TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO DE EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS PLAZA Y ZAMORA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDCIAL DEL ESTADO MIRANDA
Guatire, ____________.
211º y 162°
Por recibida y vista la anterior solicitud presentada por la ciudadana: ANGELA PATRICIA DEL CARMEN CASTILLO CARVAJAL, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil y titular de la Cédula de Identidad Nro. V.-25.518.473, debidamente asistida por las Abogados en ejercicio EVELYN DEL VALLE ROMERO ESCALANTE y ROSMAIRA YUDITH CAMPOS RENGIFO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 152.408 y 187.815, respectivamente, mediante el cual manifiesta su voluntad de divorciarse del ciudadano JONATHAN EMILIO VIVAS JIMENEZ, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil y titular de la Cédula de Identidad Nro. V.-18.358.195, de conformidad con lo establecido en la Sentencia Nro. 1070 del 9 de diciembre de 2016, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, respetuosamente expuso lo siguiente:
Que contrajo matrimonio civil, ante la Primera Autoridad Civil del Distrito Capital del Municipio Libertador, de la Parroquia Santa Rosalía, en fecha 22 de febrero de 2.019, inserta con el acta de matrimonio Nº029, del libro de Registros Civil de Matrimonios llevados por ese Despacho.
Que no procrearon hijos durante su matrimonio.
Que no adquirieron bienes en común durante el matrimonio.
Que la relación sentimental se fue deteriorando y surgieron diferencia irreconciliables, impidiendo la continuación de la vida en común.
Que su último domicilio conyugal fue fijado en La Urbanización El Marques, Sector Los Turpiales, Edificio D-11, Planta Baja, Guatire, Municipio Zamora del Estado Miranda.
En fecha 26 de enero del año 2.022, se admitió la presente solicitud y se ordenó la citación de la ciudadana JONATHAN EMILIO VIVAS JIMENEZ, a fin de su comparecencia al Tribunal al tercer (3er) día de despacho siguiente a su citación y de contestación a la demanda de divorcio, así mismo se acordó en esta misma fecha notificar a la ciudadana Fiscal Décima Tercera del Ministerio Público con competencia en protección Civil y Familia del estado Bolivariano de Miranda, una vez conste en autos la práctica de la citación de la parte demandada, a los fines de que emita su opinión al respecto.
En fecha 14 de febrero de 2.022, el Alguacil de este Tribunal, dejó constancia de haber practicado la citación del ciudadano JONATHAN EMILIO VIVAS JIMENEZ, sin ningún problema.
En fecha 03 de marzo de 2022, el Alguacil de este Tribunal, dejó constancia de haber practicado la notificación de la ciudadana Fiscal Decima Tercera (13ª) del Ministerio Público con Competencia en Protección civil y Familia del Estado Bolivariano de Miranda.
En consecuencia este Tribunal antes de pasar a pronunciarse sobre el Divorcio contemplado en el la Sentencia Nro. 1070 del 9 de diciembre de 2016, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, es necesario hacer las siguientes consideraciones:
PRIMERA CONSIDERACION: La competencia de este Tribunal deriva de la aplicación de la Resolución Nro. 2009-0006 de fecha 18 de Marzo de 2009, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia Sala Plena, mediante la cual establece lo siguiente:
“Artículo 3.- Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes…”
SEGUNDA CONSIDERACION: Acompañaron al escrito de solicitud los siguientes documentos:
1. Copia Certificada del Acta de Matrimonio, expedida por el Consejo Nacional Electoral Comisión de Registro Civil y Electoral, Distrito Capital, Municipio Libertador, Parroquia Santa Rosalía de fecha 22 de febrero de 2019 con el N° 029, de la unión celebrada entre los ciudadanos ANGELA PATRICIA DEL CARMEN CASTILLO CARVAJAL y JONATHAN EMILIO VIVAS JIMENEZ y debidamente autenticada ante el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Servicio Autónomo de Registros y Notarias, Registro Principal del Distrito Capital, Departamento de Legalizaciones en fecha 21 de mayo del año 2019.-

2. Copias simples de las Cédulas de Identidad correspondiente a la parte demandante y demandada, en un (1) folio útil.

3. Copias simples de las Cédula de Identidad y carnets de identificación de Inpreabogado correspondiente a las ciudadanas EVELYN DEL VALLE ROMERO ESCALANTE y ROSMAIRA YUDITH CAMPOS RENGIFO, en dos (2) folios útiles.

