TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS GUAICAIPURO y CARRIZAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

-I-
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.-

EXPEDIENTE: Nro. 2021-10326.

PARTE SOLICITANTE: MARIA DEL CARMEN FERREIRA ANTUNES venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nº. V- 6.156.892.

PARTE DEMANDADA: JUAN CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nº V- 10.440.715.

ABOGADO ASISTENTE DE LA SOLICITANTE: JHOANNY HERRERA, venezolana, mayor de edad, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 188.531.

MOTIVO: DIVORCIO (Artículo 185 del Código Civil, concatenado de la sentencia Nº 693).

SENTENCIA: Definitiva.

-II-
PLATEAMIENTO DE LA LITIS:

Se inicia el presente proceso mediante solicitud recibida ante este Tribunal por medio del sistema de distribución en fecha 12 de abril de 2021, correspondiéndole conocer de la causa previo sorteo, la cual fue presentada por la ciudadana JHOANNY HERRERA, venezolana, mayor de edad, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 188.531 en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana MARIA DEL CARMEN FERREIRA ANTUNES venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nº. V- 6.156.892, alega en su solicitud de divorcio lo siguiente: Que contrajeron Matrimonio Civil, por ante la Primera Autoridad Civil del Municipio Autónomo de Baruta, del Estado bolivariano de Miranda, en fecha 16 de Abril del 1993, según consta del contenido de la copia certificada del acta de matrimonio inserta bajo el Acta N° 205, del libro de matrimonio del año 1993 llevado por ese organismo. Durante su unión conyugal procrearon 2 hijos ya mayores de edad, adquirimos bienes en común los cuales se partirán en el momento correspondiente, y su último domicilio conyugal lo fijaron en la Calle Flores abajo, Casa 319, Pan de Azúcar jurisdicción del Municipio Carrizal del estado Bolivariano de Miranda. Que a pesar de que en principio disfrutaron de una unión en perfecta armonía, su matrimonio no pudo llegar a feliz término, en virtud de que surgieron desavenencias que hicieron imposible su vida en común, sin que exista en la actualidad entre ellos cohabitación de ningún tipo ni posibilidad de conciliación por lo que solicita se declare el divorcio de conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Código Civil, en atención a lo dispuesto en la sentencia Nº 446/2014 de fecha 02 de Junio de 2015, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
En fecha 12 de Abril de 2021, comparece por ante este Tribunal la ciudadana JHOANNY HERRERA, venezolana, mayor de edad, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 188.531 en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana MARIA DEL CARMEN FERREIRA ANTUNES venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nº. V- 6.156.892, mediante la cual consigno la presente solicitud de divorcio y los recaudos necesarios para la tramitación de la misma.
En fecha 13 de Abril 2021, vistos los recaudos necesarios, el Tribunal ADMITIO la solicitud, ordenándose la boleta de citación al ciudadano JUAN CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nº V- 10.440.715, asimismo de ordeno la boleta de Notificación de la Fiscal Undécima del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial mediante Boleta, a fin de que actuara en el procedimiento como parte de buena fe, dentro del plazo de diez (10) días de despacho siguientes a su Notificación que conste en autos.
En fecha 08 de Junio de 2021, comparece ante este Tribunal el ciudadano ORMIDAZ MENDOZA, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº V-13.790.465, en su carácter de Alguacil Titular del mismo, quien expone; En fechas 26-05-2021 a las 11:45 a.m, en fecha 27-05-2021 a las 2:25 p.m y en fecha 07-06-2021 a las 2:40 p.m se traslado a la siguiente dirección: Calle Flores Abajo, Casa 319, Pan de Azucar, Los Teques, Municipio Guaicaipuro, del estado Bolivariano de Miranda, a fin de practicar la Boleta de Citación al ciudadano JUAN CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ, durante repetidos días, se entrevisto con conocidos de la zona que afirmaron que el ciudadano no frecuentaba mucho por ese sitio y por este motivo consigno la boleta de Citación sin firma de el ciudadano JUAN CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nº V- 10.440.715.
