TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE
SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
CON SEDE EN CHARALLAVE
AÑOS 211º y 162º

Nro. DE EXPEDIENTE: 4774-18
PARTE ACTORA: Ciudadanos ALBERTO ANTONIO MARTÍNEZ, JOSÉ ALFREDO SILVA Y OSCAR VILLANUEVA MOLINA, venezolanos, titulares de la cédula de identidad Nº V-8.765.904, V-6.418.085, V-10.070.635, respectivamente.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abogado GABRIEL ESPINOZA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº157.117.
PARTE DEMANDADA: “INVERSIONES GISMICAR 08, C.A”
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA : NO CONSTITUYERON APODERADOS JUDICIALES EN AUTOS.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

- I -
ANTECEDENTES PROCESALES
Se evidencia de las actas procesales que conforman el presente expediente que en fecha 31/05/2018, fue recibida la presente demanda por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Sede Judicial, constante de Veintiún (21) folios útiles, con motivo de la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, interpuesta por el abogado GABRIEL ESPINOZA inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 157.117, actuando en su condición de apoderado Judicial de los ciudadanos ALBERTO ANTONIO MARTÍNEZ, JOSÉ ALFREDO SILVA Y OSCAR VILLANUEVA MOLINA, titulares de la cedula de identidad Nro. V-8.765.904, V-6.418.085 y V-10.070.635, respectivamente, contra la entidad de trabajo “INVERSIONES GISMICAR 08, C.A.”
En fecha 01/06/2018, fue recibida ante la Secretaría de este Juzgado Expediente N°4774-18 contentivo de demanda interpuesta por el Abogado GABRIEL ESPINOZA, por concepto de PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES.
En fecha 01/06/2018, este juzgado dictó auto mediante el cual se dio por recibida la demanda; en esa misma fecha se suscribió Acta de Inhibición por el Abogado YIMMYS A. GONZÁLEZ V., en su carácter de Juez, por motivo de amistad con el ciudadano CARLOS ROLANDO ABRU GONZÁLEZ, quien es presidente de la empresa demandada. En esta misma fecha, este Tribunal ordenó la apertura del CUADERNO DE INHIBICIÓN.
En fecha 11/06/2018, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial del Trabajo, realizó la distribución del Cuaderno de Inhibición, según acta Nro. 016.18, resultando competente el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de esta misma Circunscripción Judicial con sede en Guarenas.
En fecha 10/01/2019, fue recibida por ante la Secretaría de este Juzgado, Oficio Nro. J.S.2°3915-2018 de fecha 24/09/2018, proveniente de Juzgado Superior Segundo del trabajo de esta misma circunscripción judicial, mediante el cual remite Cuaderno de inhibición signado con el número T-2°-18-1485 con motivo de la Inhibición planteada por quien presidia este Juzgado Abg. YIMMYS GONZÁLEZ. En esta misma fecha este Juzgado ordenó la remisión del presente expediente contentivo de una pieza y un cuaderno de inhibición, a la Coordinación Laboral de esta sede, a los fines legales consiguientes.
En fecha 16/01/2019, se dicta auto mediante el cual se recibe Oficio N° CLCH-05-19 de fecha 16/01/2019, amando de la Coordinación del Trabajo de esta misma Circunscripción y sede, el cual remite expediente contentivo de una pieza y un cuaderno de inhibición; asimismo, quien preside este Juzgado Abogado Amado Junior Aponte Paz, en su condición de Juez, se abocó al conocimiento de la presente causa a los fines de su prosecución y librando notificación al respecto, de igual forma se ordenó enviar Exhorto a la Unidad de Recepción y Distribución de Documento del Trabajo de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas, a los fines de que practique la notificación de la parte demandante.
En fecha 01/02/2019, comparece ante la Secretaria de este Juzgado el ciudadano HENRY SOLÓRZANO, alguacil adscrito a este tribunal y consigna Oficio N° 001/19 dirigido a al Coordinador de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D), del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, con efecto de firmas.
En fecha 19/06/2019, se dicta auto mediante el cual se ordena agregar las resultas provenientes del Tribunal Vigésimo Noveno (29) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, con efecto de firmas.
En fecha 27/06/2019, se dictó auto mediante el cual se admite la demanda, y se ordena emplazar mediante cartel de notificación a la entidad de trabajo INVERSIONES GISMICAR 08, C.A. En esta misma fecha este Juzgado ordenó abrir Cuaderno de Medidas.
En fecha 29/07/2019, comparece ante este Juzgado el ciudadano JORGE LUIS PIÑATE ROMERO, en su carácter de alguacil adscrito a este Tribunal y consigna sin efecto de firma tres ejemplares del cartel de notificación.
-II-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En atención a la falta de impulso e interés procesal denotan las actuaciones que constan en autos, corresponde a este Juzgado, analizar el escenario legal de la causa, dada su larga inercia en la actividad procesal; así es menester precisar que la presente causa se encuentra en fase de sustanciación, sin que se haya dado trámite o impulso procesal por ambas partes.
