REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda.
Los Teques, diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintidós (2022).
Años 212º de la Independencia y 163º de la Federación.
EXPEDIENTE N° 2894/2022
PARTE DEMANDANTE:
MILAGRO MORAIMA GARCIA de BAUTISTA, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-6.330.766.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE:
FELIX JOSE SARABIA HERNANDEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 155.137.
PARTE DEMANDADA:
JUVENAL BAUTISTA RANGEL, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-20.413.214.
MOTIVO: DIVORCIO 185.
Tipo de Sentencia: Definitiva.
Capítulo I
DE LOS HECHOS
En fecha 05 de octubre de 2022, se recibió escrito de solicitud de Divorcio 185, presentado por la ciudadana MILAGRO MORAIMA GARCIA de BAUTISTA, debidamente asistida por el abogado FELIX JOSE SARABIA HERNANDEZ, antes identificados, proveniente del sistema de distribución, dándosele entrada y registró en el libro de Causas, quedando anotado bajo el N° 2894/2022.
En fecha 20 de octubre de 2022, compareció la ciudadana MILAGRO MORAIMA GARCIA de BAUTISTA, debidamente asistida por el abogado FELIX JOSE SARABIA HERNANDEZ, antes identificados, y consignó los recaudos para la admisión de la presente causa.
Por auto de fecha 25 de octubre del año en curso, este Juzgado instó a la ciudadana MILAGRO MORAIMA GARCIA de BAUTISTA, a consignar recaudos faltantes.
En fecha 29 de noviembre de 2022, compareció la ciudadana MILAGRO MORAIMA GARCIA de BAUTISTA, debidamente asistida por el abogado FELIX JOSE SARABIA HERNANDEZ, y mediante diligencia consignó los recaudos peticionados por auto de fecha 25 de octubre del presente año.
Admitida la causa por auto de fecha 01 de diciembre del 2022, se ordenó la citación de la Fiscal XI del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial, a los fines de que interviniera en el procedimiento como parte de buena fe, y se ordenó citar al ciudadano JUVENAL BAUTISTA RANGEL, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-20.413.214, para que compareciera ante este Juzgado al tercer (3º) día de Despacho siguiente a la constancia en autos de su citación, a objeto de exponer lo que creyera conveniente en relación a la presente solicitud.
En fecha 07 de diciembre de 2022, compareció el ciudadano LUIS SEIJAS, en su carácter de Alguacil Titular de este Juzgado, y consignó la boleta de citación debidamente firmada por el ciudadano JUVENAL BAUTISTA RANGEL, identificado al inicio de la sentencia, en señal de haber sido recibida.
Por fecha 08 de diciembre del presente año, compareció el ciudadano LUIS SEIJAS, en su carácter de Alguacil Titular de este Juzgado, y dejó constancia de haber citado a la Fiscal Undécima del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial.
En fecha 14 de diciembre de 2022, compareció la abogada ASLY CLINDALEY ALVARADO ZABALA, en su carácter de Fiscal Auxiliar Interina (encargada) Décima Primera del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial, y mediante diligencia manifestó:
“(…) Revisadas como han sido las actuaciones del presente asunto, esta representación Fiscal Nada tiene que objetar, debido a que se cumplen los requisitos exigidos por ley y Criterios Jurisprudenciales. (…)”.
Señalado lo anterior, este Juzgado procede a decidir de conformidad con las consideraciones que se explanan infra.
Capítulo II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Esta juzgadora pasa de seguidas a verificar los términos en que quedo planteada la controversia conforme al ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, la solicitante en su escrito de solicitud alegó que contrajo matrimonio civil con el ciudadano JUVENAL BAUTISTA RANGEL, en fecha 15 de septiembre del año 1993, identificado al inicio de la sentencia, por ante la Primera Autoridad Civil del Municipio Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda, tal como se evidencia de la copia certificada del Acta Nº 273, de los Libros de Registros de Matrimonios llevado por ante referido órgano en el año 1993. Del mismo modo, manifestó que fijaron su último domicilio conyugal en el Conjunto Camel, Parcela A-4, Urbanización Llano Alto, Municipio Carrizal del estado Bolivariano de Miranda. Asimismo sostuvo, que durante su unión matrimonial procrearon dos (02) hijos, identificados como ISMAEL JESUS BAUTISTA GARCIA y MAIKEL JESUS BAUTISTA GARCIA, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-24.101.155 y V-18.265.990, respectivamente, asimismo, manifestó que no adquirieron bienes que liquidar.
