el ciudadano Antonio Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V- 12.251.370, posterior al ingreso al SENIAT, al cargo de Técnico Tributario Grado 8, como funcionario de carrera, mediante designaciones le fue otorgado funciones de Analista de Tesorería y fue designado para el cargo de Profesional Aduanero y Tributario Grado 12, Adscrito a la División de Control Anterior de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira, en consideración, pasa este Tribunal a determinar la naturaleza del último cargo ejercido por el querellante, en el sentido, si es un cargo de carrera o de libre nombramiento y remoción.
Para determinar si el último cargo ejercido por el querellante era considerado como de confianza, es necesario, verificar las funciones de dicho cargo, y no atender solamente a indicar que es de confianza por el nombrar que se le ha asignado al cargo, en este sentido, de conformidad con la hoja de Desempeño Individual (SEDI), presentada como prueba documental por el Apoderado Judicial del SENIAT, que cursa al folio 168 del expediente judicial, el querellante dentro de las funciones como Analista de Tesorería tenía asignadas las siguientes: elaborar en forma oportuna la totalidad de los cheques de gastos de funcionamiento, de personal y horas habilitadas, sin errores ni omisiones; realizar de forma oportuna (una vez consumida el 75%) la solicitud de reposición de fondos para la caja chica con un máximo de calidad y eficiencia; entregar oportunamente a sus beneficiarios, los cheques y recibos de pago elaborados sin errores ni omisiones, cuyos expedientes hayan sido revisados y confirmados previamente, de conformidad con la normativa legal y sub legal vigente que rige la materia; y revisar las ordenes de pago para la elaboración de cheques de los proveedores, oportuna y eficientemente.
En cuanto a los cargos de libre nombramiento y remoción, la normativa que rige el SENIAT, estable:
Ley del SENIAT, publicada en Diciembre del 2015, artículo 20:
“Los funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) serán de carrera aduanera y tributaria o de libre nombramiento y remoción”

Por su parte, el Estatuto del Sistema Profesional de Recursos Humanos del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, establece en su artículo 2, que los funcionarios del SENIAT son: 1.- funcionarios de carrera Aduanera y Tributaria, 2.- funcionarios de libre nombramiento y remoción (alto nivel y cargos de confianza).
El artículo 6 ejusdem, dispone:
“Se consideran funcionarios de confianza aquellos de carrera aduanera que ejerzan funciones de Jefe de Sectores y Jefes de Unidades, o que realicen actividades de fiscalización, inspección, reconocimiento, valoración, avalúos, justiprecios, clasificación arancelaria, determinación, liquidación, recaudación, expendio de especies fiscales, tanto en rentas como en aduanas”
Al revisar las funciones del cargo de Profesional Aduanero y Tributario Grado 12, Adscrito a la División de Control Anterior de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira, se evidencia que el querellante ejercía funciones de elaborar en forma oportuna la totalidad de los cheques de gastos de funcionamiento, de personal y horas habilitadas, sin errores ni omisiones; realizar de forma oportuna (una vez consumida el 75%) la solicitud de reposición de fondos para la caja chica con un máximo de calidad y eficiencia; entregar oportunamente a sus beneficiarios, los cheques y recibos de pago elaborados sin errores ni omisiones, cuyos expedientes hayan sido revisados y confirmados previamente, de conformidad con la normativa legal y sub legal vigente que rige la materia; y revisar las ordenes de pago para la elaboración de cheques de los proveedores, oportuna y eficientemente, lo cual encuadra dentro de las funciones de confianza establecidas en el artículo 6 del Estatuto ejusdem, en consecuencia, el querellante para el momento de la remoción y retiro del SENIAT, ejercía un cargo de confianza y por ende de libre nombramiento y remoción. Y así se determina.
Determinado lo anterior, pasa este Tribunal a analizar los vicios de nulidad alegados por la parte querellante, en este sentido, primeramente se alega que el acto de remoción y retiro del ciudadano Antonio Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V- 12.251.370, se realizó con prescindencia total y absoluta del procedimiento establecido, es decir, sin proceso previo, que garantizara el derecho a la defensa, sin respetar la estabilidad funcionarial por ser un cargo de carrera.

DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD DE UN FUNCIONARIO DE CARRERA ADUANERA Y TRIBUTARIO QUE FUE DESIGNADO PARA EJERCER UN CARGO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN
El artículo 98 del Estatuto del Sistema de Recursos Humanos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, establece:
“Los funcionarios de carrera aduanera y tributaria gozarán de estabilidad en el ejercicio de sus funciones (…) y solo podrán ser retirados del SENIAT por las causales previstas en este {ultimo, previo cumplimiento del procedimiento correspondiente”.

En atención a lo citado en el referido artículo, los funcionarios de carrera Aduanera y Tributaria, tienen derecho a la estabilidad en el ejercicio de sus cargos, de igual manera, podrán ser designados para ejercer cargo de libre nombramiento y remoción, en este caso, el cargo de carrera aduanera y tributaria por disposición de la Ley quedará vacante, y en el caso, de que el funcionario sea removido del cargo de libre nombramiento y remoción, volverá a ocupar el cargo de carrera que ostentaba antes de ejercer el cargo de alto nivel o de confianza.
Aunado a lo anterior, el funcionario de carrera goza de estabilidad en el ejercicio de sus funciones, y en consideración de este derecho, no podrá ser destituido, sino a través de un procedimiento administrativo previo, que garantice el debido proceso y el derecho a la defensa, procedimiento donde se demuestre que el funcionario se encuentra incurso en una causal de destitución, se emite la resolución de destitución, se le notifique al funcionario, para que ejerza los recursos judiciales que le otorga el ordenamiento jurídico.
En el caso de autos, no encontramos con el hecho de que el hoy querellante ingresó al SENIAT con el cargo de Técnico Aduanero y Tributario Grado 8, adscrito a la Gerencia de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira, por lo tanto, es considerado como una funcionario de carrera, además se evidencia, que posteriormente, el querellante fue designado para ejercer un cargo de libre nombramiento y remoción, Profesional Aduanero y Tributario Grado 12, cargo del cual, mediante acto administrativo marcado con el No.- SNAT/DDS/ORH-DRNL-2017-E-004229 de fecha 21/09/2017, fue removido y retirado, por considerar que es un cargo de libre nombramiento y remoción, ahora bien, de la lectura del acto recurrido de nulidad, así como de las actas que cursan insertas en autos, los alegatos realizados por el Apoderado Judicial del SENIAT, no se evidencia, que el hoy querellante al removerlo del cargo de libre nombramiento y remoción, hubiese sido asignado o reintegrado por el SENIAT al cargo de carrera que ostentaba antes del nombramiento del cargo de libre nombramiento y remoción.
En este mismo orden de ideas, no se evidencia que por ser el querellante funcionario de carrera aduanera y tributaria, para el retiro del SENIAT, se le hubiese instruido un procedimiento administrativo previo, donde se garantizara el debido proceso y el derecho a la defensa, no existe prueba que demuestre que el querellante incurrió en una causal de destitución, no consta que el SENIAT hubiese emitido Resolución de destitución que le fuera notificada al querellante, a efectos de que ejerza los recursos judiciales que le otorga el ordenamiento jurídico, por lo tanto, debe concluir este Juzgador que con el acto de remoción y retiro del ciudadano Antonio Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V- 12.251.370, el SENIAT, vulneró el derecho a la estabilidad funcionarial como funcionario de carrera aduanera y tributaria, vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa. Y así se decide.

