JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, SAN CRISTÓBAL. DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (19/09/2019). AÑOS 209º DE LA INDEPENDENCIA Y 160º DE LA FEDERACION. Parte Demandante: Pedro Maldonado, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V.-1.536.730 (fallecido), en su lugar, los herederos conocidos, ciudadanos: Catalina, Arnulfo, Javier Orlando, Blanca Mireya, Carlos Omar, Oscar Alexander, Vilma Coromoto, Magaly Carolina y Alix Xiomara. Representación judicial de la parte demandante: Defensa Pública Agraria Segunda del estado Táchira (folio 252). Parte Demandada: José del Carmen Sánchez Zambrano, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V.-175.134 (fallecido), en su lugar, los herederos conocidos, ciudadanos: Alix Ramona, Antonio María, Hugo Cesar, Julio Enrique, Alfa Marina, José del Carmen, Elvia María, Carmen Dilia y Eduardo. Representación judicial de la parte demandada: Defensa Pública Agraria Primera del estado Táchira (folio 253). Representación judicial de todas aquellas personas que se crean con derechos sobre el bien inmueble objeto de prescripción: Defensa Pública Suplente N° 1 en materia Agraria del estado Táchira (folio 238). Motivo: Prescripción adquisitiva. Sentencia: Interlocutoria con fuerza definitiva (Decaimiento de la Acción). Mediante sentencia definitiva de fecha 30/03/1998, el otrora Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, declaró con lugar la demanda interpuesta por la parte demandante y declaró sin lugar la reconvención propuesta por la parte demandada. Se ordenó la notificación de las partes (folios 180 al 194). En fecha 13/07/1998 y 17/07/1998 se recibieron las actas de defunción de la parte actora así como de la parte demandada, quienes fallecieron en fecha 18/01/1996 y 14/10/1997, respectivamente (folio 203 y 205). Por auto de fecha 22/12/2010 se repuso la causa al estado de notificar la sentencia definitiva por medio de edicto a los herederos desconocidos de las partes y por medio de boleta de citación a los herederos conocidos (folio 228 y 229). Por auto de fecha 12/01/2011, se acordó oficiar a la Defensa Pública a los fines de designar un defensor agrario para todas aquellas personas que se crean con derechos sobre el bien inmueble objeto de prescripción (folio 230). En fecha 31/01/2011 el Defensor Público Suplente N° 1 en materia Agraria del estado Táchira aceptó el nombramiento como defensor de todas aquellas personas que se crean con derechos sobre el bien inmueble objeto de la presente causa (folio 238). En fecha 20/05/2013 se fijó en la puerta del tribunal el edicto para los herederos desconocidos de las partes, así como el cartel de citación a los herederos conocidos (folio 249). Por auto de fecha 25/07/2013 y en virtud de la incomparecencia de los herederos conocidos de las partes, se acordó oficiar a la Defensa Pública a los fines de designar el defensor agrario respectivo (folio 250). En fecha 01/08/2013, la Defensa Pública Segunda Agraria aceptó la defensa de los herederos conocidos de la parte actora y en fecha 06/08/2013, la Defensa Pública Primera Agraria acepta la defensa de los herederos conocidos de la parte demandada (folio 252 y 253). No hay más actuaciones por narrar. MOTIVA: Esta instancia agraria al revisar exhaustivamente el presente expediente, encuentra que el mismo versa sobre una acción por Prescripción Adquisitiva , en el cual al transcurrir del tiempo como acción real, asoma una figura llamada “prescripción”, dependiendo si nace una ejecutoria (20 años) o del derecho de hacer uso de la vía ejecutiva (10) años. Al respecto, el artículo 1977 de Código Civil establece: Artículo 1.977: Todas las acciones reales se prescriben por veinte años y las personales por diez, sin que pueda oponerse a la prescripción la falta de título ni de buena fe, y salvo disposición contraria de la Ley. La acción que nace de una ejecutoria se prescribe a los veinte años, y el derecho de hacer uso de la vía ejecutiva se prescribe por diez años. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 7 de marzo de 2002 con Ponencia del Magistrado Jesús E. Cabrera Romero en el expediente Nº 00-1491, dec. Nº 956, respecto del Decaimiento de la acción por falta de interés dejó sentado: “…El artículo 26 constitucional, garantiza el acceso a la justicia, para que las personas puedan hacer valer sus derechos e intereses, y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Tal derecho de acceso a la justicia se logra mediante el ejercicio de la acción, que pone en movimiento a la jurisdicción, la cual no garantiza una sentencia favorable, y que comienza a desarrollarse procesalmente desde que el juez admite o inadmite la demanda, la petición, el escrito o cualquier otra forma de inicio del proceso. El derecho de acceso a la justicia se ejerce al incoar la acción, pero ésta, al igual que el propio derecho de acceso, es analizada por el juez para verificar si se cumplen los requisitos que lo permiten, o la admisibilidad de la acción. Si ésta es inadmisible, el órgano jurisdiccional no tocará el fondo de lo pedido, o denunciado… … A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor… … Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde. Se trata de una situación distinta a la de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción… … Pero la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente (artículo 26 constitucional), como tal derecho de la parte, debe