Continuó alegando, que en su relación desde el principio y por varios años fue armoniosa y estuvo basada en el respeto, la tolerancia, el afecto mutuo y la comprensión, cumpliendo cada uno con sus obligaciones conyugales, pero el caso es que en su relación surgieron desavenencias que los fueron distanciando como pareja haciendo, haciendo imposible su vida en común, lo que ocasionó la separación de su vida conyugal, es por lo que manifiesta su voluntad de poner fin a la relación matrimonial, y en virtud de ello, procedió a solicitar el divorcio de conformidad con lo dispuesto al artículo 185 del Código Civil, en concordancia con la sentencia N° 1070/2016 de fecha 09 de diciembre de 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Resulta pertinente Para quien suscribe verificar si procede la acción ejercida por la ciudadana YOLIMAR DESIRE MARQUEZ de INFANTE, antes identificada, en este sentido, es preciso traer a colación lo previsto en la sentencia Nº 1070/2016 de fecha 09 de diciembre de 2016, expediente Nº 16-916, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, normativa sobre la cual fundamentó su pretensión, siendo el mismo del tenor siguiente:
“(…) A este respecto tenemos pues que al momento en el cual perece el afecto la relación matrimonial pasa a ser apática con un alejamiento sentimental que causa infelicidad entre los cónyuges, por ende, al existir una falta de afecto, entendida como desafecto, será muy difícil, prácticamente imposible, que los cónyuges cumplan con sus deberes maritales.
De la misma forma, durante la unión matrimonial puede surgir la incompatibilidad de caracteres entre los cónyuges, la cual consiste en una intolerancia de alguno de los cónyuges para con su pareja, siendo exteriorizada en diversas formas lo que genera una permanente aversión que hace imposible la vida en común.
De modo pues que tales situaciones no se pueden encasillar a las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil, tal y como se estableció en la sentencia n° 693/2015, ya que al ser sentimientos intrínsecos de alguno de los cónyuges, estos pueden nacer o perecer de forma inesperada sin que exista un motivo específico.
Es evidente entonces, que cuando aparece el fenómeno del desafecto o la incompatibilidad entre los cónyuges, resulta fracturado y acabado, de hecho, el vínculo matrimonial, por cuanto ya no existe el sentimiento afectuoso que originó dicha unión, más sin embargo, esto no implica que, desde el punto de vista jurídico se haya roto la unión matrimonial.
Por lo tanto y en razón de encontrarse, de hecho, roto tal vínculo que originó el contrato de matrimonio, este no debe de seguir surtiendo efectos en el mundo jurídico, motivo por el cual no se puede someter a un procedimiento controversial al cónyuge que alegue o haga evidenciar el desafecto o la incompatibilidad de caracteres en su demanda de divorcio, pues esta Sala estando en franca sintonía con el respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en la sentencia 693/2015, estableció la posibilidad de que la ruptura jurídica del vínculo matrimonial se pueda generar por causas no previstas en la legislación patria, es decir, que el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, creadores de disfunciones en el matrimonio y la familia, siendo esta la base fundamental para el desarrollo de la sociedad, pueden ser alegados con el fin de obtener una sentencia que disuelva el vínculo jurídico que une a los cónyuges, para así lograr el desenvolvimiento efectivo de los principios, valores y derechos constitucionales que rigen la materia, así como la protección familia y de los hijos –si es el caso- habidos durante esa unión matrimonial en la cual se produjo el desafecto o la incompatibilidad señalada.
Por ello, a los fines de la protección familiar debe entenderse el divorcio como una solución al conflicto marital surgido entre los cónyuges, con el propósito de aligerar la carga emocional de la familia. (…)”.
