TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA
CORTE DE APELACIONES
EN SEDE CONSTITUCIONAL

Juez Ponente: José Mauricio Muñoz Montilva

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

ACCIONANTE: Abogado Jesús David Pérez Morales, actuando con el carácter de parte querellante en la causa signada con la nomenclatura N° 7C-SP21-P-2020-5045.

ACCIONADO: Abogada Gahu Malhi Moncada Contreras, Juez del Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira.

DE LA PRETENSION DEL AMPARO
En fecha 28 de Julio del año 2.023, fue recibido por esta Corte de Apelaciones escrito contentivo de la acción de amparo constitucional ejercido por elAbogado Jesús David Pérez Morales, actuando con el carácter de parte querellante en la causa signada con la nomenclatura N° 7C-SP21-P-2020-5045, con fundamento en lo previsto en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aduciendo que la Juzgadora denunciada como agraviante, no ha emitido pronunciamiento respecto de las solicitudes interpuestas por el mismo en fechas 17 y 21 de Julio del año 2.023 en relación a que proceda a fijar nuevamente la audiencia preliminar en un plazo que no exceda de cinco (05) días, entendiendo que las partes ya se encuentran a derecho de conformidad con lo establecido en el primer parágrafo del artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal.

Así entonces, la parte solicitante en fecha 27 de Julio del 2.023, interpone escrito mediante el cual, satisface la exigencia impuesta por el órgano jurisdiccional, sin obtener pronunciamiento alguno, según expone el accionante en la pretensión de amparo, constituyendo tal violación constitucional una omisión de pronunciamiento por parte de la Juez del Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, Abogada Gahu Malhi Moncada Contreras. Solicitando finalmente que esta Alzada, se sirva admitir y tramitar conforme a derecho la presente acción de amparo constitucional.

En fecha 28 de Julio del 2.023, esta Corte de Apelaciones en sede constitucional, libra oficio N° 425-2023, mediante el cual, ordena a la presunta agraviante constitucional –Juez del Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, se sirva informar con carácter urgente a esta superioridad, si existe pronunciamiento de la respecto de las solicitudes interpuestas por el presunto agraviado en fechas 17 y 21 de Julio del año 2.023 en relación a que proceda a fijar nuevamente la audiencia preliminar en un plazo que no exceda de cinco (05) días, siendo cumplido posteriormente el requerimiento impuesto por la Juzgadora de Primera Instancia. Todo ello, de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

Corresponde a esta Corte de Apelaciones, como génesis de la presente acción de amparo constitucional, pronunciarse respecto a su competencia para conocer y decidir la acción ejercida, para lo cual es necesario referir que la misma es ejecutada, con ocasión a la aparente omisión de pronunciamiento por parte del Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, con respecto de las solicitudes interpuestas por el presunto agraviado en fechas 17 y 21 de Julio del año 2.023 en relación a que proceda a fijar nuevamente la audiencia preliminar en un plazo que no exceda de cinco (05) días, entendiendo que las partes ya se encuentran a derecho de conformidad con lo establecido en el primer parágrafo del artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de que en fecha 12 de Julio del año 2.023 día para el cual estaba fijada la realización de la audiencia preliminar, no se pudo efectuar debido a una recusación interpuesta.

Así las cosas, es necesario citar el criterio reiterado hasta la actualidad, proferido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 20 de enero del año 2000 -casos: Emery Mata Millán-, en el cual se estableció como competencia de las Cortes de Apelaciones, el conocimiento de la acción de amparo constitucional, cuando se encuentre dirigida contra decisiones, actuaciones u omisiones presuntamente cometidas por cualquiera de los Tribunales de Primera Instancia en materia penal, en todas sus competencias funcionales, -Control, Juicio o Ejecución-.

