TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS CRISTÓBAL ROJAS Y URDANETA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA
Charallave, 23 de noviembre de 2022
212º y 163º
CAPITULO I
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
EXPEDIENTE:C-2806-2022.
PARTE ACTORA: RAVELO CARVALLO ANA DOMINGA, titular de la cédula de identidad Nº V-6.994.345.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA:RICARDO RODRÍGUEZ, abogado en ejercicio e inscritoen el Inpreabogado bajo los Nº151.397.
PARTE DEMANDADA: JULIÁN JOSÉ MARTÍNEZ ROJAS, titular de la Cédula de identidad Nº V-6.825.883.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDADA:no tiene apoderado judicial acreditado en autos.
MOTIVO: DESALOJO (local comercial).
SENTENCIA DEFINITIVA.
CAPITULO II
NARRATIVA
A) Planteamiento de la controversia:
Se inició la presente causa previo sorteo realizado por ante este Tribunal en su función de Receptor y Distribuidor de Documentos, bajo el acta Nº 04, con motivo de la demanda que por desalojo (local comercial), presentada por la ciudadana RAVELO CARVALLO ANA DOMINGA, titular de la cédula de identidad Nº V-6.994.345, en su carácter de arrendadora, en contra del ciudadanoJULIÁN JOSÉ MARTÍNEZ ROJAS, titular de la Cédula de identidad Nº V-6.825.883,en su carácter de arrendatario, sobre un (01) local comercial identificado con “REFRIMAR C.A.”, el cual se encuentra ubicado en la avenida tres Tosta García Nº 09-17,en Charallave, Jurisdicción del Municipio Cristóbal Rojas, del Estado Bolivariano de Miranda, según contrato de arrendamiento suscrito por ante la Notaría Pública del Municipio Autónomo Cristóbal Rojas del Estado Miranda, en fecha 25 de marzo de 2013, inserto bajo el Nº 024, Tomo 093, de los libros de Autenticaciones llevados por esa Notaria, siendo que dicha relación se ha mantenido en el tiempo; ahora bien, en virtud del presunto incumplimiento de la demandada con sus obligaciones como arrendatario,por cuanto el ultimo abono a la deuda por concepto de pensiones de arrendamiento lo realizo cancelando la mensualidad de Noviembre del año 2021, por lo que fundamenta la presente acción de desalojo, de conformidadcon lo establecido en el artículo 40 literal “A” del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial.
Por otra parte el apoderado judicial de la parte demandada, quien estando citado personalmente, en la oportunidad respectiva, no compareció a ejercer su defensa de ley.
B) Desarrollo del Procedimiento:
En fecha 06 de julio de 2022, se dictó auto de entrada.
Seguidamente, en fecha 19 de julio de 2022, fue admitida la presente demanda y se ordenó el emplazamiento de la demandada.
En fecha 02 de agosto de 2022, previa consignación de los fotostatos respectivos, este Tribunal procedió a la realización de la respectiva compulsa de citación.
Posteriormente, en fecha 29-09-2022, compareció la ciudadana alguacil accidental de este Tribunal, quien consigno acuse de recibo de compulsa de citación librada a la parte demandada.
Siendo la oportunidad procesal para que tuviera lugar el acto de la contestación de la demanda, el demandado no compareció ni por sí, ni por medio de apoderado alguno.
Llegada la oportunidad para promover pruebas en el presente juicio, únicamente la parte actora hizo uso de éste derecho, promoviendo y ratificando el contrato de arrendamiento consignado junto al libelo de la demanda.