Del criterio jurisprudencial ut supra transcrito, se colige entonces que en garantía al libre desenvolvimiento de la personalidad de los cónyuges, y su derecho además a obtener una tutela judicial efectiva, se considera procedente la solicitud del divorcio cuando ésta es fundamentada en cualquier otra situación, no expresamente prevista en el artículo 185 del Código Civil, en la cual los cónyuges consideren que les es imposible la continuación de su vida en común, permitiéndose por ello la solicitud del divorcio de mutuo consentimiento. Así pues, señala la referida Sala, que si el libre consentimiento de los contrayentes es necesario para celebrar el matrimonio, entendida ésta como la institución que existe en virtud del libre consentimiento de los cónyuges como una expresión de su voluntad, es por lo que debe concluirse entonces, que ese mismo consentimiento que los unió, y el cual priva durante la existencia del matrimonio, puede por tanto, de igual modo estar destinada a la ruptura del vínculo matrimonial, lo que conduce al divorcio, pues, es preciso el Código Sustantivo Civil al establecer que nadie puede ser obligado a contraer matrimonio, y por ende, nadie puede ser obligado a permanecer casado, derecho que poseen por igual ambos cónyuges.
Lo anterior, atiende a la necesidad de salvaguardar los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entre ellos, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, cuya importancia no se limita a la protección de la familia y del matrimonio, sino también comprende el derecho a la defensa de las partes.
En el caso sub examine la ciudadana MILAGRO MORAIMA GARCIA de BAUTISTA, plenamente identificada en autos, pretende que se declare disuelto el vínculo matrimonial que mantiene con el ciudadano JUVENAL BAUTISTA RANGEL, anteriormente identificado, alegando el desafecto de la vida en común de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Código Civil, en concordancia con la sentencia N° 1070/2016 de fecha 09 de diciembre de 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, puesto que la ciudadana señala en su escrito libelar, que en fecha 15 de septiembre de 1993, contrajo matrimonio civil con el prenombrado ciudadano, señalando que su matrimonio surgieron desavenencias que hicieron imposible la vida en común, invocando para ello el criterio establecido en la Sentencia 1070 de fecha 09 de diciembre de 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, criterio éste compartido por quien aquí decide, situación ésta que no fue objetada por el ciudadano JUVENAL BAUTISTA RANGEL, antes identificado, pues, cumplidos como fueron los tramites de la citación –folio 22-, el prenombrado ciudadano no compareció, sin que trajera a los autos documento alguno que contrarié lo alegado por la ciudadana MILAGRO MORAIMA GARCIA de BAUTISTA, antes identificada, por tanto, y visto que la representación del Ministerio Público no hizo objeción alguna en la presente causa, es por lo que esta Juzgadora considera procedente el divorcio solicitado en base a lo dispuesto en la Sentencia 1070 de fecha 09 de diciembre de 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por consiguiente, quien aquí juzga declara CON LUGAR el divorcio interpuesto por la ciudadana MILAGRO MORAIMA GARCIA de BAUTISTA, en contra del ciudadano JUVENAL BAUTISTA RANGEL, ambos plenamente identificados en autos, tal y como se declarara de manera expresa y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.
Capítulo III
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda de divorcio presentada por la ciudadana MILAGRO MORAIMA GARCIA de BAUTISTA, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-6.330.766, en contra del ciudadano JUVENAL BAUTISTA RANGEL, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-20.413.214, en consecuencia, disuelto el vínculo que los unía en virtud del matrimonio celebrado en fecha quince (15) de septiembre de 1993, por ante el Registro Civil de Personas y Electoral del Municipio Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda, tal como se evidencia en la copia certificada del Acta Nº 273, de los Libros de Registros de Matrimonios llevado por ante referido órgano en el año 1993, e inserta en autos del folio nueve (09) al once (11) del expediente, de conformidad con lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 1070 de fecha 09 de diciembre de 2016. Así como la comunidad conyugal.
Publíquese en la página web del Tribunal Supremo de Justicia (www.tsj.gob.ve), regístrese y déjese constancia en el Diario, así como Copia Certificada de la presente decisión en la sede del Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022). Años 212º de la Independencia y 163º de la Federación.
LA JUEZ.-
DRA. ANDREA ALCALÁ PINTO. EL SECRETARIO ACC.-
EDWARD RAMIREZ.
En esta misma fecha, siendo las tres y veinte de la tarde (03:20 p.m.), se publicó la presente decisión, lo cual certifico, constante de cinco (05) páginas.-
EL SECRETARIO ACC.-
EDWARD RAMIREZ.
Exp. N° 2894/2022
AAP/ER/ef.-
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