TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO ACEVEDO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.
211º Y 163º

Caucagua, veintiuno (21) de Marzo 2022

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

SOLICITANTES: SANTOS EDGAR ORTUÑO ARAY y ALEIDA DELGADO RANGEL, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, cónyuges, y titulares de las cédulas de identidad Nros V-11.489.445 y V-11.366.952 respectivamente.

ABOGADO: RAFAEL ANTONIO ZAMARO CEDEÑO; venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 16.058.652, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 299.766

MOTIVO: DIVORCIO 185-Acc

SOLICITUD Nº 1377-22.

-I-
NARRATIVA
DE LAS ACTUACIONES PROCESALES:

Se inicia el proceso en fecha 11 de Febrero de 2022, presentada directamente por ante el Tribunal Móvil solicitada por los ciudadanos: SANTOS EDGAR ORTUÑO ARAY y ALEIDA DELGADO RANGEL, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, cónyuges, y titulares de las cédulas de identidad Nros V-11.489.445 y V-11.366.952 respectivamente, asistidos en este acto por la profesional del derecho abogada NERVIN TOVAR RODRIGUEZ; venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 6.440.338, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 143.072, en el cual entre otras cosas señalan:

1.- Que contrajeron matrimonio civil, por ante la Junta Parroquial de Marizapa, Municipio Acevedo del Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 28 de Junio de 2002, según se evidencia de acta de matrimonio inserta bajo el Nº 04 del Libro de Registro Civil de Matrimonios.

2.- Que fijaron su último domicilio conyugal, en el sector los Cerritos, San Juan, casa s/nº, Parroquia Caucagua del Municipio Acevedo del Estado Bolivariano de Miranda.
3.- Que de dicha unión matrimonial no adquirieron bienes en común.
4.-Que de la unión matrimonial no procrearon hijos.
Que a partir del mes de Marzo del año 2012, se separaron definitivamente de hecho, exponiendo que la situación se tornó difícil e intolerable entre ellos por lo que decidieron separarse de hecho y continuar sin cohabitar y sin ninguna relación afectiva. Desde hace diez (10) años de mutuo y común acuerdo se separaron de hecho y no de derecho, fijando residencias separadas, habiendo en consecuencia ruptura prolongada de la vida en común por más de cinco (05) años y en razón a ello, presentaron de mutuo acuerdo esta solicitud.

En fecha 11 de febrero de 2022, se libró boleta de notificación a la Fiscal Décimo Tercera 13º del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Guarenas para que emitiera su opinión favorable.

En fecha 11 de febrero de 2022, el Alguacil de este Tribunal, consignó boleta de notificación firmada por la Fiscal Décimo Tercera 13º del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Guarenas.

En fecha 11 de febrero de 2022, la Fiscal Décimo Tercera del Ministerio Público hizo su respectivo pronunciamiento con opinión favorable.

En fecha 16 de febrero de 2022, se admitió la solicitud por auto, por no ser contario a derecho a las leyes, al orden público y a las buenas costumbres.

En fecha 15 de marzo de 2022, los ciudadanos: SANTOS EDGAR ORTUÑO ARAY y ALEIDA DELGADO RANGEL, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, cónyuges, y titulares de las cédulas de identidad Nros V-11.489.445 y V-11.366.952 respectivamente, asistieron voluntariamente, asistidos por el abogado RAFAEL ANTONIO ZAMARO CEDEÑO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-16.058.652 inscrito en el inpreabogado bajo el N° 299.766, señalaron: Que ciertamente existe ruptura en sus vidas en común por más de diez (10) años, que no tienen bienes en común y no procrearon hijos.

-II-
DOCUMENTOS CONSIGNADOS Y VALORADOS:

1.- Acompañaron al escrito de solicitud, fotostato simple del documento de identidad del ciudadano: SANTOS EDGAR ORTUÑO ARAY, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-11.489.445, de estado civil soltero, fotostato que riela al folio dos (02), así como la ciudadana: ALEIDA DELGADO RANGEL, en su documento de identidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-11.366.952 y con estado civil soltera fotostato que riela al mismo folio tres (03), de la cual se evidencia que no realizaron el respectivo cambio de su estado civil ante la autoridad competente y queda demostrado la identidad de ambos ciudadanos. Se valoran favorablemente pues merecen fe pública y no han sido objeto de tacha de falsedad, esta prueba confirma la identidad de los solicitantes, es por lo cual el Tribunal le concede pleno valor probatorio a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil Venezolano Vigente y el 429 del Código del Procedimiento Civil Vigente.