CAPITULO III
PARTE MOTIVA

Siendo la oportunidad para decidir, este Juzgador observa:

Se ha verificado, vista la narrativa que antecede que la parte demandada, ciudadano ORLANDO PINZON SALCEDO, no participó en ninguna etapa procesal, luego de que en fecha 06-07-2022, hubiera sido citado personalmente por la ciudadana alguacil accidental de este tribunal. Por esta razón, resta a quien decide verificar si se ha producido o no, la ficción conocida como ficta confessio (confesión ficta); y en tal sentido, habrá que determinar los presupuestos de procedencia bajo el siguiente análisis:
El artículo 868 del Código de Procedimiento Civil establece:
“Si el demandado no diere contestación a la demanda oportunamente se aplicará lo dispuesto en el artículo 362, pero en este caso, el demandado deberá promover todas las pruebas de que quiera valerse, en el plazo de cinco días siguientes a la contestación omitida y en su defecto se procederá como se indica en la última parte del artículo 362”

Dispone el artículo 362 del Código Adjetivo:

“Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca...”
La norma parcialmente transcrita, nos enseña que son tres los elementos concomitantes para que opere la denominada confesión ficta; presupuesto que deben verificarse todos, pues, la falta de alguno de ellos desnaturalizaría dicha figura; y son a saber:
a) LA CONTUMACIA O FALTA DE COMPARECENCIA DEL DEMANDADO AL ACTO DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES.
En el presente caso, se evidencia que la demandada aun estando citada personalmente en fecha 22 de septiembre de 2022, no compareció a contestar la demanda, por lo que es lógico entender que su conducta la hace renuente o contumaz para ejercer su defensa.
En tal sentido este Director del Proceso, en virtud de Sentencia de la Sala de Casación Civil, de fecha 12/04/2005, con ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO. Exp. Nº AA20-C-2004- 000258, caso: HEBERTO ATILIO YÁNEZ ECHETO contra CARLOS GERARDO VELÁSQUEZ LUZARDO, LA CUAL SEÑALA:
“Ahora bien, para examinar la legalidad de ese pronunciamiento hecho por el juez superior, la Sala observa que el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, dispone:

“...Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento de aquel lapso, atendiéndose a la confesión del demandado. En todo caso, a los fines de la apelación se dejará transcurrir íntegramente el mencionado lapso de ocho días si la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento”. (Resaltado de la Sala).

De la norma anteriormente transcrita, se evidencia que deben concurrir tres elementos para que proceda la confesión ficta, estos son:

1.- Que el demandado no diese contestación a la demanda.
2.- Que la pretensión no sea contraria a derecho.
3.- Que el demandado nada probare que le favorezca durante el proceso.

Respecto de la adecuada interpretación y aplicación de la norma up supra transcrita, la Sala ha establecido, entre otras, en sentencia de fecha 12 de diciembre de 1989, caso: Alirio Palencia Piña y otra contra Empresas Falcón C.A., lo siguiente:

“...Considera esta Sala, que la disposición especial del artículo 362 reguladora de una situación particular y concreta, es derogatoria de la general del 509, que manda a los jueces a analizar y juzgar cuantas pruebas se hayan producido, pues el artículo 22 del Código de Procedimiento Civil, establece que las disposiciones y los procedimientos especiales del presente código, se observaran con preferencia a las generales del mismo, en todo cuanto constituya la especialidad.

Igualmente el Código de 1916, se regulaba el ámbito probatorio del demandado que no compareciera a dar su contestación a la demanda al disponer en el artículo 276 que “Si faltare el demandado al emplazamiento, o si quien pretenda representarlo lo hiciere con poder insuficiente o sin las formalidades debidas, o sin tener representación legítima, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si en el término probatorio nada probare que le favorezca...”. Considera la Sala, que en virtud del régimen probatorio especial que la ley establece para el demandado inasistente a la contestación a la demanda, no puede prevalecerse del análisis que el juez haga de las pruebas de su contraparte, a menos que sea para sostener que la pretensión actora es contraria a derecho, lo cual no es el caso de autos. En consecuencia no opera en dicha situación el principio de comunidad de la prueba en forma general, sino sólo a los efectos de la verificación de que la pretensión del actor sea contraria a derecho, y así se declara...”. (Resaltado y subrayado de la Sala).

De conformidad con el referido precedente jurisprudencial, el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil constituye una norma especial respecto de la general prevista en el artículo 509 eiusdem y, por ende, de aplicación preferente, con base en lo cual la Sala dejó sentado que una vez operada la confesión ficta, corresponde al demandado probar algo que le favorezca durante el lapso probatorio, con exclusión del principio de comunidad de la prueba respecto de aquellas consignadas en el libelo, a menos que sea para sostener que la demanda es contraria a derecho. En estos casos, deben presumirse ciertos los hechos alegados en la demanda, quedando relevado el actor de la carga de probarlos, lo cual se invierte en cabeza del demandado, quien debe probar su falsedad durante el lapso probatorio.

