TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

JUZGADO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO LOS SALIAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
212º y 163º

I
SÍNTESIS DE LAS ACTUACIONES

Se dio inicio al presente procedimiento con ocasión a la solicitud de divorcio presentada por el abogado HECTOR ENRIQUE PUCHI ALVAREZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 213.946, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ALEJANDRO MIGUEL MADRIGAL DIAZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V- 19.242.955.
Es el caso, que el solicitante manifestó que contrajo matrimonio civil con la ciudadana NATHALIA CAROLINA DIAZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V- 20.748.451, ante el Registro Civil del Municipio los Salias del Estado Bolivariano de Miranda, en fecha seis (06) de marzo de dos mil veinte (2020), tal como se desprende de acta de matrimonio No. 024; así mismo, manifestó que fijaron su domicilio conyugal en la Urbanización el Refugio, Avenida Principal, Quinta Mi Refugio, Parcela No. 39, San Antonio de Los Altos, Municipio los Salias del Estado Bolivariano de Miranda; que de dicha unión no procrearon hijos; que con el transcurso de los años se han venido generando desavenencias e incompatibilidades de caracteres que hacen imposible la vida en común; y que por tales razones, solicita la disolución del vínculo conyugal que los une, a tenor de lo establecido en el artículo 185 del Código Civil, en concordancia con la sentencia No. 1070-2016 dictada por la Sala Constitucional en fecha nueve (9) de diciembre de dos mil dieciséis (2016).
Mediante auto dictado en fecha ocho (08) de diciembre de dos mil veinte (2020), este tribunal admitió la solicitud presentada, ordenó la citación de la cónyuge ciudadana NATHALIA CAROLINA DIAZ, asimismo ordenó la notificación de la representación del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a fin de que actuara como parte de buena fe, librándose las boletas correspondientes.
Mediante diligencia suscrita en fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022), por el apoderado judicial del solicitante, plenamente identificado en autos, manifestó que la ciudadana NATHALIA CAROLINA DIAZ, se encuentra domiciliada en el exterior del país y solicito oficiar al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) a los fines de requerir los movimientos migratorios de la prenombrada ciudadana.
Mediante auto de fecha veintidós (22) de febrero de dos mil veintidós (2022), se ordenó oficial al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) y al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a los fines de obtener información sobre el domicilio de la ciudadana NATHALIA CAROLINA DIAZ, así como los movimientos migratorios. Dichos oficios fueron librados en esta misma fecha.
En fecha veintiuno (21) de marzo del dos mil veintidós (2022), compareció el abogado HECTOR ENRIQUE PUCHI ALVAREZ, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte solicitante y consignó oficio No. SNAT/INTI/GRTI/RCA/STILAM/ASAC/2022-JEF-024, de fecha 08 de marzo de 2022, proveniente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Mediante auto de fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022), se dejo constancia que la ciudadana NATHALIA CAROLINA DIAZ, remitió correo electrónico manifestando estar de acuerdo en disolver el vinculo conyugal que la une con el ciudadano ALEJANDRO MIGUEL MADRIGAL DIAZ, plenamente identificados en autos, así mismo se ordeno agregar al expediente copia certificada del correo en comento.
Mediante auto de fecha veintinueve (29) de marzo de dos mil veintidós (2022), se fijó oportunidad para que tuviera lugar la audiencia telemática a través de la plataforma (whatsapp), a los fines de certificar los datos personales de la ciudadana NATHALIA CAROLINA DIAZ.
Mediante acta suscrita en fecha primero (01) de abril de dos mil veintidós (2022), se dejó constancia de la celebración de la audiencia telemática fijada y asimismo la secretaria certificó los datos personales de la ciudadana NATHALIA CAROLINA DIAZ, quien manifestó estar de acuerdo en disolver el vínculo conyugal.
En fecha cinco (05) de mayo de dos mil veintidós (2022), el alguacil de este tribunal dejó constancia en autos de haber practicado la notificación de la Fiscal del Ministerio Público, consignando un ejemplar de la respectiva boleta firmada y sellada.
Posteriormente, en fecha once (11) de mayo de dos mil veintidós (2022), la abogada JENNY TERESA VILLALOBOS, actuando en su carácter de Fiscal Auxiliar Interina (encargada) Décima Primera del Ministerio Público Especial para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares, consignó diligencia mediante la cual manifestó no tener objeción alguna al presente procedimiento.
Ahora bien, estando dentro de la oportunidad legal para dictar sentencia, este tribunal procede a hacerlo en los términos que se expondrán a continuación.

