TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS GUAICAIPURO y CARRIZAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

EXPEDIENTE Nº 22-5880.

PARTE SOLICITANTE: JOHN KLEY GARCÍA HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nº V-10.818.226.

PARTE DEMANDADA: RUTH ZENOBIA MENDOZA GODOY, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº V-6.460.059.

ABOGADAS ASISTENTES DEL SOLICITANTE: ROSALINDA BLANCO CARRERO y MARIA ANTONIETA ROJAS, inscritas en el Inpreabogado bajo el Nº 56.034 y 40.415, respectivamente.

MOTIVO: DIVORCIO (Artículo º185 del Código Civil, concatenado con las sentencias Nº (1070) y (693).

SENTENCIA: Definitiva,
-I-
NARRATATIVA

Se inicia el presente proceso mediante solicitud recibida ante este Tribunal, por medio del sistema de distribución en fecha 31 de Enero de 2022, correspondiéndole conocer de la causa previo sorteo, la cual fue presentada por el ciudadano JOHN KLEY GARCÍA HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nº V-10.818.226, asistido por las abogadas ROSALINDA BLANCO CARRERO y MARIA ANTONIETA ROJAS, inscritas en el Inpreabogado bajo el Nº 56.034 y 40.415, respectivamente, contra la ciudadana RUTH ZENOBIA MENDOZA GODOY, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº V-6.460.059.

En fecha 02 de Febrero de 2022, comparece ante este Tribunal el ciudadano JOHN KLEY GARCÍA HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nº V-10.818.226, debidamente asistido por la abogada ROSALINDA BLANCO CARRERO, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 56.034, consignando mediante planilla de recepción de documentos los siguientes recaudos: Acta de Matrimonio y Copias de las Cedulas de Identidad de los conyugues.
En fecha 03 de Febrero de 2022, este Tribunal ADMITE la solicitud de Divorcio en cuanto a lugar en Derecho, de conformidad con lo establecido en el Articulo 185 y las sentencias vinculantes Nº 1070 y 693, y ordena Librar Boleta de Notificación a la Fiscal Undécima del Ministerio Publico y Boleta de Citación a la ciudadana RUTH ZENOBIA MENDOZA GODOY, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº V-6.460.059.
En fecha 03 de Febrero del 2022, Se libraron las boletas correspondientes.
En fecha 08 de Febrero del 2022, compareció ante este Tribunal el ciudadano JOHN KLEY GARCÍA HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nº V-10.818.226, asistido por las abogadas ROSALINDA BLANCO CARRERO y MARIA ANTONIETA ROJAS, inscritas en el Inpreabogado bajo el Nº 56.034 y 40.415, respectivamente, solicitando mediante diligencia se le expidan copias certificadas de la solicitud de Divorcio, del auto de Admisión, así como el auto que lo provea a los fines de la práctica de las notificaciones, de igual manera consignó los emolumentos del ciudadano Alguacil y habilitó el tiempo necesario de lunes a viernes, a los fines de la notificación de la ciudadana RUTH ZENOBIA MENDOZA.
En fecha 09 de Febrero del 2022, vista le diligencia de fecha 08 de Febrero del 2022, folio 15, suscrita del ciudadano JOHN KLEY GARCÍA HERNÁNDEZ, debidamente asistido por las abogadas ROSALINDA BLANCO CARRERO y MARIA ANTONIETA ROJAS, inscritas en el Inpreabogado bajo el Nº 56.034 y 40.415, respectivamente, este Tribunal acuerda lo solicitado.
En fecha 16 de Marzo del 2022, comparece ante este Tribunal el ciudadano ORMIDAZ MENDOZA, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº V-13.790.465, en su carácter de Alguacil Titular del mismo, quien expuso; en fecha 15/03/2022, siendo las 06:45 p.m, se traslado a la siguiente dirección: Sector El Prado, Calle 11, Casa 15, San Diego de Los Altos, Municipio Guaicaipuro, estado Bolivariano de Miranda, a los fines de practicar la Citación de la ciudadana RUTH ZENOBIA MENDOZA GODOY, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº V-6.460.059, quien manifestó quedarse con la compulsa para leerla pero no firmar boletas de Citación, motivo por el cual consignó boletas sin firmar.
En fecha 22 de Marzo del 2022, compareció ante este Tribunal el ciudadano JOHN KLEY GARCÍA HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nº V-10.818.226, debidamente asistido por la abogada MARIA ANTONIETA ROJAS, inscritas en el Inpreabogado bajo el Nº 40.415, solicitando mediante diligencia a la ciudadana Secretaria de este Juzgado libre Cartel de Notificación de conformidad con lo establecido en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 22 de Marzo de 2022, Vista la diligencia de fecha 22 de Marzo del 2022, folio 20, suscrita por el ciudadano JOHN KLEY GARCÍA HERNÁNDEZ, este Juzgado acuerda lo solicitado y se habilita de lunes a viernes, desde las (04:00p.m) de la tarde hasta las nueve (09:00p.m) de la noche, a los fines de que la secretaria de este Juzgado practique la Notificación de la ciudadana RUTH ZENOBIA MENDOZA GODOY, ya antes identificado.
En fecha 22 de Marzo de 2022, este Juzgado libro la Boleta de Notificación a la ciudadana RUTH ZENOBIA MENDOZA GODOY, ya identificada, de conformidad con el Articulo Nº 218 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 24 de Marzo del 2022, comparece la abogada HILDA JOSEFINA NAVARRO R, Secretaria Titular del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, quien expuso: Dejar expresa constancia que el día 23 de Marzo del 2022, siendo las seis y veinte minutos de la tarde (06:20 p.m), previa habilitación del tiempo necesario, solicitada y acordada por auto, de fecha 22 de Marzo de 2022, se traslado a la siguiente dirección: Sector El Prado, Calle 11, Casa Nro. 15, San Diego de Los Altos, Parroquia Cecilio Acosta, Municipio Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda, y estando en el portón del referido inmueble, se encontraba una persona que dijo ser y llamarse RUTH ZENOBIA MENDOZA GODOY, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº V-6.460.059, por lo cual procedió a explicar el motivo de la misión, quien manifestó no recibir la boleta de notificación, librada a su nombre.
En fecha 25 de Marzo del 2022, comparece ante este Tribunal el ciudadano ORMIDAZ MENDOZA, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº V-13.790.465, en su carácter de Alguacil Titular del mismo, quien expuso; en fecha 25/03/2022, siendo las 11:50a.m, se traslado a la siguiente dirección: Fiscalía del Ministerio Publico, ubicado en Calle Miquilen, de la ciudad de Los Teques, Municipio Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda, a los fines de entregar la Boleta de Noticiario, motivo por el cual la consignó firmada y sellada.
En fecha 29 de Marzo del 2022, compareció ante este Tribunal la ciudadana Fiscal Undécima del Ministerio Público, quien manifestó no tener objeción alguna que formular en la presente solicitud de Divorcio.
En fecha 04 de Abril del 2022, por cuanto fue designada como Jueza Provisoria de este Tribunal y habiendo tomado posesión del cargo, la JUEZA PROVISORIA se ABOCO al conocimiento de la presente causa en el estado que se encuentra.

