TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

JUZGADO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO LOS SALIAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
210º y 162º

PARTE ACTORA: Sociedad mercantil ADMINISTRADORA CALIKER, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 24 de febrero de 1995, bajo el No. 59, tomo 67-A-Sgdo.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Abogados en ejercicio MANUEL ORTIZ, JESUS ENRIQUE APONTE y LUIS LOPEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 139.749, 21.986 y 103.572, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: Ciudadanos NILTON FERNANDEZ GONCALVEZ y RICHARD LEONARDO ZAMBRANO CHACON, titulares de las cédulas de identidad Nos. E-987.782 y V-9.957.659, respectivamente.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene apoderado judicial constituido en autos.

MOTIVO: DESALOJO (PERENCIÓN DE LA INSTANCIA).

EXPEDIENTE Nº: E-2019-003.

I
En fecha 16 de enero de 2019, el abogado en ejercicio JESUS APONTE, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil ADMINISTRADORA CALIKER, C.A., procedió a demandar a los ciudadanos NILTON FERNANDEZ GONCALVEZ y RICHARD LEONARDO ZAMBRANO CHACON, por concepto de DESALOJO; todos ampliamente identificados en autos.
Mediante auto dictado en fecha 21 de enero de 2019, este tribunal admitió la demanda y ordenó la citación de la parte demandada, para que compareciera dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de haberse practicado la citación, a contestar la acción intentada en su contra.
Ante la imposibilidad de practicar la citación personal de la parte demandada, y previa solicitud de la representación judicial de la parte actora, la cual fue efectuada mediante diligencia de fecha 15 de octubre de 2019, se acordó practicar la citación por carteles, esto es, mediante auto proferido en fecha 21 de octubre del mismo año.
Es el caso que, en fecha 15 de marzo de 2021, el apoderado judicial de la parte demandada mediante diligencia retiró los carteles librados; los cuales posteriormente consignó en fecha 28 de abril de 2021.
Mediante auto de fecha 26 de julio de 2021, previa solicitud de la parte actora, se designó defensor judicial a la parte demandada.

II
Partiendo de las actas que conforman el presente expediente, quien aquí suscribe verifica que desde que este tribunal acordó practicar la citación de la parte demandada mediante carteles, esto es, mediante auto de fecha 21 de octubre de 2019, hasta la fecha en que la representación judicial de la parte demandada procedió a retirar los carteles librados, ello mediante diligencia de fecha 15 de marzo de 2021, transcurrió más de un año sin que la parte accionante hiciera alguna actividad procesal; motivo por el cual puede afirmarse que tal conducta se enmarca en el contexto del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, de cuyo contenido se desprende textualmente lo siguiente:

Artículo 267.- “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
2° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
3° Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.” (Negrillas añadidas).

Ahora bien, conforme al texto de la disposición legal precedentemente invocada, tres son las modalidades de la perención de la instancia, a saber: PERENCIÓN GENÉRICA, ordinaria por mera inactividad o inactividad genérica, que es aquella que opera por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto procedimental por las partes; PERENCIÓN POR INACTIVIDAD CITATORIA, que se produce por el incumplimiento del actor de sus obligaciones para que sea practicada la citación del demandado; y PERENCIÓN POR IRREASUNCIÓN DE LA LITIS, que es aquella que se produce cuando los interesados no gestionan la continuación del juicio, ni dan cumplimiento a las obligaciones que le impone la Ley para proseguirla.
De allí que, “(…) el fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso elemento subjetivo y de otro, el interés público de evitar la presencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargos innecesarios. (…) Después de un período de inactividad procesal prolongado, el Estado entiende liberar a sus propios órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal (…)”. (Cfr. CHIOVENDA, JOSÉ: Principios del Derecho Procesal, II p. 428).
Así pues, puede afirmarse que la perención es una institución procesal a tenor de la cual opera la extinción de la instancia por la inactividad de las partes dentro del proceso durante un lapso establecido por el Legislador, ello en virtud que al Estado no le interesa mantener indefinidamente los juicios, pues tal circunstancia perturbaría la paz social, jurídica y económica de la colectividad; en otras palabras, la perención constituye un elemento práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes, pues aun cuando la demanda es la ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto, debido a que la función pública del proceso exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente hasta su meta natural, que es la sentencia.
Aclarado lo anterior, y adentrándonos a las circunstancias propias del caso de marras, esta sentenciadora considera que al no existir impulso de los contenedores dirigido a movilizar y mantener en curso el proceso, evitando con ello su eventual paralización durante un lapso mayor de un año, conforme a lo dispuesto en la citada norma, en concordancia con el dispositivo contenido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, que estipula que la perención se verifica de pleno derecho y tiene carácter irrenunciable; debe por vía de consecuencia declararse en el presente juicio la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, tal como se dejará sentado en el dispositivo del presente fallo.- Así se decide.

III
Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, declara consumada la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y EXTINGUIDO EL PROCESO que interpusiera el abogado en ejercicio JESUS APONTE, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil ADMINISTRADORA CALIKER, C.A., en contra de los ciudadanos NILTON FERNANDEZ GONCALVEZ y RICHARD LEONARDO ZAMBRANO CHACON, por concepto de DESALOJO; todos ampliamente identificados en autos.
Dada la naturaleza de la decisión no hay condenatoria en costas.
Notifíquese a la parte actora haciendo uso de los medios telemáticos de comunicación, esto es, a través de correo electrónico.
Déjese copia certificada de la presente decisión conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, en Los Teques, a los siete (7) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Años: 210º de la Independencia y 162º de la Federación.
LA JUEZ,

ADRIANA GONCALVES RODRIGUES. LA SECRETARIA TITULAR,

NUVIA BAUTISTA.
NOTA: en la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las nueve de la mañana (09:00 a.m.).

LA SECRETARIA,