DEL DERECHO AL PROCEDIMIENTO A LA DISPONIBILIDAD QUE ESTABLE LA NORMATIVA DEL SENIAT

La remoción y retiro del ciudadano Antonio Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V- 12.251.370, se desprende se realizó mediante un solo acto administrativo, fundamentado en ser un funcionario de libre nombramiento y remoción, lo cual para el caso concreto no se corresponde, habida cuenta de la condición de ingreso del querellante al SENIAT, como se dejó sentado anteriormente.
Este juzgador en cuanto al debido proceso, considera pertinente traer a colación el artículo 49 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala:
“Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1 .La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley”
Dentro de ese marco, se ha pronunciado la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 27 de enero del 2011, con ponencia de la Magistrada Trina Omaira Zurita, (caso: Administradora de Planes de Salud Clínicas Escarben, C.A., contra la sentencia N° 2008-01968 de fecha 31 de octubre de 2008 dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo) Exp. Nº 2010-0517, que estableció lo siguiente:
“...acorde con lo previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha señalado reiteradamente esta Sala Político-Administrativa que dentro de las garantías que conforman el debido proceso se encuentra el derecho a la defensa, el cual es interpretado como un derecho complejo, destacándose entre sus distintas manifestaciones: el derecho a ser oído; el derecho a ser notificado de la decisión administrativa, a los efectos de que le sea posible al administrado presentar los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento; el derecho a tener acceso al expediente, con el propósito de examinar en cualquier estado del procedimiento las actas que lo componen; el derecho que tiene el administrado de presentar pruebas que permitan desvirtuar los alegatos ejercidos en su contra; y finalmente, el derecho que tiene toda persona a ser informado de los recursos y medios de defensa que proceden contra los actos dictados por la Administración.
Así, esta Sala, ha precisado que el derecho a la defensa constituye una manifestación del derecho al debido proceso (vid., entre otras, sentencia N° 01628 del 11 de noviembre de 2009, caso: MMC Automotriz, C.A. vs. Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social).

Conforme a lo anteriormente planteado, el debido proceso puede entenderse como el conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso que le aseguran a lo largo del mismo una recta y cumplida cognición procesal ante posibles arbitrariedades de quienes tienen la responsabilidad de aplicar el derecho, garantía que se constituye en aras de materializar la seguridad jurídica de quien acude o se somete a un proceso ya sea judicial o administrativo, en el cual se le garantice el acceso a las actas procesales, presentar pruebas, alegatos y defensas de sus derechos, así como los recursos establecidos en la Ley.
Ahora bien, la prescindencia total y absoluta del procedimiento se encuentra establecido como causal de nulidad de un acto administrativo, en el numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cabe aclarar que no se refiere a la violación de un trámite, requisito o formalidad o de varios de ellos. El vicio denunciado sólo se justifica en los casos en los que no ha habido procedimiento alguno o han sido violadas fases del mismo que constituyen garantías esenciales del administrado, (vid, sentencia N° 1087 de la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 14 de agosto de 2002).
Por tanto, el vicio de omisión del procedimiento legalmente establecido, se configura al no aplicarse un procedimiento, o cuando distintas fases del mismo hayan sido violentadas, en detrimento del administrado.
En este orden de ideas, cabe añadir que el artículo 98 del Estatuto del Sistema de Recursos Humanos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, establece:
“Los funcionarios de carrera aduanera y tributaria gozarán de estabilidad en el ejercicio de sus funciones (…) y solo podrán ser retirados del SENIAT por las causales previstas en este ultimo, previo cumplimiento del procedimiento correspondiente”.

Los artículos 125, 92 y siguientes, del referido Estatuto del Sistema de Recursos Humanos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) de 2005, Ley especial aplicable a los funcionarios del SENIAT, se encuentra previsto el debido procedimiento a los fines de remover y retirar a un funcionario de carrera administrativa y aduanera adscritos a dicho servicio, como es el caso que nos ocupa, y señala lo siguiente:
“Artículo 125. El retiro del SENIAT procederá en los siguientes casos:
1. Por renuncia escrita del funcionario debidamente aceptada.
2. Por fallecimiento del funcionario.
3. Por pérdida de la nacionalidad.
4. Por interdicción civil.
5. Por jubilación o por invalidez de conformidad con la ley que rige la materia.
6. Por reducción de personal, en los términos previstos en el presente Estatuto o en Decreto de reestructuración dictado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros.
7. Por destitución.
8. Por cualquier otra causa prevista en el presente Estatuto o en la Ley del Estatuto de la Función Pública (…).

Como ya se refirió anteriormente, el querellante ingresó al SENIAT, mediante concurso, por lo cual, se debe considerar como un funcionaria de carrera, por tal motivo, gozaba de estabilidad en el ejercicio de sus funciones, y para poder ser retirado del SENIAT debía cumplirse con un procedimiento administrativo que garantizara el derecho a la estabilidad y a la disponibilidad.
En cuanto a la disponibilidad el Estatuto Ejusdem dispone:
Artículo 92.- “Se entiende por disponibilidad la situación administrativa en que se encuentran los funcionarios de carrera administrativa afectados por una medida de remoción de un cargo de alto nivel del SENIAT y los funcionarios de carrera aduanera tributaria afectados en su estabilidad por una reducción de personal debida a limitaciones financieras, cambios en la organización administrativa, razones técnicas o supresión de una unidad o dependencia administrativa del SENIAT. La reducción de personal será autorizada por el Presidente de la República en Consejo de Ministros”