En sintonía con ello, esta Sala, en sentencia de fecha 4 de junio de 2000, caso: Yajaira López contra Carlos Alberto López y otros, expediente N° 99-458, estableció:

“...La inasistencia del demandado a la contestación de la demanda o su comparecencia tardía al mismo, vale decir extemporánea, trae como consecuencia que se declare la confesión ficta, que por su naturaleza es una presunción juris tantum, lo cual comporta una aceptación de los hechos expuestos en el escrito de la demanda; siempre y cuando, la pretensión intentada no sea contraria a derecho, por una parte y, por la otra, que nada probare el demandado que le favorezca, ni aparecieren desvirtuados las pretensiones del accionante por ninguno de los elementos del proceso, ya que puede en el lapso probatorio el accionado lograr, con los medios de pruebas admisibles en la Ley, enervar la acción del demandante. Es oportuno puntualizar que el contumáz tiene una gran limitación en la instancia probatoria. No podrá defenderse con alegaciones, hacer contra prueba a los dichos del accionante, que han debido ser esgrimidos en la contestación de la demanda por lo que sólo podrá realizar la contraprueba de las pretensiones del demandante; puesto que – tal como lo pena el mentado artículo 362 -, se le tendrá por confeso si nada probare que le favorezca; por tanto, las pruebas aceptadas para ser invocadas por el demandado, son limitadas.

En el caso que se examina, la recurrida expresamente acoge lo decidido por el A quo, referente a la falta de contestación oportuna a la demanda, y expresa “Así tenemos que los co-demandados no dieron contestación a la demanda, por lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, debe tenérseles confesos en todas las afirmaciones del demandante, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a derecho...”.
...Omissis...
La norma contenida en el tantas veces indicado artículo 362 del Código Procesal Civil, que como se señaló precedentemente, establece la sanción a que se hace acreedor el demandado contumaz, prevé así mismo, que aportando él aquellas probanzas permitidas, existe la posibilidad de invertir su situación de confeso, pues es iuris tantum la presunción que ella estatuye, admitiendo, en consecuencia, prueba en contrario. (Resaltado y subrayado de la Sala).

Asimismo, esta Sala, en sentencia de fecha 16 de noviembre de 2001, caso: Cedel Mercado de Capitales, C. A. contra Microsoft Corporation, expediente N° 00-132, estableció:

“...Expresa esta última disposición legal “Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición de la demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado...”. De acuerdo con esta norma la confesión ficta procede sólo cuando el demandado hubiere omitido dar contestación a la demanda y cuando no hubiere promovido algo que le favorezca dentro del lapso de ley. Requiere además que la pretensión no sea contraria a derecho, sino, al contrario, amparada por la ley.

En el caso de autos, a los efectos de constatar los extremos exigidos en la indicada disposición legal se observa que, tal como se expresa en el cuerpo de este fallo, la contestación de la demanda presentada antes de que comenzara el lapso para ello, resultó extemporánea por anticipada. Esta situación significó el punto de inicio para que los actos procesales verificados con posterioridad también adquirieran el carácter de extemporáneos. De allí que las pruebas promovidas también se hicieron fuera de los lapsos previstos en los artículos 388 y 396 del Código de Procedimiento Civil, por prematuras. Por tanto, la parte demandada no demostró la inexistencia, falsedad o imprecisión de los hechos narrados en el libelo, a lo que estaba obligada por la inversión de la carga procesal de probar, que se produjo al dejar de contestar la demanda...”....Omissis...

“...Por tal razón y debido a que, como se ha dejado dicho, la demandada no dio contestación oportuna a la demanda ni probó nada que le favoreciera durante el lapso de ley, lo cual obliga a sentenciar ateniéndose a la confesión, como ordena el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, y conforme a la jurisprudencia consolidada de la Sala, ya citada, este Alto Tribunal debe declarar procedente en derecho ambas pretensiones indemnizatorias. Así se establece...”. (Resaltado y subrayado de la Sala).

