TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

EXPEDIENTE NRO.: 31.909.-
PARTE QUERELLANTE: NORELYS DEL VALLE GONZÁLEZ DE FERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nro. V-12.557.740.-
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE QUERELLANTE: NULBY PALACIOS, abogada en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 108.086.-
PARTE QUERELLADA: ANA MIREYA MÉNDEZ y DAVID JOSÉ SEVILLA MÉNDEZ, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-6.060.817 y V-20.781.614, respectivamente.-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLADA: No tiene apoderado judicial constituido.-
MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL.-
SENTENCIA INTERLOCUTORIA.-

-I-
ANTECEDENTES

Se inicia el presente juicio, mediante escrito suscrito por la ciudadana NORELYS DEL VALLE GONZÁLEZ DE FERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nro. V-12.557.740, a los fines de interponer solicitud de AMPARO CONSTITUCIONAL contra los ciudadanos ANA MIREYA MÉNDEZ y DAVID JOSÉ SEVILLA MÉNDEZ, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-6.060.817 y V-20.781.614, respectivamente, correspondiéndole el conocimiento de la presente causa a este Juzgado, previo el sorteo de ley.
Previa consignación de las documentales, esta Juzgadora dicta auto instando a la parte actora a que indique los motivos por los cuales considera la acción de amparo más eficaz que la acción de interdicto restitutorio, en virtud de las circunstancias de hecho expuestas, así mismo, se ordena la notificación a la Defensoría Pública, a los fines de lograr la designación de defensora a la parte actora.
En fecha 28 de noviembre de 2023, el Alguacil de este Juzgado, deja plena constancia de haber notificado a la COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE DEFENSA PÚBLICA DE LOS TEQUES DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.
En fecha 04 de diciembre de 2023, la abogada NULBY PALACIOS en su carácter de Defensora Pública designada para que ejerza la representación de la parte querellante, consigna diligencia mediante la cual acepta tal designación.
Finalmente, en fecha 05 de diciembre de 2023, la parte querellante, debidamente asistida por la defensora pública, consigna escrito a través del cual explana los motivos de hecho y de derecho que la indujeron a solicitar la presente acción de amparo.
Ahora bien, siendo ésta la oportunidad para emitir el pronunciamiento correspondiente sobre la admisibilidad o no de la acción que nos ocupa, este Tribunal lo hace en los términos siguientes:

-II-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Antes de entrar a analizar las causales de inadmisibilidad de la presente demanda, corresponde a esta Juzgadora, realizar la siguiente observación: el artículo 19 de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece:
“Si la solicitud fuere oscura o no llenare los requisitos exigidos anteriormente especificados, se notificará al solicitante del amparo para que corrija el defecto u omisión dentro del lapso de cuarenta y ocho horas siguientes a la correspondiente notificación. Si no lo hiciere, la acción de amparo será declarada inadmisible.” (Negritas nuestras).
Tal como señala la norma in comento, las correcciones instadas, deberán ser subsanadas dentro del lapso de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la publicación en el expediente del auto que las contenga o de la constancia en autos de la notificación practicada a la parte querellante o a la Coordinación de Defensoría Pública según sea el caso, ello es así por la inmediatez que envuelve a la acción de amparo constitucional; entonces bien, se observa de las actas procesales que el Alguacil de este Juzgado notificó a la Defensa Pública, en virtud del pedimento realizado por la presunta agraviada de que le sea designado un defensor público por carecer de recursos económicos para contratar un abogado privado, en fecha 28 de noviembre del presente año, según se observa de consignación inserta en el expediente al folio 78.
Posteriormente, en fecha 05 de diciembre del presente año, la ciudadana NORELYS DEL VALLE GONZÁLEZ DE FERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nro. V-12.557.740, en su carácter de presunta agraviada, debidamente asistida por la abogada NULBY PALACIOS, Defensora Pública Segunda Civil, inscrita en el Instituto de previsión Social del Abogado bajo el Nro. 108.086, consigna escrito de ratificación de solicitud de amparo, es decir, habiendo transcurrido cinco (05) días de despacho desde la notificación llevada a cabo por el Alguacil de este tribunal hasta que consignara el escrito en cuestión, actuando en contrario a la disposición contenida en el artículo 19 de la Ley especial y que ha sido supra transcrito.
Es importante destacar que, las formas procesales no son establecidas por capricho del legislador, ni persiguen entorpecer el procedimiento en detrimento de las partes. Por el contrario, una de sus finalidades es garantizar el ejercicio del derecho de defensa y un desarrollo eficaz del proceso. Acorde con estas consideraciones, la Sala de Casación Civil de nuestro Máximo Tribunal ha dejado sentado que los actos procesales verificados fuera de la oportunidad establecida en la ley son inexistentes y, por tanto, ineficaces. En este sentido, entre otras, se pronunció mediante sentencia Nro. 363, de fecha 16 de noviembre de 2001, en el juicio de CEDEL MERCADO DE CAPITALES contra MICROSOFT CORPORATION, expediente Nro. 00-132, en la cual estableció:
“…En efecto, dentro de un proceso como el nuestro, informado por el principio de preclusión, donde flamean altivamente los postulados del artículo 196 del Código de Procedimiento Civil, cualquier acto que se lleve a cabo fuera del ámbito temporal de validez establecido en la ley, debe, necesariamente, ser rechazado.
Indudablemente, los actos procesales nada tienen que ver con las loterías donde se gana o se pierde por aproximación y, dentro de cada supuesto, tan intempestivo es el acto cumplido con un mes de anticipación como el verificado cinco minutos antes del nacimiento del lapso respectivo y es igual de inoportuno el acto materializado cinco minutos después de vencida la oportunidad de ley como el ejecutado con un mes de posterioridad a ello.”
Aún y cuando, quien suscribe, tuvo la prudencia de indicar en la boleta de notificación el lapso fatal destinado a que la parte querellante, a través de su abogado subsane los defectos y errores evidenciados en el escrito o acta, consignado o levantado y que recoge la solicitud de amparo, se evidencia de las fechas de cada actuación que la defensora antes señalada no atendió al cumplimiento de la normativa inmersa en la Ley especial que rige la materia de amparos constitucionales, de tal manera que, resulta forzoso y ajustado a derecho, declarar la inadmisibilidad de la presente acción, en base a los fundamentos antes expuestos.
No obstante lo expuesto, resulta oportuno verificar si la pretensión deducida por la parte querellante corresponde a algunas de las causales de inadmisibilidad a que se contrae el artículo 6 de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
La parte actora en su narración, señala lo siguiente:
“Ciudadano Juez, aproximadamente hace trece (13) años, entre la ciudadana ANA MIREYA MÉNDEZ [como mandataria de su hijo DAVID JOSÉ SEVILLA MÉNDEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nro. V-20.781.614, quien es el propietario del inmueble dado en arriendo], arriba identificada y mi persona, existe una relación arrendaticia… llega a mi hogar la apoderada del ARRENDADOR… junto con DOS FISCALES DE MINISTERIO PÚBLICO Y FUNCIONARIOS POLICIALES DE POLIMIRANDA, y de manera arbitraria sustrajeron muchos de mis bienes muebles, destruyendo gran parte y desapareciendo otra gran cantidad y me realizaron un desalojo forzoso…
DE LA ADMISIBILIDAD
(Omissis…) De acuerdo al numeral 5°. Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. Sobre este particular, es de destacar lo siguiente: Esta es la vía más expedita para restituir mis derechos por más que hiciera denuncias en contra de la agraviante, solo esta vía me restituirá a la situación de la procesa de venta del inmueble y la tenencia de la vivienda en donde resido desde más de trece (13) años…” (Mayúsculas del texto)” (Mayúsculas del texto).
