TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO ACEVEDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CAUCAGUA.
Caucagua, dieciocho (18) de noviembre del año dos mil veintidós (2022).
212º y 163º

PETICIONANTES: LUCIO GRABIEL MIJARES, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-10.097.052 y NANCY JOSEFINA BLANCO MARTÍNEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 7.946.250.
ABOGADO ASISTENTE: Funcionaria MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ DE CELIS, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 14.261.551, con IPSA Nº 105.348, en su carácter de Defensora Pública Auxiliar Primera en Materia Civil, Mercantil y Tránsito, Ubicada en Guatire.
MOTIVO: DIVORCIO POR DESAFECTO 185-A (RUPTURA PROLONGADA).
SOLICITUD: N° S-314-2022.
SENTENCIA: DEFINITIVA.
-I-
NARRATIVA
-DE LAS ACTUACIONES PROCESALES-

Recibida la presente solicitud de DIVORCIO POR DESAFECTO 185-A (RUPTURA PROLONGADA), presentada en fecha cuatro (04) de noviembre de 2022, ante este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Acevedo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, participante en la Jornada Especial indicada como Tercer (III) Tribunal Móvil, conjuntamente con la Defensa Publica adscrita a la URD /Miranda, extensión Guarenas-Guatire, y la Fiscalía Décima Tercera (13º) del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial, Estado Bolivariano de Miranda, para prestar asesorías jurídicas y procesar solicitudes de la Jurisdicción Civil Voluntaria en el marco del Estado Constitucional y Social que propugne valores superiores en su ordenamiento jurídico, garantizando derechos e intereses, para obtener una justicia óptima, expedita y eficiente, incoada por los ciudadanos LUCIO GRABIEL MIJARES, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-10.097.052, y NANCY JOSEFINA BLANCO MARTÍNEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 7.946.250, debidamente asistidos por la funcionaria MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ DE CELIS, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 14.261.551, con IPSA Nº 105.348, en su carácter de Defensora Publica Auxiliar Primera en Materia Civil, Mercantil y Tránsito, Ubicada en Guatire, y de transito en esta población, con los recaudos siguientes: Copia de Cedula de Identidad de la solicitante, copia certificada del Acta de Matrimonio.
Mediante auto de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil veintidós (2022). Este tribunal le dio entrada y curso a lo dispuesto en la ley, asignándole la numeración Nº S-314-2022, asentándolo en los libros respectivos. se ADMITIO por cuanto no es contraria a derecho ni a las buenas costumbres, ni al orden público de conformidad con los artículos 2, 26, 49 ordinal 3, 77 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concatenada a la Resolución 006-2009 de fecha 18 de marzo de 2009, emanada del Tribunal Supremo de Justicia y Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, signada con el Nº 39.152, de fecha dos (02) de abril de 2009, donde se atribuyó competencia exclusiva y excluyente a los Juzgados de Municipio para conocer todos los asuntos de Jurisdicción Voluntaria, concatenada con los artículos 754, 755, 895, 899, del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con lo establecido en el artículo 185-A del Código Civil Vigente en correlación con las Sentencias Nro. 693 de fecha 02 de junio 2015, y Nro. 1070 de fecha 09 de diciembre 2016 emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo ordeno Librar Boleta de Notificación correspondiente al Representante del Ministerio Publico quien actuará en el procedimiento como parte de buena fe, a tenor de lo previsto en el artículo 131 del Código de Procedimiento Civil y 196 del Código Civil Venezolano
En fecha 09/11/2022 la representante de la Fiscalía Décima Tercera (13º) del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial Estado Bolivariano de Miranda con sede en Guarenas Municipio Plaza, Dra Melanie Álvarez, participante en la Jornada Especial indicada como Tercer (III) Tribunal Móvil emitió OPINIÓN FAVORABLE, toda vez que ha cumplido los requisitos de ley.