2.- Acompañaron al escrito de solicitud copia simple del acta de matrimonio, Nº 04, expedida en fecha 28 de Junio de 2002, por ante la Junta Parroquial de Marizapa, del Municipio Acevedo del Estado Bolivariano de Miranda constante de un (01) folio útil, que riela al folio cuatro (04), de la cual se evidencia y queda demostrado el vínculo matrimonial y la fecha de celebración del mismo. Instrumento que se valora favorablemente pues merece fe pública y no ha sido objeto de tacha de falsedad, por lo que el Tribunal le otorga pleno valor probatorio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.359 y 1.360 del Código Civil Venezolano vigente.

3.- Fotostato certificado del acta de matrimonio expedida en fecha 08 de febrero de 2022, procedente del Registro civil del Municipio Acevedo del Estado Bolivariano de Miranda, de la cual se evidencia y queda demostrado el vínculo matrimonial y la fecha de celebración del mismo. Instrumento que se valora favorablemente pues merece fe pública y no ha sido objeto de tacha de falsedad, por lo que el Tribunal le otorga pleno valor probatorio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.359 y 1.360 del Código Civil Venezolano vigente.
III
DE LA COMPETENCIA

Pasa a continuación este Tribunal a revisar su competencia para conocer la presente solicitud, conforme a las observaciones siguientes:

La tutela judicial efectiva contemplada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; queda definida y reseñada en garantía constitucional que integra uno de los derechos esenciales de los individuos es el derecho a la jurisdicción, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional de fecha 10-05-2001 Nº 708, define como “el derecho de ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia”. En orden a posibilitar el ejercicio efectivo de ese derecho el Estado debe establecer tribunales, asignarles jurisdicción y competencia y dictar normas de procedimiento. Así mismo, el derecho a la jurisdicción no se agota con el acceso al órgano judicial, sino que debe brindar a los administrados una tutela judicial efectiva a sus derechos individuales, en orden a satisfacer un adecuado servicio de justicia.

La competencia consiste en la distribución del poder jurisdiccional entre los distintos Tribunales a los cuales se le asigna el conocimiento de determinados asuntos por disposición expresa de la Ley, cuya vinculación al derecho de defensa se encuentra contemplada en los numerales 3º y 4º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que a través de ella el justiciable es juzgado por su juez natural y competente, como expresión de la garantía de un debido proceso.

En tal sentido, el artículo 3º de la Resolución Nº 2009-0006, dictada en fecha 18 de marzo de 2009, por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dispone:

Artículo 3: “Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida”.

Igualmente el artículo 185-A del Código Civil establece lo siguiente:

“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común. Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio…”

Para decidir, este Sentenciador observa:
La disolución del vínculo conyugal, fundamentado en la ruptura prolongada e ininterrumpida de la vida en común de la pareja y por un tiempo de más de cinco (5) años, es una institución relativamente nueva en nuestro Derecho de Familia, el que fue desarrollado en la reforma parcial del Código Civil, que entró en vigencia en el año 1982. La razón fundamental que lleva al legislador patrio de incluir en dicha reforma, la institución contenida en el Artículo 185-A del Código Civil, es básicamente asumir el divorcio como una solución ante una situación insostenible entre la pareja, tratando al mismo tiempo de que dicho conflicto afecte lo menos posible a los demás miembros de la familia, particularmente a los hijos; y desde el punto de vista formal, el legislador ha pretendido con ella, darle juridicidad a una situación que de hecho viene existiendo, y que trae como consecuencia, una inseguridad jurídica en cuanto a la realidad en las relaciones de la pareja que se debe legalizar. Sin menoscabar los intereses fundamentales del Estado, en preservar la institución del matrimonio y por ende la familia como célula fundamental de la sociedad, para que proceda la disolución del vínculo conyugal por el medio en estudio, el legislador ha establecido los supuestos requeridos para ello, a saber:
PRIMERO: Que la solicitud debe ser presentada personalmente por los interesados y por ante el Juez de Familia de la jurisdicción del último domicilio conyugal;
SEGUNDO: Que acredite el acta de matrimonio a fin de dejar constancia de su celebración y tiempo de vigencia del mismo;
TERCERO: La declaración de que han permanecido separados de hecho por el transcurso de más de cinco (5) años; y
CUARTO: Que el Ministerio Público no objete la solicitud.