De esta manera, acude ante este órgano jurisdiccional la ciudadana NORELYS DEL VALLE GONZÁLEZ DE FERNÁNDEZ, ya identificada, a los fines de ampararse por la presunta violación de su derecho constitucional contenido en los artículos 47, 49, 82, 87, 115 y 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que le asiste, según el cual, afirma le ha sido vulnerado por parte de la ciudadana ANA MIREYA MÉNDEZ, en representación de su hijo DAVID JOSÉ SEVILLA MÉNDEZ, ambos identificados, al –presuntamente- impedirle el acceso al inmueble que posee en carácter de arrendataria, quedando ella y su familia –según así afirma- pidiendo alojamiento a conocidos.
Ante tales afirmaciones, esta Juzgadora considera oportuno traer a colación el contenido del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual consagra:
Artículo 27: Toda persona tiene el derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún en aquellos inherentes a la persona que no configuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto.
Así, el artículo 27 constitucional estatuye, dentro del título correspondiente a los derechos humanos y garantías, el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. La norma determina, de una vez, a quien corresponde el derecho, le da naturaleza judicial a su protección, establece una acción ad hoc, impone un procedimiento especial y otorga al Juez constitucional los más amplios poderes para el restablecimiento de la situación jurídica infringida o la que más se asemeje a ella.
En este sentido, el amparo constitucional como remedio judicial, es una forma diferenciada de tutela jurisdiccional que ampara los derechos y garantías del Texto Fundamental, frente a la amenaza o violación a ellos, así como también, la continuidad de su goce y de su ejercicio, a través del otorgamiento de un antídoto específico que, a objeto de restablecer la situación jurídica infringida, evite la materialización o permanencia del hecho lesivo y de sus efectos. Se trata de una forma de tutela que, por el rango de los derechos a que atiende, exige el otorgamiento de un tratamiento distinto, procesal y urgente que estriba en la ejecución pronta de la sentencia que la acuerde.
Por su parte, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, publicada en Gaceta Oficial Nro. 34.060, de fecha 27 de septiembre de 1988, establece en su artículo 1:
Artículo 1: Toda persona natural habitante de la República, o persona jurídica domiciliada en ésta, podrá solicitar ante los Tribunales competentes el amparo previsto en el artículo 49 de la Constitución, para el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos derechos fundamentales de la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución, con el propósito de que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella.
De modo que, a simple vista, se deduce que el amparo constitucional contiene características sustanciales y procesales muy particulares que lo diferencian marcadamente del proceso civil ordinario donde concurren una sucesión de actos en el tiempo con trascendencia sociológica que se constituyen como instrumento para obtener una debida tutela judicial efectiva, cuya razón principal de su existencia, es la defensa del ordenamiento jurídico privado basado en una pretensión que se materializa con el escrito libelar y actos procesales subsiguientes, que conllevan a la prestación o realización de cierta actividad probatoria que puede ser positiva o negativa o también para despejar incertidumbres jurídicas en determinados casos.
Dicho lo anterior, debemos resaltar que el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece las causas de inadmisibilidad del amparo, y específicamente en su numeral 5 señala que:
Artículo 6: No se admitirá la acción de amparo:
(…)
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes, en tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado.”
Al respecto, cabe señalar que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, ha interpretado la citada causal de inadmisibilidad de la acción de amparo, mediante sentencia Nro. 2369, fechada 23 de noviembre de 2001, caso: Mario Téllez García, así:
“La Sala estima pertinente señalar que la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo.
Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales.
No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, la acción de amparo será admisible, caso en el cual el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y su decisión versará exclusivamente sobre la suspensión o no, de manera provisional, sobre el acto cuestionado de inconstitucionalidad.
En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente” (Negrillas por el Tribunal).
Estima la Sala que dada la incongruencia de la norma, se debe inadmitir la acción de amparo en caso de que exista una vía ordinaria a la cual acudir, es decir, si existiese una vía judicial previa antes de interponer la acción de amparo constitucional, ésta es la adecuada para resolver la situación que se haya violentado. Así las cosas, en principio la acción de amparo condiciona a que exista la ruptura de una garantía o un derecho constitucionales, también se supedita a que ésta debe interponerse en caso de no existir otro recurso ordinario el cual pueda ejercerse previamente.
En este sentido, es importante traer a colación una sentencia emanada de la Sala Constitucional, expediente Nº 13-0243, de fecha 26 de junio de 2013, caso: Mosqueda Navarro, la cual estableció:
“Tomando en cuenta el criterio jurisprudencial transcrito ut supra, y luego de un minucioso análisis de la pretensión esgrimida por la parte actora, esta Sala aprecia que, en el caso de autos, la ciudadana Violeta del Valle Mosqueda Navarro, frente a la existencia de una perturbación o despojo del inmueble arrendado, tenía a su disposición una vía ordinaria para obtener el restablecimiento de sus derechos constitucionales presuntamente vulnerados, representado por el ejercicio de la acción interdictal para la restitución de la posesión previsto en el artículo 783 del Código Civil, el cual representa un mecanismo idóneo para garantizar la defensa de la posesión, que debe sustanciarse por el procedimiento breve o monitorio previsto en los artículos 699 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
…OMISSIS…
Por lo tanto, no puede pretender la accionante, con la demanda de amparo, en el presente caso, la sustitución de los medios judiciales preexistentes, pues aquella está sujeta a que el interesado no cuente con dichas vías, o bien que, ante la existencia de éstas, las mismas no permitan el restablecimiento de la situación jurídica infringida. De modo que, el amparo será admisible cuando se desprenda, de las circunstancias de hecho y derecho del caso, que el ejercicio de los medios procesales preexistentes resulta insuficiente para el restablecimiento del disfrute del bien jurídico que fue lesionado (Vid. s. S.C. N° 1496/2001, caso: “Gloria América Rangel Ramos”; n.° 2198/2001, caso: “Oly Henríquez de Pimentel” o cuando se justifique el uso del amparo en sustitución de los medios ordinarios de impugnación, tal como lo ha exigido la Sala en su decisión del 9 de agosto de 2000, caso: “Stefan Mar C.A”. (Negrillas añadidos).
En el presente caso, de acuerdo a lo expuesto por la presunta agraviada, es importante tomar en cuenta que existe una vía de carácter específico y especial, como lo es el interdicto restitutorio o de despojo, el cual debe sustanciarse por el procedimiento breve previsto en los artículos 699 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, a través del cual, siempre y cuando se cumplan con los extremos previstos para la configuración de la acción, se inicia con un decreto restitutorio incluso sin necesidad de que la parte demandada se encuentre a derecho.
Particularmente, el interdicto de despojo o restitutorio, previsto en el artículo 783 del Código Civil, constituye el arquetipo de los interdictos posesorios, y requiere para su procedencia -como ya se dijo antes- una serie de extremos que exige la norma sustantiva, y en este sentido además de la posesión, cualquiera que ella sea, es indispensable que se produzca una acción que despoje al poseedor en la posesión, de cumplir con estos extremos, la situación delatada como infringida sería subsanada.
En este sentido, el autor patrio José Luis Aguilar Gorrondona, en su obra titulada “Cosas, bienes y derechos reales”, explica en cuanto al interdicto restitutorio o de despojo:
“…El interdicto presupone el despojo del poseedor. Ahora bien, por despojo se entiende el acto de privar a alguien de la posesión o de la simple tenencia de una cosa contra su voluntad o al menos sin su voluntad y con el ánimo de sustituirse en esa posesión o tenencia.
Omissis…
El interdicto de despojo puede intentarlo “quien haya sido despojado de su posesión, cualquiera que ella sea” (C.C., art. 783), lo que ha interpretado nuestra doctrina y jurisprudencia en el sentido de que está legitimado incluso el simple detentador. Así, a diferencia del interdicto de amparo, la procedencia del interdicto de despojo no supone posesión legitima ni ninguna antigüedad en la posesión.” (Negrillas del tribunal).
Es importante destacar el hecho de que la acción de amparo constitucional -como se dijo anteriormente- será admisible cuando se desprenda o se establezca con certeza que el acceso a la vía jurisdiccional ordinaria no resulta suficiente para el restablecimiento del bien jurídico; en el caso bajo análisis y de una lectura profunda a las consideraciones de hecho contenidas en el escrito que da inicio a las presentes actuaciones, no se evidencian las razones por las cuales la presunta agraviada ha optado por la vía del amparo constitucional como restablecimiento de la situación que alude sobrellevar, ante la existencia de una vía ordinaria que puede restablecer -en caso de ser favorable- la situación jurídica descrita como infringida de una manera incluso más expedita y eficaz, además de que se le instó a dar las debidas razones que la impulsaban a escoger con preeminencia esta vía, sin dar respuesta oportuna.
Establecido lo anterior y como quiera que la querellante cuenta con la vía ordinaria para hacer valer su pretensión y dado el carácter extraordinario de la acción de amparo constitucional, lo cual hace que su procedencia esté limitada, en la cual no deben admitirse solicitudes contrarias al propósito y razón de la institución cuando se pretenda sustituir las vías procesales ordinarias establecidas en la Ley Civil Adjetiva, quien suscribe, siguiendo criterios vinculantes, jurisprudenciales y doctrinarios, declara, igualmente INADMISIBLE la presente solicitud de amparo constitucional, pero en esta oportunidad, de conformidad con lo establecido en el ordinal 5º del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se decide.-
-III-
DISPOSITIVA

Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo interpuesta por la ciudadana NORELYS DEL VALLE GONZÁLEZ DE FERNÁNDEZ en contra de los ciudadanos ANA MIREYA MÉNDEZ y DAVID JOSÉ SEVILLA MÉNDEZ, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 y 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.-

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, en Los Teques, a los siete (7) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023). Años 213º de la Independencia y 164º de la Federación.
LA JUEZA TITULAR,

ELSY MADRIZ QUIROZ
LA SECRETARIA,

MARÍA YAMILETTE DÍAZ
En esta misma fecha, siendo las 2:00 de la tarde, se publicó y registró la anterior sentencia.
LA SECRETARIA,

MARÍA YAMILETTE DÍAZ

EMQ/MYD/Beni.-
Exp. Nro. 31.909.-