El anterior criterio fue ratificado en reciente decisión de esta Sala de fecha 11 de agosto de 2004, caso: Jorge Ignacio Rossel Herrera y otros contra Sonia Josefina Saavedra, expediente N° 03-598, la cual señaló:

“...Así las cosas, la falta de contestación de la demanda acarrea para el demandado una presunción iuris tantum de confesión ficta, y siempre que la demanda no sea contraria a derecho, a las buenas costumbres o atente contra el orden público, únicamente desvirtuable mediante la aportación de pruebas que contradigan las pretensiones del demandante, pero sin que le sea permitido consignar otros medios probatorios que él estime conducentes o la alegación de hechos nuevos.

Conforme con lo preceptuado en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, se requieren tres condiciones para que la confesión ficta sea declarada: que el demandado no diere contestación a la demanda, que la petición del demandante no sea contraria a derecho y que en el término probatorio no pruebe el demandado algo que le favorezca.

Para la doctrina de casación, es permitida la prueba que tienda a enervar o paralizar la acción intentada, hacer la contraprueba de los hechos alegados por el actor, demostrar que ellos son contrarios a derecho, pero no es permitida la prueba de aquellos hechos constitutivos de excepciones que han debido alegarse en la contestación de la demanda.

Nuestro proceso civil está dividido en fases determinadas, en orden consecutivo legal y preclusivas, una de las cuales se cierra, precisamente, con la contestación de la demanda, después de la cual ya no pueden alegarse hechos nuevos, ni proponerse reconvención o cita en garantía, ni llamamiento de terceros a la causa...”. (Resaltado y subrayado de la Sala).

En igual sentido, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo, en decisión de fecha 29 de agosto de 2003, caso: Teresa De Jesús Rondón de Canesto, expediente N° 03-0209; dejó sentado:

“...en una demanda donde se afirman unos hechos y simplemente se niega su existencia, la carga de la prueba la tiene el accionante, sin embargo, si el demandado no contesta la demanda, el legislador por disposición establecida en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, puso en su cabeza la carga de la prueba, siendo a él, a quien le corresponde probar algo que le favorezca...”.
...Omissis...
“...Para la declaratoria de procedencia de la confesión ficta, se requiere la verificación de los otros dos elementos como son, que la petición no sea contraria a derecho y que el demandado en el término probatorio no probara nada que le favorezca...”.

La Sala reitera los precedentes jurisprudenciales y deja sentado que la falta de comparecencia para el acto de contestación, produce el efecto jurídico de presumir ciertos los hechos afirmados por el actor en el libelo, salvo que el demandado durante el lapso probatorio demuestre su falsedad, pues sólo le es permitido probar en contra de lo alegado por el actor, y no hechos nuevos, que ha debido formular en el escrito de contestación, lo que implicaría la posibilidad de incluir nuevos alegatos en la fase probatoria, fuera de la oportunidad prevista para ello, con lo cual se premiaría el incumplimiento de una actividad procesal, que por estar prevista como una carga procesal, debe ser objeto de interpretación restrictiva y sólo podría dar lugar a un castigo, mas nunca un beneficio.

Asimismo, la Sala deja sentado que al no contestar la demanda deben ser considerados ciertos y verdaderos los hechos alegados en ella, siendo esta una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario y, por ende, esos hechos pueden ser desvirtuados por el accionado durante el lapso probatorio, pero de modo alguno podrá éste valerse de la pruebas de su contraparte (actor) para desvirtuar o destruir los hechos alegados en dicha demanda, salvo para constatar que la demanda es contraria a derecho”.