-II-
PLATAMIENTO DE LA LITIS:

Alegan en su solicitud de divorcio lo siguiente: Que contrajeron Matrimonio Civil, ante el Juzgado del Municipio Carrizal, de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, en fecha 21 de Julio del año 2004, según consta del contenido de la copia certificada del acta de matrimonio inserta bajo el Acta N° 4, del libro de Registro Civil de Personas y Electoral, su último domicilio conyugal lo fijaron en: Sector El Prado, Calle 11, Casa Nro. 15, San Diego de Los Altos, Parroquia Cecilio Acosta, Municipio Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda. En su unión conyugal no procrearon hijos y no adquirieron bienes que liquidar. Que a pesar de que en principio disfrutaron de una unión en perfecta armonía, su matrimonio no pudo llegar a feliz término, en virtud de que surgieron desavenencias, inconvenientes, que quebrantaron la armonía matrimonial e hicieron imposible su vida en común y que culminaron con una separación de hecho desde el año 2017, sin que exista en la actualidad entre ellos cohabitación de ningún tipo ni posibilidad de conciliación por lo que solicitan se declare el divorcio de conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Código Civil, en atención a lo dispuesto en la sentencia Nº 446 de fecha 09 de diciembre de 2016 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

MOTIVA
-III-
EL TRIBUNAL PARA DECIDIR OBSERVA:

Se observa en actas, que el objeto de la pretensión de los solicitantes lo constituye la extinción del vínculo conyugal que les une, peticionado de mutuo consentimiento a través del divorcio, figura jurídica llamada a disolver. En efecto el artículo 185 del Código Civil, establece que todo matrimonio válido se disuelve por muerte de uno de los cónyuges y por divorcio, pudiendo verificarse por la vía amistosa, graciosa o voluntaria cuando exista acuerdo entre los cónyuges, o en su defecto por la vía contenciosa. Sobre el tema de las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil Venezolano, y en las cuales debe estar fundamentada toda acción de divorcio, a tenor del artículo 755 del Código de Procedimiento Civil, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante Sentencia N° 693 del 02 de Junio de 2015, realizó una interpretación con carácter vinculante del artículo 185 del Código Civil Venezolano, estableciendo que las causales de divorcio contenidas en ese artículo no son taxativas y por ende los cónyuges podrán demandar el divorcio bien con arreglo a las causales previstas en ese artículo o cualquier otra razón que estimen, impida la continuación de la vida en común, incluyéndose el mutuo consentimiento, tal y como fue expuesto en la Sentencia de esa Sala N° 446-2014. Al respecto, afirmó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Venezolano que: “(…) Es indiscutible para esta Sala Constitucional que quien se une en matrimonio aspira y se compromete a las obligaciones que de tal institución derivan, definidas en el encabezamiento del artículo 137 del Código Civil cuando establece que: Con el matrimonio el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes. Del matrimonio deriva la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Asimismo, es indudable que el cónyuge, aun habiéndose comprometido moral y jurídicamente a esa relación, puede con posterioridad y debido a innumerables razones sobrevenidas estar interesado en poner fin al matrimonio. Ese interés debe traducirse en un interés jurídico procesal, de acudir a los órganos jurisdiccionales e incoar una demanda donde pueda obtener una sentencia que ponga fin al vínculo conyugal. Desde luego que esa posibilidad no está negada y el ordenamiento jurídico ofrece como mecanismo la demanda de divorcio, empero cuando se limita éste de manera irrestricta a una tipificación que en la actualidad luce sumamente estrecha, nos encontramos frente a un vacio, que hace nugatorio el núcleo central del derecho por lo menos en lo que al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva se refiere, específicamente a obtener una sentencia judicial favorable que tutele la libertad del individuo de decidir un importante aspecto de su vida, a través del divorcio, frente a una regulación pre constitucional escasa, incapaz de satisfacer las expectativas creadas frente a las vicisitudes de la vida y las nuevas tendencias sociales. De la tangibilidad de estos derechos debe concluirse que la previsión del artículo 185 del Código Civil, que establece una limitación al número de las causales para demandar el divorcio, deviene insostenible de cara al ejercicio de los derechos constitucionales ya comentados devenidos de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto es el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y a obtener una tutela judicial efectiva. Es decir, que en la actualidad resulta vetusto e irreconciliable con el ordenamiento constitucional, el mantenimiento de un numerus clausus de las causales válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los derechos fundamentales del ciudadano al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva. Ahora bien, vista las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional realiza una interpretación constitucionalizante de artículo 185 del Código Civil, y declara, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446-2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento (…)”.
La Sala entonces procedió en relación con el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a indicar que el mismo “protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento,” expresión esta última que indicó, no existía en la Constitución de 1961. De esa expresión la Sala Constitucional dedujo que: “(…) el matrimonio solo puede ser entendido como institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges, como una expresión de su libre voluntad y, en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, pero igualmente – por interpretación lógica – nadie puede estar obligado a permanecer casado, derecho que tienen por igual ambos cónyuges (…) para el derecho venezolano, el cese de la vida en común por voluntad de ambos o de uno de los cónyuges es una causal de divorcio, de igual entidad en todos los anteriores supuestos, ya que en la actualidad se adapta a la previsión del artículo 77 constitucional, según el cual el matrimonio se fundamenta en el libre consentimiento (…)”.
Plantea igualmente el fallo in comento, que al día de hoy la refundación institucional propuesta en la vigente Constitución de 1999, conduce a una revisión de las instituciones preconstitucionales incluyendo el divorcio como fórmula de solucionar las desavenencias insalvables de la pareja unida en matrimonio. Resulta preciso considerar, que de acuerdo a la Sala Constitucional, la pretensión de divorcio planteada por un ciudadano, supone el ejercicio simultáneo de otros derechos y garantías constitucionales, como lo son: el libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, entendida este última como el derecho que tiene el justiciable de activar el órgano jurisdiccional a los fines de obtener un pronunciamiento exhaustivo sobre sus pretensiones, expresión de la garantía de acceso a la justicia, y que es novedad del vigente texto Constitucional, al estipularlo como derecho autónomo en el artículo 26 de la Carta Magna.
Un rasgo de actualización legislativa en ese sentido, lo constituye la atribución de competencia de los jueces de paz que otorga la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, sancionada por la Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.913 del 2 de mayo de 2012, que en su artículo 8, ordinal 8° dispone que los jueces y juezas de paz son competentes para: “Declarar, sin procedimiento previo y en presencia de la pareja, el divorcio o la disolución de las uniones estables de hecho cuando sea por mutuo consentimiento; los solicitantes se encuentren domiciliados en el ámbito local territorial del juez o jueza de paz comunal; y no se hayan procreado hijos o de haberlos, no sean menores de 18 años a la fecha de la solicitud”.
Consecuencialmente, conforme a las normas referidas y a juicio de la Sala Constitucional, si el libre consentimiento de los contrayentes es necesario para celebrar el matrimonio, es este consentimiento el que priva durante su existencia y, por tanto, su expresión destinada a la ruptura del vínculo matrimonial, conduce al divorcio. Asimismo, en cuanto a la tutela judicial efectiva, la Sala Constitucional ha sostenido:
“(…) El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 ejusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura (…)”
Ahora bien, vista las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sentenciadora hace suyo el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que además es vinculante, al realizar una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil Venezolano, preceptuando que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446 de 2014, incluyéndose el mutuo consentimiento. Así se Decide.
En lo atinente al procedimiento bajo el cual debe ventilarse la solicitud que se instruye, considerando además que el derecho es un sistema completo e integral que no acepta en principio vacíos o lagunas jurídicas conforme la Teoría Pura del Derecho esbozada por Hans Kelsen, por cuanto las mismas deben ser cubiertas haciendo uso de las herramientas hermenéuticas de interpretación del derecho de aplicación supletoria o aplicación analógica de normas que se encuentren dentro del ordenamiento jurídico del Estado, aun cuando su materia sea diferente y en ausencia de estas los principios generales del derecho, tal como lo establece el único aparte del artículo 4 del Código Civil Venezolano.
Razonamientos estos que llevan a la convicción lógica de quien aquí decide, que la solicitud de divorcio que se instruye por ante esta instancia por mutuo consentimiento, igualmente debe ser sustanciada y decidida como un asunto de jurisdicción voluntaria. Así se establece.
Ahora bien, examinadas las actas procesales se evidencia la existencia del vínculo Matrimonial celebrado en fecha 21 de Julio de 2004, según consta del contenido de la copia certificada del acta de matrimonio inserta bajo el Acta N° 4, hecho este demostrado por la prueba documental adjuntada al escrito de solicitud del libro de Matrimonio correspondiente al 2004, llevado por ese organismo, no procrearon hijos, y no adquirieron bienes que liquidar, y la inexistencia de su vida en común, ya que según sus dichos se encuentran separados desde hace 5 años. Razón por la cual el conyugue decidió solicitar el divorcio peticionado, todo de conformidad con el artículo 185 del Código Civil Venezolano y las Sentencias N° 1070 de fecha 09 de Diciembre del 2016 y Nº 693 del 02 de Junio de 2015, dictaminadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, comentada ampliamente en este fallo. Llevando las anteriores circunstancias a esta Juzgadora, de considerar llenos los extremos para declarar procedente la solicitud de Divorcio que nos ocupa. Así se Decide.
En cuanto al trámite procedimental, se desprende de autos, que fue notificada la Fiscal del Ministerio Público, constando en autos la misma, según se desprende del folio 12 y 13 del expediente.