Artículo 93.- El período de disponibilidad tendrá una duración de un (1) mes contado a partir del día siguiente de la notificación del acto administrativo de remoción. Durante este lapso, el funcionario removido deberá prestar servicio efectivo y tendrá derecho a percibir el sueldo y los demás emolumentos correspondientes a su cargo”.
Artículo 94.- Si el funcionario removido es de carrera administrativa pero no de carrera aduanera y Tributaria, durante el lapso de disponibilidad, la Gerencia de Recursos Humanos tomará las medidas necesarias para reubicar al funcionario en un cargo de carrera de similar o superior nivel y remuneración al que ocupaba para el momento de la reducción de personal o antes de su designación en el cargo de libre nombramiento y remoción del SENIAT.
Artículo 95.- Al día siguiente de la notificación de remoción del funcionario, la Gerencia de Recursos Humanos está obligada a participarla al Ministerio de Planificación y Desarrollo o al organismo responsable de la planificación del desarrollo de la función pública, a fin de que se gestione reubicación del funcionario en un cargo de carrera vacante en cualquier otra dependencia de la Administración Pública.
Si se trata de la remoción de un funcionario de Carrera Aduanera y Tributaria, para su reubicación se aplicará lo previsto en el artículo 22 de la Ley del SENIAT, excepto que su remoción sea consecuencia de la aplicación de la medida de reducción de personal, en tal caso se aplicará lo previsto en el Artículo 92 del presente Estatuto.

De las normas supra trascritas se desprende que los funcionarios de carrera Aduanera y Tributaria gozan de estabilidad dentro del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, y que para poder ser retirados del mismo, el Superintendente debe dar cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley que Regula la relación estatutaria del mencionado organismo, al igual que las disposiciones establecidas en la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, no desprendiéndose de la lectura que los funcionarios de carrera puedan ser libremente removidos y retirados del organismo.
Sin embargo, tal como se señalo anteriormente el hoy querellante fue designado para ejercer funciones en cargo de carrera Profesional Aduanero y Tributario Grado 12, en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, por lo que se debió aplicar para su remoción y posterior retiro alguna de las causales previstas en el artículo 125, del Estatuto del SENIAT, se debió sustanciar el debido procedimiento previsto en el artículo 92 y siguientes de la Ley del Estatuto del Sistema de Recursos Humanos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, motivado a que goza de estabilidad en el ejercicio del cargo, es decir, que sólo es procedente la remoción y posterior retiro de un funcionario de Carrera Aduanera y Tributaria cuando se den situaciones de: reducción de personal debida a limitaciones financieras, cambios en la organización administrativa, razones técnicas o supresión de una unidad o dependencia administrativa del organismo querellado, en caso de que estos hubiesen sido los supuestos por los cuales se produjo la remoción del hoy querellante, y de ser ese caso, de igual forma se le debió otorgar un (01) mes de disponibilidad durante el cual prestara servicio efectivo y donde tendrá derecho a percibir el sueldo y los demás emolumentos correspondientes a su cargo después de que se haya efectuado la remoción.
En este sentido, la Gerencia de Recursos Humanos debe tomar todas las medidas necesarias para reubicar al funcionario en un cargo de carrera de similar o superior nivel y remuneración al que ocupaba para el momento de la reducción de personal o antes de su designación en el cargo de libre nombramiento y remoción del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.
Ahora bien, este Tribunal tal y como lo señaló anteriormente de la revisión exhaustiva de las actas que conforman el expediente judicial, observó que el Superintendente Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, removió y retiro al hoy querellante sin que se diera los supuestos anteriormente mencionados, y adicionalmente, tampoco llevó a cabo las correspondientes gestiones reubicatorias a las cuales se encuentra obligado, por tratarse de un funcionario de carrera. Siendo ello así, quien decide observa que no se dio cabal cumplimiento al procedimiento de ley, por tanto, se verificó el vicio denunciado, es decir, vulneración del procedimiento legalmente establecido. Así se establece.