Del estudio de las actas que conforman el expediente se desprende que se han cumplido todas las formalidades exigidas en el artículo 185-A del Código Civil, para que prospere la solicitud de divorcio incoada por los ciudadanos: SANTOS EDGAR ORTUÑO ARAY y ALEIDA DELGADO RANGEL, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, cónyuges, y titulares de las cédulas de identidad Nros V-11.489.445 y V-11.366.952 respectivamente, razón por la cual este Tribunal deberá declarar con lugar la demanda interpuesta con los pronunciamientos de ley en la dispositiva del fallo. Y ASÍ SE DECLARA.

-IV-
FUNDAMENTOS PARA DECIDIR:
Este Juzgador vista la solicitud, fundamenta esta decisión en el artículo 77 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece la protección al matrimonio, entre un hombre y una mujer fundada en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges, lo que se concatena con los lineamientos del referido artículo 75 de la misma carta magna. De allí que, el matrimonio solo puede ser entendido de los fundamentos para decidir y con relación como institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges, como una expresión de su libre voluntad y, en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, pero igualmente por interpretación lógica nadie puede estar obligado a permanecer casado, derecho que tienen por igual ambos cónyuges, en consecuencia la suspensión de la vida en común significa que el consentimiento para mantener el vínculo ha terminado, por ello se admitió la solicitud por mutuo consentimiento.

En fecha 11 de febrero de 2022, presentada solicitud directamente por ante el Tribunal Móvil por los ciudadanos: SANTOS EDGAR ORTUÑO ARAY y ALEIDA DELGADO RANGEL, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, cónyuges, y titulares de las cédulas de identidad Nros V-11.489.445 y V-11.366.952 respectivamente, asistidos en este acto por la profesional del derecho NERVIN TOVAR RODRIGUEZ; venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 6.440.338, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 143.072.

Así mismo en fecha 15 de marzo de 2022, presentaron diligencia donde se señaló que ciertamente existe una ruptura por más de diez (10) años, que no tienen bienes en común y no procrearon hijos, ratificando que están de acuerdo a seguir con el divorcio, según lo establecido en los artículos 895 al 902 del Código de Procedimiento Civil, debidamente asistidos en este acto por el profesional del derecho RAFAEL ANTONIO ZAMARO CEDEÑO; venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 16.058.652, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 299.766.

Señalaron los solicitantes que contrajeron matrimonio civil por ante la Junta Parroquial de Marizapa, del Municipio Acevedo del Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 28 de Junio de 2002, según se evidencia de acta de matrimonio inserta bajo el Nº 04, del Libro de Registro Civil de Matrimonios. Indican que desde que contrajeron matrimonio, fijaron su residencia en el sector los Cerritos, San Juan casa s/n, Parroquia Caucagua de Municipio Acevedo del Estado Bolivariano de Miranda, señalan que la relación conyugal al principio se desarrolló de la manera más normal hasta el mes de Marzo del año 2012, la situación se tornó difícil e intolerable entre ellos por lo que decidieron separarse de hecho y hacer sus vidas separado. Desde hace diez (10) años de mutuo y común acuerdo se separaron de hecho y no de derecho, fijando residencias separadas, habiendo en consecuencia ruptura prolongada de la vida en común por más de cinco (05) años.

Señalan los solicitantes que no procrearon hijos, así mismo señalan que de la unión matrimonial no se adquirieron bienes que liquidar. Por lo que solicitan se declare disuelto el vínculo matrimonial, conforme a lo previsto en el artículo 185-A del Código Civil Venezolano Vigente.

En fecha dieciséis (16) de Febrero de 2022, Se dictó auto de admisión y visto que en autos existe la notificación de la Fiscal Décima Tercera (13º) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Guarenas con opinión favorable, donde considera que se encuentran llenos los extremos legales y en consecuencia no hace oposición al presente procedimiento.