ejercerse… … La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin… … La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido… … No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella sigue vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta… … En los tribunales reposan procesos que tienen más de veinte años en estado de sentencia, ocupando espacio en el archivo, los cuales a veces, contienen medidas preventivas dictadas ad eternum, y un buen día, después de años, se pide la sentencia, lo más probable ante un juez distinto al de la sustanciación, quien así debe separarse de lo que conoce actualmente, y ocuparse de tal juicio. ¿Y es que el accionante no tienen ninguna responsabilidad en esa dilación?... A juicio de esta Sala sí. Por respeto a la majestad de la justicia (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), al menos el accionante (interesado) ha debido instar el fallo o demostrar interés en él, y no lo hizo. Pero, esa inacción no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de transcurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor. No es que la Sala pretenda premiar la pereza o irresponsabilidad de los jueces, ya que contra la inacción de éstos de obrar en los términos legales hay correctivos penales, civiles y disciplinarios, ni es que pretende perjudicar a los usuarios del sistema judicial, sino que ante el signo inequívoco de desinterés procesal por parte del actor, tal elemento de la acción cuya falta se constata, no sólo de autos sino de los libros del archivo del tribunal que prueban el acceso a los expedientes, tiene que producir el efecto en él implícito: la decadencia y extinción de la acción. De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderara el juez para declarar extinguida la acción”. En el caso que nos ocupa, se observa que la misma se encuentra en la fase de ejecución de sentencia, donde a pesar que las partes en la presente causa han fallecido, ninguno de los herederos conocidos, a pesar de las notificaciones realizadas por medio de cartel, no han impulsado tal acción, lo que se traduce que hasta el día de despacho de hoy, han transcurrido un lapso de más de veintiún (21) años, sin que se evidencie en autos Actividad Procesal alguna de la parte interesada. Por lo tanto, en aras de dar cumplimiento a la norma especial sustantiva y al criterio jurisprudencial constitucional, tal como lo señala la Sala, el derecho real que se reclama, sobrepasó el término de ley para la prescripción del objeto de la pretensión (20 años), lo que conlleva a declarar el decaimiento de la acción por falta de interés, tal y como se indicara de manera precisa y positiva de seguidas en el dispositivo del presente fallo, Y ASÍ SE RESUELVE. DISPOSITIVA: En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: Se declara el DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN POR FALTA DE INTERÉS por parte de los herederos conocidos del ciudadano Pedro Maldonado, quien fuera venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V.-1.536.730, como parte demandante para impulsar la ejecución del derecho real a reclamar. SEGUNDO: Se levanta la Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar decretada en fecha 17/05/1993 sobre el bien inmueble objeto de prescripción consistente en un lote de terreno que forma parte del Fundo “Mesa Rica”, también conocido como Fundo Miraflores, ubicado en la Parroquia Pedro María Morantes, Municipio San Cristóbal del estado Táchira, cuyas medidas y linderos son: Partiendo de un mojón de piedras colocado en el sitio de la cuchilla de ventanas se sigue por su filo en dirección Sur hasta encontrar otro mojón de piedras; SUR: de este mojón en dirección al oeste a dar a otro, colocado al pie de un pomarroso, pasando por mojones colocados en el trayecto que separan mejoras que son o fueron de Toribio Gómez; del mojón del pomarroso, también en dirección Oeste, a encontrar una cerca de alambre de púas se sigue por estas, y luego por un callejón hasta encontrar otro mojón de piedras colocado en la orilla de él, colindando en este trayecto con mejoras de Marcos Gómez; OCCIDENTE: de este mojón se sigue hasta el norte en línea recta a otro colocado aproximadamente a cincuenta metros del anterior; de aquí sesgando hacia el Este y en línea recta a otro mojón colocado también a su orilla, separa en parte montañas y la Sucesión Morales, y en parte mejoras de Gabino Maldonado; y NORTE: De aquí en línea recta al Este a encontrar un mojón de piedras colocado a la orilla del camino que conduce a una casa que forma parte de lo vendido. De este punto se cruza una escuadra hacia el Sur; siguiendo por una cerca de alambre de púas a encontrar otro mojón de piedras; de aquí se cruza hacia el Este y se sigue en línea recta, punto de partida pasando en el trayecto por una cerca de alambre de púas y otros mojones de piedras, colindando con éste con mejoras de Gregoria Gómez de Medina y de Israel Valero. Líbrese oficio al Registro Subalterno del Primer Circuito del Municipio San Cristóbal del estado Táchira. Dada la naturaleza de la presente decisión, se hace innecesaria la notificación de las partes. Se ordena el archivo del expediente para su posterior envío al archivo judicial. Publíquese y regístrese, y déjese copia certificada de la decisión. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en la Ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (19/09/2019). Años: 209º de la Independencia y 160° de la Federación. La Juez Provisoria, Abg. Angie Andrea Sandoval Ruiz. La Secretaria, Abg. Lyn Mayte Álvarez Chacón.