DEL VICIO DEL FALSO SUPUESTO DE HECHO Y DE DERECHO
Ya determinado anteriormente que el acto de remoción y retiro del ciudadano Antonio Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V- 12.251.370, del SENIAT, se realizó vulnerando los derechos de la estabilidad, el derecho a la disponibilidad, así como la vulneración del debido proceso y del derecho a la defensa, razón por la cual, resultaría inoficioso pronunciarse sobre los demás vicios alegados por la parte querellante, sin embargo, considera este Juzgador necesario señalar, que el acto de remoción y retiro recurrido de nulidad, incurre en falso supuesto de hecho, motivado, a que en el referido acto se considera al ciudadano Antonio Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V- 12.251.370, como funcionario de libre nombramiento y remoción, cuando ya quedó establecido en esta sentencia, que ingresó al SENIAT en condición de funcionario de carrera aduanera y tributaria, además, se configura el falso supuesto de derecho, pues, se fundamenta la remoción y retiro, en las normas aplicables a los funcionarios de confianza, cuando debía aplicarse las normas jurídicas atenientes al derecho a la estabilidad y la disponibilidad conforme se ha señalado en esta sentencia. Y así se decide.
Considera esta Juzgador inoficioso pronunciarse sobre los demás vicios atribuidos al acto administrativo recurrido. Así se declara.

