TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS PLAZA Y ZAMORA DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA,
CON SEDE EN GUATIRE
Municipio1.civil.guatire@gmail.com
Guatire, trece (13) de abril del año 2023.
212º y 164º

SOLICITUD: N° 13573.-
PARTE SOLICITANTE: FELIPA MARIA RAMIREZ PADRON, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº V-5.518.507.
ABOGADOS ASISTENTES: LUISA BERMÚDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.075.974 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo los N° 57.080.
MOTIVO: DIVORCIO con fundamento en la sentencia 1070 de fecha 09 de diciembre de 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y con lo establecido en el artículo 185-A del Código Civil Venezolano.
I
DE LAS ACTUACIONES PROCESALES

En fecha veintiocho (28) de febrero del año 2023, la ciudadana FELIPA MARIA RAMIREZ PADRON, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº V-5.518.507, debidamente asistida por la profesional del derecho LUISA BERMÚDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.075.974 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo los N° 57.080, presentaron ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial Civil una solicitud de Divorcio con fundamento en lo establecido la sentencia 1070 de fecha 09 de diciembre de 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y con lo establecido en el artículo 185-A del Código Civil Venezolano, la cual fue distribuida correspondiéndole por sorteo al Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de esta Circunscripción Judicial, mediante la cual expuso y solicitó en resumen lo siguiente:
1º) Que en fecha veinticinco (25) de septiembre del año mil novecientos ochenta y dos (1982), la solicitante contrajo matrimonio civil con el ciudadano MIGUEL LEOPOLDO GARCIA HERRADA, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.645.072, por ante el Registro Civil del Municipio Plaza del Estado Bolivariano de Miranda, tal y como se evidencia de Acta de Matrimonio N° 131, folio 251, expedida por el Registro antes mencionado.
2°) Que establecieron su último domicilio conyugal en la siguiente dirección: Calle Principal de Guacarapa, casa Nº 110, Guarenas, Municipio Plaza del Estado Bolivariano de Miranda, y no adquirieron bienes del patrimonio conyugal.
3°) Que de la unión matrimonial procrearon cuatro (03) hijos que llevan por nombre MIGUEL ANTONIO GARCIA RAMIREZ, LEOMAR GARCIA RAMIREZ y MARIAN GARCIA RAMIREZ, venezolanos, mayores de edad y titulares de las Cédulas de Identidad Nº V-16.496.666, V-, V-17.458.986 y V-19.354.029, respectivamente.
4°) Que la vida conyugal fue interrumpida en el año 2020 y hasta la presente fecha los cónyuges no la han reanudado, razón por la cual solicita ante este Tribunal se disuelva el vínculo matrimonial.
Consignó recaudos los cuales se describen a continuación:
a) Documento original de Acta de Matrimonio N° 131, folio 251, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año mil novecientos ochenta y dos (1982), expedida por ante el Registro Civil del Municipio Plaza del Estado Bolivariano de Miranda, cursante al folio siete (07).
b) Copia simple de la Cédula de Identidad de la solicitante, ciudadana FELIPA MARIA RAMIREZ PADRON, previamente identificada, cursante al folio ocho (08).
c) Documento original de Acta de Nacimiento Nº 1548, folio 266, de fecha seis (06) de julio del año 1984, expedida por el Registro Civil del Municipio Plaza del Estado Bolivariano de Miranda, perteneciente al ciudadano MIGUEL ANTONIO GARCIA RAMIREZ, previamente identificado, cursante al folio nueve (09).
d) Documento original de Acta de Nacimiento Nº 1013, folio 377, de fecha veinte (20) de junio del año 1986, expedida por el Registro Civil del Municipio Plaza del Estado Bolivariano de Miranda, perteneciente al ciudadano LEOMAR GARCIA RAMIREZ, previamente identificado, cursante al folio diez (10).
e) Documento original de Acta de Nacimiento Nº 691, folio 91, de fecha cinco (05) de abril del año 1990, expedida por el Registro Civil del Municipio Plaza del Estado Bolivariano de Miranda, perteneciente a la ciudadana MARIAN GARCIA RAMIREZ, previamente identificada, cursante al folio once (11).
f) Copias simples de las Cédulas de Identidad pertenecientes a los ciudadanos MIGUEL ANTONIO GARCIA RAMIREZ, LEOMAR GARCIA RAMIREZ y MARIAN GARCIA RAMIREZ, previamente identificados, cursantes al folio doce (12).