De allí entonces que, de lo expuesto ut supra, se aprecia que la presente acción de amparo constitucional va dirigida según la parte accionante, en contra la omisión de pronunciamiento por parte del Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, y en apego al criterio jurisprudencial emitido por el Máximo Tribunal de la República –sentencia de fecha 20 de enero del año 2000 casos Emery Mata Millán- esta Corte de Apelaciones actuando en sede constitucional se declara competente para conocer la acción de amparo constitucional ejercida por el Abogado Clodowaldo de las Cruz Barajas quien actúa en carácter de Fiscal Provisorio de la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, interpuesto en fecha 15 de Diciembre del año 2.022. Y así se declara.

DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGANICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES

Una vez establecida la competencia de esta Corte de Apelaciones para conocer y decidir sobre la presente Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el accionante, debe verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual es de obligatorio cumplimiento para poder ejercer tal acción, apreciando esta Alzada que el escrito presentado en fecha 27 de Junio del año 2.023 –sello húmedo de alguacilazgo- cumple a cabalidad con los mismos –requisitos previstos en el artículo 18 de la ley-. Y así se decide.

DE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN PROPUESTA

Esta Corte de Apelaciones actuando en Sede Constitucional, para decidir sobre la admisibilidad de la acción de amparo constitucional intentada, previamente estima prudente señalar lo siguiente:

La parte accionante señala como presunta agraviante a la Juez del Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, Abogada Gahu Malhi Moncada Contreras, aduciendo en su escrito lo siguiente:

.-Que, lo que se persigue con esta acción de amparo es el reestablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida la cual se materializa por medio de obtener con prontitud el pronunciamiento correspondiente por parte del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Estado Táchira, sobre las solicitudes de fijar nuevamente la audiencia preliminar en un plazo que no podrá exceder de cinco días, entendiendo que las partes ya se encuentran a derecho de conformidad con el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal.

.-Que, dicha omisión de pronunciamiento lesiona el derecho constitucional establecido en el artículo 26 y 49 de la Constitucional de la Republica Bolivariana de Venezuela, en el cual se establece el derecho a la tutela judicial efectiva y a obtener con prontitud la decisión correspondiente y el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso.

Por último, solita que la presente acción de amparo constitucional sea admitida, tramitada conforme a derecho y declarada con lugar en la definitiva.

Ahora bien, visto el presente escrito de amparo, se aprecia que esta misma Sala actuando en Sede Constitucional, en fecha 28 de Julio del 2.023, ordenó librar oficio N° 425-2023, dirigido al Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, a los fines de obtener información sobre el estado actual de la causa llevada bajo la nomenclatura SP21-P-2020-005045, con el propósito de comprobar si efectivamente existe omisión de pronunciamiento respecto de la solicitud realizada por el quejoso en su oportunidad, mediante el cual requiere que se proceda a fijar nuevamente la audiencia preliminar en un plazo que no exceda de cinco (05) días.

En fecha veintiocho (28) de Julio del 2.023, se recibe por ante esta Corte de Apelaciones, oficio N° 8C-1483-2023, mediante el cual el Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, procedió a remitir la información solicitada por esta Alzada detallando en dicho oficio las actuaciones realizadas en la causa, e informa a este Tribunal Colegiado, que en fecha 27 de Julio del presente año dio entrada al asunto penal SP21-P-2020-005045, ordenando de forma inmediata fijar la mencionada Audiencia Preliminar para el día jueves 03 de agosto del año 2.023 a las 10:00 horas de la mañana. De conformidad con el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal

De igual modo, la Jurisdicente remite a esta Alzada, copia certificada del auto de entrada del asunto, suscrito en fecha 27 de Julio del año 2.023, en la que la se evidencia el pronunciamiento por parte de la Juzgadora en donde acordó fijar la Audiencia Preliminar para el día Jueves 03 de Agosto del año 2.023 a las 10:00 horas de la mañana, así como también se observan copias certificadas de las boletas de notificación dirigidas a los ciudadanos Fernando Anibal Camacho (Querrellado); Jesús David Morales (Víctima); y Abogado Rodmy Antonio Mantilla Espinoza (Defensor Privado) en la cuales se les insta a comparecer a las partes a que acudan al tribunal en la mencionada fecha a los fines de realizar la audiencia preliminar.

