TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS PLAZA Y ZAMORA DE LA CIRCUNCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

DEMANDANTE: REPRESENTACIONES SERCONDIN, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del Estado Bolivariano de Miranda, bajo el Nº 23, tomo 190-A-Cto. y modificados sus Estatutos Sociales en Asamblea Extraordinaria de Accionistas inscrita en fecha 22 de marzo de 2.011 en la persona del ciudadano MARCOS UZTARIZ RODRIGUEZ venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nro. V-6.046.870.
ABOGADOS ASISTENTES DE LA PARTE SOLICITANTE: IVAN ANTONIO YEPEZ e IVAN JOSE YEPEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 60.011 y 211.453.
DEMANDADO: RAMON HUMBERTO CORREA DIAZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V.- 5.151.306.

MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES (VÍA EJECUTIVA).

EXPEDIENTE Nº 5231-20.

PARTE NARRATIVA
Se inician las presentes actuaciones por solicitud de COBRO DE BOLIVARES (VÍA EJECUTIVA), presentado por el ciudadano MARCOS UZTARIZ RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad No. V.- 6.043.870, actuando en carácter de presidente de la Sociedad Mercantil REPRESENTACIONES SERCONDIN, C.A., antes identificado, mediante la cual demanda al ciudadano RAMON HUMBERTO CORREA DIAZ conforme con lo previsto en los artículos 7, 11, 12 14 y 20 de la Ley de Propiedad Horizontal en concordancia con el artículo 630 Código de Procedimiento Civil.
En fecha 04 de Febrero de 2.020, este Juzgado dio entrada al presente juicio.
En fecha 18 de Febrero de 2.020, compareció el ciudadano IVAN YEPEZ apoderado judicial de la parte actora consignando estado de cuenta e instrumento poder en copias simples.
En fecha 09 de Marzo de 2.020, este juzgado mediante auto, se insto a la parte demandante a consignar acta que acreditara la representación que se atribuye. En esta misma fecha compareció el ciudadano IVAN YEPEZ quien consigno copia simple de dos (2) actas de fecha 20 de Mayo de 2.018 y 14 de Noviembre de 2.018, donde autorizan al referido abogado a efectuar la representación judicial.

Del examen de las actas que conforman el presente expediente y con el objeto de verificar el estado del procedimiento, constató el Tribunal que los accionantes no han comparecido a objeto de gestionar los trámites tendientes a la admisión de la demanda.
Ahora bien, el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se refiere al derecho que tiene todo ciudadano al acceso a los órganos de administración de justicia, que es ejercido mediante la acción. Teniendo así el requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
En relación al interés procesal el maestro Italiano Piero Calamandrei, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica Europa América, Buenos Aires, 1973) señalo lo siguiente:
“El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”

Asimismo, el autor Patrio RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en su texto Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 330,
“… El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que este una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.
Por ello, el juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia. Pero esta potestad del juez tiene dos límites, a saber:
a) cuando las partes están de acuerdo en continuar el juicio, pues el interés público no reside en la caducidad del proceso sino en la pendencia indefinida; porque así lo desean ambas partes de consuno, el juez no debería declarar extinguido el proceso aunque ya haya pasado el año de inactividad.
b) El interés público en la perención de la instancia no significa que no exista un momento preclusivo para la perención de la instancia en lo que a las partes se refiere. Si uno de los litigantes actúa en el proceso después de un año de inactividad, sin solicitar la perención, se apropia de los efectos de la pendencia de la litis y por tanto revalida tácitamente el proceso; por lo que no habría deber en el juez de atender positivamente la solicitud de perención que ese litigante haga posteriormente.”

En este sentido, considera quien suscribe que el interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción, si la acción no existe.
Igualmente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. 416, publicada en fecha 28 de abril de 2009, expresó lo siguiente:
“…En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.”

En este orden de ideas, nuestro máximo Tribunal de Justicia Sala Política Administrativa, mediante sentencia de fecha 24 de Septiembre de 2.009, con Ponencia del Magistrado Dr. Hadel Mostafá Paolini, juicio que sigue Francisco A. Álvarez, en el Exp. Nº 00-0528, Sentencia Nº 1337, estableció lo siguiente:
“…la perdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que dice “visto” y comienza el lapso para dictar sentencia de mérito…”

Conforme a la doctrina y los criterios jurisprudenciales antes transcritos, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito.
Criterio que comparte y acoge quien aquí decide de conformidad con lo dispuesto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, y lo aplica al caso que nos ocupa, dado que en el presente caso se observa que desde el 14 de Agosto de 2.018, no ha comparecido la parte interesada a dar continuidad a la solicitud, y objetivamente, ello se traduce en la posibilidad de apreciar que la postulante ya no está interesad en activar el procedimiento o en impulsarlo hasta el estado en que haya de dictarse alguna resolución, conducta omisiva que depende naturalmente de la voluntad de los justiciables, pero que afecta, sin duda, el normal desarrollo del servicio público de administración de justicia, por congestionar innecesariamente la actividad del tribunal y distraer la atención del juez sobre otros asuntos que sí la requieren, por lo que resulta forzoso para este Juzgado declarar el Decaimiento de la Acción por Pérdida del Interés Procesal. En consecuencia, de conformidad con lo asentado en las sentencias ut supra transcritas, se declara Terminado el Presente Procedimiento. Así se decide.
- III -
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: EL DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN por pérdida del interés procesal, en consecuencia, se da por terminado el presente procedimiento.
Dada la especial naturaleza de la presente decisión no hay condenatoria en costas.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE DECISION EN EL COPIADOR DE SENTENCIAS DE ESTE TRIBUNAL.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, en la ciudad de Guatire _______________________________________. Años: 211º de la Independencia y 162º de la Federación.-
JUEZA,

MARISOL GONZÁLEZ RONDÓN
LA SECRETARIA,

YAMELY BERMUDEZ
En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión siendo las 11:00 de la mañana.
SECRETARIA,

YAMELY BERMUDEZ

MGR/YB/Nh.-
EXP. Nº 5016-18.-

YAMELY BERMUDEZ, Secretaria Accidental del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, quien suscribe, CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslado fiel y exacto de sus originales, las cuales corren insertas al expediente signado con el Nro. 5016-18, contentivo de la solicitud de OFERTA REAL Y DEPOSITO, presentada por el ciudadano BAUDY JOSE LEOTA a favor de la ciudadana PETRA MARIA MORALES ROOMERO (Apoderada Judicial de los ciudadanos José Alesis Omaña Marques y Marbelys Margarita Romero Morales). Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. En Guatire, _____________________________________. Años 207° y 158°.-
LA SECRETARIA,
YAMELY BERMUDEZ

YB/Nh.-
EXP. Nº 5016-18.-