Hechas como fueron las anteriores consideraciones del caso y por cuanto los cónyuges están contestes en afirmar que han permanecidos separados de hecho por más de cinco (5) años, no hubo oposición de la Fiscal Décima Tercera (13º) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Guarenas y habiéndose cumplido en consecuencia con las formalidades establecidas por la Ley, no queda más a este Operador de Justicia que declarar la presente solicitud con Lugar. Y ASI SE DECIDE.-

-V-
MOTIVA:
Los ciudadanos: SANTOS EDGAR ORTUÑO ARAY y ALEIDA DELGADO RANGEL, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, cónyuges, y titulares de las cédulas de identidad Nros V-11.489.445 y V-11.366.952 respectivamente; expusieron, que han estado separados de hecho por más de diez (10) años, sin que haya mediado reconciliación entre ellos, siendo posible hasta hoy disolver el vínculo legal por mutuo consentimiento, manifestaron igualmente, que durante la unión no adquirieron bienes de fortuna, y no procrearon hijos. Fundamentó su pretensión en los artículos 185 A del Código Civil y como bien he sabido que La Sala Constitucional subrayó que tanto la solicitud de conversión de la separación de cuerpo en divorcio como la separación de hecho por más de cinco años correspondían a procedimientos de jurisdicción voluntaria y que eventualmente podría surgir contradicción en relación con la reconciliación o en el supuesto de que uno de los cónyuges se opusiere, pero este caso no existe oposición , sino todo lo contrario los cónyuges están de acuerdo en divorciarse.

También es conocido en la doctrina, que el muto consentimiento, apunta Domínguez Guillén:

“… la voluntad de las partes puede ser canalizada a formas no contenciosas de disolución del vínculo matrimonial, específicamente a través de la separación de cuerpos –con miras a conversión en divorcio en un año de la ruptura prolongada de la vida en común (artículo 185-A del Código Civil) o del divorcio ante la justicia de paz cuando no existen hijos menores…”

La Sala Constitucional ha atribuido transitoriamente la competencia a los juzgados civiles de municipio, Cuando estos asuntos corresponden a adultos sin hijos comunes menores de edad por ser de jurisdicción voluntaria y por tener competencia ASI SE DECIDE.

VI
DECISION
Vistas las anteriores consideraciones, este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Acevedo de la Circunscripción judicial Estado Miranda, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY; de conformidad con lo establecido en el artículo 185-A del Código Civil Vigente.
PRIMERO: CON LUGAR, la solicitud de divorcio 185-A, DECLARA DISUELTO EL MATRIMONIO CIVIL contraído por los ciudadanos: SANTOS EDGAR ORTUÑO ARAY y ALEIDA DELGADO RANGEL, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, cónyuges, y titulares de las cédulas de identidad Nros V-11.489.445 y V-11.366.952 respectivamente, con domicilio el primero en el Sector los Cerritos, casa sin número Parroquia Caucagua del Municipio Acevedo del estado bolivariano de Miranda y la segunda en el Sector los Cerritos, San Juan, casa sin número Parroquia Caucagua del Municipio Acevedo del estado bolivariano de Miranda. En fecha veintiocho (28) de Junio de (2002), según se evidencia del acta Nº 04, inserta en el libro de Registro Civil de Matrimonios de ese presente año. SEGUNDO: Se declara firme esta Sentencia, en virtud de que contra la misma no procede recurso alguno, ni ordinario, ni extraordinario, de conformidad a lo previsto en el artículo 185-A del Código Civil Vigente. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 101 numeral 06 y 152 de la Ley Orgánica de Registro Civil, se ordena registrar la presente decisión, única y exclusivamente en la Oficina de Registro Civil de la Parroquia Caucagua, Municipio Acevedo, Estado Bolivariano de Miranda, asimismo en el Registro Principal de Los Teques, Estado Bolivariano de Miranda agregándosele la nota marginal en el acta de matrimonio respectiva, y una vez Definitivamente firme dicha Sentencia puede proceder a solicitar la ejecución de la misma, En consecuencia, regístrese en el libro respectivo; Líbrense las Boletas correspondientes, desglósese la boleta de notificación y entréguesele al alguacil de este Tribunal a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en nuestra legislación relacionado con la notificación de las partes.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.
Asimismo, se ordena la publicación de la presente decisión en la página web del Tribunal Supremo de Justicia (www.tsj.gob.ve) y en el portal web: www.miranda.scc.org.ve. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Acevedo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con sede en Caucagua, a los veintiuno (21) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), a los 211º Años de la Independencia y 163º Años de la Federación.-

JUEZ

NELSON A.REQUENA MARQUEZ LA SECRETARIA ACC,

En la misma fecha expídase copia certificada de la Presente Sentencia, para que sea agregada al Libro respectivo, conforme a lo contemplado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Se publicó y registró la anterior decisión siendo las diez de la mañana (10:00 a.m).
LA SECRETARIA ACC,

NAR/GFB/marling.
Solicitud. Nº 1377-22