PLANTEAMIENTO DE LA LITIS:
Los Ciudadanos LUCIO GRABIEL MIJARES, y NANCY JOSEFINA BLANCO MARTÍNEZ, Infra identificados alegaron en su escrito de solicitud de DIVORCIO POR DESAFECTO 185-A (RUPTURA PROLONGADA) lo siguiente: Que contrajeron Matrimonio Civil, por ante la Primera Autoridad Civil del Municipio Acevedo, Estado Bolivariano de Miranda, en fecha veintidós (22) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993), según consta del, acta Nº 50, folio Nº 55, de fecha veintidós (22) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993), inserta en los libros llevados por esa Oficina de Registro Civil, Municipio Acevedo, estado Miranda siendo su último domicilio conyugal segunda calle de marizapa, casa # 5094, Parroquia Marizapa, Municipio Acevedo, estado Bolivariano de Miranda. De su unión No procrearon hijos y no adquirieron bienes, Ahora bien, con el discurrir de los años la armonía conyugal colmada de afecto y amor recíproco, respeto y socorro mutuo habida entre nosotros, se desvaneció; lo que ha generado diversas circunstancias de incomprensión e intolerancia que hacen la vida en común difícil de sostenerla, por lo que motivaron nuestra decisión común de separarnos de cuerpo de hecho, lo cual ocurrió aproximadamente desde el año dos mil dos (2002). Por cuanto, existe el desamor entre nosotros, falta de afecto e incompatibilidad de caracteres, a tales efectos declaro nuestros domicilios actuales separados, LUCIO GRABIEL MIJARES, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-10.097.052, domiciliado en calle principal de marizapa, casa # 5003, Parroquia Marizapa, Municipio Acevedo, estado Bolivariano de Miranda, número telefónico (0426) 900-1973, correo electrónico Luciomijares1217@gmail.com y NANCY JOSEFINA BLANCO MARTÍNEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 7.946.250, domiciliada en segunda calle de marizapa, casa # 5094, Parroquia Marizapa, Municipio Acevedo, estado Bolivariano de Miranda, número telefónico (0412) 993-2525, correo electrónico nancyblanco736@gmail.com. Expresada así las circunstancias de hecho sobre nuestra separación física, por lo que nos mantenemos bajo esta situación fáctica por más de veinte (20) años, desde entonces no hemos hecho vida común bajo ninguna circunstancias; siendo en consecuencia procedente cuanto en derecho que este honorable Tribunal declare con lugar nuestra petición de disolver el vínculo jurídico que nos une, por encontrarnos separados de hecho por el lapso ut supra determinado en el presente compendio de los hechos, además, del desamor o desafecto que existe entre nosotros, sin que exista en la actualidad cohabitación de ningún tipo ni posibilidad de conciliación por lo que solicita se declare el divorcio de conformidad del artículo 185-A del Código Civil.
-II-
MOTIVA

A fin de determinar la competencia del Tribunal, esta Juzgadora considera necesario revisar su competencia para conocer la presente petición, conforme a las observaciones siguientes:
La tutela judicial efectiva contemplada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; queda definida y referida a la garantía constitucional que integra uno de los derechos esenciales de los individuos es el derecho a la jurisdicción.
La competencia consiste en la distribución del poder jurisdiccional entre los distintos Tribunales a los cuales se le asigna el conocimiento de determinados asuntos por disposición expresa de la Ley, cuya vinculación al derecho de defensa se encuentra contemplada en los numerales 3º y 4º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que a través de ella el justiciable es juzgado por su juez natural y competente, como expresión de la garantía de un debido proceso.
El artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, indica que: “Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges…”.
Cabe destacar, que la expresión “fundado en el libre consentimiento“, como indicó la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, no existía en la Constitución de 1961. De esa expresión, la Sala Constitucional dedujo que:
“(…) el matrimonio solo puede ser entendido como institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges, como una expresión de su libre voluntad y, en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, pero igualmente – por interpretación lógica – nadie puede estar obligado a permanecer casado, derecho que tienen por igual ambos cónyuges (…) para el derecho venezolano, el cese de la vida en común por voluntad de ambos o de uno de los cónyuges es una causal de divorcio, de igual entidad en todos los anteriores supuestos, ya que en la actualidad se adapta a la previsión del artículo 77 constitucional, según el cual el matrimonio se fundamenta en el libre consentimiento (…)”.
El artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de la Justicia y Garantías Procesales:
“(…) el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, unidad, formalidad y eficacia de los trámites y adoptaran un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificara la justicia por la omisión de formalidades no esenciales (…)”.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional de fecha 10-05-2001 Nº 708, define como “el derecho de ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia”. En orden a posibilitar el ejercicio efectivo de ese derecho el Estado debe establecer tribunales, asignarles jurisdicción y competencia y dictar normas de procedimiento. Así mismo, el derecho a la jurisdicción no se agota con el acceso al órgano judicial, sino que debe brindar a los administrados una tutela judicial efectiva a sus derechos individuales, en orden a satisfacer un adecuado servicio de justicia.
Para ello, es necesario que se cumpla la garantía del debido proceso, cuyo problema radica en el respeto del derecho de defensa y que la pretensión se resuelva mediante una sentencia que debe ser oportuna, fundada y justa.
En tal sentido, el artículo 3º de la Resolución Nº 2009-0006, dictada en fecha 18 de marzo de 2009, por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dispone:
Artículo 3: “Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida”.
En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida”. (Resaltado de la Sala). De allí que, la Sala en aras de salvaguardar los postulados constitucionales de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, consagrados en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Conforme a la anterior disposición jurídica, corresponde a los Juzgados de Municipio conocer de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosos en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza, por lo que este Tribunal resulta competente para conocer la presente solicitud no contenciosa, y así se declara.
Ahora bien el domicilió conyugal Artículo 140-A del Código Civil dispone lo siguiente:
“Articulo 140-A. El domicilió conyugal será el lugar donde el marido y la mujer tengan establecido de mutuo acuerdo, su residencia. En caso de los cónyuges tuvieren residencias separadas, de hecho o en virtud de la autorización judicial prevista en el artículo 138, el domicilio conyugal será el lugar de la última residencia común.”