En fecha 21 de Junio de 2021, comparece por ante este Tribunal la ciudadana JHOANNY HERRERA, venezolana, mayor de edad, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 188.531 en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana MARIA DEL CARMEN FERREIRA ANTUNES venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nº. V- 6.156.892, mediante la cual solicito la citación por carteles del ciudadano JUAN CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nº V- 10.440.715, en vista de que el Alguacil no pudo realizar la citación personal, como consta en la diligencia del alguacil de fecha 08 de Junio de 2021.
En fecha 21 de Junio de 2021, Vista la diligencia de esa misma fecha, este Tribunal dicto auto ordenado la citación por carteles del ciudadano JUAN CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nº V- 10.440.715, de conformidad con lo establecido con el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 08 de Julio de 2021, comparece por ante este Tribunal la ciudadana JHOANNY HERRERA, venezolana, mayor de edad, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 188.531 en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana MARIA DEL CARMEN FERREIRA ANTUNES venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nº. V- 6.156.892, dejando constancia del retiro del cartel emitido por este Juzgado.
En fecha 02 de Agosto de 2021, comparece por ante este Tribunal la ciudadana JHOANNY HERRERA, venezolana, mayor de edad, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 188.531 en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana MARIA DEL CARMEN FERREIRA ANTUNES venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nº. V- 6.156.892, consignando diligencia mediante la cual solicita el cambio de prensa designada para la publicación del cartel de citación en virtud de que la establecida no realiza impresión física y publica en diario cada 8 días.
En fecha 02 de Agosto de 2021, Vista la diligencia de esa misma fecha, este Tribunal dicto auto dejando sin efecto el cartel emitido en fecha 21 de Junio de 2021 en su lugar se ordeno librar y publicar un nuevo cartel en el diario CORREO DEL ORINOCO, de conformidad con lo establecido con el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 02 de Agosto de 2021, el Tribunal libra Cartel de Emplazamiento al ciudadano JUAN CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ, ya antes identificado.
En fecha 04 de Agosto de 2021, comparece por ante este Tribunal la ciudadana JHOANNY HERRERA, venezolana, mayor de edad, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 188.531 en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana MARIA DEL CARMEN FERREIRA ANTUNES venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nº. V- 6.156.892, dejando constancia del retiro del cartel emitido por este Juzgado.
En fecha 02 de Septiembre de 2021, comparece por ante este Tribunal la ciudadana JHOANNY HERRERA, venezolana, mayor de edad, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 188.531 en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana MARIA DEL CARMEN FERREIRA ANTUNES venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nº. V- 6.156.892, mediante planilla de recepción de documentos, en la cual consignó las publicaciones estampadas en los diarios pertinentes para la prosecución del proceso.
En fecha 03 de Septiembre de 2021, Vista la diligencia de fecha 02 de Septiembre de 2021, este Tribunal dicto auto acordando agregar a los autos la publicación en la prensa CORREO DEL ORINOCO, el cartel de emplazamiento de fecha 21 de Junio de 2021.
En fecha 15 de Septiembre de 2021, comparece por ante este Tribunal la ciudadana JHOANNY HERRERA, venezolana, mayor de edad, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 188.531 en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana MARIA DEL CARMEN FERREIRA ANTUNES venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nº. V- 6.156.892, mediante la cual solicita el traslado de la ciudadana Secretaria para que proceda a la fijación del cartel de citación.
En fecha 29 de Septiembre de 2021, la Secretaria consignó diligencia mediante diligencia dejando constancia que el día 28 de septiembre procedió a fijar el cartel de citación del ciudadano JUAN CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nº V- 10.440.715.
En fecha 14 de Octubre de 2021, comparece ante este Tribunal el ciudadano ORMIDAZ MENDOZA, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº V-13.790.465, en su carácter de Alguacil Titular del mismo, quien expone: En fecha 14-10-2021 a las 8:42 a.m se traslado a la dirección; Fiscalía del Ministerio Publico, ubicada en Calle Miquilen de la Ciudad de Los Teques, Municipio Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda, motivo por el cual consignó Boleta de Notificación sellada y firmada por la Fiscal Undécima del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial.

