TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

JUZGADO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO LOS SALIAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
209º y 160º

I
SÍNTESIS DE LAS ACTUACIONES

Se dio inicio al presente procedimiento en fecha veintidós (22) de enero de dos mil veinte (2020), con ocasión a la solicitud de divorcio presentada por los ciudadanos ANAHIS LISBETH MORENO DE BRAVO y HUMBERTO RAFAEL BRAVO BRAZON, titulares de las cédulas de identidad Nos. V- 12.749.974 y V- 6.953.113, en su orden, estado debidamente asistidos por los abogados ARACELIS ZAMBRANO y NESTOR PERDOMO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 91.962 y 213.947, respectivamente.
Es el caso que, los cónyuges manifestaron que contrajeron matrimonio civil en fecha primero (01) de julio de dos mil cinco (2005), ante el Registro Civil del Municipio Los Salias del Estado Bolivariano de Miranda, según se desprende de acta de matrimonio N°079, Folio No. 79, Tomo I, del año 2005; la cual fue consignada en copia certificada junto a la solicitud. Así mismo, los cónyuges señalaron que establecieron su último domicilio en la siguiente dirección, Parque Residencial San Antonio, Edificio Caicara, Piso 06, Apartamento 6D, San Antonio de Los Altos, Jurisdicción del Municipio Los Salias del Estado Miranda, siendo éste su último domicilio conyugal; que en la unión matrimonial procrearon una (01) hija, mayor de edad, cuyo nombre es MARIA FERNANDA BRAVO MORENO, durante el matrimonio adquirieron bienes patrimoniales; que la convivencia en común fue interrumpida desde hace muchos años; que por diversas desavenencias e inconvenientes causados por diferentes opiniones, caracteres y criterios que produjeron el quebrantamiento de la relación afectiva; y que por tales razones, de mutuo acuerdo convinieron en solicitar la disolución del vínculo conyugal a tenor de lo establecido en sentencias vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nos. 12-1163 de fecha dos (2) de junio de dos mil quince (2015) y 1070 de fecha nueve (9) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), en concordancia con la sentencia No. 136 de la Sala de Casación Civil, dictada en fecha treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).
Por auto de fecha veintisiete (27) de enero de dos mil veinte (2020), este tribunal admitió la solicitud presentada y ordenó la notificación de la representación del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a fin de que actuara como parte de buena fe, librándose la boleta correspondiente.
En fecha veintinueve (29) de enero, compareció el ciudadano HUMBERTO RAFAEL BRAVO BRAZON, titular de la cédula de identidad No. V- 6.953.113, debidamente asistido de abogado, y procediendo a consignar los fotostatos requeridos para expedir las copias certificadas necesarias para adjuntarlas a la boleta del fiscal del Ministerio Público.
Por auto de fecha cuatro (04) de febrero de dos mil veinte (2020), se ordenó la certificación de los fotostatos para ser agregados a la boleta de notificación de la fiscal del Ministerio Público.
Mediante diligencia de fecha siete (07) de febrero de dos mil veinte (2020), el alguacil titular de este tribunal, consignó diligencia dejando constancia de haber practicado la notificación del fiscal del Ministerio Público, consignando un ejemplar de la respectiva boleta firmada y sellada.
En fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil veinte (2020), compareció ante este juzgado la abogada BONIMAR CARRIÓN SOSA, en su carácter de Fiscal Provisoria Décima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, y consignó diligencia mediante la cual manifestó no tener objeción alguna al presente procedimiento.
Ahora bien, siendo la oportunidad para dictar sentencia, este tribunal procede a hacerlo en los términos que se expondrán a continuación.