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Previo al pronunciamiento que corresponde, es necesario precisar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia No. 12-1163 proferida en fecha dos (2) de junio de dos mil quince (2015), arribó a las conclusiones siguientes: 1) la declaratoria de ampliación de las causales del divorcio litigioso contenido en el artículo 185 del Código Civil, pudiendo los cónyuges plantear cualquier otra circunstancia que obstaculice su vida marital; 2) distingue y recalca el avance legislativo respecto a la competencia atribuida a los juzgados de paz para declarar el divorcio por mutuo consentimiento de los cónyuges, sin mayor trámite; 3) ordena a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes permitir el tramitar conforme al procedimiento de jurisdicción voluntaria, previsto en los artículos 511 y siguientes de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, las solicitudes de divorcio de mutuo consentimiento que presenten ambos cónyuges; y 4) exhorta al poder legislativo nacional a emprender una revisión de la regulación vigente a los fines de sistematizar los criterios jurisprudenciales dictados.
Ergo, de dicha decisión no se colige la aplicación de este procedimiento a los Juzgados de Municipio Ordinario y Ejecutores de Medidas; sin embargo, en fecha posterior, esto es dieciocho (18) de diciembre de dos mil quince (2015), la nombrada Sala dispuso que “(…) no obstante, se observa que a los fines de la aplicación de la norma especial, en aquellas comunidades donde no se hayan constituido los jueces y juezas de paz comunal, serán los jueces y juezas de Municipio competentes en los territorios que se correspondan con el domicilio conyugal los que ejecuten esa competencia, a tenor de la atribución de competencia que realiza el artículo 3 de la ya citada Resolución de la Sala Plena No. 2009-006, visto el carácter no contencioso de estas solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento (…)”, ordenando la publicación del dispositivo del fallo en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela con la siguiente mención en su sumario: “(…) sentencia de la Sala Constitucional que reconoce la competencia de los Tribunales de Municipio, en aquellas Circunscripciones Judiciales donde no existan Jueces y Juezas de Paz Comunal, para conocer y decidir solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal (…)”.
En razón de lo antes expuesto, resulta competente este órgano jurisdiccional para dar trámite a un procedimiento que, en su contenido, no va dirigido a los integrantes del poder judicial, aunque sí al sistema de justicia, y por una ley especial que no rige a los jueces ordinarios de Municipio como lo es la Ley Orgánica de Justicia de Paz. No obstante como el indicado fallo es de carácter vinculante este tribunal lo acata, procediendo al efecto a resolver el fondo del asunto sometido a su conocimiento.
Aclarado lo anterior, esta juzgadora adentrándose a las circunstancias propias del caso de autos, observa que las presentes actuaciones versan sobre un procedimiento no contencioso de jurisdicción voluntaria, donde el solicitante ciudadano ALEJANDRO MIGUEL MADRIGAL DIAZ, manifestó que han surgido inconvenientes que impiden la vida en común y que han generado desafecto respecto a su cónyuge, lo cual se enmarca en lo previsto por la Sala Constitucional en sentencia No. 1070-2016; por lo que acude ante este órgano jurisdiccional a los fines de solicitar que se decrete su divorcio, aduciendo que no es necesario esperar el tiempo requerido en el artículo 185-A del Código Civil, el cual dispone que: “(…) cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común (…)”, circunstancias que no fueron negadas de ninguna manera por su cónyuge, ciudadana NATHALIA CAROLINA DIAZ., quien quedo debidamente notificada a través de los medios telemáticos.
Así mismo, esta sentenciadora verifica que la representación fiscal quedó debidamente notificada y compareció en la debida oportunidad manifestando no tener objeción que formular; y por tales motivos considera que la solicitud que encabeza las presentes actuaciones debe prosperar en derecho, más aun cuando de la lectura del numeral 8 del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, aplicable por mandato de la sentencia de marras, dispone:

“(…) Los jueces y juezas de paz son competentes para conocer:
8. Declarar, sin procedimiento previo y en presencia de la pareja, el divorcio o la disolución de las uniones estables de hecho cuando sea por mutuo consentimiento; los solicitantes se encuentren domiciliados en el ámbito local territorial del juez o jueza de paz comunal; y no se hayan procreado hijos o de haberlos, no sean menores de 18 años a la fecha de la solicitud (…)”.

En efecto, por las razones antes expuestas y partiendo de las manifestaciones que fueron en la solicitud presentada ante este tribunal, así como de los instrumentos que fueron aportados conjuntamente con la mencionada solicitud, quien aquí suscribe procede a declarar CON LUGAR el divorcio en cuestión; tal como se dejará sentado en el dispositivo del presente fallo.- Así se decide.

III
DECISIÓN

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la solicitud de divorcio presentada por el ciudadano ALEJANDRO MIGUEL MADRIGAL DIAZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V- 19.242.955, estando debidamente asistido de abogado, con fundamento en lo previsto en el artículo 185 del Código Civil, en concordancia en las sentencias vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nos. 12-1163 de fecha dos (2) de junio de dos mil quince (2015) y 1070 de fecha nueve (9) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), y la sentencia No. 136 de la Sala de Casación Civil, dictada en fecha treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017), y en consecuencia se declara DISUELTO el vínculo conyugal que unía al prenombrado ciudadano con la ciudadana NATHALIA CAROLINA DIAZ ARMAS, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V- 20.748.451, contraído ante el Registro Civil del Municipio los Salias del Estado Bolivariano de Miranda, en fecha seis (06) de marzo de dos mil veinte (2020), tal como se desprende de acta de matrimonio No. 024.
Notifíquese mediante oficio a las autoridades competentes, con inclusión de las copias de la presente decisión, previa su certificación por la secretaría de este despacho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil, una vez que la misma quede firme.
Publíquese, regístrese, ejecútese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en San Antonio de Los Altos, a los veintitrés (23) de mayo de dos mil veintidós (2022). Años 212º de la Independencia y 163º de la Federación.
LA JUEZ,

ADRIANA GONCALVES RODRIGUES.

LA SECRETARIA,

NUVIA BAUTISTA.

NOTA: Se deja constancia que en esta misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo la una de la tarde (01:00 p.m.).
LA SECRETARIA,