De esta manera, una vez revisadas la situación de hecho aquí planteada, advierte este Juzgado que tal inactividad no debe ser perpetua, en cuyo sentido es pertinente acotar que la apatía e inercia de las partes en el proceso –falta de impulso o inactividad procesal-, puede acarrear como consecuencia “sanción” la conclusión del mismo, por no instar el procedimiento.
En ese sentido es importante señalar lo que la doctrina a determinado como perención de la instancia, al respecto, el autor Ricardo Henríquez La Roche, en su obra Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 323 y siguientes, señala:
“…un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos sino por omisión de las partes. Perención (de perimire, destruir) de la instancia es la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el que no se realizan actos de impulso procesal alguno.”
Asimismo, el jurista italiano Giuseppe Chiovenda, lo define la perención en los siguientes términos:
“El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos motivos distintos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo); y de otro, el interés público de evitar la disputa indefinida de los procesos. Después de un período de inactividad procesal prolongado, el Estado entiende liberar a sus propios órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal.”
Al respecto, la norma contenida en el artículo 201 de la ley adjetiva que regula la materia laboral dispone:
“Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. (…).” (Subrayado y negrita de este Juzgado)
Del criterio doctrinario citado y de la norma en referencia, se desprende que aquellas causas en las cuales se alcanza la inactividad procesal prolongada por el transcurso de un (01) año, se extingue la instancia, en virtud de no haberse dado ningún acto tendente a impulsar el proceso.
Con relación a esta figura procesal la Sala de Casación Social del Máximo Tribunal de la República en sentencia N° 334 del 24 de abril de 2018, (caso: Pedro Nicolás Lacle Flores y Tarsicio Antonio Hernández Salcedo contra las sociedades mercantiles Apoyoman E.T.T., C.A., Construcciones y Mantenimientos D.H., C.A. y Petrolera Ameriven, C.A. [ahora PETROPIAR, S.A.]), señaló:
“Adicionalmente, este Máximo Tribunal en reiteradas oportunidades ha expresado que la perención de la instancia, constituye una “sanción” a la inactividad de las partes y puede declararse de oficio una vez verificado el supuesto que la permite. Se trata de un modo anómalo de terminación del proceso, en el sentido de que el pronunciamiento dictado por el operador de justicia que declare la perención, no produce cosa juzgada material, pudiendo el accionante interponer nuevamente la acción en similares términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal previsto a tales fines.
Se constituye entonces el referido instituto procesal como un mecanismo legal diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales.” (Subrayado y negrita de este Juzgado)
Conforme a dicha posición, este Juzgado reitera que al no constar en el expediente que el interesado haya dado impulso procesal alguno a la presente causa, encontrándose la causa inerte o inactiva, a juicio de este sentenciador la conducta se subsume en el supuesto de hecho contenido en la norma del artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, referente a la extinción de la relación procesal, denominada PERENCIÓN, siendo un modo de extinguir la instancia cuando se produce el transcurso de un lapso mayor de un (1) año sin que las partes realizaran ningún tipo de actividad procesal, para obtener su pretensión constituyendo ésta inactividad la base para que el legislador establezca una forma o modo de dejar sin efecto el proceso con todas sus consecuencias. ASÍ SE DEJA ESTABLECIDO.
En este orden de ideas, resulta pertinente para este juzgado observar que: (i) constituye un hecho público notorio y comunicacional que el territorio nacional se encuentra bajo los riesgos relacionados con la pandemia del coronavirus COVID-19; (ii) son patentes los esfuerzos realizados por el Ejecutivo Nacional para mantener el funcionamiento de los servicios esenciales de la población en estas circunstancias excepcionales, con diversas medias, tales como la implementación una cuarentena estricta con el objeto de detener la ola de contagios por coronavirus, desde el 16 de marzo de 2020, para luego a partir del mes de junio de 2020, pasar a un esquema de flexibilización y restricciones por Estados directamente relacionado con las cifras de contagio; (iii) imperó en Venezuela el esquema denominado 7+7, el cual consistió en mantener 7 días de cuarentena estricta con restricciones de movilidad con el objeto de aplanar la curva de contagios y 7 días de flexibilización con el objeto de ir reactivando paulatinamente la economía del país; (iv) en fecha 05/10/2020 la jurisdicción laboral se incorporó al esquema 7+7; (v) desde el día 01/11/2021 se produce la actividad continua en la jurisdicción laboral; (v) este juzgado no se ha mantenido ajeno a tales circunstancias y en virtud de ello ha tenido en cuenta las restricciones de movilidad que se han generado por la pandemia del Coronavirus COVID-19. ASÍ SE ESTABLECE.