b) QUE LA PRESUNCIÓN DE LA CONFESIÓN NO SEA DESVIRTUADA POR PRUEBA ALGUNA POR PARTE DEL DEMANDADO. Para que opere este presupuesto, es necesario que la parte demandada no haya probado nada que le favorezca, esto es, que hubiere promovido y evacuado algún medio probatorio que pudiera desvirtuar la presunción de confesión de lo reclamado por el actor.
Sobre este punto, ha señalado la Sala de Casación Civil de nuestro más alto tribunal, lo que sigue:
“La expresión “si nada probare que le favorezca” ha dado lugar a discusión doctrinaria al respecto. Se ha sostenido tradicionalmente que al demandado le es permitida la prueba que tienda a enervar o paralizar la acción intentada, es decir, la contra prueba de los hechos alegados por el actor, demostrar que ellos son contrarios a derecho.- En cambio no le es permitida la prueba de aquellos hechos constitutivos de excepciones que han debido alegarse en la contestación de la demanda.- Pero una última doctrina expuesta por el comentarista patrio, Arístides Rengel Romberg, sostiene que el beneficio legal otorgado al demandado, debe entenderse en sentido amplio y no restringido, dada la situación de gravedad en que se encuentra el demandado.-
Considera la Sala, que la oportunidad que concede la Ley al demandado de comparecer al juicio y dar contestación a la demanda, es única y no puede posponerse para otra oportunidad. La no comparecencia del demandado al acto de contestación de la demanda lo coloca en una situación de rebeldía frente a la Ley. Ésta todavía le da una oportunidad de probar algo que le favorezca, pero no en forma amplia, pues, entonces se estaría en presencia de una nueva oportunidad para contestar la demanda, lo cual colocaría en desigualdad a la parte contraria.-
La Sala considera que el concepto “si nada probare que le favorezca” debe ser interpretada en sentido restrictivo, no amplio.-
En el caso de especie, el demandado no promovió ni evacuó prueba alguna de acuerdo con lo expuesto por la recurrida, por lo cual debió aplicarse por el juez de instancia la previsión que el mismo artículo 362 establece: “vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiere promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa sin mas dilación dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento de aquel lapso ateniéndose a la confesión del demandado”. (Vid. Sent. Sala de Casación Civil, Exp. N° 00-557, de fecha 27/04/2001, con ponencia del Magistrado CARLOS OBERTO VÉLEZ. Caso: HERRERIA TONY C.A vs. INVERSIONES BANTRAB S.A.)

En el caso de marras se observa que la parte demandada no ejerció su derecho a probanzas, por sí o por medio de apoderado judicial, tendiente a enervar la pretensión de la parte demandante, dando por cumplido el requisito indicado.
c) QUE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE NO SEA CONTRARIA A DERECHO. Hay que estudiar si efectivamente la pretensión del demandante se ajusta al derecho reclamado, y para ello, es necesario identificar el objeto de la pretensión con el derecho invocado, que según se lee del escrito libelar quedó circunscrito en desalojo del inmueble de autos por falta de pago.
En consecuencia, a tenor del artículo 40 literal “A” del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial invocado por la parte demandante, y aplicables al caso concreto, por cuanto se le da cabida dentro del ordenamiento jurídico venezolano al ejercicio de la acción incoada, no estando incursa en ningún tipo de prohibición. Asimismo, el accionante junto con su escrito libelar consigna:
1.- original decontrato de arrendamiento suscrito por ante la Notaría Pública del Municipio Autónomo Cristóbal Rojas del Estado Miranda, en fecha 03 de abril de 2013, inserto bajo el Nº 024, Tomo 093, de los libros de Autenticaciones llevados por esa Notaria, entre la ciudadana ANA DOMINGA RAVELO CARVALLO, (arrendadora) y ciudadanoJULIAN JOSE MARTINEZ ROJAS (arrendatario).
Dicho instrumento de naturaleza pública, no fue impugnado, ni tachado de falso su contenido por ninguna de las razones del artículo 1360 del Código Civil, razón por la que se tiene con pleno valor de pruebas conforme al art. 429 del Código de Procedimiento civil.
Dicho instrumento es pertinente para acreditar la relación arrendaticia existente por el inmueble de autos entre la ciudadana ANA DOMINGA RAVELO CARVALLO, (arrendadora) y ciudadano JULIAN JOSE MARTINEZ ROJAS(arrendatario).
2.- original de convenio de pago celebrado en forma privada en fecha 10-06-2022, entre la ciudadana ANA DOMINGA RAVELO CARVALLO, (arrendadora) y ciudadano JULIAN JOSE MARTINEZ ROJAS (arrendatario), en el cual el arrendatario se comprometió a cancelar la totalidad de la deuda causada por el vencimiento de los cánones de arrendamiento que hacen un monto total de mil setecientos cincuenta y cinco dólares ($ 1.755,00), o su equivalente en moneda nacional.
Dicho instrumento de naturaleza privada, no fue impugnado, ni tachado de falso su contenido por ninguna de las razones del artículo 1381 del Código Civil, razón por la que se tiene con pleno valor de pruebas conforme al art. 444 del Código de Procedimiento civil.
Dicho instrumento es pertinente para acreditar la deuda existente por el inmueble objeto de la presente Litis, por concepto de cánones de arrendamiento vencidos, entre la ciudadana ANA DOMINGA RAVELO CARVALLO, (arrendadora) y ciudadano JULIAN JOSE MARTINEZ ROJAS (arrendatario).
Por su parte la parte demandada no produjo elemento probatorio alguno que enervara pretensión del actor, configurándose plenamente la confesión ficta, por lo cual se tiene por ciertos los hechos objeto de demanda.
Por las consideraciones anteriores, por la plena prueba existente en autos según la exigencia del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, y no desvirtuada la deuda existente por concepto de cánones de arrendamiento, la demanda que nos ocupa debe prosperar. Y ASÍ SE ESTABLECE.
IV
CAPITULO