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Previo al pronunciamiento que corresponde, es necesario precisar que la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha dos (2) de junio de dos mil quince (2015), invocada por los solicitantes, arribó a las conclusiones siguientes: 1) la declaratoria de ampliación de las causales del divorcio litigioso contenido en el artículo 185 del Código Civil, pudiendo los cónyuges plantear cualquier otra circunstancia que obstaculice su vida marital; 2) distingue y recalca el avance legislativo respecto a la competencia atribuida a los juzgados de paz para declarar el divorcio por mutuo consentimiento de los cónyuges, sin mayor trámite; 3) ordena a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes permitir el tramitar conforme al procedimiento de jurisdicción voluntaria, previsto en los artículos 511 y siguientes de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, las solicitudes de divorcio de mutuo consentimiento que presenten ambos cónyuges; y 4) exhorta al poder legislativo nacional a emprender una revisión de la regulación vigente a los fines de sistematizar los criterios jurisprudenciales dictados.
Ergo, de dicha decisión no se colige la aplicación de este procedimiento a los Juzgados de Municipio Ordinario y Ejecutores de Medidas; sin embargo, en fecha posterior, esto es dieciocho (18) de diciembre de dos mil quince (2015), la nombrada Sala dispuso que “no obstante, se observa que a los fines de la aplicación de la norma especial, en aquellas comunidades donde no se hayan constituido los jueces y juezas de paz comunal, serán los jueces y juezas de Municipio competentes en los territorios que se correspondan con el domicilio conyugal los que ejecuten esa competencia, a tenor de la atribución de competencia que realiza el artículo 3 de la ya citada Resolución de la Sala Plena No. 2009-006, visto el carácter no contencioso de estas solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento”, ordenando la publicación del dispositivo del fallo en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela con la siguiente mención en su sumario: “sentencia de la Sala Constitucional que reconoce la competencia de los Tribunales de Municipio, en aquellas Circunscripciones Judiciales donde no existan Jueces y Juezas de Paz Comunal, para conocer y decidir solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal”.
En razón de lo expuesto, resulta competente este órgano jurisdiccional para dar trámite a un procedimiento que, en su contenido, no va dirigido a los integrantes del poder judicial, aunque sí al sistema de justicia, y por una ley especial que no rige a los jueces ordinarios de Municipio como lo es la Ley Orgánica de Justicia de Paz. No obstante como el indicado fallo es de carácter vinculante este tribunal lo acata, procediendo al efecto a resolver el fondo del asunto sometido a su conocimiento.
Así las cosas, observa esta juzgadora que las presentes actuaciones versan sobre un procedimiento no contencioso de jurisdicción voluntaria, donde ambos cónyuges solicitantes admiten el hecho de la separación, por lo que acuden a este órgano jurisdiccional a fin de solicitar que se decrete su divorcio, aduciendo que no es necesario esperar el tiempo requerido en el artículo 185-A del Código Civil, el cual dispone que: “cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común”.
Siendo que representación fiscal quedó debidamente notificada, compareció en la debida oportunidad manifestando no tener objeción que formular, encuentra esta juzgadora que la solicitud que encabeza las presentes actuaciones debe prosperar en derecho, más aun, cuando de la lectura del numeral 8, artículo 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, aplicable por mandato de la sentencia de marras, dispone:

“Los jueces y juezas de paz son competentes para conocer:
8. Declarar, sin procedimiento previo y en presencia de la pareja, el divorcio o la disolución de las uniones estables de hecho cuando sea por mutuo consentimiento; los solicitantes se encuentren domiciliados en el ámbito local territorial del juez o jueza de paz comunal; y no se hayan procreado hijos o de haberlos, no sean menores de 18 años a la fecha de la solicitud”.

En consecuencia, deberá ser declarada con lugar la presente solicitud de divorcio en el dispositivo del fallo.- Así se decide.

III
DECISIÓN

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la solicitud de divorcio presentada por los ciudadanos ANAHIS LISBETH MORENO DE BRAVO y HUMBERTO RAFAEL BRAVO BRAZON, titulares de las cédulas de identidad Nos. V- 12.749.974 y V- 6.953.113, en su orden, con fundamento en lo previsto en el artículo 185 del Código Civil, en concordancia en las sentencias vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nos. 12-1163 de fecha dos (2) de junio de dos mil quince (2015) y 1070 de fecha nueve (9) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), y la sentencia No. 136 de la Sala de Casación Civil, dictada en fecha treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017), y en consecuencia se declara DISUELTO el vínculo conyugal que unía a los prenombrados, contraído en fecha primero (01) de julio de dos mil cinco (2005), ante el Registro Civil del Municipio Los Salias del Estado Bolivariano de Miranda, según se desprende de acta de matrimonio N°079, Folio No. 79, Tomo I, del año 2005.
Notifíquese mediante oficio a las autoridades competentes, con inclusión de las copias de la presente decisión, previa su certificación por la secretaría de este despacho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil, una vez que la misma quede firme.
Publíquese, regístrese, ejecútese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en San Antonio de Los Altos, a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020). Años 209º de la Independencia y 160º de la Federación.
LA JUEZ,

ADRIANA GONCALVES RODRIGUES.
LA SECRETARIA TITULAR,

NUVIA BAUTISTA.
NOTA: Se deja constancia que en esta misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las doce meridiam (12:00 m.).
LA SECRETARIA TITULAR,

NUVIA BAUTISTA
AGR/Nuvia
Expediente Nº S-2020-008