DE LAS CONSIDERACIONES DE OFICIO DE ESTE TRIBUNAL:
EN CUANTO A LA INCAPACIDAD Y LA REMOCIÓN.
En relación a la remoción de la cual fue objeto el ciudadano Antonio Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V- 12.251.370, ampliamente identificado en autos, consta en el folio 51 del expediente judicial, Evaluación de Incapacidad Residual, suscrita por el Dr. Julio Cáceres Hernández, emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en la cual se evidencia que del informe médico existe una Incapacidad Total, por lo cual es importante tomar en consideración que en materia funcionarial cuando el funcionario, se encuentra incapacitado temporalmente para la prestación del servicio no puede ser removido, desmejorado o despedido. En el caso de marras el querellante alega que fue removido mientras se encontraba incapacitado para la prestación del servicio.
A tenor de lo anterior y previo análisis de las pruebas incorporadas al expediente, se desprende de los folios 35 al 50 que el ciudadano Antonio Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V- 12.251.370 se encontraba en situación de incapacidad temporal y para el día 11/01/2017 fue declarada su incapacidad total permanente para la prestación del servicio, situación de incapacidad total que no fue desconocida, ni desvirtuada en el presente proceso judicial por parte del SENIAT, debiendo señalar este Juzgador que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es el competente para determinar la situación médica de un funcionario y determinar si procede o no la incapacidad, en tal razón, no podía el SENIAT, desconocer el resultado de la Junta Médica del I.V.S.S, que determina la incapacidad, y en el caso de no estar conforme con la referida decisión de incapacidad debió demandar su nulidad.
Ahora bien, no consta en autos que el SENIAT, hubiese desconocido la incapacidad emitida por el I.V.S.S, no consta que hubiese sido declarada nula, en este sentido, señala este Juzgador que la incapacidad residual constituye un derecho de previsión social establecido en el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia, la misma debe privar sobre la remoción y retiro del funcionario público, en tal sentido, debía la Administración Pública verificar si el ciudadano querellante cumplía con los requisitos para que le fuera otorgada la incapacidad total, de lo cual este Tribunal puede constatar que de la revisión de los autos que cursan insertos en el presente expediente, el cual corre inserto en el folio 51 Incapacidad Total del ciudadano Antonio José Vargas Angarita, emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de lo cual queda evidenciado que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria no garantizó sino por el contrario violentó el derecho Constitucional establecido en el artículo 86, procediendo a remover y retirar al aquí querellante de su cargo de carrera aún y cuando se encontraba de reposo médico avalado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sin tomar en cuenta que en el mismo se describe una incapacidad total del ciudadano Antonio José Vargas Angarita, para prestar sus servicios dentro de dicho órgano.
En consecuencia, determina este Juzgador que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, al verificar que el ciudadano Antonio José Vargas Angarita, le fue emitido un certificado de incapacidad total y permanente por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no debió proceder en ningún momento a ordenar su remoción, debido a que con tal actuación administrativa se vulnero el derecho constitucional de previsión social al otorgamiento de la pensión de incapacidad. Y así se decide.
Por los razonamientos expuestos, este Tribunal debe forzosamente declarar la nulidad del acto administrativo contenido en acto administrativo de remoción y retiro signado bajo el N° SNAT/DDS/ORH/DRNL-2017-E-004229 de fecha 21/09/2017, suscrito por el Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, mediante el cual se removió y retiro al ciudadano Antonio Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V- 12.251.370, como Profesional Aduanero y Tributario Grado 12, adscrito a la División de Control Anterior de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira, por ser violatorio al derecho de previsión social a la pensión de incapacidad. Y así se decide.
En consideración de lo antes expuesto, se ordena al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, (SENIAT), proceder a la reincorporación inmediata del ciudadano Antonio José Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V- 12.251.370, al cargo de carrera aduanera y tributaria, denominado Técnico Aduanero y Tributario Grado 8, adscrito a la Aduana Principal de San Antonio del Táchira, o a otro cargo de carrera aduanera y tributaria de igual o superior jerarquía, asimismo.
Igualmente, Se Ordena al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, (SENIAT), proceder al pago de todos los salarios dejados de percibir desde el momento del retiro del ciudadano Antonio Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V- 12.251.370, de las funciones que ejercía en el SENIAT, hasta la fecha de su reincorporación. Asimismo, se ordena el pago de todos los beneficios de ley dejados de percibir que no impliquen la prestación efectiva del servicio, para lo cual, se ordena, practicar una experticia complementaria del fallo. Y así se decide.
Se ORDENA al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, (SENIAT) una vez reincorporado el querellante, proceder de manera inmediatamente a realizar todos los trámites administrativos correspondientes para el otorgamiento del derecho de previsión social de incapacidad total del ciudadano Antonio Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V- 12.251.370.
V
DECISIÓN
En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: SE DECLARA CON LUGAR, el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por el ciudadano Antonio Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V- 12.251.370, asistido por el Abogado en ejercicio Gerardo Patiño Vásquez, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 26.128, en contra acto administrativo contenido en acto administrativo de remoción y retiro signado bajo el Nº SNAT/DDS/ORH/DRNL-2017-E-004229 de fecha 21/09/2017, suscrito por el Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, mediante el cual se removió y retiro al querellante, como Profesional Aduanero y Tributario Grado 12, adscrito a la División de Control Anterior de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira.
SEGUNDO: se Ordena al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, (SENIAT), proceder a realizar la reincorporación inmediata del ciudadano Antonio Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V- 12.251.370, al cargo de carrera aduanera y tributaria, denominado Técnico Aduanero y Tributario Grado 8, adscrito a la Aduana Principal de San Antonio del Táchira, o a otro cargo de carrera aduanera y tributaria de igual o superior jerarquía, asimismo.
TERCERO: Se Ordena al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, (SENIAT), proceder al pago de todos los salarios dejados de percibir desde el momento del retiro del ciudadano Antonio Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V- 12.251.370, de las funciones que ejercía en el SENIAT, hasta la fecha de su reincorporación. Asimismo, se ordena el pago de todos los beneficios de ley dejados de percibir que no impliquen la prestación efectiva del servicio, para lo cual, se ordena, practicar una experticia complementaria del fallo.
CUARTO: Se Ordena al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, (SENIAT) una vez reincorporado el querellante proceder de manera inmediatamente a realizar todos los trámites administrativos correspondientes para el otorgamiento del derecho de previsión social de incapacidad total del ciudadano Antonio Vargas Angarita, titular de la cédula de identidad N° V- 12.251.370.
QUINTO: No se condena, en costas dado la naturaleza del presente proceso judicial.
Publíquese, regístrese, notifíquese y déjese copia digitalizada de la presente sentencia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, a los diecinueve (19) días del mes de Junio del año dos mil diecinueve (2019). Años 209° de la Independencia y 160° de la Federación.
El Juez;

Dr. José Gregorio Morales Rincón
La Secretaria Temporal;

Abg. Mariam Paola Rojas Mora
En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión siendo las diez de la mañana, (10:00A.M)
La Secretaria Temporal;

Abg. Mariam Paola Rojas Mora

JGMR/YR.