En fecha 06/03/2023: El Tribunal Primero De Municipio Ordinario y Ejecutor De Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, dictó auto dándole entrada y admitiendo la presente solicitud.
En fecha 08/03/2023: Compareció la solicitante, ciudadana FELIPA MARIA RAMIREZ PADRON, debidamente asistida por la profesional del derecho LUISA BERMÚDEZ, previamente identificadas, a los fines de consignar los recaudos respectivos.
En fecha 09/03/2023: Se dictó auto admitiendo la presente solicitud, igualmente se ordenó librar boleta de notificación al Fiscal 13° del Ministerio Público y se ordenó librar boleta de citación vía online al ciudadano MIGUEL LEOPOLDO GARCIA HERRADA. En esta misma fecha se cumplió con lo ordenado.
En fecha 20/03/2023: Compareció ante este Tribunal la funcionaria KATERINE MEJIAS, en su carácter de Alguacil de este Juzgado, a los fines de consignar diligencia donde deja constancia que en esta misma fecha recibió de la parte actora los emolumentos para su traslado.
En fecha 23/03/2023: Compareció ante este Tribunal la funcionaria KATERINE MEJIAS, en su carácter de Alguacil de este Juzgado, a los fines de consignar diligencia donde deja constancia que en esta misma fecha, se trasladó a la siguiente dirección: Calle Principal de Guacarapa, casa Nº 110, Guarenas, Municipio Plaza del Estado Bolivariano de Miranda, donde tuvo a la vista al ciudadano que se identificó como MIGUEL LEOPOLDO GARCIA HERRADA, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.645.072, procedió a hacerle entrega de la respectiva boleta, librada en fecha 09/03/2023, la cual firmó sin ningún inconveniente, igualmente consignó dicha boleta debidamente firmada. Igualmente, dejó constancia de que en fecha 22/03/2023, se trasladó a la sede de la Fiscalía 13° del Ministerio Público, donde fue recibida por la ciudadana YAEN YANES, en su carácter de asistente administrativo en la referida fiscalía, a la cual le hizo entrega de la respectiva boleta de notificación respectiva, de esta manera consignó dicha boleta debidamente firmada.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Al reformar el Código Civil Venezolano en el año 1982, el legislador incluyó adicionalmente entre las causales de disolución del vínculo matrimonial la establecida en el artículo 185-A. Ésta fundamentalmente se basa en una cuestión fáctica temporal, vale decir, que los cónyuges hayan permanecido separados de hecho por un lapso de tiempo.-
En dicho lapso no debería haber ocurrido reconciliación entre ambos cónyuges, ni oposición. Además éstos deberán comparecer ante el órgano jurisdiccional competente, libres de apremio y coacción, manifestando su voluntad de disolver dicho vinculo de mutuo acuerdo y en caso que acuda una sola de las partes se citará al otro cónyuge a fin que comparezca a exponer lo que considere respecto a la solicitud de divorcio. Igualmente, el representante del Ministerio Público como parte de buena fe deberá emitir opinión favorable al efecto.-
En el caso bajo estudio la ciudadana FELIPA MARIA RAMIREZ PADRON, debidamente asistida por la profesional del derecho LUISA BERMÚDEZ, previamente identificadas, compareció a objeto de manifestar la ruptura definitiva de su relación matrimonial, manifestando que surgieron desavenencias que los distanciaron como pareja, haciendo imposible la vida en común, por lo que han permanecido separados de hecho sin que haya mediado entre ellos reconciliación alguna, por tales hechos solicita la disolución del vínculo conyugal. Aunado a lo antes expresado, la representación fiscal en su oportunidad emitió opinión favorable, toda vez que se cumplan los requisitos de ley.
En este orden de ideas, a fin de afianzar el fundamento a la presente decisión, vale destacar el pronunciamiento sobre el punto de marras realizado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia N° 1070 del 9 de diciembre de 2016 y la sentencia Nº 136 del 30 de marzo de 2017 emanada de la Sala de Casación Civil igualmente del Tribunal Supremo de Justicia la cual expresa:
“(…)Esta Sala de Casación Civil acoge los criterios doctrinales y jurisprudenciales antes citados, especialmente la sentencia N°1070 dictada con carácter vinculante por la Sala Constitucional en fecha 09 de diciembre de 2016, y concluye que cualquiera de los cónyuges que lo deseen, podrá demandar el divorcio con las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil, o por cualquier otro motivo, como la incompatibilidad de caracteres o desafecto, sin que quepa la posibilidad de que manifestada la ruptura matrimonial de hecho, se obligue a alguno de los conyugues a mantener el vínculo jurídico cuando este ya no lo desea, pues de lo contrario, se verían lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de no constituir legalmente una familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos a las personas.
“…OMISSIS…”
Es evidente entonces, que cuando aparece el fenómeno del desafecto o la incompatibilidad entre los cónyuges, resulta fracturado y acabado, de hecho, el vínculo matrimonial, por cuanto ya no existe el sentimiento afectuoso que originó dicha unión, más sin embargo, esto no implica que, desde el punto de vista jurídico se haya roto la unión matrimonial.
Por lo tanto y en razón de encontrarse, de hecho, roto tal vínculo que originó el contrato de matrimonio, este no debe de seguir surtiendo efectos en el mundo jurídico, motivo por el cual no se puede someter a un procedimiento controversial al cónyuge que alegue o haga evidenciar el desafecto o la incompatibilidad de caracteres en su demanda de divorcio, pues esta Sala estando en franca sintonía con el respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en la sentencia 693/2015, estableció la posibilidad de que la ruptura jurídica del vínculo matrimonial se pueda generar por causas no previstas en la legislación patria, es decir, que el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, creadores de disfunciones en el matrimonio y la familia, siendo esta la base fundamental para el desarrollo de la sociedad, pueden ser alegados con el fin de obtener una sentencia que disuelva el vínculo jurídico que une a los cónyuges, para así lograr el desenvolvimiento efectivo de los principios, valores y derechos constitucionales que rigen la materia, así como la protección familia[r] y de los hijos –si es el caso- habidos durante esa unión matrimonial en la cual se produjo el desafecto o la incompatibilidad señalada.
Por ello, a los fines de la protección familiar debe entenderse el divorcio como una solución al conflicto marital surgido entre los cónyuges, con el propósito de aligerar la carga emocional de la familia.
Cuando uno de los cónyuges manifiesta la incompatibilidad de caracteres o el desafecto para con el esposo o la esposa, el procedimiento de divorcio no requiere de un contradictorio, ya que es suficiente el deseo de no seguir en matrimonio por parte del cónyuge solicitante para que se decrete el divorcio, en armonía con los preceptos constitucionales y las sentencias vinculantes supra desarrolladas, pues es evidente que el libre desarrollo de la personalidad como parte del derecho a la libertad, definen un espacio de autonomía individual, de inmunidad, frente al poder estatal, cuya interdicción sólo procede bajo causas específicas.
Entonces, cuando la causal de divorcio verse sobre el desamor, el desafecto o la incompatibilidad de caracteres, el procedimiento a seguir será el de la jurisdicción voluntaria, establecido en los artículos del 895 al 902 del Código de Procedimiento Civil, ordenando la citación del otro cónyuge (quien deberá comparecer representado o debidamente asistido de abogado) y del Fiscal del ministerio Público, pues una vez expresada en los términos descritos a voluntad de disolver la unión matrimonial “…debe tener como efecto la disolución del vínculo…”. Así lo refleja la sentencia 1070/2016 supra transcrita de la Sala Constitucional, procedimiento en la cual fue suprimida la articulación probatoria, ya que tal manifestación no puede depender de la valoración subjetiva que haga el juez de la entidad de la razón del solicitante.
Por último, ratifica esta Sala que el fin que deben perseguir los Tribunales, es producir como jueces naturales conforme lo dispone el Artículo 99 de la Carta Política, una decisión que entienda que el divorcio como una solución al conflicto marital surgido entre los cónyuges, con el propósito de la protección familia y de aligerar la carga emocional de la misma. Cabe destacar que no obstante el procedimiento apropiado para tramitar la solicitud de divorcio que en este punto se ha abordado, sin lugar a dudas que la correspondiente decisión proferida por el Tribunal causará cosa juzgada material a tenor de lo previsto en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, sería un absurdo considerar que toda la interpretación progresiva de carácter constitucional (vinculante dada a la institución del divorcio en aras – entre otros aspectos- de materializar en él un procedimiento célere, breve y expedito pudiera sacrificar la cosa juzgada material.”
Para esta Juzgadora, es imperioso expresar que el divorcio, constituye una solución que le otorga la Ley a uno de los cónyuges o a ambos, para que puedan resolver sus conflictos y diferencias considerando que ya en la relación no hay remedio alguno para salvar el matrimonio. De manera pues, que negar esta posibilidad a cualquier ciudadano constituye una flagrante violación de sus derechos constitucionales al libre acceso a la justicia, al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva.-
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, esta Juzgadora no teniendo elemento alguno en contra, considera cubiertos los supuestos que cimientan la norma sustantiva antes expresada. Así se declara.