TERCERA CONSIDERACION: La disolución del vínculo conyugal, fundamentada en la ruptura prolongada e ininterrumpida de la vida en común de la pareja y por un tiempo de cinco (5) años es una institución en nuestro Derecho de Familia, el que fue desarrollado en la reforma parcial del Código Civil, que entró en vigencia en el año 1982. La razón fundamental que lleva al legislador Patrio de incluir en dicha reforma, la institución contenida en el Artículo 185-A del Código Civil, es básicamente asumir el divorcio como una solución ante una situación insostenible entre la pareja, tratando al mismo tiempo de que dicho conflicto afecte lo menos posible a los demás miembros de la familia, particularmente a los hijos; y desde el punto de vista formal, el legislador ha pretendido con ella, darle juricidad a una situación que de hecho viene existiendo, y que trae como consecuencia, una inseguridad jurídica en cuanto a la realidad en las relaciones de la pareja que se debe legalizar.
CUARTA CONSIDERACION: Sin menoscabar los intereses fundamentales del Estado, en preservar la institución del matrimonio y por ende la familia como célula fundamental de la sociedad, ha establecido nuevos parámetros para que proceda la disolución del vínculo conyugal por el medio en estudio, previendo el legislador lo siguiente:
Mediante sentencia N° 446 del 15 de mayo de 2014, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, fijó un nuevo criterio con respecto al procedimiento de divorcio previsto en el artículo 185-A del Código Civil, según el cual si el otro cónyuge no compareciere o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, el Juez abrirá una articulación probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, y si de la misma no resultare negado el hecho de la separación se decretará el divorcio; en caso contrario, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente. En efecto, se señaló que:
“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común. Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio. (…) Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud. El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados.
Si el otro cónyuge no compareciere o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, el juez abrirá una articulación probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, y si de la misma no resultare negado el hecho de la separación se decretará el divorcio; en caso contrario, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente.” (Negrillas y subrayado del Tribunal).
Así las cosas, a través de la Sentencia Nro. 1070 del 9 de diciembre de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estableció que:
“…En consecuencia, considera esta Sala que con la manifestación de incompatibilidad o desafecto para con el otro cónyuge apareja la posibilidad del divorcio en las demandas presentadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 y 185-A, que conforme al criterio vinculante de esta Sala no precisa de un contradictorio, ya que se alega y demuestra el profundo deseo de no seguir unido en matrimonio por parte del cónyuge-demandante, como manifestación de un sentimiento intrínseco de la persona, que difiere de las demandas de divorcio contenciosas.
En efecto, la competencia de los Tribunales es producir como juez natural conforme lo dispone el artículo 49 constitucional, una decisión que fije la ruptura jurídica del vínculo con los efectos que dicho divorcio apareja, sin que pueda admitirse la posibilidad de que manifestada la existencia de dicha ruptura matrimonial de hecho, se obligue a uno de los cónyuges a mantener un vínculo matrimonial cuando éste ya no lo desea, pues de considerarse así se verían lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de constituir legalmente una familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos a la persona.
Siendo así las cosas, el Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, al observar la incompatibilidad de caracteres señalada por el solicitante debió decretar el divorcio siguiendo el procedimiento previsto en el cuarto y quinto aparte del artículo 185-A del Código Civil, por lo que al proceder en la forma en que lo hizo, permitiendo un contradictorio no previsto para tal solicitud, transgredió los derechos constitucionales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y contrarió la jurisprudencia vinculante de esta Sala como máxima autoridad de la jurisdicción constitucional.”. (Negrillas de este Juzgado).

Para decidir, esta Sentenciadora observa:
A criterio de la Sala, la previsión del artículo 185 del Código Civil, que prevé una limitación al número de las causales para demandar el divorcio, es contraria al ejercicio de los derechos contenidos en la Constitución, ya que resulta insostenible el mantenimiento de un numerus clausus de las causales válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los derechos fundamentales del ciudadano al libre desenvolvimiento de la personalidad y a la tutela judicial efectiva.
Como puede observarse, nuestro máximo Tribunal, dejó sentadas las pautas a tomarse en caso que alguno de los cónyuges manifestara la incompatibilidad o desafecto para con el otro cónyuge apareja la posibilidad del divorcio en las demandas presentadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 y 185-A, que conforme al criterio vinculante de la Sala no precisa de un contradictorio, ya que se alega y demuestra el profundo deseo de no seguir unido en matrimonio por parte del cónyuge-demandante, como manifestación de un sentimiento intrínseco de la persona.
En el caso de marras y del estudio de las actas que conforman el expediente se observa, que los ciudadanos ANGELA PATRICIA DEL CARMEN CASTILLO CARVAJAL y JONATHAN EMILIO VIVAS JIMENEZ, antes identificados, por situaciones que produjeron el desafecto entre ellos que desembocó en una evidente incompatibilidad de caracteres; es por lo que de conformidad con lo establecido en la Sentencia Nro. 1070 del 9 de diciembre de 2016, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, decide que debe prosperar la solicitud de divorcio incoada por la ciudadana ANGELA PATRICIA DEL CARMEN CASTILLO CARVAJAL en contra del ciudadano JONATHAN EMILIO VIVAS JIMENEZ.
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR LA SOLICITUD DE DIVORCIO, presentada por la ciudadana: ANGELA PATRICIA DEL CARMEN CASTILLO CARVAJAL, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil y titular de la Cédula de Identidad Nro. V.-25.518.473 en contra del ciudadano JONATHAN EMILIO VIVAS JIMENEZ, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil y titular de la Cédula de Identidad Nro. V.-18.358.195. En consecuencia, se declara DISUELTO el vínculo conyugal existente contraído ante la Primera Autoridad Civil del Distrito Capital del Municipio Libertador, de la Parroquia Santa Rosalía, en fecha 22 de febrero de 2.019, inserta con el acta de matrimonio Nº029, del libro de Registros Civil de Matrimonios llevados por ese Despacho.
REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, en la ciudad de Guatire a los ________________ (___) días del mes de ____________ del año dos mil veintidós (2.022). Años: 211º de la Independencia y 162º de la Federación.-
JUEZA,

FABIOLA TERAN SUAREZ
LA SECRETARIA,

YAMELY BERMUDEZ
En esta misma fecha siendo las _____________de la tarde, se registró y publicó la presente sentencia.
LA SECRETARIA,

YAMELY BERMUDEZ
FTS/YB/KPA.-
EXP. Nº 5421.-