De lo expuesto por la Juzgadora en el párrafo que precede, considera oportuno esta Alzada, el traer a colación lo establecido en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que señala:

“Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:

Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla”. (Negrilla y subrayado de esta Corte de Apelaciones)

Asimismo, la Sala Constitucional del máximo Tribunal de la República, en decisión de fecha 30 de abril del año 2004, dictada en el expediente número 03-2771, con respecto a este particular, dejó sentado lo siguiente:

“(Omissis)

Consideró la Sala Accidental N° 18 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, que la situación jurídica infringida al momento de interponer la acción de amparo, la amenaza a la libertad personal, había cesado tal como se evidencia de la sentencia emanada de la Sala Accidental Segunda de Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, antes referida, por lo cual la Sala Accidental N° 18 antes mencionada consideró que la acción de amparo debió declararse inadmisible, por haber cesado la violación o amenaza al derecho de la libertad personal.
Al respecto, se observa que ha sido criterio reiterado de esta Sala que la cesación es una causal de inadmisión expresamente contenida en la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, normativa que, en el artículo 6, enumera las causales por las cuales “No se admitirá la acción de amparo” y dentro de ellas resulta pertinente citar para el caso de autos, específicamente el numeral 1 del aludido artículo, que consagra lo siguiente: “Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla.
En el caso de autos, si bien es cierto que los ciudadanos Francisco José Jorges Ramírez y José Rafael Sojo Hernández, estuvieron detenidos por un lapso de 6 años, sin que mediara una sentencia definitivamente firme, para el momento de la solicitud del amparo constitucional, la amenaza a la libertad personal, ya había cesado, dada la sentencia emanada de la Sala Accidental Segunda de Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se dejó expresa constancia que los accionantes no se encuentran detenidos.
(Omissis)”

Del mismo modo, la referida Sala del Máximo Tribunal, en decisión de fecha 28 de junio de 2011, dictada en el expediente número 09-1140, dejó sentado:

“(Omissis)

DE LA ADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD PLANTEADA
Mediante este amparo constitucional, los apoderados judiciales del ciudadano Arturo Rafael Canova le solicitaron a esta Sala Constitucional lo siguiente: que se le ordene a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo pronunciarse acerca del recurso de apelación interpuesto por dicho ciudadano, el cual se presentó contra la decisión dictada, por la referida Corte, el 18 de noviembre de 2008. En esta decisión se declaró inadmisible un recurso de amparo interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, del 6 de diciembre de 2007.
Con respecto a dicha solicitud, esta Sala Constitucional debe declararla, sobre la base del artículo 6, cardinal 1, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, inadmisible, por las siguientes razones:
El 24 de marzo de 2011, esta Sala recibió copias certificadas solicitadas. Entre dichas copias certificadas se encuentra un auto dictado por dicho tribunal el 23 de marzo de 2011, en el cual oye en un solo efecto la apelación planteada por el ciudadano Arturo Rafael Canova.
En este caso, el ciudadano Arturo Rafael Canova alegó que la falta de pronunciamiento por parte de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo violaba sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, así como a otros estrechamente relacionados con éstos. Visto que la Corte Segunda se pronunció en relación con el recurso de apelación interpuesto por dicho ciudadano, es evidente que, desde el punto de vista del solicitante, cesó la violación alegada.
El supuesto según el cual el cese de la violación alegada da lugar a la inadmisibilidad del recurso de amparo fue contemplado en el artículo 6, cardinal 1, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Estos son los términos en que fue previsto dicho supuesto:

“No se admitirá la acción de amparo:

1) Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla;”
Siendo, pues, que el cese de la violación de un derecho fundamental da lugar a la inadmisibilidad de la pretensión de amparo, ya que así lo prevé el artículo 6, cardinal 1, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo procedente en esta oportunidad es declarar que la solicitud de amparo interpuesta por los apoderados judiciales del ciudadano Arturo Rafael Canova es inadmisible. Así se establece…

(Omissis)”

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, es necesario señalar que la pretensión por parte del accionante -Abogado Jesús David Pérez Morales-, actuando con el carácter de parte querellante en la causa signada con la nomenclatura N° 7C-SP21-P-2020-5045, se ciñe a la presunta omisión de pronunciamiento, por parte del Juez del Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, respecto de las solicitudes interpuestas por el presunto agraviado en fechas 17 y 21 de Julio del año 2.023 en relación a que proceda a fijar nuevamente la audiencia preliminar en un plazo que no exceda de cinco (05) días, entendiendo que las partes ya se encuentran a derecho de conformidad con lo establecido en el primer parágrafo del artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de que en fecha 12 de Julio del año 2.023 día para el cual estaba fijada la realización de la audiencia preliminar, no se pudo efectuar debido a una recusación interpuesta.

Así las cosas, esta alzada advierte que, la A quo, mediante oficio N° 8C-1483-2023, procede a remitir la información solicitada, así como la respectiva copia certificada del pronunciamiento sobre la fijación de la Audiencia preliminar, para el día Jueves 03 de Agosto del año 2.023 a las 10:00 horas de la mañana, así como además anexó las copias certificadas de las boletas de notificación dirigidas a los ciudadanos Fernando Anibal Camacho (Querrellado); Jesús David Morales (Víctima); y Abogado Rodmy Antonio Mantilla Espinoza (Defensor Privado) para la asistencia a la misma. En tal sentido, de acuerdo a los criterios jurisprudenciales señalados ut supra, se observa que conforme a la información y las copias certificadas remitidas a esta Superioridad, por el Tribunal Accionado, permiten determinar que ha cesado la violación o amenaza de violación, de los derechos constitucionales que la parte accionante señala como vulnerados o conculcados.

De allí entonces, esta Corte de Apelaciones actuando en sede Constitucional considera que lo ajustado a derecho en la presente causa es declarar inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida por el Abogado Jesús David Pérez Morales, actuando con el carácter de parte querellante en la causa signada con la nomenclatura N° 7C-SP21-P-2020-5045, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto la violación al derecho cesó, tal como quedó expuesto a lo largo de la presente decisión-. Y así finalmente se decide.

DECISIÓN

Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECIDE:

.-Primero: Se declara competente para conocer la acción de amparo constitucional ejercida por el Abogado Jesús David Pérez Morales, actuando con el carácter de parte querellante en la causa signada con la nomenclatura N° 7C-SP21-P-2020-5045.

.-Segundo: Declara inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida por el Abogado Jesús David Pérez Morales, actuando con el carácter de parte querellante en la causa signada con la nomenclatura N° 7C-SP21-P-2020-5045, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto la violación al derecho ya cesó, en virtud de que el Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira se pronunció respecto de la solicitud planteada por el accionante en amparo.

Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal.

Dada, firmada, sellada y refrendada, en la sala de audiencias de la Corte de Apelaciones en sede Constitucional, en la ciudad de San Cristóbal, a los treinta y un (31) días del mes de Julio del año dos mil veintitrés (2.023). Años: 213° de la Independencia y 164° de la Federación.

Los Jueces de la Corte,

Abogado José Mauricio Muñoz Montilva
Juez Presidente – Ponente-

Abogada Ledy Yorley Pérez Ramírez
Jueza de Corte

Abogada Odomaira Rosales Paredes
Jueza de Corte

Abogada Amarilis del Carme Diaz
Secretaria

1-Amp-SP21-O-2023-000007/JMMM/Paar.-