DISPOSITIVA

En fuerza de los argumentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Cristóbal Rojas y Rafael Urdaneta de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA:PRIMERO: la CONFESIÓN FICTA de la parte demandada ciudadanoJULIÁN JOSÉ MARTÍNEZ ROJAS, titular de la Cédula de identidad Nº V-6.825.883. En consecuencia, se declaraCON LUGAR la demanda que por DESALOJO (LOCAL COMERCIAL),sigue la ciudadana ANA DOMINGARAVELO CARVALLO, titular de la cédula de identidad Nº V-6.994.345, en contra del ciudadanoJULIÁN JOSÉ MARTÍNEZ ROJAS, titular de la Cédula de identidad Nº V-6.825.883. Se resuelve el contrato de arrendamiento celebrado en fecha 03 de abril de 2013. SEGUNDO: Se condena a la parte demandada a entregar libre de bienes y personas a la parte actora el inmueble constituido sobre un (01) local comercial identificado con “REFRIMAR C.A.”, el cual se encuentra ubicado en la avenida tres Tosta García, Nº 09-17, en Charallave, Jurisdicción del Municipio Cristóbal Rojas, del Estado Bolivariano de Miranda. TERCERO:Se condena a la parte demandada al pago de la cantidad mil setecientos cincuenta y cinco dólares ($ 1.755,00), o su equivalente en moneda nacional, por concepto de la deuda causada por el vencimiento al pago de los cánones de arrendamiento, según lo estipulado en acta convenio celebrada por las partes en fecha 10 de junio de 2022, más los que se sigan venciendo hasta que quede definitivamente la presente sentencia. CUARTO: Se condena a la parte demandada al pago de las costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil, calculadas prudencialmente por este tribunal, al VEINTICINCO (25%), del monto litigado. QUINTO:Se condena a la parte demandada al pago de las costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por haber resultado vencida en la litis.SEXTO:Habiendo sido dictado el presente fallo dentro del lapso para dictar sentencia, no es necesaria la notificación de las partes.
Publíquese en la página web del Tribunal Supremo de Justicia: www.tsj.gob.ve; así como en el portal web destinado por la Sala de Casación Civil: www.miranda.scc.org.ve. Y regístrese.
Déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Urdaneta y Cristóbal Rojas de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, en Charallave, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022).
EL JUEZ

KENYS VILLALTA REBOLLEDO

EL SECRETARIO

EDUARDO SUAREZ
En esta misma fecha, se registró y publico la anterior sentencia, siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.).
EL SECRETARIO

EDUARDO SUAREZ

KV/ES/ana
Exp. Nº 2806-2022