Por su parte el artículo 754 del Código de Procedimiento Civil, establece expresamente lo siguiente:
“Articulo 754. Es Juez competente para conocer de los juicios de divorcio y de separación de cuerpos al que ejerza la jurisdicción ordinaria en primera instancia, en el lugar del domicilió conyugal. Se entiende por domicilio conyugal el lugar donde los cónyuges ejercen sus derechos y cumplen con los deberes de sus estado.”

* Precisiones conceptuales en materia de divorcio.
De otro lado, dispone el artículo 184 del Código Civil que todo matrimonio válido se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges y por divorcio.
En ese sentido, sostiene el autor Raúl Sojo Bianco, en su obra intitulada “Apuntes de Derecho de Familia y Sucesiones”, Pág. 171, que“…el divorcio es la disolución legal del matrimonio en vida de ambos cónyuges, como consecuencia de un pronunciamiento judicial dirigido precisamente a ese fin”.
En efecto, el artículo 184 del Código Civil, establece que todo matrimonio válido se disuelve por muerte de uno de los cónyuges y por divorcio, pudiendo verificarse por la vía amistosa, graciosa o voluntaria cuando exista acuerdo entre los cónyuges, o en su defecto las causales previstas en el artículo 185-A del Código Civil Venezolano, y en las cuales debe fundamentarse toda acción de divorcio, a tenor del artículo 755 del Código de Procedimiento Civil, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante Sentencia N° 693 de fecha 02 de Junio de 2015, realizó una interpretación con carácter vinculante del artículo 185-A del Código Civil Venezolano, estableciendo que las causales de divorcio contenidas en ese artículo no son taxativas y por ende los cónyuges podrán demandar el divorcio bien con arreglo a las causales previstas en ese artículo o bien en cualquier otra razón que estimen, impida la continuación de la vida en común, incluyéndose el mutuo consentimiento.
De otro lado, fue expuesto en Sentencia Nº 1070 dictada con carácter vinculante por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, lo siguiente:
“(…) con la manifestación de incompatibilidad o desafecto para con el otro cónyuge apareja la posibilidad del divorcio en las demandas presentadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 y 185-A, que conforme al criterio vinculante de esta Sala no precisa de un contradictorio, ya que se alega y demuestra el profundo deseo de no seguir unido en matrimonio por parte del cónyuge-demandante, como manifestación de un sentimiento intrínseco de la persona, que difiere de las demandas de divorcio contenciosas. En efecto, la competencia de los Tribunales es producir como juez natural conforme lo dispone el artículo 49 constitucional, una decisión que fije la ruptura jurídica del vínculo con los efectos que dicho divorcio apareja, sin que pueda admitirse la posibilidad de que manifestada la existencia de dicha ruptura matrimonial de hecho, se obligue a uno de los cónyuges a mantener el vínculo matrimonial cuando éste ya no lo desea, pues de considerarse así se verían lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de constituir legalmente una familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos de la persona (…)”.