III
DISPOSITIVA

Con fundamento a los hechos narrados, el derecho invocado, así como en la sentencia N° 1070 del 09 de diciembre de 2016, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia Nº 136 del 30 de marzo de 2017 emanada de la Sala de Casación Civil igualmente del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 185 del Código Civil, con la fuerza de lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Guatire, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo previsto en el artículo 185 del Código Civil DECLARA CON LUGAR la solicitud de divorcio presentada por la ciudadana FELIPA MARIA RAMIREZ PADRON, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº V-5.518.507, debidamente asistida por la profesional del derecho LUISA BERMÚDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.075.974 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo los N° 57.080, contra el ciudadano MIGUEL LEOPOLDO GARCIA HERRADA, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.645.072 y en consecuencia DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL, a partir del momento en que la presente decisión quede definitivamente firme.
Déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Guatire, a los trece (13) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023). Publíquese en el portal web: miranda.scc.org.ve. Años 212º de la Independencia y 164º de la Federación.
LA JUEZA,

LUZBEIDA QUIJADA de DE SOUSA
LA SECRETARIA Acc,
MARIANA RIVERO.-
En esta misma fecha, se publicó y registró la presente decisión, siendo las diez y treinta de la mañana (10:30a.m), dejándose copia debidamente certificada de la misma en el copiador de sentencias llevado por ante este Tribunal a tenor de lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA Acc,

MARIANA RIVERO.
LQdDS/mr.-
Exp. 13573.-