En virtud de lo anterior, siendo que para la fecha de emisión del presente fallo (10/11/2021) exclusive, ha transcurrido en exceso el lapso de un (1) año de inactividad procesal, toda vez que no consta actuación alguna con posterioridad a la inactividad del procedimiento ocurrido en fecha 31/05/2018;-excluyendo el lapso transcurrido desde el 16/03/2020 al 04/10/2020 [seis (06) meses y veinte (20) días- vale decir dos (02) año, diez (10) meses y diecinueve (19) días, por lo que este Juzgado considera que opera de pleno derecho la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA a tenor del contenido de la norma del artículo 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo cual será declarado seguidamente en la parte dispositiva de la presente decisión. Y ASÍ SE DECIDE.
- III-
DISPOSITIVO
En base a todas las consideraciones y razonamientos de hecho y de derecho, este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, CON SEDE EN CHARALLAVE, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por AUTORIDAD DE LA LEY declara: Primero: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, y como consecuencia de ello extinguido el proceso, en la demanda incoada por el Abogado GABRIEL ESPINOZA inscrito en el Inpreabogado bajo el número 157.117, en su carácter de Apoderado Judicial de los ciudadanos ALBERTO ANTONIO MARTÍNEZ, JOSÉ ALFREDO SILVA Y OSCAR VILLANUEVA MOLINA, titulares de la cedulas de identidad N° V-8.765.904, V-6.418.085 y V-10.070.635, respectivamente, contra las entidad de trabajo INVERSIONES GISMICAR 08, C.A. Segundo: No hay condenatoria en costas dada la especial naturaleza del presente fallo.
Asimismo, se le advierte a la parte accionante que podrá ejercer el derecho a apelar contra la presente decisión, por ante este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en la Ciudad de Charallave, dentro de los cinco (05) días hábiles, contados a partir de la presente fecha exclusive, a los fines de que conozca de dicha apelación el Tribunal Superior del Trabajo.
Dando cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, se ordena dejar copia certificada de la presente sentencia en el Archivo del Tribunal.
SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE DECISIÓN EN LA PAGINA WEB DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN EL SITE DENOMINADO REGIÓN MIRANDA.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en la Ciudad de Charallave, a los Diez(10) días del mes de Noviembre de dos mil veintiuno (2021).

Abg. AMADO JUNIOR APONTE PAZ.
EL JUEZ

Abg. LUZ MORENO
LA SECRETARIA

NOTA: En esta misma fecha, siendo las diez y quince (10:15 a.m), se dictó y publicó la presente decisión.

LA SECRETARIA

AJAP/LM/jv
Exp. N° 4774-18
Pieza I