-IV-
DISPOSITIVA

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de Los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Código Civil Venezolano y concatenado de la Sentencia N° 693 del 02 de Junio de 2015, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, así como la Resolución N° 2009-0006, emanada del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 18 de Marzo de 2009, y publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 39.152, el día 02 de Abril de 2009, DECLARA: CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO presentada por el ciudadano JOHN KLEY GARCÍA HERNÁNDEZ, contra la ciudadana RUTH ZENOBIA MENDOZA GODOY, y en consecuencia, declara disuelto el vínculo matrimonial que une a los ciudadanos JOHN KLEY GARCÍA HERNÁNDEZ y RUTH ZENOBIA MENDOZA GODOY, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de Identidad Nº V-10.818.226 y V-6.460.059. respectivamente, en virtud del matrimonio por ellos celebrado el día 21 de Julio de 2004, tal y como se desprende de copia certificada del Acta de matrimonio N° 4, de los Libros de Matrimonios, correspondiente al año 2004, llevado ante el Registro del Juzgado del Municipio Carrizal, de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda De conformidad con lo establecido en los artículos 101 numeral 06 y 152 de la Ley Orgánica de Registro Civil, se ordena registrar la presente sentencia, única y exclusivamente ante el Registro Civil de Personas y Electoral Civil del Municipio Carrizal del estado Bolivariano de Miranda, y Registro Principal que corresponda, agregándosele la nota marginal en el acta de matrimonio respectiva.

Déjese copia certificada de la presente decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de Los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, en la ciudad de Los Teques, a los cuatro (04) días del mes de Abril de dos mil veintidós (2022). Años 211º de la Independencia y 163º de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA,

HILDA JOSEFINA NAVARRO
LA SECRETARIA TEMPORAL

DAMELIS FIGUERA,

En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, siendo las nueve de la mañana (09:00am).

LA SECRETARIA TEMPORAL,
HJNR/DF/Daily
Exp. Nº 22-5880.