-III-
MOTIVA
EL TRIBUNAL PARA DECIDIR OBSERVA:

Se observa en actas, que el objeto de la pretensión de los solicitantes lo constituye la extinción del vínculo conyugal que les une, peticionado de mutuo consentimiento a través del divorcio, figura jurídica llamada a disolver. En efecto el artículo 184 del Código Civil, establece que todo matrimonio válido se disuelve por muerte de uno de los cónyuges y por divorcio, pudiendo verificarse por la vía amistosa, graciosa o voluntaria cuando exista acuerdo entre los cónyuges, o en su defecto por la vía contenciosa. Sobre el tema de las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil Venezolano, y en las cuales debe estar fundamentada toda acción de divorcio, a tenor del artículo 755 del Código de Procedimiento Civil, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante Sentencia N° 693 del 02 de Junio de 2015, realizó una interpretación con carácter vinculante del artículo 185 del Código Civil Venezolano, estableciendo que las causales de divorcio contenidas en ese artículo no son taxativas y por ende los cónyuges podrán demandar el divorcio bien con arreglo a las causales previstas en ese artículo o cualquier otra razón que estimen, impida la continuación de la vida en común, incluyéndose el mutuo consentimiento, tal y como fue expuesto en la Sentencia de esa Sala N° 446-2014. Al respecto, afirmó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Venezolano que: “(…) Es indiscutible para esta Sala Constitucional que quien se une en matrimonio aspira y se compromete a las obligaciones que de tal institución derivan, definidas en el encabezamiento del artículo 137 del Código Civil cuando establece que: Con el matrimonio el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes. Del matrimonio deriva la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Asimismo, es indudable que el cónyuge, aun habiéndose comprometido moral y jurídicamente a esa relación, puede con posterioridad y debido a innumerables razones sobrevenidas estar interesado en poner fin al matrimonio. Ese interés debe traducirse en un interés jurídico procesal, de acudir a los órganos jurisdiccionales e incoar una demanda donde pueda obtener una sentencia que ponga fin al vínculo conyugal. Desde luego que esa posibilidad no está negada y el ordenamiento jurídico ofrece como mecanismo la demanda de divorcio, empero cuando se limita éste de manera irrestricta a una tipificación que en la actualidad luce sumamente estrecha, nos encontramos frente a un vacio, que hace nugatorio el núcleo central del derecho por lo menos en lo que al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva se refiere, específicamente a obtener una sentencia judicial favorable que tutele la libertad del individuo de decidir un importante aspecto de su vida, a través del divorcio, frente a una regulación pre constitucional escasa, incapaz de satisfacer las expectativas creadas frente a las vicisitudes de la vida y las nuevas tendencias sociales. De la tangibilidad de estos derechos debe concluirse que la previsión del artículo 185 del Código Civil, que establece una limitación al número de las causales para demandar el divorcio, deviene insostenible de cara al ejercicio de los derechos constitucionales ya comentados devenidos de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto es el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y a obtener una tutela judicial efectiva. Es decir, que en la actualidad resulta vetusto e irreconciliable con el ordenamiento constitucional, el mantenimiento de un numerus clausus de las causales válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los derechos fundamentales del ciudadano al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva. Ahora bien, vista las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional realiza una interpretación constitucionalizante de artículo 185 del Código Civil, y declara, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446-2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento (…)”.
La Sala entonces procedió en relación con el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a indicar que el mismo “protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento,” expresión esta última que indicó, no existía en la Constitución de 1961. De esa expresión la Sala Constitucional dedujo que: “(…) el matrimonio solo puede ser entendido como institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges, como una expresión de su libre voluntad y, en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, pero igualmente – por interpretación lógica – nadie puede estar obligado a permanecer casado, derecho que tienen por igual ambos cónyuges (…) para el derecho venezolano, el cese de la vida en común por voluntad de ambos o de uno de los cónyuges es una causal de divorcio, de igual entidad en todos los anteriores supuestos, ya que en la actualidad se adapta a la previsión del artículo 77 constitucional, según el cual el matrimonio se fundamenta en el libre consentimiento (…)”.
Plantea igualmente el fallo in comento, que al día de hoy la refundación institucional propuesta en la vigente Constitución de 1999, conduce a una revisión de las instituciones preconstitucionales incluyendo el divorcio como fórmula de solucionar las desavenencias insalvables de la pareja unida en matrimonio. Resulta preciso considerar, que de acuerdo a la Sala Constitucional, la pretensión de divorcio planteada por un ciudadano, supone el ejercicio simultáneo de otros derechos y garantías constitucionales, como lo son: el libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, entendida este última como el derecho que tiene el justiciable de activar el órgano jurisdiccional a los fines de obtener un pronunciamiento exhaustivo sobre sus pretensiones, expresión de la garantía de acceso a la justicia, y que es novedad del vigente texto Constitucional, al estipularlo como derecho autónomo en el artículo 26 de la Carta Magna.
Un rasgo de actualización legislativa en ese sentido, lo constituye la atribución de competencia de los jueces de paz que otorga la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, sancionada por la Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.913 del 2 de mayo de 2012, que en su artículo 8, ordinal 8° dispone que los jueces y juezas de paz son competentes para: “Declarar, sin procedimiento previo y en presencia de la pareja, el divorcio o la disolución de las uniones estables de hecho cuando sea por mutuo consentimiento; los solicitantes se encuentren domiciliados en el ámbito local territorial del juez o jueza de paz comunal; y no se hayan procreado hijos o de haberlos, no sean menores de 18 años a la fecha de la solicitud”.
Consecuencialmente, conforme a las normas referidas y a juicio de la Sala Constitucional, si el libre consentimiento de los contrayentes es necesario para celebrar el matrimonio, es este consentimiento el que priva durante su existencia y, por tanto, su expresión destinada a la ruptura del vínculo matrimonial, conduce al divorcio. Asimismo, en cuanto a la tutela judicial efectiva, la Sala Constitucional ha sostenido:
“(…) El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 ejusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura (…)”
Ahora bien, vista las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sentenciadora hace suyo el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que además es vinculante, al realizar una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil Venezolano, preceptuando que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446 de 2014, incluyéndose el mutuo consentimiento. Así se Decide.
En lo atinente al procedimiento bajo el cual debe ventilarse la solicitud que se instruye, considerando además que el derecho es un sistema completo e integral que no acepta en principio vacíos o lagunas jurídicas conforme la Teoría Pura del Derecho esbozada por Hans Kelsen, por cuanto las mismas deben ser cubiertas haciendo uso de las herramientas hermenéuticas de interpretación del derecho de aplicación supletoria o aplicación analógica de normas que se encuentren dentro del ordenamiento jurídico del Estado, aun cuando su materia sea diferente y en ausencia de estas los principios generales del derecho, tal como lo establece el único aparte del artículo 4 del Código Civil Venezolano.
Razonamientos estos que llevan a la convicción lógica de quien aquí decide, que la solicitud de divorcio que se instruye por ante esta instancia por mutuo consentimiento, igualmente debe ser sustanciada y decidida como un asunto de jurisdicción voluntaria. Así se establece.
Así, con base a lo establecido en la normativa sustantiva y adjetiva que regula la materia, éste Tribunal procede verificar si se encuentran llenos los extremos para declarar la ruptura del vínculo matrimonial y consecuente divorcio, lo cual se hace en los siguientes términos:

1.- La solicitud de divorcio fue presentada por la ciudadana MARIA DEL CARMEN FERREIRA ANTUNES venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nº. V- 6.156.892 , quien contrajo Matrimonio Civil con el ciudadano JUAN CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nº V- 10.440.715, por ante la Primera Autoridad Civil del Municipio Autónomo de Baruta, del Estado bolivariano de Miranda, en fecha 16 de Abril del 1993, según consta del contenido de la copia certificada del acta de matrimonio inserta bajo el Acta N° 205, cursante a los folios del año 1993, cursante a los autos del presente expediente, a la cual este Tribunal le da pleno valor probatorio por llenar los requisitos de Ley como documento público de conformidad con el artículo 1.359 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil, con la cual se demuestra la existencia del vínculo matrimonial entre los solicitantes. Y ASÍ SE DECLARA.-
2.- El domicilio, su último domicilio conyugal lo fijaron en la siguiente dirección: Calle Flores abajo, Casa 319, Pan de Azúcar jurisdicción del Municipio Carrizal del estado Bolivariano de Miranda, siendo este el último donde hicieran vida en común como matrimonio, lo cual le atribuye la competencia por el territorio a este Tribunal para conocer del presente asunto, conforme a lo establecido en la Resolución del Tribunal Supremo de Justicia N° 2009-06 de fecha 18 de Marzo de 2009, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 39.152 de fecha 02 de Abril de 2009. Y ASÍ SE DECLARA.-
3.- La solicitante fundamenta su pretensión de divorcio en que se encuentran separados de hecho, debido a una serie de desavenencias que hacen imposible la reconciliación e insostenible el matrimonio, lo cual se subsume dentro de la previsión que hace el artículo 185 del Código Civil. Y ASÍ SE DECLARA.-
4.- Los cónyuges se encuentran de acuerdo en disolver el vínculo matrimonial que los une desde el mes de Abril de 1993, manifestando su libre consentimiento de divorciarse, según lo previsto en el artículo 185 del Código Civil, esto es, por que dejaron de tener afecto. Y ASÍ SE DECLARA.
5.- Manifestaron los solicitantes, que de su unión conyugal procrearon 2 hijos ya mayores de edad y adquirieron bienes en común los cuales se partirán en el momento correspondiente, Y ASÍ SE DECLARA.-
6.- En cuanto al trámite procedimental, se desprende de autos, que fue notificada la Fiscal del Ministerio Público, constando en autos la misma, según se desprende del folio 50 y 51 del expediente. Y ASÍ SE DECLARA.-
Ahora bien, examinadas las actas procesales y medios probatorios traídos al proceso se evidencia la existencia del vínculo Matrimonial celebrado en fecha 16 de Abril de 1993, ante la Primera Autoridad Civil del Municipio Autónomo de Baruta, del Estado bolivariano de Miranda, hecho este demostrado por la prueba documental adjuntada al escrito de solicitud contentiva del acta de matrimonio N° 205, del libro de Matrimonio correspondiente al año 1993, llevado por ese organismo. Igualmente se observa el mutuo consentimiento de los cónyuges en el divorcio y la manifestación de ambos cónyuges referida a que procrearon 2 hijos ya mayores de edad, adquirimos bienes en común los cuales se partirán en el momento correspondiente. Razón por la cual, decidieron de mutuo consentimiento solicitar el divorcio peticionado, todo de conformidad con el artículo 185 del Código Civil Venezolano y la Sentencia N° 693 del 02 de Junio de 2015, dictaminada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, comentada ampliamente en este fallo y expresamente dicto.