-CONSIDERACIONES PARA DECIDIR-

Así, con base a lo establecido en la normativa sustantiva y adjetiva que regula la materia, éste Tribunal procede a verificar si se encuentran llenos los extremos para declarar la ruptura del vínculo matrimonial y consecuentemente el divorcio, plasmada la litis y hecho resumen de las actuaciones procesales del presente caso, esta operadora de justicia a decidir previas las consideraciones siguientes:
En fuerza de lo antes expuesto, este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO ACEVEDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en las Sentencias Nª 1070 de fecha (09) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Nro 136 de fecha 30 de marzo de 2017 dictada por la Sala de Casación Civil de mismo Tribunal Supremo de Justicia, Separación desafecto y/o incompatibilidad de caracteres, Cuando uno de los cónyuges manifieste la incompatibilidad de caracteres o el desafecto para con el esposo o la esposa, el procedimiento de divorcio no requiere de un contradictorio, ya que es suficiente el deseo de no seguir en matrimonio por parte del cónyuge solicitante para que se decrete el divorcio, en armonía con los preceptos constitucionales y las sentencias vinculantes supra desarrolladas, pues es evidente que el libre desarrollo de la personalidad como parte del derecho a la libertad, definen un espacio de autonomía individual, de inmunidad, frente al poder estatal, cuya interdicción sólo procede bajo causas específicas.
DE LAS DOCUMENTALES
1. Copias simples de las Cedulas de identidad de los solicitantes. Esta prueba confirma la identidad de los solicitantes. Se valora favorablemente pues merece fé pública y no ha sido objeto de tacha de falsedad, es por lo cual el Tribunal le concede pleno valor probatorio a tenor, de lo dispuesto en los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil Venezolano Vigente y el 429 del Código del Procedimiento Civil Vigente…………………
2. Acta de Matrimonio Nº 50, folio Nº 55 de fecha veintidós (22) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993) del libro de Registro Civil de Matrimonios llevado por el citado despacho durante el año 1993, certificada en fecha dos (02) de julio de 2007 correspondiente a los solicitantes, ciudadanos LUCIO GRABIEL MIJARES, y NANCY JOSEFINA BLANCO MARTÍNEZ, supra identificados. Esta prueba da fe del acto del matrimonio celebrado en fecha 22/07/1993. Se valora favorablemente pues merece fé pública y no ha sido objeto de tacha de falsedad, es por lo cual el Tribunal le concede pleno valor probatorio a tenor, de lo dispuesto en los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil Venezolano Vigente y el 429 del Código del Procedimiento Civil Vigente…

-III-
DISPOSITIVA
-DECISION-
En fuerza lo antes expuestos, este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Acevedo de la Circunscripción Judicial, Estado Bolivariano de Miranda. Administrando Justicia en Nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: CON LUGAR, la solicitud de Divorcio interpuesta por los ciudadanos: LUCIO GRABIEL MIJARES, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-10.097.052, domiciliado en calle principal de marizapa, casa # 5003, Parroquia Marizapa, Municipio Acevedo, estado Bolivariano de Miranda, número telefónico (0426) 900-1973, correo electrónico Luciomijares1217@gmail.com y NANCY JOSEFINA BLANCO MARTÍNEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 7.946.250, domiciliada en segunda calle de marizapa, casa # 5094, Parroquia Marizapa, Municipio Acevedo, estado Bolivariano de Miranda, número telefónico (0412) 993-2525, correo electrónico nancyblanco736@gmail.com. En consecuencia, se declara DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL, contenido según de acta de matrimonio inserta en los libros llevados por esa Oficina de Registro Civil, Municipio Acevedo, estado Miranda, acta Nº 50, folio 55, de fecha veintidós (26) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993), a partir de que la presente quede definitivamente firme; ahora bien de conformidad con lo establecido en los artículos 101 numeral 06 y 152 de la Ley Orgánica de Registro Civil, se ordena insertar la presente decisión, única y exclusivamente en la Oficina de Registro Civil de la Parroquia Caucagua, Municipio Acevedo, Estado Bolivariano de Miranda asimismo en el Registro Principal de Los Teques, Estado Bolivariano de Miranda agregándosele la nota marginal en el acta de matrimonio respectiva.

DIARICESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.
Asimismo, se ordena la publicación de la presente decisión en la página web del Tribunal Supremo de Justicia (www.tsj.gob.ve) y en el portal web: www.miranda.scc.org.ve. Déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Acevedo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año dos mil veinte y dos (2.022). Años 212º de la Independencia y 163º de la Federación.-
JUEZ PROVISORIA

ADDELINE REYES
SECRETARIA TITULAR,
YEGSENIA MONTEROLA.
En la misma fecha se publicó y registró la anterior Sentencia Definitiva siendo las diez de la mañana. (10:00 a.m), bajo el Nº 025/2022.
SECRETARIA TITULAR,
YEGSENIA MONTEROLA.
AVR/YM/Grey-
S-314-2022.