IV
DISPOSITIVA

Por todo lo antes expuesto, este Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de Los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Código Civil Venezolano y la Sentencia N° 693 del 02 de Junio de 2015, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchan, así como la Resolución N° 2009-0006, emanada del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 18 de Marzo de 2009, y publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 39.152, el día 02 de Abril de 2009, DECLARA: CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO presentada por la ciudadana MARIA DEL CARMEN FERREIRA ANTUNES, antes identificada, y en consecuencia, declara disuelto el vínculo matrimonial que une a los ciudadanos: MARIA DEL CARMEN FERREIRA y JUAN CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de Identidad Nrosº. V- 6.156.892 y V- 10.440.715 respectivamente, en virtud del matrimonio por ellos celebrado el día 16 de Abril de 1993, tal y como se desprende de copia certificada del Acta de matrimonio N° 205, de los Libros de Matrimonios, correspondiente al año 1993, llevado por ante la Primera Autoridad Civil del Municipio Autónomo de Baruta, del Estado bolivariano de Miranda.
De conformidad con lo establecido en los artículos 101 numeral 06 y 152 de la Ley Orgánica de Registro Civil, se ordena registrar la presente sentencia, única y exclusivamente ante la Primera Autoridad Civil del Municipio Autónomo de Baruta, del Estado bolivariano de Miranda, y Registro Principal que corresponda, agregándosele la nota marginal en el acta de matrimonio respectiva.
Déjese copia certificada de la presente decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de Los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, en la ciudad de Los Teques, a los dos (02) días del mes de Noviembre de dos mil veintiuno (2021). Años 211º de la Independencia y 162º de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA,

KARINA N. BARRIOS M.

LA SECRETARIA,

HILDA JOSEFINA NAVARRO.

En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, siendo las diez (10:00 a.m.) de la mañana.

LA SECRETARIA,

KNBM/HJN/daily..
Exp. Nº 2021-10326